Argentina presentó una solicitud formal ante la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, para que reconsidere la orden judicial que obliga al país a entregar comunicaciones electrónicas privadas de funcionarios nacionales en el marco del litigio por YPF, según reveló el especialista Sebastián Maril a través de sus redes sociales.

La medida judicial, dictada a mediados de julio pasado, exige al Estado argentino proporcionar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de varios funcionarios clave, entre ellos el actual ministro de Economía Luis Caputo y su antecesor Sergio Massa, así como otros integrantes de las administraciones de Javier Milei y Alberto Fernández.

Alcance limitado de la orden judicial

La resolución de Preska establece que no se requiere la entrega del teléfono completo ni el contenido total de los dispositivos, sino que se realizarán búsquedas específicas mediante palabras clave relevantes como «YPF», «Aerolíneas Argentinas» y otros términos relacionados con las empresas estatales objeto del litigio.

Maril adelantó que en caso de recibir una respuesta negativa de la magistrada estadounidense, es probable que Argentina avance en una nueva apelación de la medida, escalando el conflicto judicial a instancias superiores.

La estrategia de los fondos demandantes

Los fondos Burford y Eton Park, que lideran la demanda, buscan a través de estas comunicaciones demostrar que entidades como YPF, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación operan como «alter ego» del Estado argentino.

Esta estrategia legal tiene como objetivo final que los activos de estas empresas públicas puedan ser embargados para hacer frente al pago de la sentencia por US$16.000 millones que pesa sobre el país. Si los demandantes logran probar esta teoría del «alter ego», podrían acceder a los bienes de estas compañías para ejecutar el cobro de la deuda.

Antecedentes del caso YPF

El conflicto judicial se remonta a la renacionalización de YPF en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Estado argentino expropió el 51% de las acciones que poseía la española Repsol en la petrolera estatal.

La medida judicial estadounidense representa un nuevo capítulo en la prolongada batalla legal que mantiene Argentina con diversos fondos de inversión que reclaman compensaciones millonarias por diferentes disputas financieras y expropiaciones.

Puntos clave:

• Argentina solicitó formalmente a la jueza Preska reconsiderar la orden de entrega de comunicaciones privadas de funcionarios
• La medida judicial abarca a ministros actuales y anteriores, incluyendo a Luis Caputo y Sergio Massa
• Los fondos Burford y Eton Park buscan demostrar que empresas estatales son «alter ego» del Estado para embargar activos
• La estrategia apunta a ejecutar una sentencia de US$16.000 millones sobre bienes de YPF, BCRA y otras empresas públicas
• En caso de rechazo, Argentina evalúa presentar una apelación ante instancias superiores