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Escalada judicial: fondos buitre van por WhatsApp y mails de Caputo y Massa para embargar YPF

El Estado nacional solicitó a la magistrada Loretta Preska revisar la decisión que obliga a entregar mensajes privados de ministros y ex funcionarios. Los fondos buitre buscan demostrar que empresas públicas son «alter ego» del país para embargar activos por US$16.000 millones.

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Argentina presentó una solicitud formal ante la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, para que reconsidere la orden judicial que obliga al país a entregar comunicaciones electrónicas privadas de funcionarios nacionales en el marco del litigio por YPF, según reveló el especialista Sebastián Maril a través de sus redes sociales.

La medida judicial, dictada a mediados de julio pasado, exige al Estado argentino proporcionar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de varios funcionarios clave, entre ellos el actual ministro de Economía Luis Caputo y su antecesor Sergio Massa, así como otros integrantes de las administraciones de Javier Milei y Alberto Fernández.

Alcance limitado de la orden judicial

La resolución de Preska establece que no se requiere la entrega del teléfono completo ni el contenido total de los dispositivos, sino que se realizarán búsquedas específicas mediante palabras clave relevantes como «YPF», «Aerolíneas Argentinas» y otros términos relacionados con las empresas estatales objeto del litigio.

Maril adelantó que en caso de recibir una respuesta negativa de la magistrada estadounidense, es probable que Argentina avance en una nueva apelación de la medida, escalando el conflicto judicial a instancias superiores.

La estrategia de los fondos demandantes

Los fondos Burford y Eton Park, que lideran la demanda, buscan a través de estas comunicaciones demostrar que entidades como YPF, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación operan como «alter ego» del Estado argentino.

Esta estrategia legal tiene como objetivo final que los activos de estas empresas públicas puedan ser embargados para hacer frente al pago de la sentencia por US$16.000 millones que pesa sobre el país. Si los demandantes logran probar esta teoría del «alter ego», podrían acceder a los bienes de estas compañías para ejecutar el cobro de la deuda.

Antecedentes del caso YPF

El conflicto judicial se remonta a la renacionalización de YPF en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Estado argentino expropió el 51% de las acciones que poseía la española Repsol en la petrolera estatal.

La medida judicial estadounidense representa un nuevo capítulo en la prolongada batalla legal que mantiene Argentina con diversos fondos de inversión que reclaman compensaciones millonarias por diferentes disputas financieras y expropiaciones.

Puntos clave:

  • Argentina solicitó formalmente a la jueza Preska reconsiderar la orden de entrega de comunicaciones privadas de funcionarios
  • La medida judicial abarca a ministros actuales y anteriores, incluyendo a Luis Caputo y Sergio Massa
  • Los fondos Burford y Eton Park buscan demostrar que empresas estatales son «alter ego» del Estado para embargar activos
  • La estrategia apunta a ejecutar una sentencia de US$16.000 millones sobre bienes de YPF, BCRA y otras empresas públicas
  • En caso de rechazo, Argentina evalúa presentar una apelación ante instancias superiores

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Propofest: Fini Lanusse rompe el silencio pero esquiva los detalles de la causa que involucra dos muertes

La médica procesada por el presunto desvío de propofol del Hospital Italiano publicó un breve mensaje en redes sociales en el que aseguró confiar en el proceso judicial. La declaración llega más de un mes después de que el juez Javier Sánchez Sarmiento formalizara los cargos y dispusiera el embargo de sus bienes.

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El Argentino Diario-Fini Lanusse-Propofest.

“Las cosas se van a aclarar”: el descargo de Fini Lanusse tras ser procesada en el Propofest

Delfina «Fini» Lanusse, exresidente de tercer año en el área de Anestesiología del Hospital Italiano de Buenos Aires y procesada en la denominada causa «Propofest», realizó este domingo un breve descargo público a través de un mensaje en redes sociales. Sin entrar en detalles sobre los cargos que pesan en su contra, Lanusse aseguró que «las cosas se van a aclarar» y expresó su confianza en el proceso judicial en curso.

«Por el momento no puedo hacer declaraciones profundas», explicó la profesional, quien agregó que la Justicia «se encuentra trabajando en el caso». El mensaje, escueto y cuidadosamente medido, representa la primera aparición pública de Lanusse desde que el juez Javier Sánchez Sarmiento formalizara su procesamiento junto al anestesista Hernán Boveri por el delito de administración fraudulenta.

El procesamiento y las medidas cautelares

El 10 de abril de 2026, el magistrado Sánchez Sarmiento dictó el procesamiento formal de Boveri y Lanusse por el presunto desvío de propofol, remifentanilo y otros fármacos de uso controlado del Hospital Italiano. Ambos profesionales tienen prohibida la salida del país. La Justicia dispuso además un embargo superior a los 30 millones de pesos sobre los bienes de Lanusse.

Según consta en el expediente judicial, Boveri ocupaba un cargo de jerarquía en el área de Anestesiología y habría aprovechado esa posición para vulnerar los controles de stock del hospital. En su declaración ante el juez, el anestesista reconoció haber administrado sustancias anestésicas a Lanusse en reiteradas oportunidades, con su consentimiento, y señaló que fue ella quien sustrajo los medicamentos. La defensa de ambos procesados busca revertir las medidas cautelares y sostiene que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación.

El origen del caso: dos muertes y un sistema de control fallido

La investigación que derivó en el procesamiento comenzó el 20 de febrero de 2026, cuando efectivos policiales hallaron sin vida al anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 29 años, en su departamento de Palermo. La autopsia reveló muerte por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, lesiones compatibles con sobredosis de propofol y remifentanilo. El análisis de trazabilidad del instrumental hallado en el domicilio de Zalazar determinó que una parte significativa del material pertenecía al Hospital Italiano, institución en la que Zalazar no tenía acceso laboral directo.

El 3 de abril, una segunda muerte complejizó aún más la causa. El enfermero Eduardo Bentancourt, de 44 años, fue encontrado sin vida en su departamento de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2428, en Palermo. En el lugar se secuestraron tres ampollas de fentanilo del laboratorio HLB Pharma S.A., propiedad del empresario Ariel García Furfaro, procesado en una causa separada vinculada a 111 muertes por adulteración de sustancias medicinales. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, a cargo del fiscal Carlos Vasser, confirmó que las ampollas correspondían al certificado N° 53.100, inhabilitado por la ANMAT, con vencimiento en marzo de 2026, lo que refuerza la hipótesis de un desvío deliberado del stock que debía ser destruido tras la clausura del laboratorio.

Lo que declararon los jefes del área de Anestesiología

El jefe y el subjefe del área de Anestesiología del Hospital Italiano declararon ante el juez que Lanusse reconoció tener problemas de consumo de sustancias desde hacía dos años, un elemento que el Ministerio Público incorporó como contexto agravante en la formulación de cargos. El análisis forense de las filmaciones de vigilancia interna del hospital permitió reconstruir los momentos en que Boveri accedía a sectores restringidos y retiraba ampollas sin que los sistemas de registro lo detectaran a tiempo. El Hospital Italiano se presentó como querellante en la causa para resguardar su prestigio institucional y colabora activamente con la Justicia.

La causa avanza hacia el juicio oral

Con el procesamiento formalizado, la investigación se encamina hacia la etapa de preparación del juicio oral. El Ministerio Público deberá consolidar su acusación, mientras los defensores de Boveri y Lanusse ofrecerán sus descargos y pruebas ante el tribunal. Nuevas definiciones podrían conocerse en las próximas semanas.

Puntos clave:

  • Delfina Lanusse publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que «las cosas se van a aclarar» y expresó confianza en la Justicia.
  • El juez Javier Sánchez Sarmiento la procesó junto a Hernán Boveri por administración fraudulenta; ambos tienen prohibida la salida del país y enfrentan embargos millonarios.
  • La causa se vincula a dos muertes: el anestesiólogo Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Bentancourt, hallados sin vida en Palermo.
  • En el domicilio de Bentancourt se encontraron ampollas de fentanilo del laboratorio clausurado HLB Pharma (certificado N° 53.100, inhabilitado por ANMAT), vinculado a 111 fallecidos.
  • El Hospital Italiano se constituyó como querellante; la investigación avanza hacia el juicio oral.
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