Judiciales ⚖️
Escalada judicial: fondos buitre van por WhatsApp y mails de Caputo y Massa para embargar YPF
El Estado nacional solicitó a la magistrada Loretta Preska revisar la decisión que obliga a entregar mensajes privados de ministros y ex funcionarios. Los fondos buitre buscan demostrar que empresas públicas son «alter ego» del país para embargar activos por US$16.000 millones.
Argentina presentó una solicitud formal ante la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, para que reconsidere la orden judicial que obliga al país a entregar comunicaciones electrónicas privadas de funcionarios nacionales en el marco del litigio por YPF, según reveló el especialista Sebastián Maril a través de sus redes sociales.
La medida judicial, dictada a mediados de julio pasado, exige al Estado argentino proporcionar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de varios funcionarios clave, entre ellos el actual ministro de Economía Luis Caputo y su antecesor Sergio Massa, así como otros integrantes de las administraciones de Javier Milei y Alberto Fernández.
Alcance limitado de la orden judicial
La resolución de Preska establece que no se requiere la entrega del teléfono completo ni el contenido total de los dispositivos, sino que se realizarán búsquedas específicas mediante palabras clave relevantes como «YPF», «Aerolíneas Argentinas» y otros términos relacionados con las empresas estatales objeto del litigio.
Maril adelantó que en caso de recibir una respuesta negativa de la magistrada estadounidense, es probable que Argentina avance en una nueva apelación de la medida, escalando el conflicto judicial a instancias superiores.
La estrategia de los fondos demandantes
Los fondos Burford y Eton Park, que lideran la demanda, buscan a través de estas comunicaciones demostrar que entidades como YPF, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación operan como «alter ego» del Estado argentino.
Esta estrategia legal tiene como objetivo final que los activos de estas empresas públicas puedan ser embargados para hacer frente al pago de la sentencia por US$16.000 millones que pesa sobre el país. Si los demandantes logran probar esta teoría del «alter ego», podrían acceder a los bienes de estas compañías para ejecutar el cobro de la deuda.
Antecedentes del caso YPF
El conflicto judicial se remonta a la renacionalización de YPF en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Estado argentino expropió el 51% de las acciones que poseía la española Repsol en la petrolera estatal.
La medida judicial estadounidense representa un nuevo capítulo en la prolongada batalla legal que mantiene Argentina con diversos fondos de inversión que reclaman compensaciones millonarias por diferentes disputas financieras y expropiaciones.
Puntos clave:
- Argentina solicitó formalmente a la jueza Preska reconsiderar la orden de entrega de comunicaciones privadas de funcionarios
- La medida judicial abarca a ministros actuales y anteriores, incluyendo a Luis Caputo y Sergio Massa
- Los fondos Burford y Eton Park buscan demostrar que empresas estatales son «alter ego» del Estado para embargar activos
- La estrategia apunta a ejecutar una sentencia de US$16.000 millones sobre bienes de YPF, BCRA y otras empresas públicas
- En caso de rechazo, Argentina evalúa presentar una apelación ante instancias superiores
Judiciales ⚖️
La Corte dejó firme los ocho años de cárcel a Lotocki tras más de una década
El máximo tribunal declaró inadmisible la queja de la defensa y selló la pena por lesiones graves y estafa a Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, en una causa por cirugías realizadas entre 2008 y 2014.
La Corte Suprema dejó firme este jueves la condena de Aníbal Lotocki a ocho años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer la medicina, por lesiones graves a cuatro mujeres y por estafa, más de una década después de las últimas cirugías juzgadas. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal declaró inadmisible la queja de la defensa contra la confirmación de la condena, el último recurso pendiente.
Las víctimas son la actriz Silvina Luna, que murió en agosto de 2023, a los 43 años, tras años de complicaciones renales; la modelo Stefanía Xipolitakis; Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. El fallo se refiere a las lesiones y a la estafa, y no constituye una condena por la muerte de Luna.
Qué se probó en el juicio
La Justicia dio por probado que Lotocki les aplicó un producto de relleno que contenía microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas y cantidades no aconsejadas, lo que les provocó granulomas. También determinó que les ocultó información que estaba obligado a darles antes de las intervenciones. Las operaciones analizadas se hicieron entre 2008 y 2014, es decir, la sentencia llegó a quedar firme más de doce años después de la última. En el caso de Trenchi, se tuvo por acreditado además que la intervención no coincidió con lo que la paciente había acordado.
Cómo llegó la condena
En 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 lo condenó a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación por lesiones graves, y lo absolvió por estafa. La fiscalía y las querellas apelaron y, en noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional sumó la estafa, duplicó la pena a ocho años y elevó la inhabilitación a diez.
En abril de 2025, la Sala II de Casación confirmó ese fallo. La defensa recurrió y, tras la denegación de su recurso extraordinario, presentó la queja que ahora la Corte declaró inadmisible. Fue la cuarta intervención del máximo tribunal en el expediente: las dos primeras se vincularon con cuestiones previas al juicio y la tercera, con la primera condena, cuando ya había rechazado un planteo del médico por falta de sentencia definitiva. La firmeza llegó más de cuatro años después de la primera sentencia.
La situación de Lotocki
Lotocki ya está preso. Permanece detenido por orden del TOC N°17, que lo juzga por la muerte de Rodolfo Cristian Zárate, un paciente de 50 años que murió en abril de 2021 tras un procedimiento en el Centro Médico Conde (CEMECO).
El 8 de septiembre, el juez Jorge Romeo, del TOC N°28, ordenó también su prisión preventiva en esta causa por riesgo de fuga, a pedido del fiscal general Sandro Abraldes y con el respaldo de las querellas. Abraldes advirtió que, cuanto más cerca está una condena firme, mayor es el riesgo de que el acusado intente sustraerse de la Justicia, y recordó que Lotocki incumplió en tres oportunidades la obligación de informar ausencias de más de veinticuatro horas. La decisión implicaba que, aunque recuperara la libertad en el juicio por la muerte de Zárate, debía seguir detenido por esta condena. Ahora, con la sentencia firme, la pena queda en condiciones de ejecutarse.
Qué sigue
Ante el TOC N°17 continúa el juicio por el homicidio simple con dolo eventual de Zárate, en el que también están acusados otros tres médicos y la directora del centro, y por las denuncias de Sandra Domínguez y Yésica Forti.
El miércoles, un día antes de que la Corte cerrara esta causa, ese mismo tribunal sobreseyó a Lotocki por prescripción en otras tres denuncias por lesiones graves, las de Beatriz Berger, Paola Auzmendi y Julieta Cuadros Miranda. Los jueces Pablo Vega, Julián López Casariego y Juan Giudice Bravo tomaron en cuenta el tiempo transcurrido entre los tratamientos y su primera indagatoria. El paso de los años, así, resultó decisivo para unas denuncias y no alcanzó a impedir la condena en otras.
Leé también: Lotocki zafó por prescripción en tres denuncias por lesiones graves
Lo que tenés que saber:
- La Corte dejó firme la condena de Lotocki a ocho años de prisión por lesiones graves y estafa.
- También tiene diez años de inhabilitación para ejercer la medicina.
- Las víctimas son Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.
- Lotocki ya estaba detenido por la causa de la muerte de Rodolfo Cristian Zárate.
- El juicio por ese homicidio sigue ante el TOC N°17.
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