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Parlasur alerta sobre violencia y discursos de odio en las políticas de DDHH

Fabiana Martin, inauguró el evento titulado “La violencia política y el discurso de odio: su incidencia en las políticas de derechos humanos”.

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La Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur) advirtió este martes sobre la incidencia de la violencia y los discursos de odio en las políticas de derechos humanos en la región. La audiencia pública, realizada en la Universidad Metropolitana de los Trabajadores (UMET), reunió a representantes de organizaciones de la sociedad civil locales y regionales.

Apertura del Encuentro

La presidenta de la delegación argentina, Fabiana Martin, inauguró el evento titulado “La violencia política y el discurso de odio: su incidencia en las políticas de derechos humanos”. Martín agradeció la iniciativa y subrayó que «esta es una actividad absolutamente necesaria y útil para trabajar en el consenso y en el diálogo».

Victoria Donda, legisladora del Parlasur y presidenta de la comisión organizadora, expresó: “Entender cómo inciden los discursos de odio en los derechos humanos nos permitirá como parlamentarios trazar estrategias que se basen en las personas”.

Escuchar y Recoger Perspectivas

El parlamentario argentino, Franco Metaza, destacó que el encuentro permitió “escuchar y recoger” distintas perspectivas sobre esta problemática, remarcando que “la defensa de los derechos humanos es un mandato de las sociedades democráticas”. Su colega, Raúl Bittel, coincidió en que “la sociedad nos demanda consensos y fortalecimiento de la democracia”.

Desde Uruguay, Bettiana Díaz evaluó que “la agenda de derechos está en franco retroceso en nuestros países” y afirmó que el Parlasur debe cumplir un rol de “garante del ejercicio de derechos fundamentales”. El parlamentario brasileño, Humberto Costa, añadió que el problema de la violencia política en la región “es grave”, resaltando la importancia de estos encuentros para discutir temas cruciales y facilitar una acción conjunta.

Exposiciones de Representantes de la Sociedad Civil

Donda inició las exposiciones de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, quienes durante más de cinco horas abordaron los desafíos en la defensa de los derechos humanos en la región. Entre las organizaciones presentes estuvieron H.I.J.O.S, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el colectivo Identidad Marrón, la Asociación Argentina de Electrodependientes, la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA), Inquilinos Agrupados y Orgullo Disca.

En representación de organismos e instituciones, se escucharon las intervenciones de Alberto Stella, director de ONUSIDA para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay; Andrea Varela, vicepresidenta Institucional de la Universidad Nacional de La Plata y miembro de la CONEAU; Remo Carlotto, secretario del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur; Horacio Lutzky, de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; y María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo CABA.

Perspectivas sobre la Violencia y los Discursos de Odio

Remo Carlotto afirmó que la violencia política y los discursos de odio “no tienen que ver con posturas individuales sino con una planificación política”. Andrea Varela subrayó que “el odio y la violencia producen desinformación” y son dispositivos culturales utilizados para marcar colectivos sociales, privándolos de derechos e incluso llevando a políticas de exterminio.

La exdiputada Claudia Bernazza argumentó que “los discursos de odio legitiman un modelo capitalista de producción y logran que haya un clima, un ecosistema cultural para la desigualdad, para el enriquecimiento de unos pocos”. Horacio Lutzky añadió que los discursos de odio tienen “un sesgo y un propósito”, y los destinatarios son “los sectores más desfavorecidos, los grupos vulnerables, los militantes de base”.

Agenda de Audiencias

La organización explicó que esta primera audiencia pública se enmarca en la elaboración del Informe Anual del Mercosur de acuerdo al Protocolo Constitutivo, el cual reporta sobre la situación de los Derechos Humanos en los Estados partes del MERCOSUR. Se espera que la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur continúe con audiencias en los demás países miembros.

Victoria Donda concluyó la audiencia señalando: “Cada uno de los testimonios que pasaron mostró, y muestran con su trabajo diario, cómo se defiende y cómo se construye una agenda de derechos”. Donda enfatizó: “Queremos que el Parlasur sea un espacio abierto a la sociedad y abierto a la lucha. Este bloque tiene la vocación de estar al lado de nuestro pueblo cuando más lo necesitamos, y eso que es ahora”.

Puntos Destacados

  • La audiencia pública del Parlasur advirtió sobre la incidencia de la violencia y los discursos de odio en las políticas de derechos humanos.
  • Representantes de organizaciones de la sociedad civil y organismos e instituciones participaron del evento.
  • La presidenta de la delegación argentina, Fabiana Martin, y la legisladora del Parlasur, Victoria Donda, destacaron la importancia de esta iniciativa.
  • Se espera que la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur continúe con audiencias en los demás países miembros del MERCOSUR.

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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