Economía 💲
Plata dulce: el Gobierno liberó las importaciones
Gobierno deroga SIRA y licencias de importación, implementa SEDI. Medida anunciada por ministro de Economía Luis Caputo. Sectores productivos esperan eliminación de trabas.
El Gobierno oficializó hoy la derogación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y la licencia de importación vigente, y su reemplazo por el nuevo Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI), el cual no requerirá la necesidad de tramitar una licencia para los envíos destinados a consumo.
La Resolución General Conjunta 5466/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, formaliza el nuevo sistema que entrará en vigencia mañana y que fue anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a dos días de la asunción del presidente, Javier Milei.
En paralelo, la Resolución 1/2023 de la Secretaría de Comercio deroga la Resolución 523/2017 que fijaba la obligación de tramitar Licencias Automáticas de Importación –y, para determinados casos, Licencias no Automáticas- para las mercaderías comprendidas en todas las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur.
El SIRA –derogado con la resolución de hoy junto al Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (SIRASE)- fue un sistema que fue puesto al comienzo de la gestión del exministro de Economía, Sergio Massa, para tener un mayor control en los procesos de importación, en un trabajo coordinado entre la cartera económica, la Secretaría de Comercio y el Banco Central.
El funcionamiento de ambos sistemas –señalan los considerandos – “afectó el desempeño y previsibilidad de las empresas nacionales, generando serias dificultades en el comercio de bienes y servicios en el país, como también una importante deuda comercial con proveedores del exterior, a la vez que grandes distorsiones en el mercado”.
Las declaraciones SIRA en estado de “salida” o “cancelado” quedarán vigentes, mientras que todas las demás quedarán sin efecto al día de hoy.
En ese último caso, se podrá registrar una nueva declaración SEDI para respaldar las mismas.
El nuevo SEDI requerirá declaraciones, pero con el único fin de contar con información estadística y realizar un “análisis eficiente” de las importaciones, para eventualmente adoptar medidas, por ejemplo, de defensa comercial, sin que esto implique “demoras en los sistemas productivos”.
A través del SEDI, los importadores deberán anticipar únicamente la información vinculada con sus destinaciones de importación para consumo en un micrositio que estará disponible en la web de AFIP (afip.gob.ar), página donde también se publicarán las situaciones de excepción y los manuales de uso de los sistemas involucrados.
La declaración que se efectúa a través del SEDI tendrá un plazo de validez de 360 días desde la fecha que la importación obtiene el estado de “salida”.
El único control que realizará el organismo tributario al realizar la declaración, previo a oficializarla, es analizar la situación tributaria del importador y su capacidad económica financiera para efectuar la operación mediante su Sistema de Capacidad Económica Financiera (CEF).
En caso de que haya alguna inconsistencia, el importador recibirá un mensaje y deberá registrar una nueva declaración SEDI.
Otra modificación con el nuevo sistema es que, al momento de registrar la declaración, el importador no deberá notificar la aprobación del trámite ante la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos de la Secretaría de Comercio, pues se considera que el cumplimiento de normas técnicas no es condición necesaria para importar sino para su uso y comercialización.
La declaración pasará a estado “salida” una vez que se encuentre autorizada por organismos del Régimen Nacional de Ventanilla única del Comercio Exterior Argentino (Vucea), que tendrán un periodo de hasta 30 días corridos para el pronunciarse, desde el registro de la SEDI.
Si estos no realizan ninguna pronunciación, la declaración SEDI pasará automáticamente de “oficializada” a “salida”.
La resolución aclara que no deberán realizar ninguna declaración SEDI las operaciones de importación realizadas bajo regímenes de muestras, donaciones y franquicias diplomáticas; mercaderías con franquicias de derechos y tributos, envíos postales y Courier, insumos destinados a investigaciones científico-tecnológicas, bienes provenientes del Área Aduanera de Tierra del Fuego, y mercadería tramitada mediante expediente “PART”.
La eliminación de las licencias de importación es una de las medidas más esperadas por el sector productivo, que había denunciado que el sistema anterior generaba
Energía
Malvinas: un solo juzgado para dos causas petroleras y una soberanía en juego
La Cámara Federal ordenó que el Juzgado Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, concentre las dos denuncias del Gobierno contra la explotación petrolera en la plataforma continental argentina. El juez Eduardo Farah advirtió que resoluciones opuestas podrían afectar la política de Estado sobre el reclamo de soberanía.
El riesgo de que dos jueces dicten resoluciones opuestas sobre los derechos argentinos en Malvinas fue el argumento central para unificar las denuncias por petróleo. Lo planteó la Cámara Federal al resolver que ambos expedientes sigan un mismo camino judicial, en un momento en que el Estado sostiene un frente abierto en tribunales locales e internacionales contra las empresas que operan en la zona sin autorización.
El juez de la Cámara Federal Eduardo Farah resolvió un conflicto de competencia y dispuso que las causas CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 queden bajo la órbita del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12, subrogado por Julián Ercolini, según el fallo. La decisión llegó pese a que Ercolini había rechazado la competencia.
Qué se investiga en cada expediente
La primera denuncia fue presentada por la Cancillería contra la petrolera británica Desire Petroleum por la explotación en el yacimiento Sea Lion. La segunda apunta a la explotación de petróleo en otro sector de la plataforma continental argentina, por parte de otra empresa y sin permisos del Gobierno argentino.
La causa CFP 4437/2026 ya había sido ampliada en septiembre por el Gobierno nacional, que sumó a la investigación a sociedades de Rockhopper Exploration, Borders & Southern y Desire Petroleum, además de identificar a 27 empresarios, ejecutivos y directivos vinculados con las petroleras, según las presentaciones judiciales.
Los argumentos de Farah
Farah consideró que la similitud esencial de los objetos procesales de ambas causas vuelve pertinente su acumulación. Sostuvo que las actividades denunciadas en una y otra son distintas manifestaciones de “un mismo fenómeno”: emprendimientos económicos en áreas cercanas a las islas, basados en autorizaciones que el país considera ilegítimas.
El magistrado remarcó que ambas denuncias se refieren a los derechos argentinos sobre las islas y que por eso es clave evitar “pronunciamientos contradictorios”. Según el fallo, la recuperación de Malvinas y el ejercicio pleno de la soberanía son un “objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, y lo que se resuelva puede repercutir en la política permanente del Estado sobre el asunto.
Un frente judicial con varios tableros
La unificación se produce en medio de una disputa que se libra en simultáneo en distintos ámbitos. En septiembre, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender las tareas del proyecto Sea Lion, a partir de una medida cautelar solicitada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata y una asociación de abogados ambientalistas.
En el plano internacional, el Gobierno pidió medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar contra el Reino Unido, con audiencias orales fijadas para el 10 y 11 de noviembre. Del otro lado, Rockhopper sostuvo que Sea Lion sigue en cronograma, con primer petróleo previsto para el primer trimestre de 2028.
Con las dos denuncias bajo un mismo juzgado, la estrategia penal contra las petroleras gana coherencia, pero también concentra en un solo despacho la responsabilidad de sostenerla. Queda por verse si esa unificación se traduce en medidas concretas contra las empresas, mientras los proyectos avanzan y el reloj corre hacia la fecha prevista para el primer barril.
Lo que tenés que saber
- La Cámara Federal unificó las causas CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 en el Juzgado Federal N°12, subrogado por Julián Ercolini.
- El juez Eduardo Farah resolvió un conflicto de competencia, pese al rechazo previo de Ercolini.
- El fundamento fue evitar «pronunciamientos contradictorios» sobre los derechos argentinos en Malvinas.
- Una denuncia de la Cancillería apunta a Desire Petroleum por el yacimiento Sea Lion; la otra, a otra empresa en distinto sector de la plataforma continental.
- El Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene audiencias fijadas para el 10 y 11 de noviembre.
-
Fútbol & Goles!4 díasMundial 2030: La Plata afirma que el Maradona será sede, pero la FIFA no confirmó
-
Mundo 🌐4 díasLandau firmó acuerdos en Paraguay y sigue su gira en Buenos Aires
-
Judiciales ⚖️2 díasTres de cada cuatro abogados usan IA y los jueces ya detectan fallos inventados
-
CABA2 díasSentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri
-
CABA4 díasTerminó el motín en la comisaría del microcentro y liberaron al último policía
-
Comunidad 👥3 díasLínea A: un hombre fue arrollado en la estación Acoyte
-
Infraestructura1 díaEzeiza casi cerrado: 14 aerolíneas suspenden vuelos por 18 días
-
Islas Malvinas3 díasCaputo niega que se congele la Ley Malvinas, pero el debate quedó postergado
