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Denuncian crimen en cárcel de Los Hornos

Familiares y amigos de detenidos autoconvocados marcharán hacia la Unidad Penal Nro. 8 de Los Hornos, en La Plata, ante la muerta de la interna Andrea Navarro Tejeda, denunciando que se trató de un asesinato, mientras las autoridades penitenciarias la adjudican a un suicidio y hay una causa abierta por averiguación de causales de muerte

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Por Néstor Llidó

Bajo la consigna: “Basta de muertes en las cárceles!”, un grupo de familiares y amigos de personas que están detenidas en distintas unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense marcharán hacia la cárcel de Los Hornos, donde el pasado 23 de enero se produjo el fallecimiento de la interna Andrea “Beba” Navarro Tejeda, que se denuncia como un crimen, aunque el caso aún no fue esclarecido, pero se indicó que se trató de un suicidio y motivó una revuelta de sus compañeras de pabellón.

La joven fue hallada sin vida en su celda, con signos de ahorcamiento y en consecuencia, las autoridades lo atribuyeron a un suicidio, pero esa hipótesis fue rechazada por el resto de las reclusas, que iniciaron una protesta y ahora se convocó a esta movilización para “visibilizar” el caso que la tuvo como víctima.

La investigación, a cargo del fiscal Marcelo Romero (titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 6 de La Plata), fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, ya que muchas versiones abonan que se habría tratado de un homicidio y ahora se aguarda por el resultado de las pericias.

Frente al “asesinato de “Beba” Navarro Tejeda”, los familiares y amigos de detenidos autoconvocados denuncian que en las unidades penales de todo el país “se tortura, se mata, y se silencia a las personas que reclaman derechos y porque un crimen dentro de una institución carcelaria es un crimen de Estado y el Estado se debe hacer responsable”.

En la marcha, que se realizará este viernes, a las 11, frente a la Unidad Penal Nro. 8 de la localidad platense de Los Hornos, en la calle 149, entre 70 y 71, además de reclamar por esta muerte, registrada en ese confuso incidente, se formulará un llamamiento al “derecho a la salud, a la educación y a la justicia para toda la población carcelaria”.

“Los penales de la provincia de Buenos Aires no son más que centros de tortura en democracia. Además de la superpoblación carcelaria que supera el 120 % de plazas habilitas para alojar detenidos. El Servicio Penitenciario Bonaerense, en complicidad con los poderes políticos de turno en el Gobierno y el inescrutable Poder Judicial, se han convertido en una máquina sistemática de tortura perfecta”, afirmaron en un documento.

En tal sentido, hacen hincapié en que “no solo el castigo físico habitual, el que ya ha sido condenado por los organismos de Derechos Humanos internacionales y del cual se hace caso omiso, sino el castigo psicológico apremiante que aplica cada día a los presos alojados en celdas diminutas, donde les sirven comida en estado de descomposición y los someten a la falta de higiene. De esta manera provocan a la población carcelaria a contraer enfermedades, las cuales no son atendidas de manera intencional para provocarles aún más sufrimiento”.

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DDHH

“Los Estados deben reconocer la diversidad plurinacional”, dice la abogada Llanquileo Pilquiman

Llanquileo Pilquiman, dijo que “los Estados deben reconocer la diversidad plurinacional”.

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Natividad Llanquileo Pilquiman, mapuche y abogada chilena, que “los Estados deben reconocer la diversidad plurinacional”, en una entrevista en su paso por Buenos Aires donde participó del III Foro Mundial de Derechos Humanos en la Argentina, que se realizó entre el 20 y 24 de marzo.

“El gobierno (de Chile) tiene que darle otro enfoque a un reclamo que es político y tiene raíces históricas, porque no he visto a ningún mapuche o pueblo indígena que no quiera su territorio y, si hay algo que nos sostiene y que nos unifica, es la defensa de nuestro territorio”, enfatizó.

Llanquileo Pilquiman, integrante de la comunidad Esteban Yevilao de Puerto Choque, a orillas del Lago Lleu Lleu, en la 8va región chilena del Bio Bio, relató que “los mapuches que hoy están privados de su libertad fueron niños que crecieron en un ámbito de mucha violencia estatal y, creo que nunca, después de la dictadura cívico militar, había visto tantos hermanos en las cárceles de Chile”.

Por otro lado, la defensora de Derechos Humanos destaca el avance que se logró con la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce, establece, promueve y recomienda a los Estados-naciones que adopten medidas para que “los pueblos indígenas y tribales gocen plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”.

Además, Chile también avanzó en la “ratificación” de respetar los derechos de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente en la Declaración de los Derechos Indígenas de Naciones Unidas y la Convención Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros.

“Pero aún sigue siendo una cuota pendiente y no vemos mucho avance al respecto”, indicó la abogada.

En ese sentido, expresó que el principal reclamo “es el derecho al territorio, porque es lo único que nos permite existir, si no tenemos territorio por más que tengamos vida es difícil seguir sosteniendo nuestra cosmovisión como pueblos indígenas”.

A su vez, indicó que “se habla mucho del calentamiento global, pero nadie habla de quién provocó ese calentamiento. La defensa que hacemos de nuestro territorio y del agua no es solamente una necesidad de los pueblos indígenas sino que es una necesidad de todo ser vivo en general, incluido el pueblo chileno”.

“Una de las vías para mejorar la situación de nuestros pueblos es el reconocimiento de la plurinacionalidad, porque convivimos distintas naciones con nuestras propias culturas y espiritualidades desde antes de la conformación de los Estados-nación”, reflexionó.

“Los Estados tienen que reconocer y respetar nuestras diferencias porque no somos todos iguales, cada pueblo nación tiene su historia, su cultura, su forma de vida y su cosmovisión, y lo que buscamos es que se nos respete nuestro derecho a nuestra propia identidad y no que nos obliguen a ser todos iguales, porque no somos iguales y el Estado tiene que respetar esa diversidad plurinacional”, concluyó.

Llanquileo Pilquimán es una mujer mapuche lafkenche (gente del mar), que se desempeñó como abogada defensora de distintos presos mapuches y defensora de los derechos humanos.

Creció en comunidad, junto a sus hermanos, su padre Juan Luis Llanquileo Yevilao y su madre Emilia del Carmen Pilquimán Mariñán, rodeada de abundante fauna como garzas, cisnes de cuello negro, carpas y truchas arcoíris, que se entremezclaban con avellanos, canelos, arrayanes y boldos, entre otras vegetaciones de la zona.

Realizó sus estudios secundarios en el Liceo Politécnico Caupolicán, de la comuna de Los Álamos, del que egresó en 2002; luego, se recibió de abogada de la Universidad Bolivariana de Chile y, además, obtuvo un diplomado en Derechos Humanos, Políticas Públicas e Interculturalidad en la Universidad de La Frontera.

En 2018 asumió como presidenta del Centro de Investigación y Defensa Sur y actualmente es directora de Relación con el Medio Nacional e Internacional de la misma institución.

El 6 de enero de 2022 fue electa vicepresidenta Adjunta de la Convención Constitucional, en representación de Escaño Reservado, donde fue una de las articuladoras de la Coordinadora Plurinacional, y se le atribuyó la defensa de la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios.

Natividad relató a Télam que comenzó a estudiar ante la necesidad de reclamar por los derechos de su comunidad y su pueblo ante los tribunales de Chile: “A nuestro abuelo se le robó las tierras y le corrieron el cerco como quisieron, haciendo uso de la fuerza policial y militar, protegiendo intereses de grandes grupos económicos y del Estado mismo”.

La historia del abuelo es similar al de otras personas que, “como no sabían castellano, las engañaban; les hacían firmar cualquier documento haciéndoles creer que se los arrendaban y después con esos papeles, los terratenientes, acreditaban legalmente que eran propietarios porque, según ellos, la gente mapuche se los había vendido”.

Ella es parte de las primeras generaciones que salieron de las comunidades a estudiar en la universidad.

“Sentí la necesidad de saber primero el idioma de ellos y, después, saber cuáles son nuestros derechos para frenar los atropellos y reclamar por el respeto a nosotros y a nuestro territorio”, señaló.

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Además “vivíamos una realidad que también era necesaria hacerle frente respecto a la prisión política de nuestros hermanos, porque se los llevaban a la cárcel y ahí nos sabíamos qué pasaba”.

Frente a esa realidad “teníamos que saber cómo funcionaba este sistema que nos arrebataba a nuestra gente de las comunidades y, a su vez, tratábamos de entender por qué los sacaban y qué teníamos que hacer para obtener la libertad de las personas que estaban defendiendo nuestro territorio”, relató..

Ante esto, la abogada sostiene que “desde los años 90, terminada la dictadura cívico militar, la población mapuche siguió reclamando las tierras que le fueron usurpadas con la aplicación de leyes especiales, como la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley de Conductas Terroristas, que se siguen aplicando hasta el día de hoy, siendo la prisión como respuesta”.

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