Judiciales ⚖️
Detenido en EE.UU: el cirujano Cristian Pérez Latorre que operó a Silvina Luna
El cirujano enfrenta hasta 10 años de prisión por siete cargos relacionados con la práctica ilegal de la medicina.
El cirujano argentino Cristian Pérez Latorre fue detenido en Estados Unidos bajo la acusación de ejercer la medicina sin licencia y causar graves lesiones corporales. Entre sus pacientes famosos se encuentra Silvina Luna, quien se atendió con él tras haber sido intervenida por Aníbal Lotocki.
Acusaciones por ejercer sin licencia
Los cargos en contra de Pérez Latorre se relacionan con una cirugía plástica realizada el 13 de julio de 2021, según informó CBS News. El cirujano enfrenta seis cargos por practicar la medicina sin la certificación correspondiente y un cargo adicional por infligir lesiones corporales graves a una mujer. La justicia norteamericana investiga las acciones de Pérez Latorre, quien presuntamente realizó procedimientos médicos sin tener la debida certificación. La jefa de la División de Investigación del Departamento de Asuntos del Consumidor, Kathleen Nicholls, calificó estas acciones como «peligrosas y egoístas».
De acuerdo con las autoridades, Pérez Latorre podría enfrentar hasta 10 años de prisión por las imputaciones. Hasta el momento, no está claro si había intentado registrarse formalmente para ejercer la medicina en Estados Unidos o qué tipo de permisos poseía.
Defensas y respuestas del acusado
Pérez Latorre se defendió en sus redes sociales afirmando que era un cirujano certificado en Argentina y que en Estados Unidos se había registrado como enfermero, primer asistente y especialista en cuidados faciales, según informó el medio británico Daily Mail. A pesar de sus afirmaciones, las autoridades investigan la legitimidad de sus credenciales y permisos para realizar procedimientos médicos en territorio estadounidense.
Conexiones con celebridades y controversias previas
El cirujano ganó notoriedad entre las celebridades por ser el creador del «Ken humano», Justin Jedlica, un modelo estadounidense que se sometió a más de 100 operaciones para parecerse al famoso muñeco de Barbie. En 2016, Pérez Latorre también operó a la modelo argentina Silvina Luna en Los Ángeles para remover aproximadamente el 70% del metacrilato que le había sido colocado en 2010 por el controvertido cirujano Aníbal Lotocki.
«La operé para sacarle el metacrilato. Salió todo excelente», afirmó Pérez Latorre sobre la intervención en una entrevista con el portal Teleshow. “La operé con una técnica hecha con un robot de alta tecnología, similar a cuando se hace una operación de vesícula con laparoscopía”, agregó.
En junio de 2023, Pérez Latorre criticó duramente el procedimiento realizado por Lotocki, asegurando que la sustancia utilizada no era metacrilato. “Vos le aplicás veneno al paciente, por lo tanto tu organismo va a reaccionar generando una enfermedad autoinmune”, explicó. Además, señaló que esta enfermedad resultante es peor que el cáncer, ya que no tiene cura. «Lo que hizo Lotocki con Silvina es un desastre médico”, concluyó.
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Reforma laboral: el Gobierno acudió a la Corte con un “per saltum” para destrabar la ley
A través de la Procuración del Tesoro, el Ejecutivo busca que el máximo tribunal revierta la suspensión de más de 80 artículos de la nueva norma. Con el argumento de la ‘gravedad institucional’, la administración libertaria intenta saltear las instancias inferiores tras el freno judicial obtenido por la CGT.
El Gobierno nacional presentó este viernes un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que el máximo tribunal intervenga de manera urgente en el conflicto por la reforma laboral. La movida judicial, impulsada por la Procuración del Tesoro que encabeza Rodolfo Barra, busca dejar sin efecto la medida cautelar que mantiene suspendidos más de 80 artículos clave de la Ley 27.802, tras un fallo del fuero laboral que hizo lugar a una demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
La estrategia oficial consiste en saltear las instancias judiciales intermedias para evitar el paso por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tribunal al que el Ejecutivo cuestiona por su supuesta falta de competencia para decidir sobre una ley de alcance nacional. Según la presentación, la vigencia de la cautelar dictada a fines de marzo genera una situación de «gravedad institucional» y una incertidumbre jurídica que afecta la aplicación de una reforma considerada central por la administración de Javier Milei para la reactivación económica.
El choque de poderes en la Justicia
El recurso apunta a que la Corte Suprema declare la plena validez de la norma y unifique criterios ante la dispersión de fallos en distintos juzgados federales. Desde la Secretaría de Trabajo sostienen que la ley fue aprobada democráticamente por el Congreso el pasado 27 de febrero y que el fuero laboral no puede erigirse como un bloqueador de políticas públicas nacionales. Los artículos en disputa afectan desde los períodos de prueba y los cálculos de antigüedad hasta las limitaciones al derecho de huelga y el sistema de aportes sindicales, puntos que la CGT denunció como violatorios de la libertad gremial y de los derechos constitucionales del trabajador.
Con esta jugada, el Gobierno busca acelerar los tiempos en un escenario de creciente presión sindical y conflictividad social. La Corte, que ahora tiene la última palabra, deberá definir si habilita el mecanismo excepcional del per saltum para tratar el fondo de la cuestión o si devuelve el expediente a las instancias previas, lo que prolongaría el freno a una de las reformas más ambiciosas y controvertidas del ciclo libertario.
Puntos clave:
- * El Ejecutivo presentó un «per saltum» ante la Corte Suprema para validar la reforma laboral.
- * La Procuración del Tesoro busca revertir la cautelar que suspendió más de 80 artículos de la ley.
- * El Gobierno argumenta «gravedad institucional» ante el freno judicial obtenido por la CGT.
- * El recurso intenta saltear la Cámara del Trabajo para obtener una resolución inmediata del máximo tribunal.
- * La disputa se centra en cambios sobre indemnizaciones, períodos de prueba y derechos sindicales.
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