Judiciales ⚖️
Doble revés para Makintach: la Justicia rechazó pedidos clave de su defensa
El abogado de la ex jueza destituida había solicitado la detención de una testigo clave y recusado a tres fiscales. Ambos planteos fueron desestimados y la investigación por presuntas irregularidades continúa su curso.
★ La Justicia rechazó este lunes dos pedidos clave presentados por la defensa de Julieta Makintach, la ex magistrada destituida en medio de un escándalo judicial: desestimó el planteo del abogado Fernando Burlando para detener a la testigo del caso y tampoco hizo lugar a la recusación que la propia ex jueza había presentado contra los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Ignacio Amallo.
La decisión implica que la causa penal que se tramita contra la ex jueza continuará su curso normal, sin los obstáculos procesales que buscaba instalar la defensa. Los tres fiscales cuestionados por Makintach seguirán a cargo de la investigación, mientras que la testigo mencionada, cuya identidad se mantiene bajo reserva por razones de seguridad procesal, no será detenida como pretendía el letrado.
Estrategia defensiva sin resultados
El rechazo de ambos planteos representa un revés para la estrategia procesal de Burlando, quien asumió la defensa de Makintach tras su destitución. La recusación de los fiscales es un recurso habitual en causas penales cuando la defensa considera que existe parcialidad o riesgo de afectación del debido proceso, pero en este caso el tribunal consideró que no existían elementos suficientes para apartar a los funcionarios judiciales.
El pedido de detención de la testigo, por su parte, había generado expectativa en el ambiente judicial, aunque fuentes del caso indicaron que se trataba de un planteo «con pocas chances de prosperar» dado que no se habían presentado elementos que justificaran una medida tan extrema.
Contexto de una causa en desarrollo
Makintach fue destituida de su cargo judicial en medio de denuncias por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Si bien los detalles específicos de la acusación penal no han sido revelados oficialmente —dado que la causa mantiene secreto de sumario en varios de sus tramos—, fuentes cercanas al expediente indicaron que la investigación avanza sobre posibles delitos vinculados al mal desempeño de la función pública.
La ex magistrada ha sostenido públicamente su inocencia y denunciado lo que considera una persecución judicial en su contra. Su defensa, liderada por Burlando, ha apelado a distintos recursos procesales para frenar el avance de la causa, aunque hasta ahora sin resultados favorables.
Las voces del caso
Los fiscales Chaieb, Asprella y Amallo no emitieron declaraciones públicas sobre el rechazo de la recusación, manteniéndose en la línea de reserva habitual en casos que tramitan bajo investigación. Tampoco hubo pronunciamientos oficiales desde el equipo de Burlando al cierre de esta nota.
Organizaciones de transparencia judicial que siguen el caso señalaron la importancia de que la causa continúe sin interferencias, aunque también remarcaron la necesidad de garantizar el debido proceso y el derecho a defensa de la acusada.
¿Qué sigue ahora?
Con estos planteos desestimados, la causa retoma su ritmo procesal normal. Se espera que en las próximas semanas los fiscales avancen con nuevas medidas de prueba y que eventualmente se defina si Makintach será llevada a juicio oral por los hechos que se le imputan.
La ex jueza mantiene su libertad mientras transcurre la investigación, aunque pesa sobre ella la inhabilitación definitiva para ejercer la magistratura tras su destitución administrativa, una medida que fue confirmada en instancias superiores y que no tiene relación directa con el proceso penal en curso.
Puntos clave:
• La Justicia rechazó el pedido de Fernando Burlando para detener a una testigo en la causa contra Makintach
• Tampoco prosperó la recusación que la ex jueza planteó contra tres fiscales del caso
• La causa penal por presuntas irregularidades continúa su curso sin obstáculos procesales
• Makintach fue destituida de su cargo judicial en medio de denuncias de mal desempeño
• Los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Ignacio Amallo seguirán a cargo de la investigación
Morón
Narcofuncionaria en Morón: Ghi no fue a la interpelación y su enviado lo contradijo cuatro veces
El intendente de Morón evitó presentarse ante el Concejo Deliberante y delegó en su secretario de Seguridad la defensa por el escándalo de Luna Ortigoza, la exdirectora de Género prófuga con medio kilo de cocaína. El enviado contradijo al jefe comunal al menos cuatro veces y aprovechó la sesión para promocionar su propia figura.
Ghi mandó a Cardoso y él mismo lo hundió: cuatro contradicciones en la interpelación por la narcofuncionaria
★ El intendente de Morón, Lucas Ghi, no fue. En la sesión extraordinaria convocada para este jueves en el Concejo Deliberante por el escándalo de la exdirectora de Género Luna Suyai Ortigoza, prófuga desde el 21 de mayo tras el hallazgo de más de medio kilo de cocaína en su domicilio de Castelar Sur, el jefe comunal decidió no comparecer personalmente y delegar la tarea en su secretario de Seguridad, Damián Cardoso. La decisión no pasó inadvertida: todos los ediles que tomaron la palabra en el recinto lo señalaron con la misma frase: «Esperábamos a Lucas Ghi».
Lo que siguió fue una sesión de cuatro horas y media que, lejos de acotar el daño político, lo amplificó. Cardoso zigzagueó sobre la participación de su área en los operativos judiciales y policiales, se jactó de eficiencia en algunos momentos y tomó distancia en otros, y terminó contradiciendo a su propio jefe al menos en cuatro puntos centrales del relato oficial.
El comunicado de Ghi versus la versión de Cardoso
La primera contradicción emergió en el punto más sensible del caso: si el Municipio sabía o no de los allanamientos antes de que derivaran en el hallazgo de la droga en la casa de la funcionaria. Cuando el escándalo estalló, Ghi emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que los procedimientos habían sido «impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito». La afirmación resultaba políticamente conveniente: sugería que el propio gobierno municipal había activado la operación.
Cardoso desmintió esa versión ante los concejales. El secretario de Seguridad aseguró que su área no tenía conocimiento previo de los operativos y que fue informada con posterioridad por la Unidad Fiscal de Investigación. El contrapunto no es menor: sobre Ortigoza pesa la sospecha, planteada por varios concejales durante la sesión, de que pudo haber sido alertada con anticipación sobre la realización de los allanamientos, lo que explicaría su fuga antes de que los efectivos llegaran a su domicilio.
«La nombró Ghi el 1° de febrero de 2020»
La segunda contradicción llegó cuando Cardoso refutó una frase que el propio intendente había utilizado públicamente para tomar distancia del caso. Ghi había dicho que Ortigoza «venía de otras gestiones», intentando así construir una distancia entre su administración y la funcionaria imputada. Cardoso lo desmintió con precisión: «La nombró el intendente Lucas Ghi el 1° de febrero de 2020″.
El dato se corrobora en el decreto de designación. Según fuentes consultadas por distintos medios, Ortigoza fue nombrada como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad en junio de 2025, aunque previamente había tenido pasos por el área de Salud del Municipio como empleada temporaria. Su madre, Silvina Ortigoza, se desempeña actualmente como directora de la UGC N° 5 de El Palomar.
Sin formación para el cargo y sin objeciones del oficialismo
La tercera contradicción alcanzó el terreno de las capacidades. Cardoso descartó que Ortigoza tuviera la formación adecuada para desempeñarse en políticas de Género, una afirmación que contradice directamente la decisión del oficialismo de designarla en ese puesto. La pregunta que quedó flotando en el recinto es cómo alguien sin la idoneidad para el cargo llegó a conducir un área de alta sensibilidad territorial durante años sin que nadie en la administración lo advirtiera, o sin que, si lo advirtió, actuara en consecuencia.
El debate «perfecto» que nadie del luquismo esperaba
La cuarta contradicción fue de orden político. En los días previos a la sesión, el entorno del intendente había denunciado públicamente que la interpelación era un intento de desestabilización, una maniobra opositora para debilitar a Ghi de cara a 2027. Cardoso, ante los concejales, bajó esa tensión con una frase que dejó descolocados a varios ediles del propio oficialismo: «Me parece perfecto el debate y el intercambio respetuoso con los concejales que tienen derecho a recibir las explicaciones pertinentes».
El contexto político: ruptura con Sabbatella y crisis acumulada
La interpelación se realizó en un contexto de creciente erosión institucional para la gestión de Ghi. El caso Ortigoza no es el primero que sacude al municipio: en febrero de este año fue detenida Karen Yael Cufré, empleada del centro de monitoreo de la Secretaría de Seguridad, acusada de integrar una banda dedicada a extorsiones digitales vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, ocurrido en la Quinta Presidencial de Olivos en diciembre de 2025. Los propios concejales que impulsaron la interpelación lo consignaron en el texto del decreto: Morón atravesó «en menos de un año, de tener extorsionadoras infiltradas en el área encargada de cuidarnos a tener funcionarias de alta jerarquía, con firma, poder político y manejo de recursos, prófugas y sospechadas de integrar bandas dedicadas al narcotráfico».
La votación que habilitó la interpelación (16 a 8) reflejó además la fractura del peronismo local. Los concejales del bloque de Nuevo Encuentro, que responden a Martín Sabbatella, votaron junto con la oposición contra el oficialismo ghista, consolidando una ruptura que el propio Ghi cuando eligió distanciarse de su antecesor y ex socio político.
Cardoso, entre la derecha y la autopromoción
Lejos de limitarse a defender al intendente, Cardoso dedicó una porción considerable de su presentación a publicitarse a sí mismo y a su área. Aprovechó la sesión para proponer la creación de una policía local y, para sorpresa de varios ediles del bloque oficialista, destacó como modelos de gestión de seguridad a los municipios de San Miguel (Juntos por el Cambio) y Tres de Febrero (La Libertad Avanza).
El perfil político de Cardoso tiene antecedentes propios: fue diputado provincial por Unión PRO entre 2007 y 2011 y exhibe una línea punitivista en materia de seguridad. Está asociado, en la ONG Control Ciudadano, al empresario Ariel Diwan, principal dirigente de La Libertad Avanza en Morón.
La conclusión que circuló en los pasillos del HCD al cierre de la sesión fue unánime: Cardoso no fue a defender a Ghi, fue a defender a Cardoso.
Puntos clave
- El intendente Lucas Ghi no se presentó a la interpelación del Concejo Deliberante de Morón y delegó en el secretario de Seguridad, Damián Cardoso.
- Cardoso contradijo al propio Ghi al menos cuatro veces: sobre el conocimiento previo de los allanamientos, el origen de la designación de Ortigoza, su idoneidad para el cargo y la legitimidad del debate legislativo.
- Luna Suyai Ortigoza permanece prófuga desde el 21 de mayo con una orden de captura vigente; en su domicilio se secuestraron 509 gramos de cocaína.
- El caso se suma al de Karen Cufré, exempleada municipal detenida por integrar una banda de extorsionadores vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez.
- La interpelación se aprobó 16 a 8 con el voto del sabbatellismo junto a la oposición, evidenciando la fractura del peronismo en Morón.
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