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Estela de Carlotto advirtió que poner a un militar en Defensa rompe con la tradición democrática

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo cuestionó que un militar ocupe la cartera y advirtió sobre el riesgo de repetir errores históricos. «Las políticas de Estado las deben manejar los civiles», afirmó.

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★ La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó duramente la designación del teniente general Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa y la calificó como una «provocación» del Gobierno que debe ser impedida. Las declaraciones fueron realizadas en diálogo con Splendid AM 990.

Un nombramiento que «mortifica al país»

«Esto es iniciar una situación de violencia en la sociedad, cuando ya sabemos la vida que ha tenido la Argentina con los Golpes de Estado, con las dictaduras y con todo lo que hemos sufrido», señaló Carlotto en la entrevista radial.

La referente de derechos humanos cuestionó directamente la decisión de poner a un militar al frente de la cartera de Defensa: «Esta idea de poner a un militar como ministro de Defensa es una provocación, es ponerlo en un lugar que no le corresponde, primero porque no está preparado para eso y segundo que no lo sabe hacer».

«Las políticas de Estado las manejan los civiles»

Carlotto fue contundente al trazar una línea sobre el rol que deben ocupar las fuerzas armadas en la estructura del Estado. «El que tiene vocación militar que esté en esa vocación y que cumpla con la obligación de defender y defendernos, pero las políticas de estado las manejan los civiles», subrayó.

La presidenta de Abuelas expresó que con medidas de este tipo el Gobierno «está mortificando al país con ideas extrañas y tenemos la obligación de impedírselo». Además, advirtió sobre el riesgo de modificar la historia institucional del país: «Estos son inventos que destruyen la identidad. Van cambiando lo que ya es historia para hacer una historia nueva que no sirve para nada o es peligrosa».

«Una humillación permanente»

En otro tramo de la entrevista, Carlotto cuestionó el accionar cotidiano del Poder Ejecutivo. «No podemos vivir los ciudadanos esperando qué va a hacer hoy el presidente», aseveró, y rechazó que «haga los disparates que hace y uno tenga que todos los días vivir una humillación permanente».

La designación de Presti, un militar en actividad, al frente del Ministerio de Defensa rompe con una tradición democrática que desde 1983 reserva esa cartera a funcionarios civiles, como forma de garantizar la conducción política de las fuerzas armadas.

Puntos clave:

• Estela de Carlotto calificó de «provocación» la designación del teniente general Carlos Presti como ministro de Defensa

• La presidenta de Abuelas advirtió que la medida «inicia una situación de violencia» en la sociedad argentina

• Carlotto sostuvo que los militares deben cumplir su vocación pero que «las políticas de Estado las manejan los civiles»

• La referente criticó que el Gobierno «mortifica al país con ideas extrañas» que deben ser impedidas

• Desde 1983, la cartera de Defensa estuvo siempre a cargo de funcionarios civiles como garantía del orden democrático

Buenos Aires

A 20 años de la desaparición de López, la recompensa sube pero la impunidad sigue intacta

El Gobierno bonaerense duplicó a $10 millones la recompensa por información sobre el paradero de Jorge Julio López, sobreviviente del «circuito Camps» que desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua a su torturador, Miguel Etchecolatz. Dos décadas después, la causa permanece sin resolución y sin responsables identificados.

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El Argentino Diario-Jorge Julio López.
El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.

Dos décadas sin respuestas, sin culpables y sin el cuerpo de un sobreviviente que se atrevió a dar testimonio. A 20 años exactos de su segunda desaparición, Jorge Julio López sigue siendo la herida abierta más incómoda de la democracia argentina: un hombre que sobrevivió la dictadura para ser borrado en plena institucionalidad, el mismo día en que la Justicia condenaba a su torturador.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso este viernes elevar de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quien aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López. El hombre, albañil y militante platense, fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006 cuando salía de su vivienda en Los Hornos, en las afueras de La Plata. Hoy tendría 96 años. La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata bajo el expediente FLP N° 509/2008, caratulado como «López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas».

El testigo que incomodaba al poder

La historia de López es la de una doble persecución. El 27 de octubre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, fue secuestrado y sometido a un periplo de terror por varios centros clandestinos de detención del denominado «circuito Camps», el entramado represivo montado en la provincia de Buenos Aires bajo el mando del general Ramón Camps. Permaneció detenido y fue sometido a torturas sistemáticas hasta su liberación en 1979, sin que mediara explicación alguna ni proceso judicial.

Décadas después, cuando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad puso en el banquillo a los represores, López se convirtió en un testigo clave. Su testimonio fue determinante para que el ex comisario Miguel Etchecolatz fuera identificado como uno de sus torturadores y condenado como responsable de delitos de lesa humanidad. Etchecolatz fue jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y una de las figuras más siniestras del aparato represivo de la provincia.

La desaparición en democracia

El 18 de septiembre de 2006 es una fecha que resume toda la brutalidad del caso. Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata leía los alegatos y el veredicto que condenaba a Etchecolatz a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. López había prestado declaración en ese juicio. Pero no llegó a escuchar la condena: desapareció antes de que terminara la jornada.

Lo que ocurrió ese día no fue solo una desaparición: fue una señal de advertencia dirigida a quienes se atrevieran a testimoniar contra los perpetradores del terrorismo de Estado. La democracia argentina no pudo, o no quiso, proteger al hombre que más la había necesitado. Desde entonces, ningún gobierno logró esclarecer qué pasó con López ni identificar a los responsables de su segunda desaparición.

Veinte años, cero respuestas

La causa acumula dos décadas de investigación sin resultados concretos. El incremento de la recompensa anunciado este viernes por el Gobierno provincial es un gesto simbólico que, al mismo tiempo, deja en evidencia la magnitud del fracaso institucional: si después de 20 años el único recurso disponible es duplicar el monto de una recompensa, el Estado reconoce implícitamente que no tiene respuestas propias.

Las organizaciones de derechos humanos llevan dos décadas sosteniendo que la desaparición de López en democracia no fue un hecho aislado sino parte de una lógica de amedrentamiento a testigos que nunca fue desarticulada del todo. La impunidad en este caso es, también, un mensaje: los engranajes que hicieron posible la represión durante la dictadura no fueron completamente desmantelados.

Lo que tenés que saber

  • El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.
  • Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz, a quien López había señalado como su torturador.
  • Sobreviviente del «circuito Camps», López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y estuvo detenido en centros clandestinos de La Plata hasta 1979.
  • La causa tramita como «desaparición forzada de personas» en la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008).
  • A 20 años de su desaparición en democracia, la causa no tiene responsables identificados ni se logró determinar su paradero.
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