DDHH
Juicios por la memoria: más de 1.100 represores fueron condenados desde 2006
Existen 258 causas en etapa de instrucción y 63 causas ya fueron elevadas a juicio.
A pocas horas del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad reveló las cifras actualizadas del proceso judicial contra los responsables del terrorismo de Estado. Desde 2006, los tribunales federales dictaron un total de 340 sentencias por delitos de lesa humanidad, con 1.197 personas condenadas y 199 absueltas.
La dependencia especializada del Ministerio Público Fiscal, que coordina la fiscal federal María Ángeles Ramos, informó que aún quedan centenares de causas activas en distintos tramos del proceso, desde la instrucción hasta la etapa de debate oral.
258 causas continúan en instrucción
En la actualidad, los tribunales desarrollan 14 juicios orales y públicos en distintas provincias. Además, 63 causas ya se encuentran elevadas a juicio, a la espera de una fecha para su realización. En paralelo, 258 causas permanecen en la etapa de instrucción.
La información oficial indica que existen 502 personas imputadas por crímenes de lesa humanidad en trámite. Entre ellas, 27 fueron indagadas recientemente y esperan la definición de su situación procesal. De los expedientes aún en fase de investigación, 401 personas están procesadas, 118 fueron sobreseídas y 158 registran falta de mérito, lo que implica que la justicia no reunió pruebas suficientes para avanzar con una acusación formal.
Más libertad que prisión para represores
De acuerdo con la Procuraduría, 615 personas permanecen detenidas por delitos vinculados al accionar represivo del Estado, mientras que 1.489 imputados continúan en libertad y 33 permanecen prófugos.
El informe detalló que, desde 2016, la cantidad de represores libres superó a la de quienes cumplen medidas de coerción. Esta tendencia se consolidó año a año y representa un punto de tensión en la política de memoria impulsada por organismos de derechos humanos.
Entre quienes permanecen privados de su libertad:
- 498 accedieron al beneficio del arresto domiciliario.
- 61 cumplen condena en unidades penitenciarias comunes.
- 56 se alojan en la Unidad Penitenciaria N°34 del SPF, ubicada dentro del predio militar de Campo de Mayo.
La Unidad 34 funciona desde 2004 y fue creada bajo la figura de «unidad hospitalaria» para albergar a imputados por delitos cometidos durante la última dictadura. Distintos informes del CELS y de organismos internacionales cuestionaron su ubicación dentro de un complejo militar.
Avances y desafíos a 49 años del golpe
Los juicios por crímenes de lesa humanidad constituyen un proceso sin precedentes en el mundo. A diferencia de otros países que transitaron dictaduras, como Chile o Brasil, en Argentina la justicia ordinaria juzga y condena a los responsables del terrorismo de Estado, sin tribunales especiales ni leyes de autoamnistía vigentes.
Sin embargo, la demora en el avance de las causas en instrucción, el creciente número de imputados en libertad y la edad avanzada de los acusados plantea desafíos urgentes. En muchos casos, los juicios se dilatan durante años y concluyen con la muerte del imputado antes de recibir condena.
DDHH
La defensa de Maduro apuesta a desmantelar la acusación antes del juicio: la inmunidad soberana, el primer frente de batalla
La tercera audiencia preliminar ante el juez federal Alvin Hellerstein duró apenas 18 minutos y concluyó con la aprobación del cronograma conjunto propuesto por la Fiscalía y la defensa. Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Brooklyn desde el 3 de enero, reiteraron su declaración de inocencia. La inmunidad soberana será el primer gran frente de batalla legal.
El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York celebró este miércoles 22 de julio la tercera audiencia preliminar del proceso penal contra el ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La vista, que no superó los 18 minutos, tuvo un carácter estrictamente procesal: la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un cronograma que el juez Alvin Hellerstein aprobó, fijando el 1° de junio de 2027 como fecha tentativa de inicio del juicio oral. Ambos procesados, que permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde su captura el 3 de enero, volvieron a declararse no culpables.
Un cronograma acordado entre partes
Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron ante el tribunal un escrito conjunto con el calendario detallado del proceso. El documento establece dos rondas de mociones previas al juicio. La primera ronda deberá completarse el 2 de septiembre de 2026, e incluirá, entre otras presentaciones, el argumento de inmunidad soberana que el equipo defensor planea invocar a favor de Maduro. Según expuso el abogado principal de la defensa, Barry Pollack, si el juez acepta ese argumento, Maduro no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que la Fiscalía incorporará el conjunto de las pruebas reunidas durante la investigación.
En cuanto al material probatorio, la Fiscalía prevé completar la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre de 2026, aunque advirtió que esos plazos podrían variar en función de la disponibilidad de otras agencias del gobierno de Estados Unidos. La segunda ronda de mociones se extendería hasta el 11 de enero de 2027, y el juicio con jurado arrancaría en junio de 2027, siempre que el tribunal no haga lugar a ninguno de los planteos de la defensa antes de esa fecha.
La apuesta de la defensa: la inmunidad como escudo
El eje central de la estrategia defensiva, revelado por Barry Pollack durante la audiencia, es la moción de inmunidad soberana: el argumento de que Maduro ejercía como jefe de Estado en funciones al momento de su detención y que, por lo tanto, la justicia estadounidense carecería de jurisdicción para juzgarlo. Pollack también anticipó que la defensa impugnará la legalidad de la captura y del traslado a territorio estadounidense, obligando al juez a examinar cuestiones sobre soberanía, actuación militar en territorio extranjero y admisibilidad de las pruebas obtenidas durante la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero.
La estrategia apunta a desmantelar la acusación antes de llegar al jurado, mediante una disputa jurídica de fondo que podría consumir gran parte del período de preparación. Si el juez desestimara las mociones de inmunidad, el caso avanzaría hacia el debate sobre los cargos sustantivos: conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, en el caso de Maduro; delitos relacionados con importación de drogas y posesión de armas, para Flores. Una condena en ambos cargos podría derivar en cadena perpetua.
El estado físico de los procesados y el contexto político
Presentes en la sala con uniforme de prisionero color caqui, tanto Maduro como Flores fueron descriptos por periodistas presentes en la audiencia como visiblemente más delgados que en comparecencias anteriores, aunque con un aspecto recuperado. Maduro llegó caminando con normalidad, sin el rastro de la cojera que había mostrado en sesiones previas, y siguió los procedimientos junto a sus abogados con auriculares de traducción. Flores llegó detrás de él, con el cabello recogido y gafas.
Desde Venezuela, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del procesado, calificó el proceso de «injusto» y reclamó públicamente la liberación de su padre y de Cilia Flores. La audiencia estuvo enmarcada en un amplio dispositivo de seguridad del NYPD para el traslado de los detenidos desde Brooklyn hasta la sede del tribunal en Manhattan. Cabe recordar que la audiencia estaba originalmente prevista para el 30 de junio, pero fue postergada por cuestiones logísticas vinculadas, según trascendidos, a la realización del Mundial de Fútbol en suelo estadounidense.
Un caso sin precedentes en la historia judicial de Estados Unidos
El proceso contra Maduro y Flores no tiene antecedentes directos en la historia judicial estadounidense en cuanto a la condición de los procesados: ambos eran, al momento de su captura, el presidente en ejercicio y la primera dama de Venezuela, respectivamente. La Operación Resolución Absoluta, que los detuvo el 3 de enero de 2026 en Caracas mediante una intervención de fuerzas estadounidenses, abrió un debate jurídico internacional que la defensa ahora intenta trasladar al propio tribunal. El juez Hellerstein, de 91 años, presidirá un proceso que se proyecta como uno de los más complejos y políticamente sensibles que haya enfrentado la justicia federal norteamericana en décadas.
Puntos clave
- El juez Alvin Hellerstein fijó el 1° de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio oral.
- La audiencia del 22 de julio duró apenas 18 minutos y tuvo carácter exclusivamente procesal.
- La defensa apelará a la inmunidad soberana como primera línea de ataque jurídico, con mociones a presentar el 2 de septiembre.
- Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína; Flores, de importación de drogas y posesión de armas.
- Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026.
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