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Judiciales ⚖️

Un peritaje de la Policía Federal detectó irregularidades en los cuadernos de Centeno

El trabajo pericial sostiene que los escritos fueron hechos por «varias personas», en base al análisis caligráfico que se realizó.

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El-Argentino-Causa Cuadernos

Un peritaje de la Policía Federal Argentina (PFA) detectó más de 1600 irregularidades en los cuadernos escritos por Oscar Centeno en base a los cuales se fundamentó una causa por corrupción y asociación ilícita contra empresarios y ex funcionarios kirchneristas que es instruida por el fiscal Carlos Stornelli.

El trabajo de la División de Scopometría de la Policía Científica constató que en los escritos que figuran en el expediente existen «varias manos autoras de esas correcciones, sobreimpresiones, testeados y tachados, como así también un inesperado cambio en la velocidad de la escritura con que se escribieron los cuadernos posteriores», según indicaron fuentes allegadas a la defensa del empresario Armando Loson, imputado en esta investigación.

El trabajo pericial sostiene que las irregularidades que se detentan en los escritos fueron hechas por «varias personas», en base al análisis caligráfico que se realizó.

Estas correcciones y sobreimpresiones fueron detentados por una pericia privada aportada en junio pasado por la defensa de Loson, que está a cargo del abogado Carlos Vela.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N° 8, de conformidad con el fiscal Gerardo Pollicita, ordenó a pedido de Vela la realización de un “examen pericial oficial” sobre los originales de los cuadernos 7, 8 y 4, que figuran en la causa.

De Giorgi ordenó a los peritos oficiales utilizar todos los medios técnicos y tecnológicos que estuvieran a su alcance como análisis cromatográficos, sustancias químicas, ópticas y lumínicas para determinar “si los textos conformados pertenecen o no a un mismo puño escritural» y para establecer «si se aprecian sobre escritos, testados o cualquier tipo de adulteración o modificación del texto originalmente plasmado”, entre otros requerimientos.

En el trabajo de la Federal se corrobora que los cuadernos peritados fueron escritos por Centeno, pero no así la infinidad de correcciones, enmiendas, sobrescritos y tachaduras.

Sobre eso, la pericia oficial revela que esas adulteraciones no fueron realizadas por el testigo arrepentido, y se comprobó la existencia de «varias manos actoras» en esas adulteraciones.

Para la defensa, «en la pericia oficial se remarca un cambio significativo en la velocidad de la escritura y una gran diferencia entre los primeros cuadernos y los últimos».

«Esto podría significar que los primeros fueron escritos en forma de ‘bitácora’ y los últimos podrían haber sido ‘dictados'», en función de lo que deduce la representación legal de Loson.

En ese sentido, se aporta que «en los cuadernos 7 y 8 hay diferencias en la velocidad en la escritura, y se presupone que pudo haber sido dictado».

Las irregularidades se verifican también en todas las correcciones analizadas en los escritos, como aquellas en las que figuraba el nombre de «Armando» en vez de «Marcelo» o «Alem 855» por «Alem 942» y otras donde decían «Alem 985» en su escritura original.

“Se empieza a dilucidar nuestra hipótesis de que todas esas irregularidades encontradas en los cuadernos solo buscaron involucrar a Loson para debilitarlo y poder quedarse con una de sus empresas vinculada al sector energético», señalaron a Télam desde la defensa del empresario.

En ese sentido, los representantes legales de Loson cuestionan que no se haya hecho una pericia como una prueba fundamental de esta causa, y plantean como interrogante si alguien intervino en los materiales que escribió Centeno y los que les fueron aportados al fiscal Stornelli.

Loson fue durante 42 años presidente de Albanesi SA, empresa centenaria de capitales privados nacionales, que acreditó en la causa judicial, mediante las numerosas presentaciones que hizo su defensa, que no se trata de una empresa constructora, ni proveedora del Estado.

La firma tampoco participó en obras públicas y es una generadora de energía eléctrica y comercializadora de gas con 11 centrales generadoras distribuidas en distintas zonas del país, según indican fuentes de Albanesi.

Loson, procesado en la causa de los cuadernos, había formulado la denuncia luego de establecer que en los cuadernos de Centeno había tachaduras, enmiendas, sobreescrituras y otras irregularidades que tendían a involucrarlo en situaciones de las que no había participado.

«Advertí que en las mal llamadas ´fotocopias de los cuadernos´ (en realidad son copias digitalizadas), se habían utilizado como base ´hechos verdaderos´ (algunas pocas entregas de dinero para campañas políticas, 3 o 4 entregas como máximo), pero luego se tergiversaron e inventaron otros», había señalado el empresario en su denuncia.

Y detalló: «Se inventaron sucesos, fechas, cifras en moneda extranjera absolutamente falsas, se modificaron circunstancias de hecho, nombres, etc.; y entiendo, humildemente, que todo ello excede claramente la actuación unipersonal de una persona».

El análisis realizado por los peritos privados (del Estudio Latour) permitió detectar 195 correcciones conformadas con lo que sería líquido corrector de color blanco, 1373 sobre escritos, y 55 testados, totalizando no menos de 1.600 alteraciones del texto original.

Al ingresar en los detalles, los peritos de parte detectaron que en más de una oportunidad el nombre «Armando» había sido sobrescrito, con una letra distinta, arriba de otro nombre –»Marcelo»- que en ocasiones ni siquiera había sido corregido en la continuidad del texto presentado en abril pasado.

Loson declaró como imputado colaborador en la causa de los cuadernos y siempre dijo que las entregas de dinero que realizó fueron de su patrimonio –y no del de la empresa que encabezaba- y para campañas electorales.

Así lo expuso en su denuncia: «Quiero dejar en claro que el dinero que aporté para las campañas electorales en cuestión, es dinero en moneda nacional que acredité documentalmente haber extraído de mi cuenta corriente bancaria personal».

El caso de los Cuadernos, que tuvo por juez al fallecido Claudio Bonadio y por fiscal a Carlos Stornelli, estalló en agosto de 2018 cuando aquel magistrado dispuso una serie de detenciones simultáneas a empresarios que aparecían en los textos y fueron acusados de haber pagado coimas a funcionarios públicos.

La causa se había iniciado con el testimonio de un periodista del diario La Nación (Diego Cabot) que aportó además las copias digitalizadas de los cuadernos de Centeno.

En agosto de 2018, en su segunda declaración como arrepentido, Centeno aseguró ante la justicia que había quemado la versión original de los cuadernos en los que registró el detalle de los viajes de funcionarios públicos con valijas supuestamente llenas de dinero.

Sin embargo, los cuadernos reaparecieron el 23 de octubre de 2019, cuando el periodista Cabot retornó a la Fiscalía de Stornelli (que ya no tenía la causa porque había sido elevada a juicio oral), alegando haber recibido, otra vez, por parte de una persona a la que no identificó 6 de los 8 cuadernos, aparentemente originales.

En la investigación del caso cuadernos están procesados y enviados a juicio oral empresarios como Juan Chediak, Ángelo Calcaterra y Carlos Wagner; como también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y exfuncionarios de su gobierno, como Julio De Vido, además del propio arrepentido Centeno, entre otros.

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Un juez federal de EEUU frenó a Tofoni y puso en jaque las causas penales contra la AFA en Argentina

El juez federal Clay D. Land, del Distrito Medio de Georgia, rechazó la solicitud de Guillermo Tofoni para utilizar documentación bancaria obtenida en Estados Unidos en cuatro causas penales que tramitan en la Argentina. El fallo, firmado el 21 de julio, también ordenó recuperar o destruir el material que el empresario distribuyó a periodistas y presentó ante otros tribunales argentinos, en violación de una orden de protección preexistente. Las defensas de Claudio Tapia y Pablo Toviggino anunciaron que usarán el fallo para pedir la nulidad de las causas.

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Un juez federal de EEUU ordenó destruir la documentación que Tofoni distribuyó entre periodistas y tribunales argentinos.

El empresario Guillermo Tofoni, exarquero, agente FIFA, organizador histórico de amistosos de la Selección argentina durante la gestión de Julio Grondona y principal impulsor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) junto al Gobierno nacional, recibió un nuevo y severo revés judicial en Estados Unidos. El juez federal del Distrito Medio de Georgia, Clay D. Land, emitió una resolución de cuatro páginas firmada el 21 de julio en la que le negó a Tofoni la posibilidad de utilizar documentación bancaria de la firma TourProdEnter LLC para impulsar cuatro procesos penales en la Argentina.

El fallo no se limitó a rechazar la solicitud. El magistrado constató que Tofoni ya había distribuido parte de esa documentación a periodistas y la había presentado ante otros tribunales argentinos, pese a que existía una orden de protección que limitaba expresamente el uso de ese material. Frente a esa infracción, el juez Land le impuso a Tofoni la obligación de notificar a todas las personas y entidades que recibieron los documentos para que el material sea devuelto o destruido, con un plazo de 14 días para cumplir la medida.

Los límites del artículo 1782 y el uso no autorizado

El proceso fue iniciado por Tofoni al amparo del artículo 1782 del Código de los Estados Unidos, una norma que permite obtener pruebas en territorio estadounidense para utilizarlas en litigios extranjeros. Sin embargo, la autorización que el tribunal había otorgado oportunamente tenía un alcance específico y acotado: la documentación bancaria de TourProdEnter LLC solo podía emplearse en una demanda civil presentada por Tofoni contra la AFA en la Argentina, y no para derivaciones de índole penal ni para su circulación mediática.

El juez Land fue categórico en la resolución: señaló que, pese a la declaración expresa del tribunal de que Tofoni debía presentar una nueva solicitud conforme a la sección 1782 si quería utilizar los materiales para un fin no autorizado previamente, el empresario no presentó dicha solicitud. Además, el magistrado concluyó que ni Tofoni ni su defensa técnica lograron demostrar que la legislación argentina permitiera exigir la presentación de registros bancarios privados de una sociedad extranjera para iniciar investigaciones penales de esta naturaleza.

La AFA contraataca: nulidad de causas como estrategia

La resolución del juez de Georgia llegó como agua al molino de las defensas de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino. Fuentes de la AFA confirmaron que los abogados defensores presentarán el fallo del juez Land en todas las causas en su contra para dejar constancia de que la documentación aportada por Tofoni no puede ser utilizada como prueba. Más aún: advirtieron que, en aquellas causas donde esa documentación ya fue incorporada, pedirán la nulidad de las actuaciones.

La entidad conductora del fútbol argentino también emitió un comunicado en el que calificó a Tofoni como parte de un grupo que impulsa acciones mediáticas y judiciales contra la conducción de la asociación con el objetivo de apropiarse del negocio del fútbol argentino. La AFA aclaró además que el documento difundido en las últimas horas sobre una citación del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida «no constituye una citación dirigida» a sus dirigentes, sino que apunta a un tercero al que se le requiere comparecer ante un Gran Jurado.

Dos frentes judiciales paralelos en Estados Unidos

El escenario judicial estadounidense presenta dos frentes simultáneos que conviene distinguir con precisión. Por un lado, la resolución del juez Clay D. Land en Georgia, que constituye un freno al litigio civil impulsado por Tofoni y que acaba de derivar en una orden de confidencialidad estricta. Por otro, la investigación penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre presuntos delitos de lavado de activos y fraude a través del sistema financiero norteamericano, que avanza por un carril separado y sobre la cual la AFA tiene menos control narrativo.

Esta doble arquitectura judicial generó una guerra de interpretaciones: las defensas celebran el fallo de Georgia como una victoria procesal definitiva, mientras los fiscales federales norteamericanos preparan citaciones ante el Gran Jurado en el marco de la investigación sobre los contratos comerciales de la Selección argentina y los flujos de dinero canalizados a través de TourProdEnter LLC, la firma controlada por Javier Faroni y su esposa Erica Gillette.

El trasfondo político: SAD, Milei y el control del fútbol

El contexto en el que se produce este nuevo capítulo judicial no es neutro. Tofoni es señalado públicamente como uno de los operadores del Gobierno nacional en su intento de imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, un modelo que la conducción de la AFA y la mayoría de los clubes rechazan con firmeza. La ofensiva judicial contra Tapia y Toviggino se potenció precisamente durante el período más álgido de ese conflicto político e institucional.

En ese marco, el fallo del juez Land no es un dato menor. La resolución deja al descubierto que parte de la estrategia de Tofoni consistió en obtener documentación bajo una autorización judicial acotada y luego utilizarla para fines distintos de los autorizados, distribuyéndola a medios de comunicación y a tribunales argentinos. El resultado es que las pruebas con las que el empresario intentó sostener sus denuncias penales quedan ahora bajo seria cuestionamiento, con una orden explícita de destrucción o devolución emanada de un tribunal federal norteamericano.

Puntos clave

  • El juez federal Clay D. Land (Distrito Medio de Georgia) rechazó que Tofoni use documentación bancaria de TourProdEnter LLC en cuatro causas penales argentinas.
  • El fallo constató que Tofoni distribuyó documentación a periodistas y tribunales en violación de una orden de protección preexistente.
  • El juez ordenó que toda esa documentación sea devuelta o destruida en un plazo de 14 días.
  • Las defensas de Tapia y Toviggino anunciaron que presentarán el fallo en todas las causas en su contra y pedirán la nulidad donde esa documentación fue incorporada.
  • El caso coexiste con una investigación penal separada del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre los contratos de la Selección argentina y TourProdEnter LLC.
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