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Judiciales ⚖️

Un peritaje de la Policía Federal detectó irregularidades en los cuadernos de Centeno

El trabajo pericial sostiene que los escritos fueron hechos por «varias personas», en base al análisis caligráfico que se realizó.

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El-Argentino-Causa Cuadernos

Un peritaje de la Policía Federal Argentina (PFA) detectó más de 1600 irregularidades en los cuadernos escritos por Oscar Centeno en base a los cuales se fundamentó una causa por corrupción y asociación ilícita contra empresarios y ex funcionarios kirchneristas que es instruida por el fiscal Carlos Stornelli.

El trabajo de la División de Scopometría de la Policía Científica constató que en los escritos que figuran en el expediente existen «varias manos autoras de esas correcciones, sobreimpresiones, testeados y tachados, como así también un inesperado cambio en la velocidad de la escritura con que se escribieron los cuadernos posteriores», según indicaron fuentes allegadas a la defensa del empresario Armando Loson, imputado en esta investigación.

El trabajo pericial sostiene que las irregularidades que se detentan en los escritos fueron hechas por «varias personas», en base al análisis caligráfico que se realizó.

Estas correcciones y sobreimpresiones fueron detentados por una pericia privada aportada en junio pasado por la defensa de Loson, que está a cargo del abogado Carlos Vela.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N° 8, de conformidad con el fiscal Gerardo Pollicita, ordenó a pedido de Vela la realización de un “examen pericial oficial” sobre los originales de los cuadernos 7, 8 y 4, que figuran en la causa.

De Giorgi ordenó a los peritos oficiales utilizar todos los medios técnicos y tecnológicos que estuvieran a su alcance como análisis cromatográficos, sustancias químicas, ópticas y lumínicas para determinar “si los textos conformados pertenecen o no a un mismo puño escritural» y para establecer «si se aprecian sobre escritos, testados o cualquier tipo de adulteración o modificación del texto originalmente plasmado”, entre otros requerimientos.

En el trabajo de la Federal se corrobora que los cuadernos peritados fueron escritos por Centeno, pero no así la infinidad de correcciones, enmiendas, sobrescritos y tachaduras.

Sobre eso, la pericia oficial revela que esas adulteraciones no fueron realizadas por el testigo arrepentido, y se comprobó la existencia de «varias manos actoras» en esas adulteraciones.

Para la defensa, «en la pericia oficial se remarca un cambio significativo en la velocidad de la escritura y una gran diferencia entre los primeros cuadernos y los últimos».

«Esto podría significar que los primeros fueron escritos en forma de ‘bitácora’ y los últimos podrían haber sido ‘dictados'», en función de lo que deduce la representación legal de Loson.

En ese sentido, se aporta que «en los cuadernos 7 y 8 hay diferencias en la velocidad en la escritura, y se presupone que pudo haber sido dictado».

Las irregularidades se verifican también en todas las correcciones analizadas en los escritos, como aquellas en las que figuraba el nombre de «Armando» en vez de «Marcelo» o «Alem 855» por «Alem 942» y otras donde decían «Alem 985» en su escritura original.

“Se empieza a dilucidar nuestra hipótesis de que todas esas irregularidades encontradas en los cuadernos solo buscaron involucrar a Loson para debilitarlo y poder quedarse con una de sus empresas vinculada al sector energético», señalaron a Télam desde la defensa del empresario.

En ese sentido, los representantes legales de Loson cuestionan que no se haya hecho una pericia como una prueba fundamental de esta causa, y plantean como interrogante si alguien intervino en los materiales que escribió Centeno y los que les fueron aportados al fiscal Stornelli.

Loson fue durante 42 años presidente de Albanesi SA, empresa centenaria de capitales privados nacionales, que acreditó en la causa judicial, mediante las numerosas presentaciones que hizo su defensa, que no se trata de una empresa constructora, ni proveedora del Estado.

La firma tampoco participó en obras públicas y es una generadora de energía eléctrica y comercializadora de gas con 11 centrales generadoras distribuidas en distintas zonas del país, según indican fuentes de Albanesi.

Loson, procesado en la causa de los cuadernos, había formulado la denuncia luego de establecer que en los cuadernos de Centeno había tachaduras, enmiendas, sobreescrituras y otras irregularidades que tendían a involucrarlo en situaciones de las que no había participado.

«Advertí que en las mal llamadas ´fotocopias de los cuadernos´ (en realidad son copias digitalizadas), se habían utilizado como base ´hechos verdaderos´ (algunas pocas entregas de dinero para campañas políticas, 3 o 4 entregas como máximo), pero luego se tergiversaron e inventaron otros», había señalado el empresario en su denuncia.

Y detalló: «Se inventaron sucesos, fechas, cifras en moneda extranjera absolutamente falsas, se modificaron circunstancias de hecho, nombres, etc.; y entiendo, humildemente, que todo ello excede claramente la actuación unipersonal de una persona».

El análisis realizado por los peritos privados (del Estudio Latour) permitió detectar 195 correcciones conformadas con lo que sería líquido corrector de color blanco, 1373 sobre escritos, y 55 testados, totalizando no menos de 1.600 alteraciones del texto original.

Al ingresar en los detalles, los peritos de parte detectaron que en más de una oportunidad el nombre «Armando» había sido sobrescrito, con una letra distinta, arriba de otro nombre –»Marcelo»- que en ocasiones ni siquiera había sido corregido en la continuidad del texto presentado en abril pasado.

Loson declaró como imputado colaborador en la causa de los cuadernos y siempre dijo que las entregas de dinero que realizó fueron de su patrimonio –y no del de la empresa que encabezaba- y para campañas electorales.

Así lo expuso en su denuncia: «Quiero dejar en claro que el dinero que aporté para las campañas electorales en cuestión, es dinero en moneda nacional que acredité documentalmente haber extraído de mi cuenta corriente bancaria personal».

El caso de los Cuadernos, que tuvo por juez al fallecido Claudio Bonadio y por fiscal a Carlos Stornelli, estalló en agosto de 2018 cuando aquel magistrado dispuso una serie de detenciones simultáneas a empresarios que aparecían en los textos y fueron acusados de haber pagado coimas a funcionarios públicos.

La causa se había iniciado con el testimonio de un periodista del diario La Nación (Diego Cabot) que aportó además las copias digitalizadas de los cuadernos de Centeno.

En agosto de 2018, en su segunda declaración como arrepentido, Centeno aseguró ante la justicia que había quemado la versión original de los cuadernos en los que registró el detalle de los viajes de funcionarios públicos con valijas supuestamente llenas de dinero.

Sin embargo, los cuadernos reaparecieron el 23 de octubre de 2019, cuando el periodista Cabot retornó a la Fiscalía de Stornelli (que ya no tenía la causa porque había sido elevada a juicio oral), alegando haber recibido, otra vez, por parte de una persona a la que no identificó 6 de los 8 cuadernos, aparentemente originales.

En la investigación del caso cuadernos están procesados y enviados a juicio oral empresarios como Juan Chediak, Ángelo Calcaterra y Carlos Wagner; como también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y exfuncionarios de su gobierno, como Julio De Vido, además del propio arrepentido Centeno, entre otros.

Investigación 🔎

Adorni: Pollicita descarta el enriquecimiento ilícito pero pide investigarlo por evasión

El fiscal no pudo refutar que el dinero de las compras fuera anterior a la función pública, pero detectó USD 374.081 pagados en efectivo y tenencias ocultas al fisco desde 2014. Pidió que la causa pase al fuero Penal Económico. No es un sobreseimiento: decide Lijo.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni.

El fiscal que investigó a Manuel Adorni no encontró pruebas de que se haya enriquecido en la función pública, pero sí de que durante más de una década ocultó al fisco dólares en efectivo y criptoactivos. Por eso Gerardo Pollicita pidió que la causa deje de tramitar como enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para investigar una posible evasión tributaria.

El dictamen se presentó en el juzgado federal de Ariel Lijo, en el expediente que se abrió por una denuncia de la diputada Marcela Pagano. La investigación revisó la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. El pedido no implica un sobreseimiento: si Lijo lo acepta, Adorni seguirá investigado, pero por otro delito y en otro fuero.

Lo que encontró la Fiscalía

Según el dictamen, la Fiscalía detectó erogaciones por USD 402.578,12, de las cuales USD 374.081,66 se pagaron en efectivo, y una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, compras y cancelaciones de deudas del período. Entre esos pagos figuran la compra de un lote en el country Indio Cuá, reformas, muebles, la escritura de un inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Parte de esas operaciones se hizo fuera del sistema bancario o a través de terceros.

La defensa sostuvo que ese dinero provenía de ahorros en criptomonedas anteriores a su llegada al Gobierno. Pollicita concluyó que no pudo refutar esa versión y que la investigación no logró vincular los fondos con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”. Por eso escribió que “no se advierte que la conducta desplegada por Manuel Adorni tenga adecuación típica” en el enriquecimiento ilícito, “lo que no significa que no deba responder por una conducta antijurídica de otra naturaleza”.

De la corrupción a la evasión

El giro tiene una explicación jurídica: el enriquecimiento ilícito exige que el patrimonio crezca después de asumir el cargo. Si el dinero ya existía, el delito no encaja, aunque se haya usado durante la gestión. Pero esa misma explicación de la defensa abrió otra puerta. Según el fiscal, la fuente que Adorni invoca “se compone, según su propio relato, de recursos que no fueron informados al organismo recaudador”, y la omisión se extendió “desde 2014 y hasta su exteriorización en 2026”, es decir, cuando la causa ya estaba en trámite.

Pollicita enumeró indicadores que, a su juicio, exceden una infracción administrativa: la omisión de declarar bienes durante años, el predominio de pagos en efectivo, la intervención de terceros y la exteriorización de los fondos una vez iniciada la investigación. El fuero Penal Económico deberá reconstruir, ejercicio por ejercicio, lo que correspondía pagar de Ganancias y Bienes Personales.

La lectura política: el vocero de la “casta” y el efectivo

El dictamen deja al Gobierno una victoria a medias. Evita la figura de corrupción para uno de los funcionarios más cercanos a Javier Milei, pero lo describe como alguien que durante años manejó dólares en efectivo fuera del radar de la AFIP, hoy ARCA. Es el mismo Gobierno que llegó al poder con el discurso contra la “casta” y que impulsó un blanqueo y la llamada “inocencia fiscal” para quienes tengan dólares sin declarar. La causa ahora queda en manos de Lijo, que debe decidir si se declara incompetente.

Lo que tenés que saber:

  • Pollicita dictaminó que no hay pruebas de enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni durante la función pública.
  • Pidió que la causa pase al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria.
  • La Fiscalía detectó gastos por USD 402.578, de los cuales USD 374.081 se pagaron en efectivo.
  • Según el fiscal, Adorni mantuvo tenencias sin declarar desde 2014 hasta 2026, cuando ya estaba en marcha la causa.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe resolver si acepta el pedido.
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