Soberanía en disputa: cómo el oficialismo avanza para borrar la única ley que frena la extranjerización territorial

★ La Libertad Avanza, junto con los bloques de la UCR, el PRO, Provincias Unidas y Despierta Chubut, obtuvo este miércoles el dictamen de mayoría en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado para el proyecto de Propiedad Privada, que busca eliminar los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de privados extranjeros establecidos por la Ley 26.737 desde 2011. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, anticipó que la sesión se realizará dentro de quince días, a fin de dar tiempo para sumar más voluntades opositoras, en particular del bloque peronista Convicción Federal.

El dictamen obtuvo diez firmas en la comisión de Asuntos Constitucionales y nueve en Legislación General, presidida por la senadora libertaria neuquina Nadia Marquez. El peronismo, en tanto, presentó su propio despacho de minoría e insistió durante el plenario en la convocatoria a una Audiencia Pública y en demorar el trámite al menos una semana más. Ambas iniciativas fueron rechazadas por la mayoría oficialista.

Lo que el proyecto cambia y lo que el Gobierno cedió

El texto dictaminado mantiene en su núcleo la eliminación de los topes que hoy fija la Ley 26.737: que el 15% del territorio nacional no puede estar en manos extranjeras y que ninguna persona física o jurídica extranjera puede superar el 30% de una misma zona. La única restricción que sobrevive en el despacho aprobado es la exigencia de autorización previa para compras realizadas por entes estatales extranjeros; los privados, fondos de inversión y corporaciones multinacionales podrían operar sin ese obstáculo.

A cambio de sumar firmas, el oficialismo cedió en varios puntos. Se excluyó el capítulo que establecía cambios en la Ley de Barrios Populares, se incorporaron aspectos sobre el registro de terrenos y se modificaron las disposiciones sobre desalojos, otorgando más plazo a inquilinos de propiedades e instituciones. Sin embargo, el corazón de la iniciativa, que es la apertura irrestricta del mercado de tierras a capitales privados extranjeros, no sufrió alteraciones.

Convicción Federal: el puente peronista al Senado de las provincias

El bloque que concentra la atención del oficialismo es Convicción Federal, que agrupa a senadores ligados a los gobernadores aliados de Salta (Gustavo Sáenz), Catamarca (Raúl Jalil) y Tucumán (Osvaldo Jaldo). Ese espacio presentó su propio dictamen de minoría, lo que indica que no está dispuesto a convalidar el texto tal como quedó, aunque tampoco cierra la puerta a negociaciones. La estrategia del oficialismo es, precisamente, aprovechar los quince días previos a la sesión para persuadir a esos gobernadores de liberar los votos de sus senadores.

La paradoja política no es menor: los mismos mandatarios provinciales cuyas economías dependen en gran medida de la producción agropecuaria y los recursos naturales son quienes podrían habilitar la cesión de tierras estratégicas a capitales foráneos, bajo la promesa de atraer inversiones.

El contexto: 13 millones de hectáreas ya en manos extranjeras

El debate legislativo no ocurre en el vacío. Un mapa interactivo presentado en enero de 2026 por el Observatorio de Tierras del CONICET y la UBA, desarrollado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, reveló que ya existen 13 millones de hectáreas (el equivalente al 5% del territorio nacional y a la superficie de Inglaterra) en manos de firmas o Estados extranjeros. El trabajo se construyó a partir de pedidos de acceso a la información pública al Registro Nacional de Tierras Rurales, con datos actualizados a agosto de 2024.

Ese mismo relevamiento identificó 36 departamentos que ya exceden el límite del 15% fijado por la ley vigente. Cuatro de ellos superan el 50% de extranjerización: Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja, y Molinos y San Carlos en Salta. Todos coinciden con zonas de alto valor estratégico por sus reservas de agua dulce o recursos minerales críticos. Estados Unidos encabeza el ranking de propietarios foráneos con 2,7 millones de hectáreas, equivalente a toda la provincia de Tucumán; le siguen Italia y España. Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada.

«No es un proceso de ahora, viene de lejos, pero la ley lo frena. En el momento en que levanten ese freno, se pinta de rojo el mapa», advirtió Oberlin en declaraciones a medios nacionales al momento de publicar el estudio.

El antecedente: Milei lo intentó primero por decreto

Este escenario no es nuevo. En diciembre de 2025, el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó que el Poder Ejecutivo enviaba al Congreso el proyecto para liberar la compra de tierras rurales por extranjeros, como parte de los acuerdos del Consejo de Mayo. La iniciativa busca desde su origen derogar la Ley 26.737 sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fijó los límites hoy vigentes. El gobierno había intentado avanzar en el mismo sentido a través del DNU 70, pero la Justicia suspendió esa derogación ante una acción de amparo presentada por la diputada peronista Magdalena Odarda junto con organizaciones ambientalistas, indígenas y gremiales.

Ahora el Ejecutivo busca lograr lo mismo por la vía legislativa, con un texto que recibió la firma de los aliados parlamentarios pero que enfrenta resistencias en el bloque peronista organizado y en sectores del propio PRO y de bloques provinciales, que exigen mantener salvaguardas mínimas en las llamadas Zonas de Seguridad de Fronteras, donde la presencia de capitales extranjeros plantea cuestiones directas de soberanía y defensa nacional.

Lo que el oficialismo llama «inversión» y los investigadores llaman «captura»

El Gobierno sostiene que la medida atraerá inversiones y generará desarrollo. Esa afirmación no fue acompañada de estudios de impacto ni de proyecciones concretas. El investigador del CONICET Facundo Martín señaló en su momento que «la decisión tiene que ver más con una cuestión discursiva, de publicidad, de hacer gestos hacia las corporaciones internacionales. La ley no estaba obstaculizando las inversiones».

El Observatorio de Tierras fue más preciso en su advertencia: la derogación apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional, lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles, regiones asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas. «En un contexto global marcado por tensiones en torno al agua y la energía, permitir la expansión extranjera sobre estas áreas supone que el Estado argentino reduzca su capacidad de responder a las necesidades de su población de manera soberana», concluyeron los especialistas del CONICET y la UBA.

El caso Joe Lewis sigue siendo el ejemplo más elocuente de a dónde conduce la desregulación sin control: 11.000 hectáreas en zona de frontera entre El Bolsón y Bariloche adquiridas irregularmente en 1996, un aeropuerto privado de casi dos mil metros sin radares, el Lago Escondido bloqueado al acceso público en violación de la Constitución Nacional y miles de efectivos militares del Ejército israelí que visitan cada año las propiedades del magnate británico. La Ley 26.737, precisamente, nació para impedir la multiplicación de ese modelo.

Puntos clave

• La Libertad Avanza y sus aliados lograron el dictamen de mayoría en el Senado para el proyecto que elimina los topes a la venta de tierras a extranjeros, con sesión prevista para la primera semana de junio.
• El texto conserva la eliminación del límite del 15% de tierras en manos foráneas; la única restricción que subsiste es la autorización previa para entes estatales extranjeros.
• Un estudio del CONICET y la UBA de enero de 2026 reveló que ya existen 13 millones de hectáreas en manos extranjeras y que 36 departamentos superan el tope legal vigente.
• El oficialismo negocia con Convicción Federal (ligado a los gobernadores de Salta, Catamarca y Tucumán) para sumar los votos que aseguren quórum y mayoría en la sesión.
• Organizaciones indígenas, ambientalistas y excombatientes de Malvinas advirtieron que la medida implica la entrega de soberanía territorial, acceso al agua y control sobre recursos estratégicos.