La Asociación Argentina de Juristas (AAJ) emitió ayer un durísimo comunicado donde exhorta al gobierno argentino a «rechazar las cartas credenciales» del embajador designado de Estados Unidos, Peter Lamelas, por considerar que sus declaraciones ante el Senado norteamericano constituyen una clara injerencia en los asuntos internos del país. La organización, que tiene estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación permanente ante la ONU, advirtió que aceptar al diplomático «implicaría la convalidación y sumisión a un pretendido gobierno de ocupación por parte de Estados Unidos».

El repudio surge tras las polémicas declaraciones que Lamelas realizó este martes ante el Senado estadounidense, donde delineó una estrategia de intervención directa en la política interna argentina que incluye viajar a las provincias para evitar acuerdos con China y asegurar que la expresidenta Cristina Kirchner «reciba la justicia que merece».

Las declaraciones que generaron el rechazo jurídico

Según el documento firmado el 22 de julio, Lamelas «anunció este martes que buscará neutralizar la relación que tiene China con las provincias argentinas calificando a ese vínculo como ‘corrupción’, sin ningún antecedente jurídico ni fáctico que lo avale». El futuro embajador había manifestado que «trabajará para respaldar al presidente Javier Milei y asegurarse que la ex mandataria Cristina Kirchner reciba la justicia que merece».

En sus declaraciones textuales reproducidas por la AAJ, Lamelas sostuvo: «Hay 23 provincias y cada una de estas tiene su gobierno por separado que pueden negociar con fuerzas externas, con los chinos o con otros para venir y hacer proyectos en esa provincia en particular. Y eso, además, da lugar a la corrupción de parte de los chinos».

El diplomático también reveló que sus roles como embajador serán «viajar a todas las provincias» y «tener diálogo» y asociarse «con esos gobernadores» y no sólo con el Presidente, el canciller Gerardo Werthein o el ministro de Economía, Luis Caputo. «Pero mi rol también será salir al interior y asegurarnos de estar alerta a la corrupción y apoyar a Milei y su gestión en todo lo que se refiere al bombardeo a la AMIA y asegurarse de que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece», agregó.

El marco jurídico internacional violado

La AAJ fundamentó su repudio citando extensamente el marco normativo internacional que prohíbe la injerencia extranjera. La organización recordó que «el principio de no intervención implica el derecho de todo Estado soberano de conducir sus asuntos sin injerencia extranjera» y citó la Carta de las Naciones Unidas, que en su artículo 2º párrafo 7 establece que «ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados».

El comunicado también hace referencia a la Resolución 375 (IV) de 1949 de la Asamblea General de la ONU, que determina que «todo Estado tiene el deber de abstenerse de intervenir en los asuntos internos o externos de otro Estado», y a las resoluciones posteriores 2131 (XX) y 2625 (XXV) sobre la inadmisibilidad de la intervención.

En el ámbito americano, la AAJ citó la Carta de la OEA, que en su artículo 19 establece que «ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro». También recordó el Protocolo Adicional suscripto en Buenos Aires el 23 de diciembre de 1936, donde las partes «declaran inadmisible la intervención de cualquiera de ellas, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos interiores o exteriores de cualquiera otra de las Partes».

Una advertencia con implicancias penales

La posición de la AAJ no se limitó al rechazo diplomático. La organización advirtió que si el gobierno argentino acepta las credenciales de Lamelas, «corresponderá que el actual presidente sea juzgado por traición a la patria, tal como lo prevé nuestro ordenamiento jurídico». Esta afirmación constituye una clara escalada en el conflicto, ya que sugiere responsabilidades penales para el presidente Javier Milei en caso de avalar la presencia del controvertido diplomático.

El comunicado, fechado el 22 de julio de 2025, concluye con una convocatoria amplia: «Convocamos a los intelectuales, a los movimientos y organizaciones sociales, culturales y profesionales, y a las fuerzas políticas progresistas, a expresar su rechazo y a exigir que se respeten las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas relativas a la no intervención en los asuntos internos de la República Argentina, reafirmando nuestra condición de Estado Soberano».

Un antecedente con peso institucional

La AAJ no es una organización menor en el panorama jurídico internacional. Se trata de la rama nacional de la Asociación Americana de Juristas, una ONG con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y representación permanente ante la ONU tanto en Nueva York como en Ginebra. Esta característica le otorga peso institucional a su posicionamiento y podría generar repercusiones en organismos internacionales.

El repudio de la AAJ se suma así a las críticas que ya habían expresado diversos sectores políticos, incluyendo gobernadores, senadores y diputados que declararon a Lamelas «persona no grata», convirtiendo su designación en uno de los episodios diplomáticos más polémicos de los últimos años entre Argentina y Estados Unidos.

Puntos clave:

• La AAJ exhortó al gobierno a rechazar las credenciales de Peter Lamelas por injerencista
• La organización advirtió que aceptarlo implicaría «convalidar un pretendido gobierno de ocupación»
• Lamelas anunció que viajará a provincias para neutralizar acuerdos con China
• La AAJ citó múltiples tratados internacionales que prohíben la injerencia extranjera
• Advirtieron que aceptar al embajador podría implicar «traición a la patria» para Milei