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Judiciales ⚖️

La causa «Lago Escondido» pasa a Comodoro Py por orden de Casación

Casación ratificó que a su juicio la investigación debe seguirse en Comodoro Py porque los implicados son «funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros, por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían».

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La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este jueves que la investigación por el viaje de jueces y funcionarios porteños a la estancia de Joseph Lewis en Lago Escondido pase a los tribunales de Retiro y no siga en la justicia de Bariloche.

La decisión fue de la sala I del máximo tribunal penal federal del país que dispuso «declarar competente al juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2» de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos, según el fallo.

Los jueces de Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña explicaron que «comparten» el criterio del juez de la sala II de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, quien sostuvo que la justicia de Bariloche debía inhibirse y enviar la investigación a Comodoro Py.

Petrone y Barroetaveña aceptaron además la «excusación» del tercer integrante de la sala, el juez Carlos Mahiques, para intervenir en el caso ya que es uno de los imputados en Bariloche por haber participado de ese viaje que se hizo en un avión privado junto a otros colegas del fuero.

Casación dispuso informar lo resuelto al juzgado federal de Bariloche, desde donde deberá enviarse la causa a Comodoro Py.

La semana pasada, el camarista porteño Eduardo Farah, del tribunal intermedio de apelaciones de Comodoro Py, resolvió trabar competencia e ir a Casación ante la negativa a inhibirse del juzgado federal de Bariloche.

El 1 de febrero pasado, Farah había resuelto que la investigación debía pasar a los tribunales federales de Retiro porque los imputados ejercen funciones en esta jurisdicción.

Farah sostuvo que en el caso tiene que intervenir el juez federal 2 de la ciudad de Buenos Aires Sebastián Ramos, al hacer lugar a un planteo de inhibitoria que presento otro de los jueces imputados, el penal económico de CABA Pablo Yaradola.

Con argumentos que ahora Casación sostuvo compartir, ratificó que a su juicio la investigación debe seguirse en Comodoro Py porque los implicados son «funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros, por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían».

Se investiga además si «aquellos beneficios podrían haber estado vinculados a específicas intervenciones que tuvieron en casos puntuales ligados a los roles que poseen».

Para el camarista, los hechos denunciados sucedieron en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

«Las circunstancias que son dirimentes para la solución del tema tienen una nota en común: habrían acontecido en esta Ciudad de Buenos Aires y a los fines de determinar la competencia territorial (únicos que se analizan en la presente) deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios», agregó.

El juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva había rechazado la inhibitoria porque al menos por el momento, entendía que la causa debía tramitar en Bariloche, donde se impulsó la investigación, se fijó la plataforma fáctica y se dispusieron numerosas medidas de prueba, algo que no había ocurrido en los tribunales porteños a la hora de reclamar la causa.

El juez Villanueva aclaró en su fallo que todavía se desconoce si el viaje a Río Negro fue financiado por los imputados o por terceros, cuyas eventuales motivaciones tampoco estarían aún esclarecidas, explicaron fuentes del caso.

El expediente tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9.

También están imputados Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín Pablo César Casey y Jorge Rendo.

Todos participaron en octubre pasado de un viaje a la estancia de Lewis en Lago Escondido, para lo cual llegaron a Bariloche en vuelos

Investigación 🔎

La inmobiliaria confirmó que el depto de Adorni vale $110.000 más de lo declarado

Los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación declararon este lunes ante la Justicia y certificaron que el inmueble en Caballito se ofrecía a US$ 340.000, mientras que el jefe de Gabinete lo escrituró por US$ 230.000.

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Las causas de presunta corrupción del gobierno libertario están vinculadas a estos cuatro rostros.

Caso Adorni: la brecha de US$ 110.000 entre el precio real y el declarado complica al jefe de Gabinete

★ El caso Adorni sumó este lunes un nuevo capítulo de peso en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que instruye el fiscal federal Gerardo Pollicita y tiene a cargo el juez Ariel Lijo. La martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, titulares de la inmobiliaria que participó en la operación del departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, declararon en Comodoro Py y ratificaron que el inmueble tenía un valor de mercado US$ 110.000 mayor al precio oficialmente escriturado por el jefe de Gabinete.

El precio que no cierra

Rucci y Trimarchi confirmaron ante el fiscal Pollicita que el departamento, ubicado en un edificio del barrio de Caballito, se ofrecía originalmente a US$ 340.000. Sin embargo, la operación por la cual Manuel Adorni adquirió el inmueble se escrituró por US$ 230.000, una diferencia de 110.000 dólares que la Justicia busca explicar.

Los declarantes también confirmaron que la propiedad había sido remodelada, circunstancia que elevaba su valor en el mercado y refuerza la hipótesis fiscal de que el precio declarado no refleja el valor real de la transacción.

La modalidad «inusual» que llamó la atención

Uno de los puntos que más peso adquirió en la declaración fue la calificación de Rucci sobre la forma de pago. La martillera describió como un hecho «poco frecuente» que Adorni adquiriera el departamento en 12 cuotas sin interés, dado que se trata de una modalidad inusual en el sector inmobiliario argentino.

Rucci también aclaró que no estuvo involucrada en la hipoteca vinculada a la transacción, aunque señaló que le ofreció la posibilidad de vender el inmueble al hijo de una de las mujeres relacionadas con la compra-venta, Pablo Feijoo. Según declaró, la respuesta de Feijoo fue que «ya tenía un interesado».

Feijoo, el nexo entre las partes

Según las actuaciones judiciales hasta el momento, Pablo Feijoo habría sido quien articuló los contactos entre todas las partes de la operación: su madre, otra jubilada y el propio Adorni. La transacción quedó escriturada en US$ 230.000, con la particularidad de que US$ 30.000 se pagaron en efectivo y US$ 200.000 en cuotas sin interés, con vencimiento en noviembre de este año.

Este miércoles 22 de abril, Feijoo deberá presentarse en Comodoro Py ante el fiscal Pollicita. La citación incluye la obligación de poner a disposición su celular y todos los comprobantes de gastos vinculados a la propiedad y a la transacción.

La agenda judicial que viene

La causa tiene marcados varios hitos en los próximos días. El viernes 25 será el turno de Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que compró la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. La ronda de declaraciones cerrará el 27 de abril con Juan Cosentino, responsable de vender esa propiedad del barrio privado al matrimonio Adorni-Angeletti.

Como informó este medio en entregas anteriores, la causa también examina los vuelos privados al exterior financiados por terceros, el levantamiento del secreto bancario y fiscal del matrimonio, y los vínculos entre la compra-venta y figuras del entorno del Gobierno nacional.

Puntos clave

  • La inmobiliaria que intervino en la operación confirmó que el departamento de Caballito se ofrecía a US$ 340.000, unos US$ 110.000 más que el precio escriturado por Adorni.
  • La martillera Natalia Rucci calificó de «poco frecuente» la compra en 12 cuotas sin interés pactada por el jefe de Gabinete.
  • Pablo Feijoo, quien habría articulado la operación entre su madre, otra jubilada y Adorni, deberá declarar el miércoles 22 y entregar su celular y comprobantes.
  • El viernes 25 declara el contratista que refaccionó la casa del country Indio Cuá, propiedad de la esposa de Adorni.
  • El 27 de abril cierra la ronda de testimonios con el vendedor de la propiedad en el barrio privado.

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