El Hospital Garrahan albergó desde este martes la primera capacitación de la «Ley Lucio» sobre derechos de niñas, niños y adolescentes para detectar e intervenir en posibles casos de violencia o abuso infantil en las consultas, cuya presentación fue encabezada por autoridades nacionales y del hospital pediátrico. 

El curso para el equipo de salud del Garrahan, con 800 inscriptos, se hace en cumplimiento de la Ley 27.709, que fue aprobada por el Congreso en abril pasado y reglamentada en julio, para promover la construcción de entornos sociales protectores y educativos para el desarrollo de las infancias, con especial atención en la detección de posibles casos de violencia intrafamiliar.

«Que todo el personal de la administración pública nacional reciba herramientas es muy importante, porque muchas veces, por no estar capacitados o por no saber qué hacer, nos corremos de ese lugar y se pierde la oportunidad de poder generar una acción concreta», afirmó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y agregó que los equipos de salud «tenemos un rol clave en la prevención y la identificación precoz» de los posibles casos de abuso y violencia. 

La «Ley Lucio» surgió tras el asesinato, con golpes y maltratos, de Lucio Dupuy, un niño de cinco años, en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, por el que fueron juzgadas y condenadas a cadena perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

Con la norma, se creó el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de carácter continuo, permanente y obligatorio, destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional. 

Patricia García Arrigoni, directora médica ejecutiva del Hospital Garrahan, dijo que el inicio del curso en esa dependencia «nos llena de orgullo y nos carga de una responsabilidad enorme para quienes trabajamos en este hospital».

«Todos tenemos que tener la capacidad de velar, de detectar, de escuchar, de no ocultar cuando vemos algo. Y a partir de ahí, creo que la ley nos va a enseñar o nos va a facilitar cuáles son los caminos que tenemos que seguir», afirmó Arrigoni y comentó que por el hospital pediátrico transitan más de 2.000 profesionales. 

«Quienes hacemos pediatría tenemos que escuchar lo que dicen y a veces lo que no dicen los niños, y también lo que dicen quienes los cuidan o no los cuidan. Tenemos que convertirnos en verdaderos centinelas para que ningún niño padezca ningún grado de violencia ni de degradación», sostuvo la directora del hospital. 

Según el servicio social, en el Hospital Garrahan se registran 80 situaciones nuevas de violencia o abuso por mes, es decir, alrededor de cuatro por día, tanto en internación como en ambulatorio

«Después de la pandemia, las situaciones de maltratos han incrementado, en el mes de julio atendimos como 80 casos. Es la realidad que están viviendo nuestros niños y que tenemos que poder, como equipo de salud, dar respuesta a estas situaciones para que realmente sea un abordaje integral», afirmó Andrea Segú, jefa del servicio social. 

Gabriel Lerner, titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), valoró la sanción de la «Ley Lucio» y advirtió que «si no hay política pública, no hay compromiso, no hay construcción del vínculo, no hay presupuesto, no hay condiciones sociales favorables, las leyes muchas veces quedan sin tener efectividad». 

«Esta ley tiene algo de impacto simbólico o político y tiene algo de impacto operativo. Lo estrictamente operativo es que no había ninguna obligación de los agentes del Estado Nacional para recibir una capacitación de esta índole», destacó sobre la norma, a la que adhirieron hasta el momento 12 provincias.

La ley establece que el incumplimiento de las capacitaciones será «considerado falta grave y dará lugar a las sanciones correspondientes conforme la normativa vigente en materia de Empleo Público Nacional».

Lerner también reconoció que había «una demanda social» en la temática y resaltó que «tanto la capacitación como la sensibilización vienen apoyadas por el 100% de los sectores políticos» en el Congreso Nacional.

La ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA y la 27.455 de Abuso en la Infancia.

En esa línea, la Senaf deberá propiciar un relevamiento de los distintos mecanismos existentes en cada una de las jurisdicciones sobre el resguardo de la identidad y protección de la integridad del o de la denunciante, tanto en sede administrativa como judicial.

Línea 102
Si necesitas ayuda o conoces a alguien que esté expuesto a violencia, llamá al 102. Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de vulneración de derechos. Si vivís una emergencia llama al 911.