Sociedad
El Garrahan fue sede de la primera capacitación de la “Ley Lucio”
El curso para el equipo de salud del Garrahan, con 800 inscriptos, se hace en cumplimiento de la Ley 27.709, que fue aprobada por el Congreso en abril pasado y reglamentada en julio, para promover la construcción de entornos sociales protectores y educativos para el desarrollo de las infancias, con especial atención en la detección de posibles casos de violencia intrafamiliar.
El Hospital Garrahan albergó desde este martes la primera capacitación de la «Ley Lucio» sobre derechos de niñas, niños y adolescentes para detectar e intervenir en posibles casos de violencia o abuso infantil en las consultas, cuya presentación fue encabezada por autoridades nacionales y del hospital pediátrico.
El curso para el equipo de salud del Garrahan, con 800 inscriptos, se hace en cumplimiento de la Ley 27.709, que fue aprobada por el Congreso en abril pasado y reglamentada en julio, para promover la construcción de entornos sociales protectores y educativos para el desarrollo de las infancias, con especial atención en la detección de posibles casos de violencia intrafamiliar.
«Que todo el personal de la administración pública nacional reciba herramientas es muy importante, porque muchas veces, por no estar capacitados o por no saber qué hacer, nos corremos de ese lugar y se pierde la oportunidad de poder generar una acción concreta», afirmó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y agregó que los equipos de salud «tenemos un rol clave en la prevención y la identificación precoz» de los posibles casos de abuso y violencia.
La «Ley Lucio» surgió tras el asesinato, con golpes y maltratos, de Lucio Dupuy, un niño de cinco años, en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, por el que fueron juzgadas y condenadas a cadena perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.
Con la norma, se creó el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de carácter continuo, permanente y obligatorio, destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional.
Patricia García Arrigoni, directora médica ejecutiva del Hospital Garrahan, dijo que el inicio del curso en esa dependencia «nos llena de orgullo y nos carga de una responsabilidad enorme para quienes trabajamos en este hospital».
«Todos tenemos que tener la capacidad de velar, de detectar, de escuchar, de no ocultar cuando vemos algo. Y a partir de ahí, creo que la ley nos va a enseñar o nos va a facilitar cuáles son los caminos que tenemos que seguir», afirmó Arrigoni y comentó que por el hospital pediátrico transitan más de 2.000 profesionales.
«Quienes hacemos pediatría tenemos que escuchar lo que dicen y a veces lo que no dicen los niños, y también lo que dicen quienes los cuidan o no los cuidan. Tenemos que convertirnos en verdaderos centinelas para que ningún niño padezca ningún grado de violencia ni de degradación», sostuvo la directora del hospital.
Según el servicio social, en el Hospital Garrahan se registran 80 situaciones nuevas de violencia o abuso por mes, es decir, alrededor de cuatro por día, tanto en internación como en ambulatorio
«Después de la pandemia, las situaciones de maltratos han incrementado, en el mes de julio atendimos como 80 casos. Es la realidad que están viviendo nuestros niños y que tenemos que poder, como equipo de salud, dar respuesta a estas situaciones para que realmente sea un abordaje integral», afirmó Andrea Segú, jefa del servicio social.
Gabriel Lerner, titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), valoró la sanción de la «Ley Lucio» y advirtió que «si no hay política pública, no hay compromiso, no hay construcción del vínculo, no hay presupuesto, no hay condiciones sociales favorables, las leyes muchas veces quedan sin tener efectividad».
«Esta ley tiene algo de impacto simbólico o político y tiene algo de impacto operativo. Lo estrictamente operativo es que no había ninguna obligación de los agentes del Estado Nacional para recibir una capacitación de esta índole», destacó sobre la norma, a la que adhirieron hasta el momento 12 provincias.
La ley establece que el incumplimiento de las capacitaciones será «considerado falta grave y dará lugar a las sanciones correspondientes conforme la normativa vigente en materia de Empleo Público Nacional».
Lerner también reconoció que había «una demanda social» en la temática y resaltó que «tanto la capacitación como la sensibilización vienen apoyadas por el 100% de los sectores políticos» en el Congreso Nacional.
La ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA y la 27.455 de Abuso en la Infancia.
En esa línea, la Senaf deberá propiciar un relevamiento de los distintos mecanismos existentes en cada una de las jurisdicciones sobre el resguardo de la identidad y protección de la integridad del o de la denunciante, tanto en sede administrativa como judicial.
Línea 102
Si necesitas ayuda o conoces a alguien que esté expuesto a violencia, llamá al 102. Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de vulneración de derechos. Si vivís una emergencia llama al 911.
Alimentación
Ninguna TV, endeudados para comer: 45% de las deudas en barrios populares es por alimentos
Un informe del CISUR sobre 428 hogares de 119 barrios populares detectó que el 78% tiene al menos una deuda y que la deuda promedio ($2,3 millones) más que duplica el ingreso familiar mediano ($1 millón).
El 59% de los hogares de barrios populares que se endeudó para comprar alimentos recortó después su gasto en comida para poder pagar esa deuda. Es el círculo que describe un nuevo informe sobre endeudamiento, en el que la comida aparece primero como motivo del crédito y después como la variable de ajuste.
El estudio fue elaborado por el Centro para la Integración Socio Urbana (CISUR) y difundido este miércoles. Se basa en una encuesta realizada durante septiembre de 2026 en 428 hogares de 119 barrios populares registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), distribuidos en 15 provincias. Los resultados corresponden a esa muestra.
Endeudarse para comer
Según el CISUR, el 78% de los hogares encuestados tiene al menos una deuda y el 67% de los hogares endeudados está en situación de sobreendeudamiento. La deuda promedio asciende a $2,3 millones por hogar, frente a un ingreso familiar mediano de $1 millón mensual.
El informe caracteriza al endeudamiento como un fenómeno asociado principalmente con la subsistencia. El 66% de las deudas corresponde a gastos corrientes, como alimentación, servicios, salud, indumentaria, educación, transporte y alquiler, y el 45% de las deudas relevadas se originó para comprar comida.
La alimentación es además el primer gasto de estos hogares: el 96% la ubicó entre sus tres principales egresos, seguida por los servicios (53%) y el pago de deudas (36%). El 83% de los hogares atraviesa situaciones de inseguridad alimentaria, el 71% redujo alguna comida diaria en el último año y el 60% tiene al menos un integrante que concurre a un comedor o recibe viandas.
La directora del CISUR, Fernanda García Monticelli, dijo en diálogo con el canal de noticias C5N que a la mayoría “les cuesta muchísimo pagar sus deudas” y que muchos “tuvieron que recortar gastos en comida” para hacerlo. Entre los hogares endeudados, el 51% declaró haber reducido gastos en alimentación; también recortaron indumentaria (37%) y recreación (36%).
Mora, fintech y prestamistas del barrio
Entre los hogares endeudados, el 30% está en mora (un atraso de más de 90 días), otro 22% tiene atrasos de entre 31 y 90 días y solo el 48% está estrictamente al día. El 43% destina más de la mitad de sus ingresos totales al pago de deudas.
Cada hogar endeudado tiene en promedio 2,8 acreedores. Las aplicaciones o empresas fintech son la fuente más extendida (46%), seguidas por los prestamistas particulares o del barrio (36%), el fiado en comercios y los préstamos bancarios (33% cada uno) y los préstamos de familiares o conocidos (30%). El 44% combina fuentes formales, como bancos o billeteras virtuales, con redes informales.
García Monticelli señaló que la principal fuente de financiamiento son las billeteras virtuales y las redes informales del barrio, “fuera del alcance de la regulación bancaria”.
Ingresos bajos y multiempleo
El principal aportante de estos hogares tiene en promedio 1,4 trabajos y dedica 9,1 horas diarias a la actividad laboral durante 5,3 días por semana. Aun así, la mediana de ingresos por persona es de $250.000, la mitad de la mediana nacional de $500.000 que cita el estudio, y la mediana por hogar ($1 millón) equivale al 62% del promedio nacional de $1,6 millones.
Solo el 15% de los principales aportantes tiene empleo registrado, frente al 54,9% de la tasa nacional que el informe toma como referencia, y el 56% trabaja más de 45 horas semanales. El 73% de los ingresos familiares proviene del trabajo y el 19% de transferencias, principalmente la Asignación Universal por Hijo y el Programa Alimentar.
El 87% de los hogares endeudados dijo que las deudas afectan bastante, mucho o muchísimo su vida diaria, sobre todo el estado de ánimo (67%), el sueño y el descanso (52%) y la salud (42%).
El debate en el Congreso
El informe aparece mientras Diputados define qué hacer con el sobreendeudamiento. El 9 de septiembre, la Cámara aprobó por 249 votos afirmativos y uno negativo el emplazamiento a las comisiones para tratar los proyectos sobre morosidad y endeudamiento familiar, en una sesión impulsada por bloques opositores. Según se informó, este martes un despacho del oficialismo y dos de la oposición reunieron las firmas necesarias y podrían llegar al recinto en octubre.
A fines de agosto, el presidente de la Cámara, Martín Menem, había dicho que el Gobierno no cree “necesario que el Estado intervenga” y había cuestionado los proyectos de la oposición. Los datos del CISUR muestran un endeudamiento de subsistencia, que no se explica por consumo suntuario sino por gastos básicos como la comida.
Lo que tenés que saber sobre las deudas en los barrios
- El CISUR relevó en septiembre de 2026 a 428 hogares de 119 barrios populares de 15 provincias.
- El 78% tiene al menos una deuda y, entre los endeudados, el 67% está sobreendeudado.
- La deuda promedio ($2,3 millones) más que duplica el ingreso familiar mediano ($1 millón).
- El 45% de las deudas se originó para comprar comida y el 59% de quienes se endeudaron así recortó luego su gasto en alimentos.
- El 83% de los hogares encuestados atraviesa inseguridad alimentaria.
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