Sociedad
El Garrahan fue sede de la primera capacitación de la “Ley Lucio”
El curso para el equipo de salud del Garrahan, con 800 inscriptos, se hace en cumplimiento de la Ley 27.709, que fue aprobada por el Congreso en abril pasado y reglamentada en julio, para promover la construcción de entornos sociales protectores y educativos para el desarrollo de las infancias, con especial atención en la detección de posibles casos de violencia intrafamiliar.
El Hospital Garrahan albergó desde este martes la primera capacitación de la «Ley Lucio» sobre derechos de niñas, niños y adolescentes para detectar e intervenir en posibles casos de violencia o abuso infantil en las consultas, cuya presentación fue encabezada por autoridades nacionales y del hospital pediátrico.
El curso para el equipo de salud del Garrahan, con 800 inscriptos, se hace en cumplimiento de la Ley 27.709, que fue aprobada por el Congreso en abril pasado y reglamentada en julio, para promover la construcción de entornos sociales protectores y educativos para el desarrollo de las infancias, con especial atención en la detección de posibles casos de violencia intrafamiliar.
«Que todo el personal de la administración pública nacional reciba herramientas es muy importante, porque muchas veces, por no estar capacitados o por no saber qué hacer, nos corremos de ese lugar y se pierde la oportunidad de poder generar una acción concreta», afirmó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y agregó que los equipos de salud «tenemos un rol clave en la prevención y la identificación precoz» de los posibles casos de abuso y violencia.
La «Ley Lucio» surgió tras el asesinato, con golpes y maltratos, de Lucio Dupuy, un niño de cinco años, en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, por el que fueron juzgadas y condenadas a cadena perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.
Con la norma, se creó el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de carácter continuo, permanente y obligatorio, destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional.
Patricia García Arrigoni, directora médica ejecutiva del Hospital Garrahan, dijo que el inicio del curso en esa dependencia «nos llena de orgullo y nos carga de una responsabilidad enorme para quienes trabajamos en este hospital».
«Todos tenemos que tener la capacidad de velar, de detectar, de escuchar, de no ocultar cuando vemos algo. Y a partir de ahí, creo que la ley nos va a enseñar o nos va a facilitar cuáles son los caminos que tenemos que seguir», afirmó Arrigoni y comentó que por el hospital pediátrico transitan más de 2.000 profesionales.
«Quienes hacemos pediatría tenemos que escuchar lo que dicen y a veces lo que no dicen los niños, y también lo que dicen quienes los cuidan o no los cuidan. Tenemos que convertirnos en verdaderos centinelas para que ningún niño padezca ningún grado de violencia ni de degradación», sostuvo la directora del hospital.
Según el servicio social, en el Hospital Garrahan se registran 80 situaciones nuevas de violencia o abuso por mes, es decir, alrededor de cuatro por día, tanto en internación como en ambulatorio
«Después de la pandemia, las situaciones de maltratos han incrementado, en el mes de julio atendimos como 80 casos. Es la realidad que están viviendo nuestros niños y que tenemos que poder, como equipo de salud, dar respuesta a estas situaciones para que realmente sea un abordaje integral», afirmó Andrea Segú, jefa del servicio social.
Gabriel Lerner, titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), valoró la sanción de la «Ley Lucio» y advirtió que «si no hay política pública, no hay compromiso, no hay construcción del vínculo, no hay presupuesto, no hay condiciones sociales favorables, las leyes muchas veces quedan sin tener efectividad».
«Esta ley tiene algo de impacto simbólico o político y tiene algo de impacto operativo. Lo estrictamente operativo es que no había ninguna obligación de los agentes del Estado Nacional para recibir una capacitación de esta índole», destacó sobre la norma, a la que adhirieron hasta el momento 12 provincias.
La ley establece que el incumplimiento de las capacitaciones será «considerado falta grave y dará lugar a las sanciones correspondientes conforme la normativa vigente en materia de Empleo Público Nacional».
Lerner también reconoció que había «una demanda social» en la temática y resaltó que «tanto la capacitación como la sensibilización vienen apoyadas por el 100% de los sectores políticos» en el Congreso Nacional.
La ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA y la 27.455 de Abuso en la Infancia.
En esa línea, la Senaf deberá propiciar un relevamiento de los distintos mecanismos existentes en cada una de las jurisdicciones sobre el resguardo de la identidad y protección de la integridad del o de la denunciante, tanto en sede administrativa como judicial.
Línea 102
Si necesitas ayuda o conoces a alguien que esté expuesto a violencia, llamá al 102. Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de vulneración de derechos. Si vivís una emergencia llama al 911.
Salud 🩺
El suicidio ya mata más jóvenes que los accidentes: récord histórico en 2025
El Sistema Nacional de Información Criminal confirmó 5.209 muertes por suicidio en 2025, un salto del 22,6% respecto al año anterior. La cifra convierte al suicidio en la principal causa de muerte entre los 15 y los 34 años, desplazando a los siniestros viales. El desfinanciamiento de la salud mental bajo la gestión Milei agrava un cuadro que ya no admite eufemismos.
El último reporte del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, registró 5.209 muertes por suicidio durante 2025, el mayor salto interanual desde que se mide la estadística: un 22,6% más que en 2024, cuando se habían contabilizado 4.249 casos. En términos de tasa poblacional, el índice trepó de 9,7 a 11,8 suicidios por cada 100.000 habitantes, el incremento más abrupto registrado en al menos nueve años de medición sistemática.
El informe, difundido por el Observatorio de Política Criminal, advierte que el suicidio en Argentina ya superó a los siniestros viales como la principal causa de muerte en el grupo de 15 a 34 años, una franja que concentra el mayor dinamismo de la curva ascendente. El período 2017-2025 acumula un incremento del 57,6% en casos absolutos, o del 43,9% si se pondera el crecimiento demográfico.
La trasmutación de la violencia
El Observatorio de Política Criminal pone el dato en perspectiva con una lectura que incomoda al discurso oficial: la tasa de suicidios cuadruplicó en 2025 a la de homicidios. Mientras los suicidios registraron 11,8 casos por cada 100.000 habitantes, los homicidios dolosos marcaron 3,6 en el mismo período. El director del Observatorio, el abogado Ariel Larroude, lo describió con precisión: «Lo que tratamos de mostrar es que, si bien se puede ‘celebrar’ que Argentina bajó mucho los homicidios, hay una trasmutación de la violencia, que pasó de ser interpersonal a personal».
La lectura de Larroude no establece una relación de causalidad directa entre los datos, sino una fotografía del arquetipo de cómo está configurada la violencia en América Latina y en la Argentina actual. Una violencia que, lejos de desaparecer, se vuelca hacia adentro y obliga al Estado a intervenir con políticas de prevención que hoy brillan por su ausencia.
Los jóvenes, la franja más castigada
Aunque el reporte de 2025 del SNIC no desagrega los datos por edad, el análisis acumulado hasta 2024 confirma que el 45% de las 4.249 personas que se quitaron la vida ese año eran adolescentes y jóvenes de entre 15 y 34 años. En términos absolutos: 561 jóvenes de 20 a 24 años, 567 del tramo de 25 a 29, y 486 de entre 30 y 34. En el segmento de 15 a 19 años, el número se sostiene alrededor de los 380 casos anuales desde 2018, con un pico de 432 ese año.
Para Larroude, la franja de 20 a 34 es «la más complicada». El especialista señaló que los factores de riesgo combinan el triángulo clásico de ansiedad, depresión y aislamiento con el consumo problemático de sustancias y, de manera cada vez más pronunciada, «la falta de puestos de trabajo formal y la crisis de endeudamiento, lo que afecta a los jóvenes y a los adultos mayores». Según datos de la SEDRONAR que cita el informe, el consumo de marihuana y cocaína se triplicó en los últimos años en la población económicamente activa.
El mapa provincial: Entre Ríos y La Rioja en el extremo
El análisis por jurisdicción revela una desigualdad territorial que exige respuestas diferenciadas. Entre Ríos encabeza el ranking con una tasa de 20,8 suicidios por cada 100.000 habitantes en 2025 y un incremento del 81,1% respecto a 2017. Le siguen San Luis (18,9; +152,6% en el período), Salta (17,4; +26,6%), Santa Cruz (16; +24,4%) y Catamarca (14,2; +55,3%). En el otro extremo, las tasas más bajas se registran en Río Negro (6,5), Neuquén (7,8) y Corrientes (8).
El caso más estremecedor lo protagoniza La Rioja: pasó de 13 suicidios en 2017 a una tasa equivalente a 50 por cada 100.000 habitantes en 2025, un incremento del 284,6% que no tiene parangón en ninguna otra provincia. Los especialistas alertan que esas variaciones geográficas extremas también reflejan problemas en la recolección y armonización de datos entre ministerios, lo que agrava aún más el subregistro.
Presupuesto en caída libre, demanda en alza
El crecimiento exponencial de la demanda colisiona de frente con el vaciamiento del Estado como garante de salud pública. Según el informe del Observatorio de Política Criminal, 2025 fue uno de los años con más bajo porcentaje de ejecución presupuestaria en salud mental: apenas el 31,2%, por debajo incluso del 36% de 2017. El dato resulta más grave si se considera que la demanda de atención en salud mental registró un aumento sostenido en todas las jurisdicciones durante el mismo período.
Este medio ya documentó en mayo de 2026 que el presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación acumuló una caída del 31% en términos reales entre 2023 y 2024, con un recorte adicional del 18,2% en 2025. El Hospital Laura Bonaparte, único establecimiento público nacional especializado en salud mental, acumuló un desfinanciamiento del 46% entre 2023 y 2026. En octubre de 2024 se cerraron su guardia, su internación y la atención de demanda espontánea. El Consejo Federal de Salud Mental no fue convocado desde el inicio de la gestión libertaria, y once provincias enviaron una carta de alerta que nunca recibió respuesta.
Larroude fue directo sobre lo que se necesita: «Estamos pidiendo que se declare la emergencia en salud mental para que estas jurisdicciones tengan intervención del Estado nacional y se les asignen más recursos: más psicólogos, más expertos en salud mental». La demanda no encontró eco en una administración que redujo el gasto primario total en un 31% real desde diciembre de 2023 y el gasto de capital en un 86% en el mismo período.
Datos que interpelan a un gobierno que mira para otro lado
El subregistro es otro problema estructural que el Estado nacional no enfrenta. El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) del Ministerio de Salud registró apenas 748 muertes por suicidio en 2025, una cifra que contrasta con las más de 5.200 del SNIC porque el suicidio recién se incorporó como evento de notificación obligatoria en 2023 y los sistemas provinciales aún no están plenamente integrados. Larroude señaló que el fenómeno también interpela al sistema de justicia: «Esto te obliga a intervenir como Estado».
La cifra de 5.209 muertes en 2025 equivale a más de 14 personas por día que se quitan la vida en la Argentina. Es un número que no figura en ningún discurso presidencial, que no genera ningún decreto de emergencia y que no produce ningún llamado urgente desde la Casa Rosada, donde la agenda está dominada por la narrativa del «equilibrio fiscal» y el «superávit». El ajuste tiene un costo humano que la macroeconomía no registra.
Si necesitás hablar con alguien o conocés a alguien que lo necesite: Centro de Asistencia al Suicida, línea 135 (CABA y GBA, gratuita, las 24 horas).
Puntos clave
- El SNIC confirmó 5.209 muertes por suicidio en 2025, el mayor salto interanual registrado: un 22,6% más que en 2024.
- El suicidio desplazó a los siniestros viales y es hoy la principal causa de muerte entre los 15 y los 34 años.
- La tasa de suicidios cuadruplicó en 2025 a la de homicidios: 11,8 versus 3,6 por cada 100.000 habitantes.
- Entre Ríos lidera el mapa provincial con 20,8 casos por cada 100.000 habitantes; La Rioja acumuló un aumento del 284,6% entre 2017 y 2025.
- La ejecución presupuestaria en salud mental fue del 31,2% en 2025, el nivel más bajo desde 2017.
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