Sociedad
El Garrahan fue sede de la primera capacitación de la “Ley Lucio”
El curso para el equipo de salud del Garrahan, con 800 inscriptos, se hace en cumplimiento de la Ley 27.709, que fue aprobada por el Congreso en abril pasado y reglamentada en julio, para promover la construcción de entornos sociales protectores y educativos para el desarrollo de las infancias, con especial atención en la detección de posibles casos de violencia intrafamiliar.
El Hospital Garrahan albergó desde este martes la primera capacitación de la «Ley Lucio» sobre derechos de niñas, niños y adolescentes para detectar e intervenir en posibles casos de violencia o abuso infantil en las consultas, cuya presentación fue encabezada por autoridades nacionales y del hospital pediátrico.
El curso para el equipo de salud del Garrahan, con 800 inscriptos, se hace en cumplimiento de la Ley 27.709, que fue aprobada por el Congreso en abril pasado y reglamentada en julio, para promover la construcción de entornos sociales protectores y educativos para el desarrollo de las infancias, con especial atención en la detección de posibles casos de violencia intrafamiliar.
«Que todo el personal de la administración pública nacional reciba herramientas es muy importante, porque muchas veces, por no estar capacitados o por no saber qué hacer, nos corremos de ese lugar y se pierde la oportunidad de poder generar una acción concreta», afirmó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y agregó que los equipos de salud «tenemos un rol clave en la prevención y la identificación precoz» de los posibles casos de abuso y violencia.
La «Ley Lucio» surgió tras el asesinato, con golpes y maltratos, de Lucio Dupuy, un niño de cinco años, en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, por el que fueron juzgadas y condenadas a cadena perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.
Con la norma, se creó el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de carácter continuo, permanente y obligatorio, destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional.
Patricia García Arrigoni, directora médica ejecutiva del Hospital Garrahan, dijo que el inicio del curso en esa dependencia «nos llena de orgullo y nos carga de una responsabilidad enorme para quienes trabajamos en este hospital».
«Todos tenemos que tener la capacidad de velar, de detectar, de escuchar, de no ocultar cuando vemos algo. Y a partir de ahí, creo que la ley nos va a enseñar o nos va a facilitar cuáles son los caminos que tenemos que seguir», afirmó Arrigoni y comentó que por el hospital pediátrico transitan más de 2.000 profesionales.
«Quienes hacemos pediatría tenemos que escuchar lo que dicen y a veces lo que no dicen los niños, y también lo que dicen quienes los cuidan o no los cuidan. Tenemos que convertirnos en verdaderos centinelas para que ningún niño padezca ningún grado de violencia ni de degradación», sostuvo la directora del hospital.
Según el servicio social, en el Hospital Garrahan se registran 80 situaciones nuevas de violencia o abuso por mes, es decir, alrededor de cuatro por día, tanto en internación como en ambulatorio
«Después de la pandemia, las situaciones de maltratos han incrementado, en el mes de julio atendimos como 80 casos. Es la realidad que están viviendo nuestros niños y que tenemos que poder, como equipo de salud, dar respuesta a estas situaciones para que realmente sea un abordaje integral», afirmó Andrea Segú, jefa del servicio social.
Gabriel Lerner, titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), valoró la sanción de la «Ley Lucio» y advirtió que «si no hay política pública, no hay compromiso, no hay construcción del vínculo, no hay presupuesto, no hay condiciones sociales favorables, las leyes muchas veces quedan sin tener efectividad».
«Esta ley tiene algo de impacto simbólico o político y tiene algo de impacto operativo. Lo estrictamente operativo es que no había ninguna obligación de los agentes del Estado Nacional para recibir una capacitación de esta índole», destacó sobre la norma, a la que adhirieron hasta el momento 12 provincias.
La ley establece que el incumplimiento de las capacitaciones será «considerado falta grave y dará lugar a las sanciones correspondientes conforme la normativa vigente en materia de Empleo Público Nacional».
Lerner también reconoció que había «una demanda social» en la temática y resaltó que «tanto la capacitación como la sensibilización vienen apoyadas por el 100% de los sectores políticos» en el Congreso Nacional.
La ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA y la 27.455 de Abuso en la Infancia.
En esa línea, la Senaf deberá propiciar un relevamiento de los distintos mecanismos existentes en cada una de las jurisdicciones sobre el resguardo de la identidad y protección de la integridad del o de la denunciante, tanto en sede administrativa como judicial.
Línea 102
Si necesitas ayuda o conoces a alguien que esté expuesto a violencia, llamá al 102. Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de vulneración de derechos. Si vivís una emergencia llama al 911.
Judiciales ⚖️
Propofest: Fini Lanusse rompe el silencio pero esquiva los detalles de la causa que involucra dos muertes
La médica procesada por el presunto desvío de propofol del Hospital Italiano publicó un breve mensaje en redes sociales en el que aseguró confiar en el proceso judicial. La declaración llega más de un mes después de que el juez Javier Sánchez Sarmiento formalizara los cargos y dispusiera el embargo de sus bienes.
“Las cosas se van a aclarar”: el descargo de Fini Lanusse tras ser procesada en el Propofest
★ Delfina «Fini» Lanusse, exresidente de tercer año en el área de Anestesiología del Hospital Italiano de Buenos Aires y procesada en la denominada causa «Propofest», realizó este domingo un breve descargo público a través de un mensaje en redes sociales. Sin entrar en detalles sobre los cargos que pesan en su contra, Lanusse aseguró que «las cosas se van a aclarar» y expresó su confianza en el proceso judicial en curso.
«Por el momento no puedo hacer declaraciones profundas», explicó la profesional, quien agregó que la Justicia «se encuentra trabajando en el caso». El mensaje, escueto y cuidadosamente medido, representa la primera aparición pública de Lanusse desde que el juez Javier Sánchez Sarmiento formalizara su procesamiento junto al anestesista Hernán Boveri por el delito de administración fraudulenta.
El procesamiento y las medidas cautelares
El 10 de abril de 2026, el magistrado Sánchez Sarmiento dictó el procesamiento formal de Boveri y Lanusse por el presunto desvío de propofol, remifentanilo y otros fármacos de uso controlado del Hospital Italiano. Ambos profesionales tienen prohibida la salida del país. La Justicia dispuso además un embargo superior a los 30 millones de pesos sobre los bienes de Lanusse.
Según consta en el expediente judicial, Boveri ocupaba un cargo de jerarquía en el área de Anestesiología y habría aprovechado esa posición para vulnerar los controles de stock del hospital. En su declaración ante el juez, el anestesista reconoció haber administrado sustancias anestésicas a Lanusse en reiteradas oportunidades, con su consentimiento, y señaló que fue ella quien sustrajo los medicamentos. La defensa de ambos procesados busca revertir las medidas cautelares y sostiene que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación.
El origen del caso: dos muertes y un sistema de control fallido
La investigación que derivó en el procesamiento comenzó el 20 de febrero de 2026, cuando efectivos policiales hallaron sin vida al anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 29 años, en su departamento de Palermo. La autopsia reveló muerte por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, lesiones compatibles con sobredosis de propofol y remifentanilo. El análisis de trazabilidad del instrumental hallado en el domicilio de Zalazar determinó que una parte significativa del material pertenecía al Hospital Italiano, institución en la que Zalazar no tenía acceso laboral directo.
El 3 de abril, una segunda muerte complejizó aún más la causa. El enfermero Eduardo Bentancourt, de 44 años, fue encontrado sin vida en su departamento de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2428, en Palermo. En el lugar se secuestraron tres ampollas de fentanilo del laboratorio HLB Pharma S.A., propiedad del empresario Ariel García Furfaro, procesado en una causa separada vinculada a 111 muertes por adulteración de sustancias medicinales. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, a cargo del fiscal Carlos Vasser, confirmó que las ampollas correspondían al certificado N° 53.100, inhabilitado por la ANMAT, con vencimiento en marzo de 2026, lo que refuerza la hipótesis de un desvío deliberado del stock que debía ser destruido tras la clausura del laboratorio.
Lo que declararon los jefes del área de Anestesiología
El jefe y el subjefe del área de Anestesiología del Hospital Italiano declararon ante el juez que Lanusse reconoció tener problemas de consumo de sustancias desde hacía dos años, un elemento que el Ministerio Público incorporó como contexto agravante en la formulación de cargos. El análisis forense de las filmaciones de vigilancia interna del hospital permitió reconstruir los momentos en que Boveri accedía a sectores restringidos y retiraba ampollas sin que los sistemas de registro lo detectaran a tiempo. El Hospital Italiano se presentó como querellante en la causa para resguardar su prestigio institucional y colabora activamente con la Justicia.
La causa avanza hacia el juicio oral
Con el procesamiento formalizado, la investigación se encamina hacia la etapa de preparación del juicio oral. El Ministerio Público deberá consolidar su acusación, mientras los defensores de Boveri y Lanusse ofrecerán sus descargos y pruebas ante el tribunal. Nuevas definiciones podrían conocerse en las próximas semanas.
Puntos clave:
- Delfina Lanusse publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que «las cosas se van a aclarar» y expresó confianza en la Justicia.
- El juez Javier Sánchez Sarmiento la procesó junto a Hernán Boveri por administración fraudulenta; ambos tienen prohibida la salida del país y enfrentan embargos millonarios.
- La causa se vincula a dos muertes: el anestesiólogo Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Bentancourt, hallados sin vida en Palermo.
- En el domicilio de Bentancourt se encontraron ampollas de fentanilo del laboratorio clausurado HLB Pharma (certificado N° 53.100, inhabilitado por ANMAT), vinculado a 111 fallecidos.
- El Hospital Italiano se constituyó como querellante; la investigación avanza hacia el juicio oral.
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