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Judiciales ⚖️

A un año de la «boda narco», buscan establecer cómo se financió la pareja mientras estuvo prófuga

Los pesquisas quieren saber cómo se financió el joven acusado de narcotráfico en los últimos dos años, de los cuales uno pasó prófugo junto a su pareja en Paraguay.

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Las pericias de los teléfonos secuestrados a Esteban «Pinky» Rocha y Brisa Leguizamón, la pareja de la «boda narco» que derivó en un triple crimen cometido hace casi un año en Rosario y que fue detenida hace 10 días en Paraguay, son una de las claves para intentar determinar «cómo juntaron la plata para la fiesta y para bancarse un año» prófugos en otro país, dijeron fuentes de la investigación.

Los pesquisas quieren saber cómo se financió el joven acusado de narcotráfico en los últimos dos años, de los cuales uno pasó prófugo junto a su pareja en Paraguay.

«Lo sustancial de Rocha es cómo juntó toda esa plata, desde que lo excarcelaron en diciembre de 2020», sostuvo ante un investigador de la Justicia Federal rosarina, mientras aguarda la extradición desde Paraguay.

Rocha y su esposa Leguizamón fueron arrestados el 5 de enero pasado cuando tomaban cerveza en un bar cercano al complejo Miami Tower de la capital paraguaya, Asunción, donde se alojaban.

Voceros de la causa estimaron, aunque aún no tenían la información oficial, que «el alquiler del departamento sería de unos U$S2.000 por mes».

La pareja se casó el 29 de enero del año pasado en un salón de eventos ubicado en las afueras de la ciudad de Rosario y desde entonces, luego de que a la salida de la fiesta ocurriera un triple crimen, estuvo prófuga.

Requerida por la Justicia Federal argentina en una causa por narcotráfico, que fue a juicio a fines del año pasado, la pareja será sometida a proceso cuando llegue al país, vía extradición.

Pero el fiscal de esa causa, Federico Reynares Solari, ubicó a Rocha y Leguizamón como «eslabones intermedios o bajos» de la cadena de comercialización de drogas por la que fue condenada la jefa de la banda, Olga «Tata» Medina, junto a una decena de acusados.

Según la investigación, Rocha administraba un búnker de venta de estupefacientes al menudeo en la zona sur de Rosario, provisto por Medina -que es de la zona norte- a través de un intermediario de apellido Villalba, también condenado en el juicio que llegó a sentencia en diciembre.

«Pinky» fue excarcelado en esa causa en diciembre de 2020 y recién se volvió a tener noticias suyas el 29 de enero de 2022, cuando tres invitados a su casamiento -una pareja y su pequeña hija- fueron asesinados a tiros a la salida de la fiesta.

«Lo sustancial de Rocha es cómo juntó toda esa plata desde que lo excarcelaron en diciembre de 2020», dijo a esta agencia un investigador del caso, y agregó: «Cómo obtuvo plata para la fiesta y para bancar un año en Paraguay», donde estuvo prófugo junto a Leguizamón.

«Esperamos que de los teléfonos salga algo», se esperanzó el pesquisa.

Voceros de la Justicia Federal local también dijeron que solicitaron los teléfonos celulares de una docena de personas que estaban en Asunción junto a la pareja cuando fue detenida.

Sin embargo, agregaron, «la policía paraguaya se los devolvió a los acompañantes».

Así, los investigadores mantienen sus expectativas en las pericias de los móviles de Rocha y Leguizamón, para ver si allí puede existir algún indicio de las actividades que realizaban en Paraguay.

Consideran que la pareja tenía un estilo de vida difícil de explicar con su participación como eslabones intermedios de una cadena de venta de drogas liderada por una «transera» como la «Tata» Medina.

Es que la pareja celebró su casamiento en enero del año pasado en un coqueto salón de eventos de la afueras de Rosario, llamado «Campos de Ibarlucea», y antes realizó los preparativos de la boda en un lujoso hotel del complejo inmobiliario Puerto Norte, ubicado en la costanera central de Rosario, frente al río Paraná.

La fiesta estuvo animada musicalmente por los cantantes Sergio Torres y Juanjo Piedrabuena, ex vocalista del Grupo Alegría.

Al término de la boda, y cuando ya habían dejado el salón, fueron emboscadas y asesinadas a tiros tres personas: Iván Maximiliano Giménez, su esposa Érica Romero y la hija de ambos, Elena, de un año.

Los investigadores apuntaron entonces hacia el capo narco rosarino Estaban Alvarado, condenado el año pasado a prisión perpetua por homicidio, lavado de dinero, asociación ilícita y otros delitos.

La teoría de los pesquisas consiste en que Giménez habría perdido un cargamento de drogas o le debía dinero de ese origen a Alvarado.

A la vez, el hombre asesinado se habría volcado hacia la banda rival de Alvarado, el clan Cantero que lidera la organización criminal rosarina conocida como «Los Monos», una manera de buscar «protección» de su antiguo jefe.

La causa por la que serán juzgados Rocha y Leguizamón cuando se complete el trámite de extradición desde Paraguay fue a juicio el año pasado, aunque con el resto de los imputados, ya que ellos estaban prófugos.

El Tribunal Oral Federal Nº1 (TOF1) de Rosario dictó sentencia en diciembre y condenó a la jefa de la organización de la participaba Rocha, Olga Beatriz Medina, a 6 años y 6 meses de prisión.

Como Medina había sido condenada por el TOF 3 de Rosario el 29 de junio de 2020 también por narcotráfico, el tribunal unificó ambas penas en 8 años y 6 meses de prisión.

La sentencia ordenó devolver los elementos secuestrados en la causa «que no guarden relación con el delito», pero aclaró que «a excepción de los que correspondieren a los procedimientos efectuados en el domicilio de Brisa Leguizamón y Esteban Rocha, quienes se encuentran rebeldes y su proceso suspendidos hasta tanto sean habidos».

Finalmente, ambos fueron detenidos el 5 de enero pasado en Asunción, por lo que serán sometidos a juicio, pero los investigadores quieren saber cómo se financiaron durante ese tiempo.

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Un tema central para León XIV: discapacidad tendrá 24% menos fondos en 2027 que en 2023, advirtió Amnistía

La organización sumó la cifra en un mensaje en X, el día en que el Papa visitó el Cottolengo Don Orione, donde dijo que esas vidas “no son un peso para la sociedad”. Un análisis del Presupuesto 2027 ubica a la función discapacidad 24,4% por debajo de 2023.

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El Argentino Diario-El Papa León XIV.
El Papa habló de bendición y el Presupuesto 2027 de Milei deja a discapacidad 24% por debajo de 2023.

Los recursos para las políticas de discapacidad serán en 2027 un 24% inferiores, en términos reales, a los de 2023, advirtió Amnistía Internacional Argentina en el marco de la visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde viven más de 400 personas con discapacidad.

La organización había difundido el 5 de noviembre una carta abierta al Papa, a pocos días de su llegada, y este lunes volvió a poner el foco en la discapacidad con un mensaje en la red social X, donde incluyó la cifra del 24%. En la carta le pidió que, en sus encuentros con las autoridades y con la sociedad, haga un llamado a “garantizar los derechos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad”, proteger el trabajo digno y la justicia social, respetar la libertad de expresión y la protesta pacífica y “rechazar toda forma de violencia, discriminación y exclusión”.

Garantizar derechos no es caridad

Amnistía sostuvo que garantizar los derechos de las personas con discapacidad “no constituye una concesión ni un acto de caridad: es una obligación del Estado”. El texto describió un contexto de “profunda preocupación” por la sostenibilidad de las prestaciones, con demoras en los pagos estatales, dificultades de financiamiento de las instituciones y polémicas por la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Recordó además que la Conferencia Episcopal Argentina ya había advertido sobre la gravedad de la situación.

La organización reconoció los desafíos económicos del país, pero afirmó que “ninguna política económica puede desentenderse de sus consecuencias sobre los derechos humanos”. La carta abarcó también el trabajo (según Amnistía, una de cada cinco personas con empleo vivía en un hogar pobre en el primer semestre de 2026), la reforma laboral, los jubilados, el uso desproporcionado de la fuerza en protestas pacíficas, el hostigamiento a periodistas, la reducción de la edad de imputabilidad penal, los recortes en violencia de género y en la Educación Sexual Integral, y la situación de las personas LGBTI+ y migrantes.

Qué dice el Presupuesto 2027

El Gobierno envió al Congreso el 16 de septiembre el proyecto de Presupuesto 2027, que incluía un capítulo sobre discapacidad: proponía reemplazar el certificado por un criterio de “invalidez laboral” para acceder a las pensiones, volver incompatible la pensión con el empleo formal y eliminar la actualización mensual de los aranceles a los prestadores. En la negociación en Diputados, el oficialismo cedió en buena parte de esos puntos.

Un análisis publicado por la prensa local sobre el proyecto ubicó a la función discapacidad 24,4% por debajo de 2023 (aunque 5,4% por encima de 2026), con las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral 25,3% abajo. La estimación coincide con la advertencia de Amnistía y muestra que la brecha con 2023 sigue abierta.

Una ley que el Gobierno resistió

En agosto de 2025, Javier Milei vetó la ley de emergencia en discapacidad; el Congreso insistió y el Ejecutivo la promulgó, pero suspendió su aplicación. El 22 de octubre, Diputados aprobó una nueva ley con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, tras una negociación en la que el oficialismo aceptó cambios reclamados por la oposición. El Senado firmó dictamen sin modificaciones el miércoles 4 de noviembre y el oficialismo buscará sancionarla en la sesión del 19.

El Cottolengo, entre el embargo y el Papa

El 27 de octubre, el juez federal Juan Pablo Auge, del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N.º 3 de Lomas de Zamora, ordenó embargar $828.708.195 de las cuentas del Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo en insumos y medicamentos de marzo a junio de 2026. Dos días después, fuentes del oficialismo indicaron que se había aprobado el pago.

Ante los residentes, León XIV dijo que “sus vidas no son un peso para la sociedad: son una bendición” y que “el progreso de una nación también se mide por la acogida” que brinda a las personas con discapacidad. El Papa habló de bendición en Claypole y Amnistía le puso cifra a la distancia entre ese mensaje y los recursos que el Estado destina a la discapacidad.

Lo que tenés que saber:

  • Amnistía Internacional advirtió que los recursos para discapacidad serán en 2027 un 24% inferiores, en términos reales, a los de 2023.
  • La organización difundió una carta abierta a León XIV el 5 de noviembre y sumó la cifra en un mensaje en X el día de su visita al Cottolengo.
  • Un análisis del Presupuesto 2027 ubica a la función discapacidad 24,4% por debajo de 2023.
  • Diputados aprobó el 22 de octubre una nueva ley de Discapacidad con 237 votos; el Senado la votaría el 19 de noviembre.
  • León XIV dijo en el Cottolengo que las vidas de las personas con discapacidad “no son un peso para la sociedad”.
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