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Judiciales

A un año de la «boda narco», buscan establecer cómo se financió la pareja mientras estuvo prófuga

Los pesquisas quieren saber cómo se financió el joven acusado de narcotráfico en los últimos dos años, de los cuales uno pasó prófugo junto a su pareja en Paraguay.

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Las pericias de los teléfonos secuestrados a Esteban «Pinky» Rocha y Brisa Leguizamón, la pareja de la «boda narco» que derivó en un triple crimen cometido hace casi un año en Rosario y que fue detenida hace 10 días en Paraguay, son una de las claves para intentar determinar «cómo juntaron la plata para la fiesta y para bancarse un año» prófugos en otro país, dijeron fuentes de la investigación.

Los pesquisas quieren saber cómo se financió el joven acusado de narcotráfico en los últimos dos años, de los cuales uno pasó prófugo junto a su pareja en Paraguay.

«Lo sustancial de Rocha es cómo juntó toda esa plata, desde que lo excarcelaron en diciembre de 2020», sostuvo ante un investigador de la Justicia Federal rosarina, mientras aguarda la extradición desde Paraguay.

Rocha y su esposa Leguizamón fueron arrestados el 5 de enero pasado cuando tomaban cerveza en un bar cercano al complejo Miami Tower de la capital paraguaya, Asunción, donde se alojaban.

Voceros de la causa estimaron, aunque aún no tenían la información oficial, que «el alquiler del departamento sería de unos U$S2.000 por mes».

La pareja se casó el 29 de enero del año pasado en un salón de eventos ubicado en las afueras de la ciudad de Rosario y desde entonces, luego de que a la salida de la fiesta ocurriera un triple crimen, estuvo prófuga.

Requerida por la Justicia Federal argentina en una causa por narcotráfico, que fue a juicio a fines del año pasado, la pareja será sometida a proceso cuando llegue al país, vía extradición.

Pero el fiscal de esa causa, Federico Reynares Solari, ubicó a Rocha y Leguizamón como «eslabones intermedios o bajos» de la cadena de comercialización de drogas por la que fue condenada la jefa de la banda, Olga «Tata» Medina, junto a una decena de acusados.

Según la investigación, Rocha administraba un búnker de venta de estupefacientes al menudeo en la zona sur de Rosario, provisto por Medina -que es de la zona norte- a través de un intermediario de apellido Villalba, también condenado en el juicio que llegó a sentencia en diciembre.

«Pinky» fue excarcelado en esa causa en diciembre de 2020 y recién se volvió a tener noticias suyas el 29 de enero de 2022, cuando tres invitados a su casamiento -una pareja y su pequeña hija- fueron asesinados a tiros a la salida de la fiesta.

«Lo sustancial de Rocha es cómo juntó toda esa plata desde que lo excarcelaron en diciembre de 2020», dijo a esta agencia un investigador del caso, y agregó: «Cómo obtuvo plata para la fiesta y para bancar un año en Paraguay», donde estuvo prófugo junto a Leguizamón.

«Esperamos que de los teléfonos salga algo», se esperanzó el pesquisa.

Voceros de la Justicia Federal local también dijeron que solicitaron los teléfonos celulares de una docena de personas que estaban en Asunción junto a la pareja cuando fue detenida.

Sin embargo, agregaron, «la policía paraguaya se los devolvió a los acompañantes».

Así, los investigadores mantienen sus expectativas en las pericias de los móviles de Rocha y Leguizamón, para ver si allí puede existir algún indicio de las actividades que realizaban en Paraguay.

Consideran que la pareja tenía un estilo de vida difícil de explicar con su participación como eslabones intermedios de una cadena de venta de drogas liderada por una «transera» como la «Tata» Medina.

Es que la pareja celebró su casamiento en enero del año pasado en un coqueto salón de eventos de la afueras de Rosario, llamado «Campos de Ibarlucea», y antes realizó los preparativos de la boda en un lujoso hotel del complejo inmobiliario Puerto Norte, ubicado en la costanera central de Rosario, frente al río Paraná.

La fiesta estuvo animada musicalmente por los cantantes Sergio Torres y Juanjo Piedrabuena, ex vocalista del Grupo Alegría.

Al término de la boda, y cuando ya habían dejado el salón, fueron emboscadas y asesinadas a tiros tres personas: Iván Maximiliano Giménez, su esposa Érica Romero y la hija de ambos, Elena, de un año.

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Los investigadores apuntaron entonces hacia el capo narco rosarino Estaban Alvarado, condenado el año pasado a prisión perpetua por homicidio, lavado de dinero, asociación ilícita y otros delitos.

La teoría de los pesquisas consiste en que Giménez habría perdido un cargamento de drogas o le debía dinero de ese origen a Alvarado.

A la vez, el hombre asesinado se habría volcado hacia la banda rival de Alvarado, el clan Cantero que lidera la organización criminal rosarina conocida como «Los Monos», una manera de buscar «protección» de su antiguo jefe.

La causa por la que serán juzgados Rocha y Leguizamón cuando se complete el trámite de extradición desde Paraguay fue a juicio el año pasado, aunque con el resto de los imputados, ya que ellos estaban prófugos.

El Tribunal Oral Federal Nº1 (TOF1) de Rosario dictó sentencia en diciembre y condenó a la jefa de la organización de la participaba Rocha, Olga Beatriz Medina, a 6 años y 6 meses de prisión.

Como Medina había sido condenada por el TOF 3 de Rosario el 29 de junio de 2020 también por narcotráfico, el tribunal unificó ambas penas en 8 años y 6 meses de prisión.

La sentencia ordenó devolver los elementos secuestrados en la causa «que no guarden relación con el delito», pero aclaró que «a excepción de los que correspondieren a los procedimientos efectuados en el domicilio de Brisa Leguizamón y Esteban Rocha, quienes se encuentran rebeldes y su proceso suspendidos hasta tanto sean habidos».

Finalmente, ambos fueron detenidos el 5 de enero pasado en Asunción, por lo que serán sometidos a juicio, pero los investigadores quieren saber cómo se financiaron durante ese tiempo.

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Argentina

«Nosotros no buscamos ningún show sino que la Corte recupere su independencia»

Así lo dijo el diputado Leopoldo Moreau. Agregó que el oficialismo impulsaría la votación de la admisibilidad del juicio político el próximo jueves 9 de febrero.

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El-Argentino-Corte Suprema

El diputado nacional Leopoldo Moreau afirmó que con el juicio a los cuatro miembros de la Corte Suprema el oficialismo «no busca un show mediático» sino que el tribunal «recupere su independencia», a la vez que estimó que con el avance de la investigación y la presentación de nuevas pruebas se lograrán mayores respaldos a favor del enjuiciamiento.

El legislador del Frente de Todos, que integra la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, analizó en una entrevista con Télam la primera jornada de debate del proceso de enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte, impulsado entre otros por el presidente Alberto Fernández y gobernadores.

La comisión comenzó a sesionar el jueves pasado, en el marco de una reunión en la que los cuestionamientos al desempeño de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti esgrimidos por los diputados del FdT convivieron con una serie de cruces con los legisladores de la oposición, sobre todo de Juntos por el Cambio.

En la entrevista, Moreau anticipó que el oficialismo impulsaría la votación de la admisibilidad del juicio político a los integrantes del tribunal el próximo jueves 9 de febrero, fecha en que podría abrirse la investigación y dar inicio formalmente al proceso.

– ¿Cómo analizó la primera sesión de la comisión de Juicio Político?
– Empezó por el buen camino. Fue una reunión que se desarrolló con total normalidad, donde se aprobó un plan de trabajo que se puso de inmediato en funcionamiento. No ocurrió nada de lo que algunos deseaban. Algunos diputados de Cambiemos ingresaron antes y no se cumplió con lo que decían que iban a hacer, de esperar a que el Frente de Todos juntara quórum. Se convalidó el procedimiento, el reglamento de la cámara y la Constitución. Y se fijaron dos fechas: el jueves 2 se va a escuchar a los denunciantes: son catorce reclamos con sesenta denuncias. Se va a citar a los autores de esos pedidos (de juicio político) para que funden las razones de la presentación y el 9 de febrero se podría votar la admisibilidad, con lo que se inicia así el sumario de investigación.

– ¿Qué opina de la postura de la oposición, que cuestionó el proceso y lo denominó como un «circo político»?
-Nosotros estamos concentrados en tratar de avanzar con tranquilidad y con seriedad, en reunir los elementos para que cuando llegue el momento de admisibilidad las razones sean contundentes y abrir el sumario contra los integrantes del máximo tribunal.

Los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia sobre los que pesa el pedido de juicio poltico Foto Archivo
Los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia sobre los que pesa el pedido de juicio político / Foto: Archivo.

– ¿Usted cree que la acusación de mal desempeño les cabe a todos los integrantes de la Corte?
– Eso se va a ir dando en el marco de la investigación. Nosotros no estamos juzgando ni investigando a la Corte como institución. Por el contrario, estamos tratando de proteger su independencia. Esa instancia surgirá de la etapa probatoria.

– ¿La comisión tiene previsto citar a Horacio Rodríguez Larreta, cuyo funcionario participaba de chats que hacían referencia a la relación de la justicia con la política?
– No tenemos definido a quiénes vamos a llamar. No buscamos un show con esto sino que la sociedad se asome, mire y entienda cómo funciona la Corte Suprema, y la gravedad institucional de ese accionar.

– ¿Cómo cree que la oposición va a justificar su rechazo a este proceso teniendo en cuenta que ellos mismos -a través de la Coalición Cívica- presentaron un pedido de enjuiciamiento al juez Ricardo Lorenzetti?
– Habrá que ver cómo lo resuelven al interior de Juntos por el Cambio. Ellos, efectivamente, formularon un pedido de juicio político a Lorenzetti, uno de los integrantes del actual tribunal. Nosotros estamos concentrados en el desarrollo de nuestra línea argumental y en tratar de demostrar con fundamentos sólidos que, efectivamente, ha habido mal desempeño. Hay que hacerlo de cara a la sociedad. De todos modos, no es un tema que tenga que resolverse solo en el Congreso. Unas de las virtudes de este juicio político es que se asoma a un poder que de alguna manera se mueve en el anonimato: contribuirá a sacar a la superficie cómo funciona y el impacto de ese accionar en la sociedad.

– ¿Cree que a medida que avance la investigación y se conozcan en profundidad las causales de mal desempeño, el oficialismo logrará mayores respaldos?
– Por lo pronto, está provocándose y saliendo a la luz respaldos de distintos sectores de la sociedad, como diferentes gremios, asociaciones de pequeñas empresas que se contraponen a las empresas del ‘Círculo Rojo’ que defendieron a ‘su’ Corte Suprema. Hay respaldos de organizaciones sociales, de derechos humanos, centros de estudiantes, etcétera. Creemos que estos respaldos van a ir creciendo a medida que el juicio político vaya avanzando y con la contundencia de las pruebas.

– ¿Hay algún plazo que se hayan fijado en el oficialismo para la investigación?
– No nos hemos puesto ningún plazo. Por el momento solo hemos establecido un plan de trabajo para las próximas semanas, que ya está en marcha.

– ¿Hay algún paralelismo con el proceso que inició en 2003 Néstor Kirchner, cuando impulsó el enjuiciamiento de la denominada ‘mayoría automática’ de la Corte Suprema que funcionaba durante el menemismo?
– Nosotros no lo comparamos con ningún episodio de juicio político. Pero hay un rasgo común y es que el cuestionamiento abarca a la totalidad de los miembros de la Corte y en un (determinado) contexto histórico.

– ¿Cuáles serán las principales causales de mal desempeño que el oficialismo pondrá sobre la mesa a la hora de avanzar en la investigación?
– Las principales causales son cuatro: el fallo vinculado a la coparticipación porteña; la declaración de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura (por la ley 26080 del año 2006, que había reducido de 20 a 13 el número de miembros del organismo, NdR); el accionar de la Corte en el caso del ‘2×1’ para delitos de lesa humanidad y las denuncias de irregularidades de la obra social judicial. Son fallos que en general afectaron al estado de Derecho, con los que se pretende pasar por encima de las facultades de los otros poderes del Estado. Es un accionar que constituye un ataque al equilibrio republicano.

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