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Judiciales ⚖️

A un año de la «boda narco», buscan establecer cómo se financió la pareja mientras estuvo prófuga

Los pesquisas quieren saber cómo se financió el joven acusado de narcotráfico en los últimos dos años, de los cuales uno pasó prófugo junto a su pareja en Paraguay.

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Las pericias de los teléfonos secuestrados a Esteban «Pinky» Rocha y Brisa Leguizamón, la pareja de la «boda narco» que derivó en un triple crimen cometido hace casi un año en Rosario y que fue detenida hace 10 días en Paraguay, son una de las claves para intentar determinar «cómo juntaron la plata para la fiesta y para bancarse un año» prófugos en otro país, dijeron fuentes de la investigación.

Los pesquisas quieren saber cómo se financió el joven acusado de narcotráfico en los últimos dos años, de los cuales uno pasó prófugo junto a su pareja en Paraguay.

«Lo sustancial de Rocha es cómo juntó toda esa plata, desde que lo excarcelaron en diciembre de 2020», sostuvo ante un investigador de la Justicia Federal rosarina, mientras aguarda la extradición desde Paraguay.

Rocha y su esposa Leguizamón fueron arrestados el 5 de enero pasado cuando tomaban cerveza en un bar cercano al complejo Miami Tower de la capital paraguaya, Asunción, donde se alojaban.

Voceros de la causa estimaron, aunque aún no tenían la información oficial, que «el alquiler del departamento sería de unos U$S2.000 por mes».

La pareja se casó el 29 de enero del año pasado en un salón de eventos ubicado en las afueras de la ciudad de Rosario y desde entonces, luego de que a la salida de la fiesta ocurriera un triple crimen, estuvo prófuga.

Requerida por la Justicia Federal argentina en una causa por narcotráfico, que fue a juicio a fines del año pasado, la pareja será sometida a proceso cuando llegue al país, vía extradición.

Pero el fiscal de esa causa, Federico Reynares Solari, ubicó a Rocha y Leguizamón como «eslabones intermedios o bajos» de la cadena de comercialización de drogas por la que fue condenada la jefa de la banda, Olga «Tata» Medina, junto a una decena de acusados.

Según la investigación, Rocha administraba un búnker de venta de estupefacientes al menudeo en la zona sur de Rosario, provisto por Medina -que es de la zona norte- a través de un intermediario de apellido Villalba, también condenado en el juicio que llegó a sentencia en diciembre.

«Pinky» fue excarcelado en esa causa en diciembre de 2020 y recién se volvió a tener noticias suyas el 29 de enero de 2022, cuando tres invitados a su casamiento -una pareja y su pequeña hija- fueron asesinados a tiros a la salida de la fiesta.

«Lo sustancial de Rocha es cómo juntó toda esa plata desde que lo excarcelaron en diciembre de 2020», dijo a esta agencia un investigador del caso, y agregó: «Cómo obtuvo plata para la fiesta y para bancar un año en Paraguay», donde estuvo prófugo junto a Leguizamón.

«Esperamos que de los teléfonos salga algo», se esperanzó el pesquisa.

Voceros de la Justicia Federal local también dijeron que solicitaron los teléfonos celulares de una docena de personas que estaban en Asunción junto a la pareja cuando fue detenida.

Sin embargo, agregaron, «la policía paraguaya se los devolvió a los acompañantes».

Así, los investigadores mantienen sus expectativas en las pericias de los móviles de Rocha y Leguizamón, para ver si allí puede existir algún indicio de las actividades que realizaban en Paraguay.

Consideran que la pareja tenía un estilo de vida difícil de explicar con su participación como eslabones intermedios de una cadena de venta de drogas liderada por una «transera» como la «Tata» Medina.

Es que la pareja celebró su casamiento en enero del año pasado en un coqueto salón de eventos de la afueras de Rosario, llamado «Campos de Ibarlucea», y antes realizó los preparativos de la boda en un lujoso hotel del complejo inmobiliario Puerto Norte, ubicado en la costanera central de Rosario, frente al río Paraná.

La fiesta estuvo animada musicalmente por los cantantes Sergio Torres y Juanjo Piedrabuena, ex vocalista del Grupo Alegría.

Al término de la boda, y cuando ya habían dejado el salón, fueron emboscadas y asesinadas a tiros tres personas: Iván Maximiliano Giménez, su esposa Érica Romero y la hija de ambos, Elena, de un año.

Los investigadores apuntaron entonces hacia el capo narco rosarino Estaban Alvarado, condenado el año pasado a prisión perpetua por homicidio, lavado de dinero, asociación ilícita y otros delitos.

La teoría de los pesquisas consiste en que Giménez habría perdido un cargamento de drogas o le debía dinero de ese origen a Alvarado.

A la vez, el hombre asesinado se habría volcado hacia la banda rival de Alvarado, el clan Cantero que lidera la organización criminal rosarina conocida como «Los Monos», una manera de buscar «protección» de su antiguo jefe.

La causa por la que serán juzgados Rocha y Leguizamón cuando se complete el trámite de extradición desde Paraguay fue a juicio el año pasado, aunque con el resto de los imputados, ya que ellos estaban prófugos.

El Tribunal Oral Federal Nº1 (TOF1) de Rosario dictó sentencia en diciembre y condenó a la jefa de la organización de la participaba Rocha, Olga Beatriz Medina, a 6 años y 6 meses de prisión.

Como Medina había sido condenada por el TOF 3 de Rosario el 29 de junio de 2020 también por narcotráfico, el tribunal unificó ambas penas en 8 años y 6 meses de prisión.

La sentencia ordenó devolver los elementos secuestrados en la causa «que no guarden relación con el delito», pero aclaró que «a excepción de los que correspondieren a los procedimientos efectuados en el domicilio de Brisa Leguizamón y Esteban Rocha, quienes se encuentran rebeldes y su proceso suspendidos hasta tanto sean habidos».

Finalmente, ambos fueron detenidos el 5 de enero pasado en Asunción, por lo que serán sometidos a juicio, pero los investigadores quieren saber cómo se financiaron durante ese tiempo.

CABA

Violento choque en el centro porteño: investigan si un móvil policial cruzó en rojo

Un patrullero y un auto colisionaron en Corrientes y Callao: hay al menos siete heridos y crecen los interrogantes sobre la maniobra policial.

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Choque en una esquina clave: dudas sobre el accionar de la Policía de la Ciudad

Un violento choque entre un móvil de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y un auto particular dejó al menos siete personas heridas en la intersección de Avenida Corrientes y Avenida Callao, uno de los puntos más transitados del centro porteño. El impacto provocó el vuelco del patrullero, que quedó lateralizado sobre el asfalto, mientras que el otro vehículo terminó con severos daños.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en el barrio de San Nicolás. Según las primeras reconstrucciones, el móvil policial habría cruzado el semáforo en rojo, aunque aún no se determinó si lo hizo en el marco de una emergencia ni si llevaba las señales lumínicas y sonoras activadas.

Un impacto que expuso fallas y riesgos

El auto involucrado, un Audi, recibió el impacto de lleno y terminó detenido a contramano. La violencia del choque también alcanzó a una moto estacionada, que fue derribada por la inercia.

En cuestión de minutos, personal del SAME llegó al lugar y asistió a las víctimas. Confirmó que al menos siete personas resultaron heridas, aunque no trascendió el detalle de las lesiones ni la cantidad de traslados a hospitales.

Pericias y responsabilidades

Las pericias intentarán establecer la mecánica del hecho y, sobre todo, si el accionar del patrullero se ajustó a los protocolos vigentes. En ese punto, la posible circulación sin advertencias sonoras o el cruce indebido del semáforo aparecen como elementos clave.

  • Se analizarán cámaras de seguridad de la zona.
  • Se evaluará la activación de sirenas y balizas.
  • Se tomarán testimonios de testigos y conductores.

Tránsito alterado en el corazón de la Ciudad

El siniestro obligó a desviar el tránsito en una zona neurálgica, con demoras que se extendieron durante varias horas. La escena —vehículos destrozados, un patrullero volcado y peritos trabajando— volvió a poner en discusión los criterios de circulación de los móviles oficiales en áreas de alta densidad vehicular.

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