DDHH
Caamaño y Organismos de DDHH destacaron la apertura de información de la exSide para juicios de lesa humanidad
«Uno de los mandatos del presidente Alberto Fernández fue aportar toda la información disponible al proceso de Memoria, Verdad y Justicia».
Por Silvina Caputo.
La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y organismos de derechos humanos coincidieron en destacar la importancia de conocer el rol que tuvieron los servicios de inteligencia durante la dictadura cívico militar, al celebrar la aprobación de una Guía de Requerimiento de Información a la exSide, destinada a colaborar en los juicios por delitos de lesa humanidad.
Caamaño dijo que «uno de los mandatos del presidente Alberto Fernández -al momento de la intervención de la AFI- fue aportar toda la información disponible al proceso de Memoria, Verdad y Justicia».
«Sanear los sótanos de la democracia no solamente implicaba detener las prácticas ilegales que se cometieron recientemente, sino también avanzar en reconstruir (cómo fue) el rol de los servicios de inteligencia en el plan sistemático de secuestro, tortura, desaparición y robo de identidades de niños y niñas nacidas en cautiverio», remarcó la funcionaria.
En este punto, añadió que «sabemos que los procesos judiciales por estos delitos suelen encontrarse con un agujero negro cuando aparecen exagentes de inteligencia».
La «Guía de requerimientos del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal sobre el Fondo Documental Ex-SIDE» -publicada el viernes en el Boletín Oficial- «busca tender un puente con los y las operadores del servicio de administración de justicia para facilitar los requerimientos que llegan semanalmente y que nuestro equipo especializado responde», amplió Caamaño.
«No solamente cuenta con el aporte de nuestra gente, sino que lo pusimos en consideración de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de organismos de derechos humanos, quienes cumplen un rol fundamental en las causas por delitos relacionados con el terrorismo de Estado», dijo Caamaño sobre la guía.
La interventora de la AFI recordó que los expresidentes «Néstor Kirchner y Cristina Fernández dejaron como legado reformas profundas en materia de control civil de las Fuerzas Armadas y fuerzas de Seguridad federales» y que «Alberto Fernández vino a completar la tarea con el saneamiento de los sótanos de la democracia, encarnados en los servicios de inteligencia».
Caamaño explicó que «esta Guía es producto del trabajo sobre los archivos producidos por la Ex-SIDE durante el terrorismo de Estado, que iniciamos apenas asumimos la Intervención dispuesta por el presidente de la Nación, Alberto Fernández».
«Básicamente, nos dimos cuenta de que los juzgados federales y los tribunales orales que nos solicitaban información para los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad no contaban con la información sobre qué tipo de documentación y qué criterios de búsqueda tenemos disponibles para hacer más eficientes los pedidos y las respuestas», aseveró la funcionaria.
Del mismo modo, la confección de esta Guía fue celebrada por organismos de derechos humanos que participan de la «Mesa Conjunta sobre Documentación de Inteligencia vinculada a las violaciones a los Derechos Humanos» como la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Su presidente, José Schulman, dijo que «la intervención de la AFI ha sido sin duda el aporte más importante del gobierno del presidente Alberto Fernández a la lucha contra los sótanos y las cloacas de la democracia».
«La intervención de Caamaño ha interrumpido una serie de lógicas perversas de espionaje y persecución y también puso sobre la luz algunos de los archivos que se recuperaron. Una pequeñísima parte de lo que la AFI recolectó durante décadas pero esa pequeña parte no solo es ilustrativa de lo que había sino de una importancia colosal», añadió.
En este punto, Schulman recordó que «en diciembre del 2020 el Presidente y la interventora entregaron a cada organismo un fondo de documentos. Nosotros por ser una institución que viene de 1937 teníamos un fondo de documentos muy amplio, una enorme cantidad de documentos que nos fueron devueltos».
«Eran documentos que la agencia había recolectado de la actividad de la liga por años. Luego se hicieron reuniones de las que participamos y se acordó una utilización eficaz de la documentación que aparece para aportar como prueba en las causas de juicios e investigaciones por los crímenes de genocidio que creemos que pueden ser muy importantes», indicó.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Sol Hourcade, quien coordina el área de Memoria, Verdad y Justicia, dijo a esta agencia que «esta guía es una herramienta que avanza en el sentido de una mayor accesibilidad a los archivos de inteligencia del Estado argentino».
«A lo largo del desarrollo del proceso de Memoria, Verdad y Justicia hemos podido verificar el rol de la inteligencia en la represión. Comprobamos el rol central que tuvo la exSIDE -que desde 1975 había quedado bajo el control operacional del Ejército- que actuó en conjunto con las Fuerzas Armadas y de seguridad en la persecución a opositores políticos, y a la población civil en general, fuera y dentro de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio», precisó.
Además, agregó que «la SIDE, por ejemplo, estuvo a cargo del centro clandestino conocido como Automotores Orletti y ya hubo varios juicios en los cuales se investigaron a algunos de sus agentes orgánicos e inorgánicos.
Hourcade señaló que desde el Cels esperan que «el acceso al archivo pueda aportar información significativa a lo que ya se ha logrado saber a partir de testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes nunca dejaron de es y de buscar información».
En esta guía se presentan «recomendaciones generales y específicas» sobre el modo en que se debe solicitar la información a la AFI. Entre las recomendaciones generales consta «realizar los pedidos de la manera más detallada posible, aportar información de contexto, y de ser posible incluir información sobre el objeto procesal de la causa, ya que permitiría realizar búsquedas más amplias y exhaustivas».
Entre las recomendaciones específicas se detallan cuestiones vinculadas a «los imputados, y a las víctimas así como a organizaciones y otras personas físicas».
Las recomendaciones se elaboraron en virtud «de un relevamiento efectuado sobre los oficios contestados durante los años 2020 y 2021 donde se detectaron algunas dificultades a la hora de abordar los requerimientos», según detalla la normativa publicada en el Boletín Oficial.
Por otra parte, la resolución indica que la documentación relevada hasta el momento posee información proveniente de distintas áreas de la AFI, y abarca el periodo 1940-1985.
DDHH
Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado
El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.
Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.
El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.
Qué dio por probado la Corte
El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.
Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.
Lo que deberá hacer Myanmar
La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.
Un techo que se rompió
El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.
El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.
El capítulo argentino
La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.
Lo que tenés que saber
- La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
- Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
- Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
- Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
- En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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