Por Silvina Caputo.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y organismos de derechos humanos coincidieron en destacar la importancia de conocer el rol que tuvieron los servicios de inteligencia durante la dictadura cívico militar, al celebrar la aprobación de una Guía de Requerimiento de Información a la exSide, destinada a colaborar en los juicios por delitos de lesa humanidad.

Caamaño dijo que «uno de los mandatos del presidente Alberto Fernández -al momento de la intervención de la AFI- fue aportar toda la información disponible al proceso de Memoria, Verdad y Justicia».

«Sanear los sótanos de la democracia no solamente implicaba detener las prácticas ilegales que se cometieron recientemente, sino también avanzar en reconstruir (cómo fue) el rol de los servicios de inteligencia en el plan sistemático de secuestro, tortura, desaparición y robo de identidades de niños y niñas nacidas en cautiverio», remarcó la funcionaria.

En este punto, añadió que «sabemos que los procesos judiciales por estos delitos suelen encontrarse con un agujero negro cuando aparecen exagentes de inteligencia».

La «Guía de requerimientos del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal sobre el Fondo Documental Ex-SIDE» -publicada el viernes en el Boletín Oficial- «busca tender un puente con los y las operadores del servicio de administración de justicia para facilitar los requerimientos que llegan semanalmente y que nuestro equipo especializado responde», amplió Caamaño.

«No solamente cuenta con el aporte de nuestra gente, sino que lo pusimos en consideración de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de organismos de derechos humanos, quienes cumplen un rol fundamental en las causas por delitos relacionados con el terrorismo de Estado», dijo Caamaño sobre la guía.

La interventora de la AFI recordó que los expresidentes «Néstor Kirchner y Cristina Fernández dejaron como legado reformas profundas en materia de control civil de las Fuerzas Armadas y fuerzas de Seguridad federales» y que «Alberto Fernández vino a completar la tarea con el saneamiento de los sótanos de la democracia, encarnados en los servicios de inteligencia».

Caamaño explicó que «esta Guía es producto del trabajo sobre los archivos producidos por la Ex-SIDE durante el terrorismo de Estado, que iniciamos apenas asumimos la Intervención dispuesta por el presidente de la Nación, Alberto Fernández».

«Básicamente, nos dimos cuenta de que los juzgados federales y los tribunales orales que nos solicitaban información para los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad no contaban con la información sobre qué tipo de documentación y qué criterios de búsqueda tenemos disponibles para hacer más eficientes los pedidos y las respuestas», aseveró la funcionaria.

Del mismo modo, la confección de esta Guía fue celebrada por organismos de derechos humanos que participan de la «Mesa Conjunta sobre Documentación de Inteligencia vinculada a las violaciones a los Derechos Humanos» como la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

Su presidente, José Schulman, dijo que «la intervención de la AFI ha sido sin duda el aporte más importante del gobierno del presidente Alberto Fernández a la lucha contra los sótanos y las cloacas de la democracia».

«La intervención de Caamaño ha interrumpido una serie de lógicas perversas de espionaje y persecución y también puso sobre la luz algunos de los archivos que se recuperaron. Una pequeñísima parte de lo que la AFI recolectó durante décadas pero esa pequeña parte no solo es ilustrativa de lo que había sino de una importancia colosal», añadió.

En este punto, Schulman recordó que «en diciembre del 2020 el Presidente y la interventora entregaron a cada organismo un fondo de documentos. Nosotros por ser una institución que viene de 1937 teníamos un fondo de documentos muy amplio, una enorme cantidad de documentos que nos fueron devueltos».

«Eran documentos que la agencia había recolectado de la actividad de la liga por años. Luego se hicieron reuniones de las que participamos y se acordó una utilización eficaz de la documentación que aparece para aportar como prueba en las causas de juicios e investigaciones por los crímenes de genocidio que creemos que pueden ser muy importantes», indicó.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Sol Hourcade, quien coordina el área de Memoria, Verdad y Justicia, dijo a esta agencia que «esta guía es una herramienta que avanza en el sentido de una mayor accesibilidad a los archivos de inteligencia del Estado argentino».

«A lo largo del desarrollo del proceso de Memoria, Verdad y Justicia hemos podido verificar el rol de la inteligencia en la represión. Comprobamos el rol central que tuvo la exSIDE -que desde 1975 había quedado bajo el control operacional del Ejército- que actuó en conjunto con las Fuerzas Armadas y de seguridad en la persecución a opositores políticos, y a la población civil en general, fuera y dentro de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio», precisó.

Además, agregó que «la SIDE, por ejemplo, estuvo a cargo del centro clandestino conocido como Automotores Orletti y ya hubo varios juicios en los cuales se investigaron a algunos de sus agentes orgánicos e inorgánicos.

Hourcade señaló que desde el Cels esperan que «el acceso al archivo pueda aportar información significativa a lo que ya se ha logrado saber a partir de testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes nunca dejaron de es y de buscar información».

En esta guía se presentan «recomendaciones generales y específicas» sobre el modo en que se debe solicitar la información a la AFI. Entre las recomendaciones generales consta «realizar los pedidos de la manera más detallada posible, aportar información de contexto, y de ser posible incluir información sobre el objeto procesal de la causa, ya que permitiría realizar búsquedas más amplias y exhaustivas».

Entre las recomendaciones específicas se detallan cuestiones vinculadas a «los imputados, y a las víctimas así como a organizaciones y otras personas físicas».

Las recomendaciones se elaboraron en virtud «de un relevamiento efectuado sobre los oficios contestados durante los años 2020 y 2021 donde se detectaron algunas dificultades a la hora de abordar los requerimientos», según detalla la normativa publicada en el Boletín Oficial.

Por otra parte, la resolución indica que la documentación relevada hasta el momento posee información proveniente de distintas áreas de la AFI, y abarca el periodo 1940-1985.