Cinco de los seis efectivos de la Policía bonaerense serán sometido a juicio oral y público, en fecha aún a determinar en los Tribunales de Mar del Plata, por el caso de gatillo fácil en el que ejecutaron de un balazo al chico Luciano Olivera, de 16 años, durante una irregular persecución por las calles de Miramar en la madrugada del 10 de diciembre de 2021.

Por este recordado episodio de violencia institucional, que derivó en una pueblada, el principal acusado como autor material del crimen del adolescente es el oficial Maximiliano González, mientras que sus compañeros de la fuerza están imputados por “encubrimiento agravado”, entre otros delitos,  el inspector Nelson Albornoz, los sargentos Rocío Mastrángelo y Kevin Guerricagoitia y el agente Alejandro Cepeda.

Según la resolución del titular del Juzgado de Garantías Nro. 5 de Mar del Plata, Gabriel Bombini, ante el pedido de la fiscal Ana María Caro, solo quedó excluida del juicio, la oficial María Estela Mendoza, que fue investigada por “incumplimiento de deberes de funcionario público” ante la demora en notificar del hecho.

Tal el requerimiento de la Fiscalía, el oficial González (de 26 años, el único procesado con prisión preventiva y alojado en la cárcel de Batán) afrontará los cargos de “homicidio triplemente agravado por alevosía, por haber sido cometido por un miembro de fuerza de seguridad y mediante el empleo de arma de fuego”, que prevé una pena de prisión perpetua.

De acuerdo a la investigación del caso, asesinó de un tiro en el pecho a Luciano Olivera, tras interceptarlo con el patrullero en el que se desplazaba, cuando el chico volvía en su moto a su casa por el centro de Miramar, tras haber jugado un partido con los amigos.

En tanto, el inspector Nelson Armando Albornoz y los sargentos Rocío Mastrángelo y Kevin Guerricagoitia acusados por “encubrimiento doblemente agravado y falso testimonio”. Y el quinto policía que irá a juicio será el efectivo del Comando de Patrullas Alejandro Cepeda, imputado en el tramo final de la investigación, por “encubrimiento doblemente agravado”, por su presunta colaboración con el principal acusado del asesinato al permitirle el uso del teléfono celular y entregárselo luego a la familia.

En tanto, el juez Bombini dispuso además el sobreseimiento de la oficial María Estela Mendoza, imputada por “incumplimiento de deberes de funcionario público” por presuntas demoras en la notificación del hecho a a la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de Miramar, donde quedó radicada la investigación. No obstante, el abogado Gregorio Dalbón, representante de la madre de la víctima, Judith Aristegui, adelantó que apelará esta medida que benefició a esta mujer policía.