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Tentativa de lesbicidio en Cañuelas: el juicio será por jurados

El juicio podría celebrarse a fin de año o a principios del año que viene.

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El caso del ataque lesbofóbico contra Agui y Vane en Cañuelas avanza hacia la instancia oral. El imputado, Orlando Alcides Lutz Fogar, está acusado de «tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido por odio hacia la orientación sexual» y eligió ser juzgado por jurados populares en lugar de por un tribunal técnico. El juicio podría celebrarse a fin de año o a principios del año que viene.

Lutz Fogar prendió fuego la casa que Agui y Vane compartían en Cañuelas desde 2021 con su hija de 5 años. Como ninguna de las dos estaba en el hogar en ese momento, debido al miedo generado por ataques previos del mismo vecino, se salvaron del incendio.

Doce personas comunes decidirán el veredicto

La abogada querellante Samanta Pedrozo, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), explicó que «son 12 personas que van a decidir si el imputado es culpable o no culpable» y que, si resulta culpable, recién entonces el juez técnico determina la pena.

Los jueces Emir Alfredo Caputo Tártara y Carolina Crispiani del Tribunal en lo Criminal N°4 de La Plata llevan el proceso judicial. Será Crispiani quien dirija el juicio por jurados.

Pedrozo destacó que en casos de violencia machista la defensa suele «discutir subjetivamente y no por la prueba» y por eso se opta con frecuencia por el juicio por jurados, pensando que «la gente come vidrio». Sin embargo, advirtió que «la estadística dice lo contrario».

El abogado defensor es Gastón Francone, a quien Pedrozo define como «muy mediático» por sus apariciones en LN+ y con «un perfil muy alto y muy marcado». Según la querellante, su estrategia apuntará al contexto social y buscará «traer la batalla cultural al sistema judicial».

Las diferencias con el triple lesbicidio de Barracas

Las diferencias con el juicio por el triple lesbicidio en Barracas son cuatro: la jurisdicción, la defensa del acusado, la forma de juicio y los antecedentes. El asesinato de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante quedó en la órbita de la Justicia nacional con un sistema «inquisitorio mixto», mientras que la causa de Agui y Vane corresponde a la Justicia bonaerense con un sistema «acusatorio adversarial».

Justo Fernando Barrientos, el imputado por el triple lesbicidio, nunca contrató un defensor particular y será juzgado por jueces técnicos. Lutz Fogar, en cambio, cuenta con representación privada y buscará apelar a la subjetividad del jurado.

Por una cuestión de tiempos, el juicio por la tentativa de lesbicidio en Cañuelas contará con la sentencia del caso Barracas como antecedente. Si Lutz Fogar es declarado culpable, sería el primer antecedente jurídico de este tipo para la comunidad LGTB en nuestro país.

Femicidio

Cuatro femicidios en un día: el horror que no paró mientras Argentina miraba la final

Mientras millones de argentinos seguían la final del Mundial 2026, cuatro mujeres fueron asesinadas en Córdoba, Rosario, Catamarca y Misiones. Sus nombres son Rocío Gómez, Lara Caraballo, Norma Tula y Sandra Beatriz Bilau. El observatorio «Ahora que sí nos ven» encendió la alarma: en la mayoría de los casos, los asesinos eran parejas o exparejas con antecedentes de violencia.

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El domingo pasado quedará marcado en la historia argentina por dos razones irreconciliables: la final del Mundial de fútbol y cuatro femicidios consumados en menos de 24 horas. La organización feminista «Ahora que sí nos ven» fue la que puso en palabras lo que los grandes titulares omitieron: mientras el país festejaba o lloraba en las calles, cuatro mujeres eran asesinadas por hombres que les eran cercanos, en sus hogares, sin que el Estado hubiera podido o querido detenerlo a tiempo.

No se trata de confrontar una tragedia colectiva con otra. Se trata de entender que la violencia de género no hace tregua, no reconoce fines de semana ni grandes eventos, no espera a que el país tenga la cabeza libre. Ocurre en el hogar, a manos de conocidos, con antecedentes previos que el sistema judicial y las fuerzas de seguridad muchas veces ignoraron o minimizaron. Ese es el patrón que se repitió, una vez más, en cada uno de estos cuatro crímenes.

Rocío Gómez: la condena previa que no alcanzó

Rocío Belén Gómez tenía 27 años y era madre de tres hijas. Vivía en Santa María de Punilla, Córdoba. El domingo a la noche se reunió con su expareja, Maximiliano Braudaco, de 40 años, para ver juntos la final del Mundial. Lo que comenzó como un encuentro terminó en un ataque con arma blanca. Braudaco la apuñaló repetidas veces mientras familiares intentaban intervenir para detenerlo. Fue detenido pocas cuadras del lugar, alcoholizado, y admitió el crimen ante los vecinos.

El dato que más indignó a quienes reclaman justicia es que Braudaco había sido condenado en 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje a dos años y seis meses de prisión condicional, por los delitos de coacción y daño calificado contra la misma víctima.

La sentencia incluía medidas de restricción que el agresor incumplió sistemáticamente; familiares de Rocío declararon que continuaba acercándose a su domicilio pese a las disposiciones judiciales. La causa quedó bajo la responsabilidad de la fiscal Silvana Pen, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.

Lara Caraballo: un disparo en la casa del novio

Lara Valentina Caraballo tenía 20 años. Murió en la madrugada del domingo en una vivienda del barrio Ludueña Norte, Rosario, de un disparo en el rostro que le provocó la muerte instantánea. Su novio, Axel A., de la misma edad, abandonó el lugar en bicicleta llevándose el arma, que no estaba registrada a su nombre. Se entregó horas después en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) acompañado por su abogado, y alegó que el disparo «se le escapó».

La causa quedó a cargo de la Brigada de Femicidios de la PDI y de la fiscal Noelia Navone, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL). Se evalúa imputarlo por femicidio y portación ilegal de arma de fuego. La Justicia avanza en la reconstrucción del vínculo de pareja para determinar si existían antecedentes de violencia.

Norma Tula: más de 60 puñaladas en Catamarca

Norma Varela Tula tenía 61 años. Fue hallada muerta en su domicilio del barrio La Chacarita, en la ciudad de Catamarca, cuando su sobrina llegó a visitarla y encontró el cuerpo. La autopsia confirmó que presentaba más de 60 puñaladas; la causa de muerte fue un shock hipovolémico. Su hijo, de 22 años, fue detenido tras ser visto saliendo corriendo de la casa momentos antes. El hombre, que tiene antecedentes de violencia familiar, está detenido. La investigación está a cargo de la fiscal Yésica Miranda.

Sandra Beatriz Bilau: su hija de 17 años encontró el cuerpo

Sandra Beatriz Bilau tenía 40 años. Fue asesinada a escopetazos en su vivienda del paraje 20 de Junio, en Piñalito Norte, Misiones. Cerca de las 20 del domingo, su hija Leila, de 17 años, regresó al hogar y encontró a su madre tendida sobre una cama, sin signos vitales y con heridas sangrantes. Dio aviso a la Policía de inmediato. Al inspeccionar el predio, los efectivos hallaron en un galpón el cuerpo de Edgardo Luis Schott, de 45 años, pareja de Sandra y padre de la joven, colgado de una soga. Las pericias secuestraron una escopeta y dos vainas servidas. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú. Con este crimen, ya son cinco los femicidios registrados en Misiones en lo que va de 2026.

El patrón que no cambia: la violencia ocurre en el hogar

Los cuatro casos tienen un denominador común que los datos confirman desde hace años: la violencia de género es, en su enorme mayoría, doméstica e intrafamiliar. Según datos del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, entre el 65% y el 70% de los femicidios son perpetrados por parejas o exparejas, y en la mayoría de los casos ocurren dentro de la vivienda de la víctima. El 17% de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa; en el caso de Rocío Gómez, esa denuncia incluso llegó a una condena que el agresor ignoró con total impunidad.

La organización «Ahora que sí nos ven» fue la encargada de visibilizar estos cuatro crímenes mientras la agenda mediática estaba monopolizada por el resultado futbolístico. Su mensaje fue claro: nombrarlas no es «mezclar» una noticia con otra, sino reconocer que hay realidades que no se detienen cuando el mundo mira hacia otro lado. Rocío Gómez. Lara Caraballo. Norma Tula. Sandra Beatriz Bilau. Sus nombres merecen ser recordados.

Una crisis de respuestas, no de denuncias

El caso de Rocío Gómez ilustra con brutalidad la falla sistémica: había condena, había restricciones, había una familia que alertaba sobre el incumplimiento. Y sin embargo el femicida tuvo acceso a su víctima. La pregunta que el Estado argentino no logra responder es cómo se garantiza la protección efectiva cuando el agresor ya fue identificado y juzgado. La respuesta, por ahora, es que no se garantiza.

Mientras el Gobierno de Javier Milei avanza en el desmantelamiento de programas de asistencia a víctimas de violencia de género y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich celebra estadísticas que los observatorios independientes cuestionan, cuatro mujeres más quedaron fuera de cualquier estadística de recuperación posible. Para ellas, el Estado llegó demasiado tarde, o no llegó.

Si estás en una situación de violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita y las 24 horas al 144.

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