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Tentativa de lesbicidio en Cañuelas: el juicio será por jurados

El juicio podría celebrarse a fin de año o a principios del año que viene.

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El caso del ataque lesbofóbico contra Agui y Vane en Cañuelas avanza hacia la instancia oral. El imputado, Orlando Alcides Lutz Fogar, está acusado de «tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido por odio hacia la orientación sexual» y eligió ser juzgado por jurados populares en lugar de por un tribunal técnico. El juicio podría celebrarse a fin de año o a principios del año que viene.

Lutz Fogar prendió fuego la casa que Agui y Vane compartían en Cañuelas desde 2021 con su hija de 5 años. Como ninguna de las dos estaba en el hogar en ese momento, debido al miedo generado por ataques previos del mismo vecino, se salvaron del incendio.

Doce personas comunes decidirán el veredicto

La abogada querellante Samanta Pedrozo, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), explicó que «son 12 personas que van a decidir si el imputado es culpable o no culpable» y que, si resulta culpable, recién entonces el juez técnico determina la pena.

Los jueces Emir Alfredo Caputo Tártara y Carolina Crispiani del Tribunal en lo Criminal N°4 de La Plata llevan el proceso judicial. Será Crispiani quien dirija el juicio por jurados.

Pedrozo destacó que en casos de violencia machista la defensa suele «discutir subjetivamente y no por la prueba» y por eso se opta con frecuencia por el juicio por jurados, pensando que «la gente come vidrio». Sin embargo, advirtió que «la estadística dice lo contrario».

El abogado defensor es Gastón Francone, a quien Pedrozo define como «muy mediático» por sus apariciones en LN+ y con «un perfil muy alto y muy marcado». Según la querellante, su estrategia apuntará al contexto social y buscará «traer la batalla cultural al sistema judicial».

Las diferencias con el triple lesbicidio de Barracas

Las diferencias con el juicio por el triple lesbicidio en Barracas son cuatro: la jurisdicción, la defensa del acusado, la forma de juicio y los antecedentes. El asesinato de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante quedó en la órbita de la Justicia nacional con un sistema «inquisitorio mixto», mientras que la causa de Agui y Vane corresponde a la Justicia bonaerense con un sistema «acusatorio adversarial».

Justo Fernando Barrientos, el imputado por el triple lesbicidio, nunca contrató un defensor particular y será juzgado por jueces técnicos. Lutz Fogar, en cambio, cuenta con representación privada y buscará apelar a la subjetividad del jurado.

Por una cuestión de tiempos, el juicio por la tentativa de lesbicidio en Cañuelas contará con la sentencia del caso Barracas como antecedente. Si Lutz Fogar es declarado culpable, sería el primer antecedente jurídico de este tipo para la comunidad LGTB en nuestro país.

DDHH

Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei

El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.

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175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.

Un consenso al que el país le dio la espalda

La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.

Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.

Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno

Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.

El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.

Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa

La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.

Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.

El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.

Lo que tenés que saber

  • El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
  • La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
  • El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
  • En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
  • El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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