Sociedad
La Comisión Nacional de Valores investiga fraudes basados en el «esquema Ponzi»
El esquema Ponzi paga utilidades a los inversores anteriores con fondos de inversores más recientes pero cuando deja de entrar capital, el entramado colapsa.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) informó hoy que investiga a una serie de empresas por la posible realización de actos jurídicos con valores negociables sin la debida autorización del organismo, los que podrían involucrar operaciones fraudulentas basadas en esquemas Ponzi.
“Estas empresas se caracterizan por realizar diversos ofrecimientos de inversiones en criptomonedas, créditos, fondos de inversión no regulados, divisas y otros, asegurando rendimientos mensuales o anuales extraordinarios”, advirtió la CNV a través de un comunicado. La oferta se realiza a través de sitios web propios, medios periodísticos, múltiples redes sociales y con la promoción o patrocinio de personajes públicos.
“El objetivo claro es captar pequeños inversores para esos activos sin poner a disposición información suficiente sobre su naturaleza y los riesgos que conllevan. Por ello, la CNV invita al público en general, y en particular al inversor, a analizar con detenimiento la naturaleza de la inversión a realizar y sopesar debidamente sus riesgos; en lugar de guiarse solo por los consejos de personajes famosos”, advirtió la entidad.
TweetAntes de invertir dinero en estos ofrecimientos, en este link pueden verificar si la empresa es un agente registrado ante CNV 👇https://t.co/cAQXnuaz0r
— CNV Argentina (@CNVArgentina) January 21, 2022
La Comisión insto a los ciudadanos “a ser cautos en torno a ofrecimientos de inversión” que presentan las siguientes señales de alerta de un posible fraude:
– Rendimientos elevados garantizados, sin riesgos, “demasiado buenos para ser verdad”
– Beneficios adicionales por reclutar nuevos clientes o dar acceso a tu red de contactos
– Patrocinio y testimonios de personajes famosos, deportistas o influencers a través de redes sociales, que apelan a sus experiencias personales con la empresa y a cuestiones emocionales
– La empresa y sus vendedores/promotores no se encuentran registrados ante CNV para realizar ese tipo de ofrecimientos
Por ello, el público inversor debe, previo a colocar dinero en alguno de estos ofrecimientos, verificar si la empresa es un agente registrado ante CNV (https://www.cnv.gov.ar/sitioWeb/RegistrosPublicos/Agentes) y si los patrocinadores son personal idóneo ante el organismo para poder brindar el asesoramiento de forma autorizada (https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/RegistrosPublicos/Idoneos).
La estafa del holding Generación ZOE
La semana pasada, la organización no gubernamental (ONG) Bitcoin Argentina denunció ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a los principales responsables del holding Generación ZOE, entre los que se destaca Leonardo Cositorto, por la posible comisión de los delitos de estafa, captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado.
Tweet‼️ Hoy presentamos una denuncia en la #PROCELAC contra Generación #ZOE por posible estafa, captación de ahorro no autorizada y manipulación de mercado.
— ONG Bitcoin Argentina (@BitcoinAR) January 12, 2022
Como ONG, trabajamos a favor de un desarrollo saludable, transparente y seguro de la industria #Criptohttps://t.co/Nzc6PmZ5M6
«Hay elementos suficientes para que la justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como ‘Esquema Ponzi’ o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado», sostuvo la organización.
La denuncia presentada ante la Procelac advierte «la posible comisión de los delitos tipificados en los arts. 172, 309 y 310 del Código Penal de la Nación» e imputa «en virtud de la complejidad de los hechos a todo aquel que sea penalmente responsable por los delitos contra la propiedad y contra el orden económico señalados».
De manera previa a esta denuncia, la CNV comunicó que inició un sumario administrativo contra la empresa Generación ZOE S.A., Universidad del Trading S.A. y Leonardo Nelson Cositorto y emitió una alerta internacional «por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales».
Seguridad 🚨
Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones
★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.
La primera notificación y sus alcances
El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
La maquinaria ya tiene 58 casos identificados
Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.
El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.
Una medida en medio de una crisis nacional
Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».
El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.
La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.
Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.
El debate de fondo que la boleta no resuelve
El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.
La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.
Puntos clave:
- El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
- La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
- El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
- La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
- El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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