Sociedad
Prevenir es cuidar: la ESI como barrera frente al acoso sexual infantil
En un contexto de recortes y ofensivas contra la Educación Sexual Integral, el Día de Prevención del Acoso Sexual Infantil vuelve a exponer la urgencia de políticas públicas que protejan a niñas, niños y adolescentes. Con datos alarmantes y resistencias organizadas, la ESI aparece como la herramienta más efectiva para detectar, frenar y visibilizar violencias que suelen quedar silenciadas puertas adentro.
Cada 19 de noviembre se conmemora en la Argentina el Día para la Prevención del Abuso y el Acoso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, una fecha que cobra especial relevancia en un contexto donde los discursos negacionistas, la desinformación y el ataque explícito a la Educación Sexual Integral (ESI) volvieron a ocupar la agenda pública.
Lejos de ser una efeméride más, es un recordatorio de que la violencia sexual contra la infancia sigue siendo una de las formas más invisibilizadas de vulneración de derechos, y que la herramienta más efectiva para prevenirla, la ESI, continúa siendo objeto de disputa política.
El peso de una problemática silenciada
Organismos especializados coinciden en que el acoso y el abuso sexual infantil son delitos donde la mayoría de los casos no se denuncian. Entre los datos que se conocen, más del 80% de las víctimas señala como agresor a una persona del entorno familiar o cercano. Es decir: ocurre puertas adentro, en ámbitos donde niñas y niños deberían estar protegidos.
Por eso, la prevención no puede depender sólo de la Justicia o de redes informales: requiere políticas públicas, información, formación docente, equipos de apoyo y un Estado presente.
La ESI como política de cuidado
Desde su aprobación en 2006, la ESI se consolidó como una herramienta central para prevenir violencias, acompañar a estudiantes y generar entornos seguros. La ley plantea cinco ejes: cuidado del cuerpo, perspectiva de género, respeto por la diversidad, derechos, y valoración de las emociones y vínculos.
No se trata como sostienen algunos sectores conservadores, libertarios y negacionistas, de “adoctrinar”, sino de proporcionar información para identificar situaciones de riesgo, nombrar lo que pasa y pedir ayuda. Una nena que sabe decir “esto no está bien”, un pibe que reconoce que un adulto no debe pedirle secretos corporales, una docente que detecta señales de alarma: esa es la ESI trabajando.
Retrocesos y ataques a la ESI
En los últimos años, distintos grupos y funcionarios del gobierno de Milei impulsaron campañas para desfinanciar, vaciar o “revisar” la implementación de la ley. Bajo consignas difusas como “defensa de la familia” o “libertad de enseñanza”, avanzaron propuestas que en los hechos buscan desmontar una política pública que principalmente protege a niñas y niños.
La consecuencia es directa: menos contenidos, menos acompañamiento, más silencios.
En paralelo, provincias y escuelas que sí sostienen la ESI muestran mejores índices de detección temprana y disminución de la naturalización de violencias.
La escuela como espacio de reparación
Cuando un caso llega a la escuela, la experiencia demuestra que el aula puede convertirse en el primer ámbito donde la víctima encuentra escucha, contención y guía. Allí se activa lo que la ESI propone: protocolos, equipos interdisciplinarios, articulación con salud, justicia y organizaciones comunitarias.
La prevención no es un acto aislado ni un taller ocasional. Es un trabajo sostenido que incluye campañas, materiales, capacitación docente y participación familiar. Sin presupuesto ni voluntad política, eso se desarma.
Ni un paso atrás
El Día de Prevención del Acoso Sexual Infantil vuelve a interpelar a la sociedad argentina:
¿Quién garantiza hoy el derecho de niñas y niños a vivir libres de violencia? ¿Qué lugar ocupa la ESI en un contexto de recortes? ¿Qué Estado toma decisiones para proteger, y cuál prefiere mirar para otro lado?
Las organizaciones de infancia, los movimientos feministas, los gremios docentes y gran parte de la comunidad educativa coinciden en un punto: sin ESI, la infancia queda más expuesta.
Por eso, mientras sectores conservadores intentan retroceder, en las aulas, en los centros de salud y en los equipos territoriales la convicción sigue intacta: la ESI salva vidas. No es un slogan, es una realidad respaldada por cada piba y pibe que pudo poner en palabras lo que le estaba pasando.
CABA
Carbón Blanco: vuelven a rematar un departamento decomisado en Villa Urquiza, 18% más barato
La AABE autorizó la subasta de un departamento de 46,45 m² en Villa Urquiza, decomisado en una causa por lavado de activos vinculada a Carbón Blanco. La base es de US$74.172, contra los US$90.899 de la convocatoria anterior. La puja será el 27 de noviembre.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) autorizó la subasta pública de un departamento en Villa Urquiza decomisado en una causa por lavado de activos vinculada al caso Carbón Blanco, con una base de 74.172 dólares. La medida quedó fijada en la Disposición 150/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
El inmueble está en la avenida Monroe 4595/99, esquina Miller, piso 8°, departamento D, frente a la plaza Marcos Sastre. Según la ficha de la AABE, es un dos ambientes de 46,45 metros cuadrados, de los cuales 43,31 son cubiertos y 3,14 semicubiertos, con balcón a la calle. El Tribunal de Tasaciones de la Nación lo valuó el 3 de julio en 112 millones de pesos, con un dólar de referencia de 1.510 pesos, que es el valor que se tomó como base de la subasta.
La subasta será electrónica, a través del sistema SUBAST.AR. Según la AABE, la inscripción cierra el miércoles 18 de noviembre a las 12 y la puja se hará el viernes 27 de noviembre a las 14.
De la cocaína al decomiso
El departamento quedó en manos del Estado por la causa «Salvatore, Carla Yanina s/infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal», que tramitó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia. Por la sentencia 7 del 8 de marzo de 2019, el tribunal ordenó decomisar los bienes que fueron objeto o medio del lavado de activos, y el 21 de abril de 2020 dispuso inscribirlos a nombre del Estado nacional y liquidarlos.
Carbón Blanco es la causa por el envío a Europa de más de una tonelada de cocaína escondida en cargamentos de carbón vegetal. En septiembre de 2015, el mismo tribunal de Resistencia condenó al abogado Carlos Salvatore a 21 años de prisión como líder de la organización, según informó el Ministerio Público Fiscal.
Otro intento, y más barato
No es la primera vez que el Estado intenta vender este departamento. En 2024, la AABE convocó una subasta del mismo inmueble y la postergó. En diciembre de ese año lo volvió a ofrecer, con una base de 90.899 dólares y la puja prevista para el 14 de enero de 2025, según consta en el Boletín Oficial. La nueva base es 18% más baja que aquella.
Lo que se recaude y un decreto suspendido
La disposición establece que lo que se obtenga, descontados los gastos de administración y venta de la AABE, quedará a disposición del Tribunal Oral Federal de Resistencia.
El texto deja constancia de otro dato. El DNU 575/25, con el que el Gobierno de Javier Milei cambió el régimen de los bienes provenientes de delitos y le pasó al Ministerio de Justicia su administración y conservación, está suspendido por una medida cautelar que dictó el 22 de octubre de 2025 el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9, a pedido de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Por eso la venta avanza con el régimen anterior.
El departamento decomisado en la causa por lavado vinculada a Carbón Blanco vuelve a la subasta, ahora más barato, mientras el decreto con el que el Gobierno quiso reordenar esos bienes sigue frenado en la Justicia.
Lo que tenés que saber:
- Según la Disposición 150/2026, la AABE autorizó la subasta de un departamento de 46,45 m² en Monroe 4595, Villa Urquiza.
- La base es de US$74.172; en la convocatoria anterior, de diciembre de 2024, era de US$90.899.
- La subasta electrónica será el 27 de noviembre a las 14.
- El inmueble fue decomisado en una causa por lavado de activos vinculada a Carbón Blanco.
- Lo recaudado irá al Tribunal Oral Federal de Resistencia; el DNU 575/25 sobre bienes decomisados sigue suspendido por una cautelar.
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