Soberanía energética
Milei acelera la entrega de represas del Comahue y apunta a privatizar Salto Grande
La entrega del patrimonio energético nacional está en manos de Milei, que avanza en el remate de las centrales que garantizan luz a todo el país: el Gobierno formalizó la licitación de cuatro centrales hidroeléctricas estratégicas y promueve la venta de la represa binacional que garantiza estabilidad a todo el sistema eléctrico.
El ajuste de Javier Milei sobre el sector energético nacional tomó una nueva dimensión este miércoles con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1200/2025, que convoca formalmente a licitación pública nacional e internacional para la privatización de las represas del Comahue. La medida, impulsada por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, incluye los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicados en territorio neuquino y rionegrino.
La normativa autoriza a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a coordinar el proceso de venta, que tendrá como fecha límite para la presentación de ofertas el 23 de octubre, con apertura inmediata de sobres. Las consultas a los pliegos podrán realizarse hasta el 13 de octubre, mientras que la adjudicación debe concretarse antes del 31 de diciembre de 2025, cuando vencen las actuales concesiones que operan con contratos caducos desde hace dos años.
Desde el Palacio de Hacienda destacaron que «el proceso fue consensuado en estrecha colaboración con los gobiernos de las provincias de Neuquén y Río Negro», aunque no precisaron qué modificaciones específicas incorporaron los pliegos a pedido de las administraciones provinciales.
Patrimonio energético en el mostrador
La decisión forma parte de la segunda etapa del proceso de privatización de ENARSA, establecido por el Decreto 286/2025, que contempla «la venta por etapas de sus activos con el objetivo de promover un esquema energético más eficiente, competitivo y con mayor participación del sector privado», según el comunicado oficial.
Los nuevos concesionarios tendrán la potestad de «disponer libremente de un porcentaje creciente de la energía generada», pudiendo contratar en el mercado a término o spot, en línea con la política de desregulación que impulsa la Secretaría de Energía.
El proceso licitatorio se desarrollará a través de la plataforma CONTRAT.AR y será publicado tanto en el portal del Ministerio de Economía como en la plataforma internacional DGMarket del Banco Mundial, lo que refleja la búsqueda de capitales extranjeros para hacerse con infraestructura estratégica nacional.
Salto Grande en la mira libertaria
Paralelamente, la Federación de los Trabajadores de la Energía, Industria, Servicio y Afines (FeTIA / CTA-T) repudió las declaraciones del candidato a senador nacional por La Libertad Avanza en Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch, hermano del diputado nacional Alberto «Bertie» Benegas Lynch, quien expresó su voluntad de privatizar la represa binacional Salto Grande.
«Yo voy a estar bregando por eso, definitivamente», declaró Benegas Lynch al referirse a su intención de «privatizar la mayor parte de las empresas estatales y sacar al Estado del medio», según pudo confirmar este medio a través de las organizaciones sindicales que repudiaron sus dichos.
Pedro Wasiejko, secretario General de FeTIA, subrayó que la represa ubicada entre Concordia y la ciudad uruguaya de Salto «tiene una importancia estratégica» no solo por la «generación de energía a bajo costo», sino también para «garantizar un sistema de interconexión confiable y robusto en tiempos de picos de consumo, escasa generación y valor récord de los combustibles fósiles».
Un activo estratégico bajo amenaza
Sergio Benítez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Argentinos de Salto Grande (SIATRASAG), destacó que la represa es utilizada como «ejemplo a nivel mundial» tras 40 años de funcionamiento con «eficiencia, calidad y eficacia, produciendo la energía más barata de todo el país».
Los datos confirman la relevancia estratégica del complejo: Salto Grande produce entre el 4 y el 6 por ciento del consumo energético nacional y es «la única central capaz» de regular la frecuencia del sistema interconectado, lo que le otorga un rol fundamental para la estabilidad eléctrica argentina.
La represa demostró su importancia durante el histórico apagón del 16 de junio de 2019, cuando «fue la primera central en entrar en operación en solo 45 minutos» y comenzó la tarea de energización para recuperar todo el sistema interconectado nacional. Un episodio similar ocurrió el 1º de marzo de 2023, cuando quedó a cargo de regular la frecuencia y mantener estable el Noroeste Argentino, el norte bonaerense y Uruguay.
Resistencia sindical y soberanía energética
«Salto Grande no se limita a la producción energética, sino que también tiene una presencia permanente en las comunidades que trasciende gobiernos, ideologías o partidos políticos», advirtió Benítez, quien cuestionó la intención de «entregar a un grupo de privados» un patrimonio construido «con el esfuerzo y los recursos de un pueblo».
El dirigente sindical enfatizó que se trata de «un organismo eficiente y sin déficit» que maneja 400 kilómetros de líneas y cuatro subestaciones de transmisión de 500 kV, además de brindar servicios esenciales para la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
La privatización de Salto Grande representaría un caso inédito al tratarse de una represa binacional construida mediante acuerdo con Uruguay, lo que podría generar complicaciones diplomáticas y técnicas en su operación futura bajo gestión privada.
Puntos clave:
- El Gobierno formalizó la privatización de cuatro represas del Comahue con licitación hasta octubre
- Dirigentes libertarios impulsan privatizar Salto Grande, represa binacional estratégica
- Los trabajadores energéticos rechazan entregar infraestructura que garantiza estabilidad del sistema
- Las centrales hidroeléctricas proveen energía de bajo costo y regulan el sistema interconectado nacional
- El proceso forma parte del plan de privatización de ENARSA establecido por decreto presidencial
Desregulación
El Gobierno entregó Transener: adiós a la soberanía eléctrica
La resolución de Caputo transfirió la participación estatal en la principal transportista de energía del país a un consorcio con estrechos vínculos con el entorno del poder libertario. La operación, por US$356 millones, se inscribe en el proceso de desguace del Estado energético que el FMI demanda al Gobierno.
La red eléctrica del país en manos privadas: quiénes son los socios del poder que se quedaron con Transener
★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo. La operación transfirió la totalidad de la participación estatal, que el Estado ejercía a través de ENARSA en la sociedad controlante Citelec S.A., al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, por un monto de US$356.174.811.
Con este acto, el Estado nacional completó su salida definitiva de la estructura accionaria de la compañía que opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país.
Un activo estratégico que genera más de US$200 millones anuales
Transener no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el territorio nacional desde Jujuy hasta Santa Cruz, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, empresa de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Opera bajo concesiones de largo plazo de hasta 95 años, es el único operador de alta tensión del país y, según datos de ENARSA, presenta una disponibilidad operativa superior al 99,7%.
Desde el punto de vista financiero, la empresa registra un EBITDA superior a los US$200 millones anuales, lo que la convirtió, paradójicamente, en uno de los activos más rentables que el Estado resignó en este proceso.
La licitación recibió tres ofertas, con un precio base fijado en US$206 millones. El consorcio Genneia-Edison Energía resultó ganador con US$356.174.811, superando las propuestas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).
La suma total de las tres ofertas alcanzó los US$887 millones, superando ampliamente el piso establecido por el fisco. Llamativamente, a pesar de las expectativas del Gobierno, no se registró participación de capitales de inversión extranjeros en el proceso.
Los socios del poder detrás del consorcio ganador
La identidad de los actores detrás del consorcio ganador no es un dato menor. Según información difundida por Energía Online y otros medios especializados, Genneia está liderada por Jorge Brito, presidente y accionista del Banco Macro. Del lado de Edison Energía participan los hermanos Patricio y Juan Neuss, reconocidos como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, socios del fondo Inverlat, junto a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro.
Completan el cuadro los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan. La operación posiciona al consorcio como co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que ya poseía el otro 50% de la sociedad controlante y previamente renunció a sus derechos de preferencia para facilitar la transacción.
El marco legal y la lógica del desguace
El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025, que dispuso la venta de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, en el marco de la Ley Bases (27.742), que habilitó la privatización de activos energéticos bajo control estatal. La operación se suma a la venta previa de las represas hidroeléctricas del Comahue, que según datos del propio Gobierno ingresó US$700 millones a las reservas internacionales. Para 2026, el Ejecutivo proyecta recaudar al menos US$2.000 millones mediante privatizaciones, en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.
Según un análisis de especialistas del sector, la privatización de Transener se inscribe en un proceso de creciente concentración del sistema energético en manos de grandes grupos económicos locales, impulsado tanto por la presión de esos mismos grupos como por las exigencias del FMI, que «recomienda» la venta de empresas públicas como parte de sus metas de ajuste fiscal. El paralelismo con la experiencia de los años 90 resulta inevitable: en aquella etapa, la venta de activos estratégicos derivó en falta de inversión y expansión que luego dificultó el proceso de reindustrialización iniciado en 2003.
La obra que se canceló y el proyecto que no llegó
Un dato revelador del contexto en el que se produce esta privatización: el Gobierno canceló el proyecto AMBA I, que iba a expandir el sistema de transmisión en el área metropolitana en conjunto con la empresa china State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su lugar, el Ejecutivo habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, pero hasta la fecha, según consignan fuentes del sector, no se registraron avances concretos en nuevas inversiones. La infraestructura crítica se transfiere sin garantías públicas de que el sector privado vaya a expandirla.
Puntos clave
- El Ministerio de Economía formalizó este lunes la privatización de Transener mediante resolución firmada por Luis Caputo, transfiriendo la participación estatal al consorcio Genneia-Edison Energía por US$356.174.811.
- Transener opera más del 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país, con más de 12.600 km de líneas de alta tensión, y genera un EBITDA anual superior a US$200 millones.
- El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025 y la Ley Bases (27.742), enmarcado en las metas de privatización acordadas con el FMI.
- Detrás del consorcio ganador figuran Jorge Brito (Banco Macro/Genneia) y los hermanos Neuss, identificados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
- No hubo inversión extranjera en el proceso y el Gobierno canceló previamente el proyecto de expansión AMBA I con China (State Grid), sin que la inversión privada lo reemplazara.
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