Investigación 🔎
Desbaratan red de trata liderada por familia jujeña y rescatan a cuatro de sus víctimas en Chubut
Durante operativos simultáneos en Comodoro Rivadavia, cuatro mujeres fueron liberadas de una red de explotación sexual que operaba con una estructura jerárquica. La presunta líder, sus dos hijos y otro hombre fueron detenidos. Las víctimas eran originarias de Jujuy, Buenos Aires y Córdoba.
Un operativo planificado y contundente
La noche del viernes y la madrugada del sábado marcaron el desenlace de una investigación de dos meses, llevada adelante por la Oficina de Lucha contra la Trata de Personas de Comodoro Rivadavia, en conjunto con la Unidad Fiscal Federal de Delitos Complejos. En total, se realizaron cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad chubutense, donde fueron rescatadas cuatro mujeres sometidas a explotación sexual.
El operativo concluyó con la detención de cuatro personas —dos mujeres y dos varones— quienes quedaron imputadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Según fuentes judiciales, la causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Eva Parcio de Seleme.
Una estructura delictiva familiar y bien organizada
Los datos preliminares de la causa describen una red criminal con un esquema de funcionamiento jerárquico. La organización era dirigida por una mujer oriunda de Jujuy, quien junto a sus dos hijos —también detenidos— mantenía roles claramente definidos en la logística del delito. Ella organizaba los encuentros, fijaba tarifas y controlaba los movimientos de las víctimas.
“La estructura familiar le otorgaba a la red un alto grado de control sobre las víctimas y complicaba la identificación de los responsables directos”, explicó una fuente judicial cercana a la investigación. Las víctimas, oriundas de las provincias de Jujuy, Buenos Aires y Córdoba, fueron trasladadas a un centro de contención especializado.
Evidencias clave y contexto de vulnerabilidad
Durante los allanamientos se incautó documentación comprometedora, dinero en efectivo y elementos que confirman el contexto de explotación. Según medios locales, estos materiales serán fundamentales para sustentar la acusación contra los detenidos.
La trata de personas con fines de explotación sexual continúa siendo una problemática estructural en Argentina, especialmente en contextos de vulnerabilidad social, crisis habitacional y falta de oportunidades laborales. De acuerdo al último informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), en 2023 se iniciaron más de 1.200 causas por delitos vinculados a trata, con un alto índice de impunidad judicial.
El rol de las provincias del norte y las rutas del engaño
Este nuevo caso también pone de relieve el patrón ya conocido por las organizaciones que combaten la trata: la captación de mujeres jóvenes en provincias del norte argentino, como Jujuy y Salta, mediante engaños o falsas promesas laborales, para luego ser trasladadas a centros urbanos donde son explotadas sexualmente.
A pesar de que la ley 26.842, sancionada en 2012, reformó el delito de trata en el Código Penal eliminando el “consentimiento” de la víctima como eximente, los avances judiciales siguen siendo dispares y, en muchos casos, lentos. Organizaciones como la Fundación María de los Ángeles insisten en que aún falta coordinación entre provincias, capacitación judicial y seguimiento efectivo de las causas.
Puntos clave:
- Cuatro mujeres fueron rescatadas de una red de trata en Comodoro Rivadavia.
- La organización estaba liderada por una mujer y sus dos hijos, todos detenidos.
- Las víctimas provenían de Jujuy, Buenos Aires y Córdoba.
- Se incautaron pruebas que refuerzan las acusaciones de explotación sexual.
- El caso expone patrones reiterados en las redes de trata y la necesidad de mayor coordinación institucional.
Denuncia
Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.
Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.
El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Las figuras penales y el rol de Caputo
En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».
El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.
El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura
Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.
Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.
El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría
Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.
Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.
Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable
La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».
La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».
La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.
Lo que tenés que saber:
- El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
- La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
- Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
- La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
- La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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