Judiciales ⚖️
Ultimátum de la Justicia al Gobierno de Milei por la Ley de Discapacidad
El juzgado federal de Campana exigió al Ministerio de Salud presentar avances concretos en cinco días hábiles y fijó como fecha límite el 4 de febrero para la plena implementación de la normativa. Advirtió que aplicará multas a funcionarios en caso de incumplimiento.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ El juez federal Adrián González Charvay intimó al Estado nacional a acreditar en un plazo de cinco días hábiles avances concretos en la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en el marco de un amparo colectivo que tramita en el Juzgado Federal de Campana por demoras en su cumplimiento.
La resolución judicial, que recayó en el expediente N°44035/2025, marca un cambio sustancial en el tono de la Justicia frente al Ejecutivo: el magistrado advirtió que ya no aceptará informes genéricos basados en «evaluaciones», «análisis» o «proyectos», sino documentos que demuestren avances efectivos en la aplicación de la norma.
El caso fue iniciado por un padre en representación de sus hijos contra el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud. En la causa intervienen también la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asesora de Menores, lo que refuerza el carácter colectivo del reclamo.
Multas a funcionarios si no cumplen
La intimación incluye un apercibimiento concreto: en caso de incumplimiento, podrían aplicarse sanciones, entre ellas multas a los responsables de la no aplicación de la ley. «La ley se tiene que cumplir: si en 10 días hábiles no cumplen comenzarían las multas para los funcionarios», sostuvo en Instagram la actriz Valentina Bassi, madre de un chico con discapacidad.
Un dato técnico refuerza la exigencia: aunque el Estado apeló la resolución, el recurso fue concedido con «efecto devolutivo», lo que implica que la apelación no suspende la obligación de cumplir de manera inmediata con lo ordenado por el juez.
Qué debe presentar el Ministerio de Salud
Para que el cumplimiento sea considerado válido, la Justicia exigió la presentación de una serie de medidas clave:
- La resolución que actualiza los aranceles a los centros prestadores con vigencia desde enero de 2025
- El plan de pago de la compensación adeudada
- La apertura del plan ARCA para la refinanciación de deudas
- El decreto reglamentario de la Ley de Emergencia, que registra un retraso de tres meses
El juzgado fijó además un plazo fatal para la plena ejecución de la ley: el 4 de febrero de 2026. Para esa fecha, no solo deberán existir trámites iniciados, sino que el sistema deberá estar completamente operativo: decreto reglamentario publicado, aranceles liquidados y planes de pago habilitados.
La parálisis administrativa que detectó la auditoría
Como parte del control judicial, una auditoría confirmó que el expediente administrativo EX-2026-554412-APN-DAJ#AND permanece en la repartición iniciadora desde el 3 de enero de 2026, un dato que refuerza la exigencia del magistrado para que el Estado acelere los tiempos administrativos.
Según indicaron familiares de personas con discapacidad en un comunicado, a partir de este fallo el Estado deberá presentar «documentos reales» que acrediten el cumplimiento de la sentencia.
La resolución marca un nuevo capítulo en el conflicto judicial y pone al gobierno de Javier Milei frente a un cronograma estricto, con consecuencias personales para los funcionarios en caso de incumplimiento.
Puntos clave:
• El Juzgado Federal de Campana intimó al Estado a presentar avances concretos en la Ley de Discapacidad en cinco días hábiles
• La fecha límite para la plena implementación es el 4 de febrero de 2026
• En caso de incumplimiento, se aplicarían multas a los funcionarios responsables
• El decreto reglamentario de la ley lleva tres meses de retraso
• Una auditoría detectó que el expediente administrativo está paralizado desde el 3 de enero
Córdoba
Andreani negó los hechos y se abstuvo de declarar en la causa por el femicidio de Agostina
La tercera detenida en la causa por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, concurrió este viernes a la fiscalía para la audiencia indagatoria pero solo negó los hechos y se abstuvo de responder preguntas. La acusación que pesa sobre ella, encubrimiento agravado, se vincula al uso de su propio vehículo para trasladar los restos de la víctima hasta un descampado del barrio Amplóación Ferreyra. En paralelo, la Justicia profundizó la imputación contra el principal acusado, Claudio Barrelier, quien ya enfrenta cargos por homicidio triplemente calificado.
Soledad Andreani, la tercera persona detenida en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, fue indagada este viernes por el fiscal de Instrucción Raúl Garzón. Fuentes cercanas al expediente confirmaron que la acusada concurrió a la fiscalía al mediodía para la audiencia, pero finalmente negó los hechos en su contra y se abstuvo de responder preguntas. Andreani enfrenta cargos por encubrimiento agravado y permanece detenida desde hace más de una semana.
El Ford Ka negro y los registros fílmicos que la comprometen
Para la fiscalía, Andreani puso a disposición del principal acusado su automóvil Ford Ka negro, el vehículo que, según la investigación, se utilizó para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta el descampado del barrio Ampliación Ferreyra donde los restos fueron hallados al cabo de una semana de intensa búsqueda. Según fuentes judiciales que pidieron reserva de identidad, el auto habría sido lavado posteriormente para borrar rastros. La causa incorporó además registros fílmicos que muestran a Andreani junto a Claudio Barrelier en los días posteriores al crimen, elementos que los investigadores consideran determinantes para sostener la imputación.
El perfil de Andreani cobró complejidad durante la semana cuando una nueva testigo, exalternadora de Wachitas Bar, declaró que Andreani se presentaba en ese local como productora de eventos. La mujer relató que en ese establecimiento, hoy clausurado, coexistían según su testimonio drogas, sexo y menores entre los años 2020 y 2024. Andreani es expareja de Barrelier y permaneció hospitalizada en un centro psiquiátrico en el momento de su detención por una crisis.
Fassetta se dijo inocente; el secreto de sumario, en suspenso
Osvaldo Fassetta, de 47 años e imputado también por encubrimiento agravado, comparóció el jueves pasado ante el fiscal Garzón de manera escueta y dijo ser inocente. La investigación estableció que Fassetta mantenía una relación de amistad con Barrelier desde hacía aproximadamente diez meses, vínculo que se forjó en el mundo futbolero por la afición compartida al club Instituto. Los investigadores sospechan además que Fassetta residía en la vivienda del barrio Cofico donde se presume que ocurrió el crimen la noche del 23 de mayo.
Respecto al secreto de sumario, las partes aguardan que el fiscal Garzón decida si levanta o mantiene la medida judicial extraordinaria que limitó el acceso al expediente. Según trascendidos, la decisión se adoptará concluida la ronda de indagatorias.
Barrelier: homicidio triplemente calificado y acusación por abuso sexual
La situación procesal del principal acusado se agravó sustancialmente esta semana. El fiscal Garzón amplió la imputación contra Claudio Gabriel Barrelier y lo acusó de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género (femicidio). Además, le sumó el cargo de abuso sexual con acceso carnal. La figura de criminis causae se aplica cuando se mata para ocultar otro delito: para el Ministerio Público Fiscal, Barrelier engañó a Agostina para que concurriera a su domicilio del barrio Cofico, abusoó de ella y la estranguló para impedir que el ataque se descubriera. Luego intentó hacer desaparecer el cuerpo para garantizar su impunidad.
Durante su indagatoria del martes, Barrelier negó las acusaciones y se abstuvo de continuar declarando, en una actitud que repite a lo largo de la investigación. No es la primera vez que guarda silencio ante la justicia: cuando fue indagado por primera vez, acusado entonces de privación ilegítima de la libertad, sostuvo que Agostina se había ido en un auto rojo, versión que la investigación descartó con el avance de las pruebas. Actualmente permanece alojado en el penal de Bouwer, luego de haber sido internado en el Hospital Modular del mismo complejo por manifestar conductas suicidas. Ya con la calificación de femicidio, Barrelier tenía asegurada la pena de prisión perpetua en caso de condena; los agravantes suman contundencia jurídica a esa perspectiva.
El fiscal Garzón mantuvo esta semana un encuentro con los familiares de Agostina, acompañados por los abogados querellantes Carlos Nayi (representante de la familia materna) y Fernanda Alaniz (letrada del padre de la niña), para repasar los últimos elementos incorporados al expediente. Este medio viene cubriendo la causa desde el hallazgo de los restos de la adolescente, el sábado 31 de mayo, en el descampado de Ampliación Ferreyra.
Puntos clave
- Soledad Andreani negó los hechos y se abstuvo de declarar ante el fiscal Raúl Garzón en la audiencia indagatoria de este viernes.
- La acusación de encubrimiento agravado se fundamenta en el uso de su Ford Ka negro para trasladar el cuerpo de Agostina, que habría sido lavado posteriormente para eliminar evidencias.
- Osvaldo Fassetta, el otro imputado por encubrimiento, se limitó a decir que es inocente y no aportó información en su indagatoria del jueves.
- Claudio Barrelier enfrenta ahora cargos de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y femicidio, además de abuso sexual con acceso carnal.
- Las partes aguardan la decisión del fiscal sobre el levantamiento del secreto de sumario para acceder al expediente.
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