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★ El juez federal Adrián González Charvay intimó al Estado nacional a acreditar en un plazo de cinco días hábiles avances concretos en la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en el marco de un amparo colectivo que tramita en el Juzgado Federal de Campana por demoras en su cumplimiento.

La resolución judicial, que recayó en el expediente N°44035/2025, marca un cambio sustancial en el tono de la Justicia frente al Ejecutivo: el magistrado advirtió que ya no aceptará informes genéricos basados en «evaluaciones», «análisis» o «proyectos», sino documentos que demuestren avances efectivos en la aplicación de la norma.

El caso fue iniciado por un padre en representación de sus hijos contra el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud. En la causa intervienen también la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asesora de Menores, lo que refuerza el carácter colectivo del reclamo.

Multas a funcionarios si no cumplen

La intimación incluye un apercibimiento concreto: en caso de incumplimiento, podrían aplicarse sanciones, entre ellas multas a los responsables de la no aplicación de la ley. «La ley se tiene que cumplir: si en 10 días hábiles no cumplen comenzarían las multas para los funcionarios», sostuvo en Instagram la actriz Valentina Bassi, madre de un chico con discapacidad.

Un dato técnico refuerza la exigencia: aunque el Estado apeló la resolución, el recurso fue concedido con «efecto devolutivo», lo que implica que la apelación no suspende la obligación de cumplir de manera inmediata con lo ordenado por el juez.

Qué debe presentar el Ministerio de Salud

Para que el cumplimiento sea considerado válido, la Justicia exigió la presentación de una serie de medidas clave:

• La resolución que actualiza los aranceles a los centros prestadores con vigencia desde enero de 2025
• El plan de pago de la compensación adeudada
• La apertura del plan ARCA para la refinanciación de deudas
• El decreto reglamentario de la Ley de Emergencia, que registra un retraso de tres meses

El juzgado fijó además un plazo fatal para la plena ejecución de la ley: el 4 de febrero de 2026. Para esa fecha, no solo deberán existir trámites iniciados, sino que el sistema deberá estar completamente operativo: decreto reglamentario publicado, aranceles liquidados y planes de pago habilitados.

La parálisis administrativa que detectó la auditoría

Como parte del control judicial, una auditoría confirmó que el expediente administrativo EX-2026-554412-APN-DAJ#AND permanece en la repartición iniciadora desde el 3 de enero de 2026, un dato que refuerza la exigencia del magistrado para que el Estado acelere los tiempos administrativos.

Según indicaron familiares de personas con discapacidad en un comunicado, a partir de este fallo el Estado deberá presentar «documentos reales» que acrediten el cumplimiento de la sentencia.

La resolución marca un nuevo capítulo en el conflicto judicial y pone al gobierno de Javier Milei frente a un cronograma estricto, con consecuencias personales para los funcionarios en caso de incumplimiento.

Puntos clave:

• El Juzgado Federal de Campana intimó al Estado a presentar avances concretos en la Ley de Discapacidad en cinco días hábiles

• La fecha límite para la plena implementación es el 4 de febrero de 2026

• En caso de incumplimiento, se aplicarían multas a los funcionarios responsables

• El decreto reglamentario de la ley lleva tres meses de retraso

• Una auditoría detectó que el expediente administrativo está paralizado desde el 3 de enero