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Judiciales ⚖️

Asociaciones de jueces y fiscales piden «prudencia, mesura y respeto institucional»

La AFFUN expresó su «profunda preocupación» ante «las reiteradas expresiones de las más importantes autoridades políticas del país, que, con la intención de cuestionar decisiones de magistrados judiciales que afectan sus intereses sectoriales, sugieren mediáticamente que actúan de manera indebida o ilegal», y afirmó que «la independencia judicial constituye un derecho humano».

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La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) pidieron hoy «equilibrio, mesura, prudencia y respeto institucional» a las autoridades políticas ante sus críticas a la Justicia.

La AFFUN expresó su «profunda preocupación» ante «las reiteradas expresiones de las más importantes autoridades políticas del país, que, con la intención de cuestionar decisiones de magistrados judiciales que afectan sus intereses sectoriales, sugieren mediáticamente que actúan de manera indebida o ilegal», y afirmó que «la independencia judicial constituye un derecho humano».

También aseveró que «tanto los funcionarios del Poder Ejecutivo como los parlamentarios deben ser muy prudentes en las críticas a las instituciones judiciales».

La AFFUN dijo en un comunicado que «reitera que la ‘independencia judicial constituye un derecho humano’, amparado en el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que garantiza a la comunidad el acceso a una justicia imparcial, en especial a las víctimas y en particular cuando existen graves violaciones de derechos humanos».

«Es por ello, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterados fallos, ha enfatizado que uno de los propósitos principales de la separación de poderes es, precisamente, asegurar la independencia de los órganos del sistema de justicia, debiendo facilitar que aquellos puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto por parte de los poderes ejecutivo y legislativo o de cualquier otro sector de poder», añadió.

Dijo además que «en ese marco, la AFFUN quiere manifestar su profunda preocupación ante las reiteradas expresiones de las más importantes autoridades políticas del país, que, con la intención de cuestionar decisiones de magistrados judiciales que afectan sus intereses sectoriales, sugieren mediáticamente que actúan de manera indebida o ilegal, sin asumir la responsabilidad legal de denunciar o la utilización de la vía recursiva pertinente».

«Consecuentemente, esta Asociación entiende que tanto los funcionarios del Poder Ejecutivo como los parlamentarios deben ser muy prudentes en las críticas a las instituciones judiciales, debiendo evitar cualquier riesgo de incurrir en injerencias prohibidas en la función jurisdiccional, máxime cuando los cuestionamientos pueden ser interpretados con un sesgo amedrentador ante cualquier decisión adversa a los intereses particulares», sostuvo la entidad.

Aseveró también que «este llamado de atención, en modo alguno implica la imposibilidad de auditar, por parte de los otros poderes estatales, la calidad de la función jurisdiccional, ya que impone, entre otras cosas, un sistema legal de denuncias y juicio, respetando las garantías constitucionales, de modo de no degradar injustificadamente las instituciones y la seguridad jurídica de una Nación».

El comunicado de la AFFUN está firmado por Carlos Rívolo (presidente), Ricardo Toranzos (vicepresidente), María Fernanda Poggi (vicepresidenta segunda) y Susana Pernas (secretaria general).

Por su parte, la AMFJN expresó su «rechazo» al video publicado por la vicepresidenta Cristina Kirchner con críticas a la justicia.

«Esta institución observa que, más allá del absoluto respeto y garantías que le caben a la señora vicepresidenta como ciudadana, de discrepar con decisiones jurisdiccionales que le son adversas, consideramos que quienes ejercen la función pública en las más altas jerarquías deben actuar con equilibrio y mesura en sus críticas y respeto institucional», afirmó la entidad.

«Esa moderación que desde esta Institución reclamamos, debe extremarse aún más en contextos de debilidad económica y social como la que atravesamos, reconocidos desde el actual gobierno», añadió en un comunicado firmado por su presidente, Marcelo Gallo Tagle.

​Los pronunciamientos de los organismos judiciales se produjeron un día después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner criticó a la Corte Suprema de Justicia y afirmó que con el actual Poder Judicial los ciudadanos están «en libertad condicional».

La expresidenta también cuestionó los fallos en su contra en las presentaciones que realiza en las causas en las que es investigada.

Judiciales ⚖️

La Justicia pide evaluar de urgencia a Pity Álvarez tras el choque

Los abogados que representan a la hermana del músico presentaron un pedido ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°4 para que se realice una evaluación interdisciplinaria en un plazo máximo de 24 horas. El episodio se suma a un cuadro de salud que la Justicia ya intervino para proteger y a un juicio penal por homicidio que sigue su curso.

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Un accidente de tránsito en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal volvió a poner sobre la mesa el estado de salud del músico Cristian «Pity» Álvarez y la necesidad de una intervención judicial urgente. En la madrugada del martes, Álvarez conducía un Volkswagen Bora e impactó contra un Peugeot 208 estacionado en la intersección de las avenidas San Martín y Nicasio Oroño, para luego retirarse del lugar sin entregar su documentación, argumentando que tenía «problemas legales».

Horas después del episodio, los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños presentaron un pedido urgente ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°4, a cargo de la jueza Mariana Judith Kanefsck, para que se concrete una evaluación interdisciplinaria del músico en un plazo máximo de 24 horas. La solicitud busca determinar su capacidad jurídica ante lo que los letrados describen como un cuadro de salud delicado.

Un episodio tras otro: el fin de semana previo al choque

El accidente vial no fue el único incidente reciente. Según detalló la defensa en el escrito judicial, durante el fin de semana anterior al choque el músico se encerró en una habitación de su domicilio y se negó a salir, lo que obligó a su entorno a intervenir con la asistencia de un cerrajero. «Llamamos a un cerrajero para ingresar, pero finalmente nos abrió», precisó el abogado Queijeiro en la presentación. En el mismo documento, el letrado subrayó que «su estado de salud es delicado y es por ello que no puede permanecer solo».

Qué analiza la Justicia Civil y qué medidas ya tomó

El expediente civil en curso tiene como objetivo central analizar el diagnóstico de Álvarez, sus recursos familiares y los apoyos necesarios para que alcance su mayor nivel de autonomía posible. La jueza Kanefsck ya había ordenado a la obra social de SADAIC que concretara un examen la semana anterior, pero la medida quedó pendiente de cumplimiento hasta la fecha.

En el marco de este proceso, la magistrada designó a Silvina Andrea Álvarez Congiu, hermana del músico, como apoyo provisorio para la administración de sus recursos de salud, e impuso una inhibición general de bienes. La orden también autorizó el uso de la fuerza pública o la apertura forzada de cerraduras si fuera necesario para garantizar el traslado y la atención del artista.

El juicio penal por homicidio sigue su propio carril

La causa civil avanza de forma independiente al proceso penal que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 lleva adelante contra Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. Hasta el martes, los jueces penales mantuvieron sin modificaciones el calendario del debate oral, que tiene previstas las declaraciones de cuatro testigos propuestos por la defensa.

La acumulación de episodios recientes plantea, una vez más, la tensión entre la continuidad de un proceso penal y la necesidad de garantizar la salud y la contención de alguien cuya capacidad jurídica está siendo evaluada por la propia Justicia Civil.

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