Salud 🩺
Alerta influenza aviar: la enfermedad que llegó para quedarse
Suman 59 en total hasta el momento, y si bien desde el organismo explican que la enfermedad «se mueve de acuerdo a lo esperado».
Por Ignacio Méndez
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) detectó la última semana 13 nuevos casos positivos de influenza aviar en la Argentina, por lo que suman 59 en total hasta el momento, y si bien desde el organismo explican que la enfermedad «se mueve de acuerdo a lo esperado», advierten que la misma «llegó para quedarse».
«Las aves ya trajeron la enfermedad, la pasaron a aves migratorias de nuestra región y estas últimas están haciendo la circulación dentro de nuestro territorio, con lo cual llegó para quedarse, y lo que tenemos que hacer ahora es involucrar absolutamente a todos los actores, incluyendo a la comunidad en general», dijo la directora nacional de Sanidad Animal del Senasa, Ximena Melón.
Desde el organismo precisaron que a poco más de que se cumpliera un mes del primer caso confirmado en el país, ya son 700.000 las aves muertas en los seis focos detectados al momento en el sector comercial, un 30% por la propia enfermedad y el 70% restante en el marco de las acciones sanitarias para evitar la dispersión.
La influenza aviar «se mueve de acuerdo a los esperado, vuela con aves migratorias, y por eso fuimos ejecutando todas las medidas de preparación y de alerta sobre la base de presentación y de avance rápido tal como ocurrió», explicó Melón.
Doce de los 13 casos positivos registrados la semana pasada corresponden a aves de traspatio o de corral y se registraron en las provincias de San Luis (Carpintería, 1), Córdoba (Morteritos, 1), Buenos Aires (Berra, 1; General Madariaga, 1; Pedro Luro, 1; y General Conesa, 2), Chaco (Avia Terai, 1), Neuquén (Plottier, 1; y Las Lajas, 1), Santa Fe (Zenon Pereira, 1) y La Pampa (Toay, 1), precisó el Senasa a lo largo de la semana en sus informes diarios.
El restante se detectó en una granja comercial de la provincia de Río Negro (Allen).De esta manera, ya son 59 en total los casos de influenza aviar hasta el momento en todo el país tanto en aves de corral (49) y de granja comercial (6) como silvestres (4).
«Tenemos 59 brotes activos y cada uno de ellos tiene un área de control sanitario de alrededor de 10 kilómetros, que requiere de rastrillaje epidemiológico por parte del personal del Senasa y muestreos que van al laboratorio, en un trabajo muy grande y arduo», destacó Melón.Todas las muestras, más de 300, fueron analizadas por el Laboratorio Nacional del Senasa ubicado en la localidad bonaerense de Martínez.
Estas notificaciones provinieron de Córdoba (18), Buenos Aires (15), Neuquén (7), Santa Fe (6), Río Negro (4), San Luis (2), Chaco (2), La Pampa (2), Jujuy (1), Santiago del Estero (1) y Salta (1).Asimismo, se especificó que «dentro de las evaluaciones prospectivas del Senasa, la influenza aviar está avanzando claramente con las migraciones de aves silvestres».
«Fue apareciendo en lugares naturales que recibe migraciones de Cochabamba (Bolivia), Jujuy; por eso, no sorprende que haya mayor cantidad de brotes en Córdoba, centro y sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén», detalló la especialista.Si bien reiteró que la enfermedad avanza «de acuerdo a lo esperado», la directora nacional de Sanidad Animal advirtió este tipo de virus «en las aves se dispersa muy rápida y ampliamente», con lo cual -puntualizó- «requiere de actuar muy rápidamente».
En cuanto al impacto sobre la avicultura comercial, fuentes del Senasa afirmaron que «es muy alto porque la mortandad que produce esta enfermedad es altísima y la capacidad que tiene de seguir dispersándose hace que las medidas para contenerla sea sacrificar a las aves infectadas para evitar que siga siendo una fuente de infección».
«En Argentina y en los países afectados, los de mayor avicultura comercial, el impacto es muy grande, y para el productor que tiene una granja o para el traspatio que tiene para consumo personal es devastador porque en su mayoría muere el 100% de las aves y si no, a través de las medidas, hay que vaciar esa granja», señalaron las fuentes.
Para prevenir que la influenza aviar se expanda en la avicultura, Melón resaltó la importancia de la notificación, la vigilancia continua, la atención y el vaciamiento de lugares donde circula el virus, las desinfecciones y la bioseguridad de las granjas comerciales.
Ante la consulta sobre qué panorama se vislumbra respecto al 15 de febrero, día en el que se se informó oficialmente la aparición del primer caso, la directora nacional de Sanidad Animal puntualizó que «decir o predecir cómo se puede seguir comportando tiene muchísimo que ver con la capacidad que tengamos como sistema público-privado de contenerla, vigilarla y notificarla».
Esto de se debe a que la influenza aviar procede, generalmente, de las aves migratorias.»Nosotros tenemos un mapa del movimiento de las aves, lo importante es que cuando esa ave llega y deposita el virus en algún lugar, quizás esa ave se ve poco afectada o no y sigue avanzando hacia otros lugares; entonces ahí se produce la dispersión local, para lo cual es muy importante la notificación inmediata, la atención precoz de los brotes y la bioseguridad», recalcó Melón.
Por eso, aclaró que «la enfermedad va a seguir moviéndose y no se espera, aunque había cierta expectativa por el comportamiento anterior, de que venga en primavera-verano con las migraciones del hemisferio norte y que vuelva allí con su primavera-verano; eso ya no es más así», señaló.
Desde el Senasa recomiendan en caso de observarse la presencia o sospecha de signos clínicos compatibles con influenza aviar en aves o el hallazgo de aves domésticas y/o silvestres muertas, notificar de manera inmediata al organismo.
Esto puede hacerse concurriendo a cualquiera de sus oficinas; por medio de la aplicación «Notificaciones Senasa», enviando un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar; ingresando al apartado «Avisa al Senasa» del sitio web del organismo; o enviando un mensaje por WhatsApp al 11-5700-5704.
Salud 🩺
PAMI al límite: el Gobierno niega la crisis pero clínicas suspenden turnos y amenazan con frenar cirugías
El sistema de salud que atiende a casi 7,3 millones de jubilados y pensionados en Argentina está al borde del colapso. Las cámaras de prestadores privados suspendieron la asignación de turnos en consultorios externos de todas las especialidades y amenazan con paralizar cirugías programadas, mientras el Gobierno libertario insiste en que «el cronograma de pagos se viene cumpliendo».
PAMI suspende turnos en todo el país: prestadores denuncian un atraso arancelario del 102%
La contradicción es flagrante: por un lado, las instituciones privadas denuncian un atraso arancelario del 102% y advierten que no pueden afrontar insumos ni salarios; por el otro, el oficialismo responde con aumentos del 1,9% para junio y 1,9% para julio, por debajo incluso de la última medición de inflación del INDEC. La brecha entre el discurso oficial y la realidad hospitalaria no podría ser más amplia.
El Gobierno dice que todo está bien
Fuentes del Gobierno libertario aseguraron que el PAMI «no tiene deuda acumulada con Clínicas y Sanatorios a nivel nacional» y que «lo que resta pagar durante el mes son gastos corrientes». El mensaje fue reforzado desde Casa Rosada, que confirmó los aumentos del 1,9% para junio y julio, y anticipó que volverán a convocar a los prestadores «para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa en este contexto de estrés presupuestario».
La frase «estrés presupuestario» dice más de lo que pretende ocultar. Se trata del eufemismo oficial para describir lo que el propio sistema de salud padece como una crisis estructural, directamente vinculada al ajuste fiscal impuesto por las metas del acuerdo con el FMI.
Lo que dicen los prestadores: 102% de atraso y colapso inminente
La Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS) comunicó la suspensión del otorgamiento de nuevos turnos en consultorios externos de todas las especialidades y advirtió que las próximas medidas incluirán la paralización de cirugías y procedimientos programados no urgentes, manteniendo únicamente el seguimiento de pacientes con patologías crónicas críticas.
«Sin una recomposición urgente de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales y honorarios profesionales«, advirtió CAPRESS en un documento público. «Hacemos responsable al Estado nacional por el impacto sanitario que esta situación genera en los afiliados al PAMI», completaron.
Los números que el sector expone son contundentes: desde diciembre de 2023, los aranceles abonados por el PAMI a los prestadores aumentaron apenas un 130%, mientras que en el mismo período la inflación acumulada superó el 300%. Para equiparar ambas variables, los prestadores estiman que haría falta una recomposición de al menos el 75%; el Gobierno ofrece menos de un cuarto de eso.
La crisis lleva meses: desde Patagonia hasta todo el país
La situación no es nueva ni está circunscripta a una región. En febrero de 2026, más de 30 clínicas y sanatorios de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa ya habían suspendido prestaciones programadas y ambulatorias, luego de una nota enviada al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, en la que advertían que sin soluciones concretas la interrupción de servicios sería inevitable. El problema se repite: primero fue una advertencia; ahora es una medida de fuerza generalizada.
«No cubrimos costos y las brechas son insalvables», declaró Andrés Sabalette, administrador del Sanatorio Juan XXIII de Río Negro, según consignó el portal Noti-Río.
Los prestadores privados aportan más de la mitad de las camas de internación en todo el país, lo que convierte esta crisis en una amenaza directa para la capacidad del sistema sanitario argentino de responder a las necesidades de la tercera edad.
Un antecedente que el Gobierno ignoró: el fallo judicial de mayo
Esta crisis no irrumpió en el vacío. En mayo de 2026, este medio ya cubrió cómo un juez federal ordenó al PAMI y a Incluir Salud regularizar pagos a prestadores de discapacidad en 72 horas, calificando al Estado de «en mora» y advirtiendo sobre el «riesgo inminente» para las personas con discapacidad. El Gobierno apeló esa cautelar en lugar de cumplirla. El patrón se repite: la respuesta judicial; la respuesta oficial, una apelación.
Además, el propio Ejecutivo debió emitir Letras del Tesoro (LECAP) por $580.000 millones para asistir al PAMI en el marco de esa misma crisis, una medida que la propia normativa exige reembolsar dentro del mismo ejercicio fiscal.
El ajuste y los jubilados: un costo que siempre pagan los mismos
Para los trabajadores del sector, el reclamo de los prestadores es apenas la superficie de una crisis más profunda. Desde SUTEPA respaldaron las medidas de los prestadores y señalaron que el personal de planta y los profesionales de cabecera fueron los principales damnificados del ajuste económico en el sector de la salud.
El cuadro se enmarca en una política deliberada: el recorte del gasto primario acumulado desde 2023, que en el área de salud y seguridad social implicó reducciones de más del 60% en términos reales, según el diagnóstico del Foro Economía y Trabajo. Los jubilados que dependen del PAMI son, en ese contexto, los eslabones más débiles de una cadena de ajuste que los aprieta desde varios frentes simultáneamente: la erosión del poder adquisitivo de sus haberes, el encarecimiento de los servicios públicos, y ahora la amenaza de perder acceso a los turnos médicos.
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