Economía 💲
El acuerdo entre la Argentina y el FMI avanza hacia la recta final
Su tratamiento en el Congreso está previsto para los primeros días de marzo, para que también pueda ser aprobado por el directorio del Fondo antes del vencimiento del día 22, fecha en que la Argentina está obligada desembolsar alrededor de US$ 2.900 millones en concepto de capital del escandaloso préstamo que el organismo le otorgó a Mauricio Macri.
Por Mara Laudonia
El acuerdo para la firma de la Carta de Intención entre la Argentina y el FMI para un nuevo programa con el organismo avanza en la recta final, en tanto que la intención oficial es tenerlo aprobado en la semana que se inicia y antes del 1 de marzo, la fecha de apertura de la sesiones legislativas en el Congreso.
Señales desde ambos lados del mostrador permiten avizorar que la Carta de intención entre el Ejecutivo y el staff del Fondo llegará en los tiempos que permitan su tratamiento en el Congreso durante marzo, para poder así ser aprobado por el directorio del Fondo antes del vencimiento clave del día 22, la fecha en la que Argentina está obligada desembolsar unos 2.900 millones de dólares en concepto de capital del megapréstamo heredado de Mauricio Macri.
El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Ilan Goldfajn, sostuvo ayer que el organismo está en «intensas negociaciones», durante un encuentro internacional de empresarios de la región, bancos de inversión, y economistas.
«Estamos en un entendimiento cercano con las autoridades argentinas para alcanzar un acuerdo a nivel de staff, que es el acuerdo completo con todos los detalles, todas las reformas, todo lo que tenemos en el programa; ahí es donde estamos, estamos en intensas negociaciones», sostuvo en la charla que mantuvo con Susan Segal, la titular del Council of the Américas y coordinadora del evento en cuestión.
Y continuó: «tenemos reuniones intensas, muchas virtuales, y eso toma casi 24 horas al días, los siete días de la semana», se explayó el economista brasileño y ex titular del Banco Central de su país, para dar cuenta de la intensidad de las gestiones para llegar con los tiempos.

«Es un programa realista y confiable que solamente es para Argentina en el sentido más amplio, esto es un programa creíble, de manera pragmática y factible», analizó.
Otra de las señales fuertes en pos del cierre de un acuerdo ocurrió durante una reunión informal de directorio, que tuvo lugar el pasado martes. Allí volvió a discutirse el caso argentina, y esta vez el resultado de la reunión y la exposición de la silla de EEUU resultaron «muy importantes» para la postura argentina, admitieron fuentes cercanas a las negociaciones.
Trascendió que Estados Unidos habría suavizado su posición y aprobado informalmente el acuerdo, ante la alternativa de que «un default es el peor escenario», y más allá de los reparos técnicos en algunos puntos planteados.
La Argentina negocia con el Fondo un nuevo acuerdo con el FMI para reprogramar los 45.000 millones de dólares de deuda heredados de la gestión de Mauricio Macri, lo que se encuentra en una etapa de definición de aspectos técnicos, como el cronograma de desembolsos, un rango del nivel precios, y necesidades de financiamiento que acompañará el resto de los organismos, entre otros.
El programa que se negocia tendrá una duración de dos años y medio y permitirá al país escribir un nuevo préstamo de Facilidades Extendidas, por un monto total similar a la deuda que dejó Macri con el Fondo, que facilitará el repago de toda la deuda en hasta 12 años.
Según lo que se conoció hasta ahora, el acuerdo permite bajar gradualmente el déficit fiscal (reducirlo a 2,5% en 2022, para llegar hasta 0,9% en 2024), sin reformas laborales ni impositivas, a la vez que otorga un margen para aumentar el gasto de capital en infraestructura.
Una de las variables a ajustar, también de manera gradual, son los subsidios a los servicios públicos, para lo cual el Gobierno está abocado a diseñar un plan de segmentación tarifaria, por barrio, según el nivel socioeconómico, que afectaría en un principio a unos 500.000 usuarios, según una de las propuestas en danza, aunque aún no hay definiciones.
En tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el proyecto sobre el acuerdo con el FMI será enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo con «anexos que contendrán todos los documentos» y «cada uno de sus detalles».
«La idea de que va a haber documentos secretos es un sin sentido. Una vez concretado el acuerdo a nivel staff del FMI, se enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que en sus anexos contendrá todos los documentos que sean la base de ese acuerdo, con cada uno de sus detalles», indicó Guzmán en declaraciones formuladas a Télam.
En paralelo, en lo últimos días hubo una intensa gestión diplomática del Gobierno argentino con los Estados Unidos, donde trascendió que, por un lado, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello, mantuvo reuniones con Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Joseph Biden, y por otro, el Canciller Santiago Cafiero, que concertó el jueves un encuentro con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley.
Los resultados favorables a un acuerdo fueron transmitidos ayer por el canciller Santiago Cafiero, quien destacó que «hubo un acompañamiento del ala política de la administración de Joe Biden» en el marco de las negociaciones que el Gobierno argentino mantiene con el Fondo.
«Necesitábamos que se involucren y así fue», dijo Cafiero, un día después de haber mantenido un encuentro con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, y tres días después de la reunión clave en el directorio del FMI.
También, tanto Guzmán como el representante argentino en el FMI, Sergio Chodos, continuaron en el G20 -de manera virtual y presencial- con la búsqueda de cosechar apoyos para la postura argentina cuando se realice la votación formal en el FMI, ante los equipos de los ministros de Finanzas que participaron en la primer cumbre del del año en Indonesia.
Seguridad social
Actualización mínima, pérdida real del 40%: la política de Milei frente al sistema de discapacidad
El Ministerio de Salud actualizó los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad un 2,10% para junio, atado al IPC de mayo. La medida coexiste con la negativa del Gobierno a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad y con una pérdida real acumulada que, según el propio sector, supera el 40%.
El Ministerio de Salud, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicó este viernes en el Boletín Oficial la Resolución 1297/2026: una actualización del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, vigente desde junio y calculada sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo. La medida convive con una pérdida real acumulada que el propio sector estima en más del 40% respecto de los costos, y con la negativa sistemática del Gobierno de Javier Milei a dar plena vigencia a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La resolución, firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, establece un incremento parejo para todas las prestaciones del nomenclador, sin distinción por modalidad o tipo de servicio. La norma actualiza los valores aprobados por la Resolución 517/2026, que en mayo había dispuesto una suba del 2,6%. Para las provincias de la Patagonia, considerada zona desfavorable por sus condiciones geográficas y logísticas, se mantiene un adicional del 20% sobre el arancel básico.
Con los nuevos valores, una prestación de centro de día con jornada doble pasará a percibir $1.058.791,92, mientras que una jornada simple ascenderá a $563.272,78.
Números oficiales versus realidad del sector
La actualización mensual por IPC es el mecanismo que el Gobierno aplica de manera rutinaria, pero los prestadores advierten que ese esquema está lejos de compensar el deterioro acumulado. Según datos oficiales del propio sector, la pérdida real frente a los costos operativos supera el 40% en el período 2024-2025. El impacto es concreto: instituciones de referencia, como el Centro Alas de Rosario, con 38 años de trayectoria en la atención de personas con discapacidad, alertaron públicamente a mediados de mayo que no perciben fondos desde noviembre de 2025. El cuello de botella señalado es el crónico retraso en los pagos del programa federal Incluir Salud.
Una ley vigente que el Gobierno se niega a cumplir
El trasfondo de esta nota mensual de actualización es un conflicto político e institucional de mayor envergadura. El Congreso aprobó en julio de 2025 la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que declaraba la emergencia del sector hasta diciembre de 2026 y establecía, entre otros puntos, compensaciones para los prestadores por el desfasaje acumulado entre aranceles e IPC durante 2024, y la actualización mensual automática de los valores del nomenclador. Milei vetó la ley en agosto. El Senado revirtió el veto en septiembre de 2025 con 63 votos a favor y solo 7 en contra, forzando la promulgación de la norma.
Sin embargo, el Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley a que el Congreso incluyera las partidas correspondientes en el Presupuesto 2026, invocando el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. La Justicia intervino en reiteradas oportunidades. En diciembre de 2025, el Juzgado Federal de Campana declaró inválida la suspensión y fijó el 4 de febrero de 2026 como plazo máximo para la implementación plena. El Gobierno reglamentó parcialmente la norma mediante el Decreto 84/2026, pero continuó dilatando su aplicación integral.
En abril de 2026, la Cámara Federal de San Martín volvió a ordenar la aplicación de la ley. Ante ese fallo, el Gobierno ingresó ante la Corte Suprema un recurso extraordinario con efecto suspensivo, invocando un impacto fiscal de 3 billones de pesos (0,35% del PBI). En paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley alternativo que modifica sustancialmente la norma vigente: establece un reempadronamiento obligatorio de pensionados bajo amenaza de interrupción automática de pagos, y elimina la posibilidad de otorgar aumentos por zona geográfica desfavorable.
La ANDIS disuelta y la continuidad institucional bajo cuestionamiento
El contexto institucional agrava el panorama. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que administraba históricamente el sistema, fue disuelta por el Decreto 27/2026, tras el escándalo judicial que involucró a su ex titular Diego Spagnuolo en presuntas irregularidades con proveedores de medicamentos. Sus funciones quedaron absorbidas por el Ministerio de Salud, que es el organismo que ahora firma las resoluciones de actualización arancelaria. La continuidad de los servicios y la cadena de pagos a prestadores se desarrolla en ese marco de transición institucional.
Puntos clave
- La Resolución 1297/2026 establece una actualización del 2,10% en los aranceles del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad a partir de junio de 2026, calculada sobre el IPC de mayo.
- Las provincias patagónicas mantienen un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable.
- El sector estima una pérdida real acumulada de más del 40% frente a los costos en 2024-2025; instituciones de referencia advierten que no perciben fondos desde noviembre de 2025.
- El Gobierno de Milei mantiene un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para frenar la aplicación plena de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pese a que la Justicia ordenó su vigencia en múltiples instancias.
- La ANDIS fue disuelta por Decreto 27/2026 y sus funciones quedaron bajo la órbita del Ministerio de Salud.
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