Economía 💲
El acuerdo entre la Argentina y el FMI avanza hacia la recta final
Su tratamiento en el Congreso está previsto para los primeros días de marzo, para que también pueda ser aprobado por el directorio del Fondo antes del vencimiento del día 22, fecha en que la Argentina está obligada desembolsar alrededor de US$ 2.900 millones en concepto de capital del escandaloso préstamo que el organismo le otorgó a Mauricio Macri.
Por Mara Laudonia
El acuerdo para la firma de la Carta de Intención entre la Argentina y el FMI para un nuevo programa con el organismo avanza en la recta final, en tanto que la intención oficial es tenerlo aprobado en la semana que se inicia y antes del 1 de marzo, la fecha de apertura de la sesiones legislativas en el Congreso.
Señales desde ambos lados del mostrador permiten avizorar que la Carta de intención entre el Ejecutivo y el staff del Fondo llegará en los tiempos que permitan su tratamiento en el Congreso durante marzo, para poder así ser aprobado por el directorio del Fondo antes del vencimiento clave del día 22, la fecha en la que Argentina está obligada desembolsar unos 2.900 millones de dólares en concepto de capital del megapréstamo heredado de Mauricio Macri.
El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Ilan Goldfajn, sostuvo ayer que el organismo está en «intensas negociaciones», durante un encuentro internacional de empresarios de la región, bancos de inversión, y economistas.
«Estamos en un entendimiento cercano con las autoridades argentinas para alcanzar un acuerdo a nivel de staff, que es el acuerdo completo con todos los detalles, todas las reformas, todo lo que tenemos en el programa; ahí es donde estamos, estamos en intensas negociaciones», sostuvo en la charla que mantuvo con Susan Segal, la titular del Council of the Américas y coordinadora del evento en cuestión.
Y continuó: «tenemos reuniones intensas, muchas virtuales, y eso toma casi 24 horas al días, los siete días de la semana», se explayó el economista brasileño y ex titular del Banco Central de su país, para dar cuenta de la intensidad de las gestiones para llegar con los tiempos.

«Es un programa realista y confiable que solamente es para Argentina en el sentido más amplio, esto es un programa creíble, de manera pragmática y factible», analizó.
Otra de las señales fuertes en pos del cierre de un acuerdo ocurrió durante una reunión informal de directorio, que tuvo lugar el pasado martes. Allí volvió a discutirse el caso argentina, y esta vez el resultado de la reunión y la exposición de la silla de EEUU resultaron «muy importantes» para la postura argentina, admitieron fuentes cercanas a las negociaciones.
Trascendió que Estados Unidos habría suavizado su posición y aprobado informalmente el acuerdo, ante la alternativa de que «un default es el peor escenario», y más allá de los reparos técnicos en algunos puntos planteados.
La Argentina negocia con el Fondo un nuevo acuerdo con el FMI para reprogramar los 45.000 millones de dólares de deuda heredados de la gestión de Mauricio Macri, lo que se encuentra en una etapa de definición de aspectos técnicos, como el cronograma de desembolsos, un rango del nivel precios, y necesidades de financiamiento que acompañará el resto de los organismos, entre otros.
El programa que se negocia tendrá una duración de dos años y medio y permitirá al país escribir un nuevo préstamo de Facilidades Extendidas, por un monto total similar a la deuda que dejó Macri con el Fondo, que facilitará el repago de toda la deuda en hasta 12 años.
Según lo que se conoció hasta ahora, el acuerdo permite bajar gradualmente el déficit fiscal (reducirlo a 2,5% en 2022, para llegar hasta 0,9% en 2024), sin reformas laborales ni impositivas, a la vez que otorga un margen para aumentar el gasto de capital en infraestructura.
Una de las variables a ajustar, también de manera gradual, son los subsidios a los servicios públicos, para lo cual el Gobierno está abocado a diseñar un plan de segmentación tarifaria, por barrio, según el nivel socioeconómico, que afectaría en un principio a unos 500.000 usuarios, según una de las propuestas en danza, aunque aún no hay definiciones.
En tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el proyecto sobre el acuerdo con el FMI será enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo con «anexos que contendrán todos los documentos» y «cada uno de sus detalles».
«La idea de que va a haber documentos secretos es un sin sentido. Una vez concretado el acuerdo a nivel staff del FMI, se enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que en sus anexos contendrá todos los documentos que sean la base de ese acuerdo, con cada uno de sus detalles», indicó Guzmán en declaraciones formuladas a Télam.
En paralelo, en lo últimos días hubo una intensa gestión diplomática del Gobierno argentino con los Estados Unidos, donde trascendió que, por un lado, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello, mantuvo reuniones con Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Joseph Biden, y por otro, el Canciller Santiago Cafiero, que concertó el jueves un encuentro con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley.
Los resultados favorables a un acuerdo fueron transmitidos ayer por el canciller Santiago Cafiero, quien destacó que «hubo un acompañamiento del ala política de la administración de Joe Biden» en el marco de las negociaciones que el Gobierno argentino mantiene con el Fondo.
«Necesitábamos que se involucren y así fue», dijo Cafiero, un día después de haber mantenido un encuentro con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, y tres días después de la reunión clave en el directorio del FMI.
También, tanto Guzmán como el representante argentino en el FMI, Sergio Chodos, continuaron en el G20 -de manera virtual y presencial- con la búsqueda de cosechar apoyos para la postura argentina cuando se realice la votación formal en el FMI, ante los equipos de los ministros de Finanzas que participaron en la primer cumbre del del año en Indonesia.
Soberanía energética
Milei pone a la venta la columna vertebral del sistema eléctrico argentino
El Ejecutivo avanza en la privatización de CITELEC, controlante de la principal red de alta tensión del país, con tres grupos empresariales en carrera y amigos del poder entre los oferentes.
Transener: el Gobierno entrega la columna vertebral del sistema eléctrico
★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la precalificación técnica de los tres grupos empresariales que compiten por adquirir el paquete accionario que el Estado nacional posee en CITELEC S.A., la sociedad controlante de Transener, el principal operador de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país. Mañana martes, a las 10 horas, se abrirán los sobres económicos que definirán quién se queda con el activo.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 540/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El proceso se enmarca en el desmembramiento de Energía Argentina S.A. (ENARSA), la empresa estatal cuya privatización fue habilitada por la Ley 27.742 (conocida como Ley Bases) y el Decreto 286/2025, que autorizó la venta de sus activos por etapas.
Lo que se pone en juego no es un activo cualquiera. Transener opera más de 20.000 kilómetros de líneas de alta y media tensión y más de 160 estaciones transformadoras que cubren el 85% del sistema eléctrico nacional, conectando los centros de generación con los de consumo en un trayecto que se extiende 3.700 kilómetros de norte a sur. Una disponibilidad operativa superior al 99,7% y concesiones de hasta 95 años completan el perfil de lo que el propio documento de ENARSA para la venta califica sin eufemismos como «monopolios naturales regulados».
Los tres grupos en carrera y sus vínculos con el poder
Las tres propuestas que superaron la evaluación del «Sobre N°1», presentadas el pasado 14 de abril a través de la plataforma CONTRAT.AR, son las siguientes.
El primer oferente es el consorcio conformado por Genneia y el Grupo Edison Transmisión, que se presenta en forma conjunta. Detrás de Genneia está Jorge Brito, dueño del Banco Macro y presidente de esa compañía energética. El Grupo Edison, por su parte, reúne a los hermanos Patricio y Juan Neuss, señalados públicamente como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, junto a los socios del fondo Inverlat, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli y Guillermo Stanley, además de Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro, y los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan.
El consorcio llega a esta licitación con un historial de adquisiciones energéticas recientes que incluye el control de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), la Empresa Jujeña de Energía (EJESA), las Líneas de Transmisión del Litoral (LITSA) y la generadora hidroeléctrica CEMPSA en Mendoza.
El segundo oferente es Edenor, la distribuidora eléctrica del norte del Área Metropolitana de Buenos Aires, que pertenece a los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, tres figuras con larga trayectoria en los negocios ligados al Estado.
El tercero es Central Puerto S.A., la principal compañía privada de generación eléctrica del país, cuyos accionistas están encabezados por Guillermo Reca.
El proceso fue supervisado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que descartó impugnaciones y validó la solvencia de los interesados. No se presentaron objeciones al dictamen de preselección.
Un monopolio natural que pasa a manos privadas
CITELEC posee el 52,65% del capital accionario de Transener, incluyendo la totalidad de las acciones clase A, que otorgan el control efectivo de la compañía. Quien adquiera ese paquete pasará a ser accionista co-controlante de CITELEC junto a Pampa Energía, la empresa dirigida por Marcelo Mindlin, y también tomará las riendas de Transener Internacional Ltda. (con operaciones en Brasil) y TRANSBA S.A., responsable del transporte troncal en la provincia de Buenos Aires.
El precio base de la licitación fue establecido en 206 millones de dólares. El resultado de la apertura de sobres se publicará en el sistema CONTRAT.AR y en el portal del Banco Mundial.
La operación no es aislada, es parte de un proceso de desinversión más amplio que ya incluyó la venta de las principales represas hidroeléctricas del Comahue, con la que el Gobierno ingresó 700 millones de dólares a las reservas internacionales. ENARSA también controla participaciones en otras empresas del sector: el 80% de Enarsa Patagonia y de Vientos de la Patagonia, el 50% de UTE Escobar, el 65% de Termoeléctrica Manuel Belgrano y el 68,8% de Termoeléctrica José de San Martín, entre otras.
El Estado se retira de la energía estratégica
La privatización de Transener se inscribe en una lógica más amplia que este medio ya documentó en coberturas anteriores sobre el desguace del sector público energético: la venta de AySA, la licitación de la Hidrovía y el retiro del Estado de la importación de gas natural licuado (GNL) configuran un patrón sistemático de transferencia de activos estratégicos al sector privado bajo el argumento de la eficiencia y la reducción del déficit fiscal.
La urgencia financiera es concreta. El Gobierno enfrenta vencimientos en moneda extranjera por cerca de 9.000 millones de dólares hasta fin de 2026, con un pago de 4.200 millones de dólares a bonistas previsto para julio. En ese contexto, la venta de activos estratégicos como Transener opera como variable de ajuste, al igual que la privatización de AySA que este medio analizó en abril, financiada con el mismo argumento de cubrir compromisos de deuda contraídos con el FMI y el Banco Mundial.
Lo que el Gobierno llama «transformación del sector energético» es, en los hechos, la entrega de monopolios naturales regulados, que operan con concesiones de hasta 95 años, a grupos empresariales con vínculos directos con el entorno del poder. La red que transporta la electricidad de 46 millones de argentinos pasará, en las próximas horas, a manos privadas. El Estado, que financió su construcción y mantuvo su operación durante décadas, recibirá a cambio 206 millones de dólares de precio base, o lo que sea que ofrezcan mañana a las 10.
Puntos clave
- El Gobierno publicó la Resolución 540/2026 con la precalificación técnica de tres grupos para comprar el 50% de CITELEC, controlante de Transener.
- Los oferentes son el consorcio Genneia-Grupo Edison (con figuras cercanas al asesor Santiago Caputo), Edenor y Central Puerto.
- La apertura de los sobres económicos está prevista para el martes 28 de abril a las 10 horas en la plataforma CONTRAT.AR.
- El precio base de la licitación es de 206 millones de dólares; el ganador controlará más de 20.000 km de líneas de alta tensión y el 85% del sistema eléctrico nacional.
- La venta es parte del desmembramiento de ENARSA habilitado por la Ley Bases, en un contexto de urgencia fiscal por vencimientos de deuda de 9.000 millones de dólares hasta fin de año.
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