Investigación 🔎
Un mensaje clave reactiva la pista Milman por el atentado a Cristina
Investigadores accedieron al contenido del teléfono del diputado Milman tras una extensa pericia con presencia judicial y revelaron material encriptado.
LO QUE TENÉS QUE SABER
- La pericia al celular de Gerardo Milman duró más de 15 horas y fue realizada por Gendarmería.
- Se recuperó un mensaje de WhatsApp de una exsecretaria que reactivó la “pista Milman”.
- El teléfono entregado no era el que poseía en el momento del atentado a Cristina Kirchner.
- Se hallaron 596 imágenes eliminadas o dañadas que no pudieron visualizarse.
- La clave del dispositivo fue aportada recién en mayo, tras un fallo dividido de la Cámara Federal.
El peritaje al celular de Milman reveló mensajes clave en la investigación por el atentado a Cristina Kirchner
La investigación sobre el intento de asesinato a Cristina Kirchner sumó un nuevo capítulo tras la pericia al teléfono del diputado nacional del PRO, Gerardo Milman. La revisión del dispositivo, secuestrado a fines de 2023, fue realizada por expertos de Gendarmería y supervisada por la jueza María Eugenia Capuchetti. Durante más de 15 horas se extrajo información que incluyó archivos encriptados y mensajes intercambiados con excolaboradoras.
Un mensaje de WhatsApp reavivó la pista que involucra al diputado del PRO
En c5n se presentaron detalles del material peritado. «Estamos hablando de un mensaje de WhatsApp que reaviva la pista Milman, que le envió una secretaria de nombre Erica», explicaron.
El texto, fechado el 20 de enero de 2023, decía: “Estoy sin laburo, sin un mango, sin ayuda de nadie, por tu culpa Jerry! Sabes que va a terminar pasando? Que salgamos todas en la tele para decir la verdad de cada una, porque nadie nos ayuda, no tenemos nada que perder ya”.
La línea temporal y los elementos técnicos del caso
El teléfono en cuestión es un iPhone 14 Pro, modelo que salió al mercado después del atentado ocurrido el 1º de septiembre de 2022. “El mensaje, que es de antes de cambiar el celular, sale de un iPhone 14 PRO que se lanzó al mercado después del 1º de septiembre del 2022, es decir después del intento de magnicidio: el teléfono que entregó a la Justicia no era el que tenía cuando ocurrió el atentado contra Cristina”, detallaron en el programa Minuto Uno.
Milman argumentó que su dispositivo anterior se extravió durante una mudanza y luego denunció que fue robado.
Un testimonio clave lo vinculó inicialmente con el hecho
Milman quedó relacionado con la causa a partir de la declaración de Jorge Abello, asesor legislativo, quien indicó que el 30 de agosto de 2022 escuchó al diputado decir en el bar Casablanca: «Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa». Al día siguiente, Milman viajó a Pinamar y regresó el 1º de septiembre, fecha del atentado contra la vicepresidenta.
Archivos borrados, contenido sensible y fechas clave
La Justicia enfocó la pericia en un intervalo que va desde el 1 de julio de 2022 hasta el 10 de mayo de 2023. Recién en mayo, Milman entregó la clave de seis dígitos que permitió acceder al contenido.
El diputado había manifestado que su celular contenía “mucho material borrado por cuestiones de Estado”, incluyendo vínculos con agencias internacionales, fotos personales y datos delicados. El análisis reveló la existencia de 596 imágenes ilegibles o dañadas que no pudieron visualizarse, aunque la mayoría del material no resultó relevante para el expediente, según fuentes judiciales.
Investigación 🔎
“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA
La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.
Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones
★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.
Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.
«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan
La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.
«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.
El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.
«Pipo» y los nexos en el interior del sistema
Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.
En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.
El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.
La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
- Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
- El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
- Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
- Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.
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