DDHH
Gatillo Fácil en CABA: a 4 años del asesinato de Lucas González, su familia sigue destruida pero logró justicia
A cuatro años del asesinato de Lucas, su padre, Héctor González, relata como siguen sus vidas. Tres policías fueron condenados a perpetua por el crimen, pero el dolor se mantiene ininterrumpido.
★ Se cumplieron cuatro años del brutal asesinato de Lucas González, el joven de 17 años víctima de gatillo fácil a manos de efectivos de la Policía de la Ciudad. El 17 de noviembre de 2021, Lucas fue asesinado de dos disparos tras salir de entrenar con amigos en el Club Barracas Central. Por el hecho, tres policías de la fuerza porteña fueron condenados a prisión perpetua, mientras que otros cuatro recibieron condenas por encubrimiento y privación ilegítima de la libertad.
El dolor ininterrumpido de una familia
Héctor, el padre de Lucas, manifestó el profundo dolor que persiste a cuatro años del crimen. «Son cuatro años y parece que fue ayer, pero la verdad que no encontramos la vuelta para seguir, ni tampoco un alivio en el corazón», expresó Héctor, quien además señaló que todavía no asimila la ausencia de su hijo. La familia atraviesa un proceso de duelo que, según sus palabras, «es ahora», refutando la idea de que «el tiempo cura todo».
El padre del adolescente relató las dificultades personales que enfrentó tras la tragedia, incluida la renuncia a su empleo anterior para dedicarse al cuidado de su familia. Recientemente, Héctor comenzó a trabajar como chofer en la Municipalidad de Florencio Varela, un esfuerzo por «salir adelante, de estar bien, de levantarme con ganas, con fuerza, para apuntalar a mi familia, pero se complica a veces», afirmó. Cynthia, la madre de Lucas, continúa bajo tratamiento psiquiátrico debido al impacto del suceso, y es «apuntalada» por toda la familia.
Héctor enfatizó que el recuerdo de su hijo «sigue latente» y que, a pesar del dolor «tremendo», el núcleo familiar se mantiene unido. «Sé que nos protege y nos cuida desde donde está. Estamos orgullosos como padres por la lucha y por haber llegado hasta donde muy pocos lograron hacerlo, que es a la justicia. Por lo menos no fue en vano el largo camino que recorrimos», concluyó.
La reconstrucción de un crimen de Estado
El asesinato del joven ocurrió a fines de 2021. Lucas y sus tres amigos salieron del predio del club Barracas Central luego de entrenar. Los cuatro adolescentes se subieron a un Volkswagen Suran, conducido por Julián Salas, con Lucas como acompañante y Joaquín Zúniga y Niven Huanca en la parte trasera.
Según lo expuesto en el juicio y replicado por el Ministerio Público Fiscal, al llegar a la intersección de las calles Luna y Avenida Iriarte, el vehículo se detuvo y Lucas descendió para comprar un jugo. Al retomar el viaje, fueron interceptados por un automóvil Nissan sin identificación policial ni patente trasera. De este vehículo descendieron tres hombres que les apuntaron. Los jóvenes, al creer que se trataba de un robo, intentaron evadir la situación.
En ese momento, los tres integrantes de la brigada policial dispararon contra el auto. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, quien falleció al día siguiente en el hospital “El Cruce” de Florencio Varela. Sus amigos resultaron detenidos en el lugar.
Condenas por homicidio agravado y encubrimiento
En 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº25 condenó a prisión perpetua a los policías Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Isassi. Los hallaron coautores de “homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido por arma de fuego, por alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haber abusado de su función por ser integrante de fuerza de seguridad”.
Adicionalmente, el Tribunal los consideró responsables por la “tentativa de homicidio cometida contra los tres amigos de Lucas”; por la “privación ilegítima de la libertad agravada por haberse dado con abuso de funciones o sin formalidades prescritas por ley” y por el delito de “falsedad ideológica”.
Otros efectivos policiales también fueron condenados. Roberto Orlando Inca, Fabián Alberto Du Santos, Rodolfo Alejandro Ozán y Héctor Claudio Cuevas continúan presos por encubrimiento agravado y privación ilegítima de la libertad. Dos agentes más, que inicialmente habían sido condenados, fueron absueltos tras una revisión de sus casos.
DDHH
El infierno del CECOT: denuncian torturas a migrantes venezolanos en la megacárcel de Bukele
Un informe de Human Rights Watch y Cristosal denuncia torturas y violencia sexual contra migrantes venezolanos en el CECOT, la megacárcel de Nayib Bukele.
Denuncias de torturas en la megacárcel de Bukele
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel inaugurada por el gobierno de El Salvador en 2023, vuelve a estar en el centro de la polémica. Un informe de Human Rights Watch (HRW), elaborado junto a la ONG Cristosal, denunció que migrantes venezolanos transferidos desde Estados Unidos fueron torturados y sufrieron violencia sexual durante su detención en el penal.
Según publicó el medio alemán Deutsche Welle (DW), el documento —titulado “Llegaron al infierno”— sostiene que los abusos no fueron hechos aislados sino violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas dentro de la cárcel.
“Los casos de tortura y malos tratos a venezolanos en El Salvador no fueron incidentes aislados cometidos solo por algunos guardias o policías antimotines abusivos, sino también violaciones sistemáticas de derechos humanos”, señaló HRW.
Traslados desde Estados Unidos
De acuerdo con HRW, entre marzo y abril fueron trasladados 252 migrantes venezolanos al CECOT. El envío se realizó tras un acuerdo entre el entonces presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, en el marco de una política bilateral para combatir el crimen organizado transnacional.
Los migrantes fueron acusados de pertenecer al Tren de Aragua, un grupo delictivo de origen venezolano catalogado por Washington como organización terrorista. Sin embargo, las organizaciones denunciantes advirtieron que muchos detenidos no tenían pruebas en su contra ni antecedentes penales.
Violencia sexual y tratos inhumanos
El informe detalla testimonios de víctimas y familiares que describen abusos físicos, golpizas, torturas y violencia sexual por parte de custodios del penal. Las oenegés advirtieron que los detenidos fueron incomunicados, privados de atención médica y sometidos a condiciones infrahumanas.
Cristosal, que participó de la investigación, cerró sus oficinas en El Salvador en julio tras denunciar una “escalada represiva” contra defensores de derechos humanos y la persecución de activistas por parte del gobierno salvadoreño.
Contexto de represión y cuestionamientos internacionales
Desde que Bukele implementó el régimen de excepción en 2022, organismos internacionales —entre ellos Amnistía Internacional, la CIDH y Human Rights Watch— han cuestionado las detenciones masivas y las condiciones carcelarias en El Salvador.
El CECOT, presentado por el gobierno como “la cárcel más grande y segura de América”, alberga a más de 40 mil personas, la mayoría sin condena firme. Diversas organizaciones denuncian hacinamiento, torturas y muertes bajo custodia.
Reacciones y silencio oficial
Hasta el momento, ni el gobierno de El Salvador ni el de Estados Unidos respondieron públicamente al informe. HRW solicitó a ambos países una investigación independiente y el cese inmediato de las detenciones arbitrarias y los abusos.
El documento también exige que se garantice el acceso de organismos internacionales a los centros de detención y se brinde protección a defensores de derechos humanos que denuncian estos hechos.
Puntos clave
- HRW y Cristosal denunciaron torturas y violencia sexual a migrantes venezolanos detenidos en el CECOT.
- Los traslados fueron autorizados por Donald Trump y Nayib Bukele entre marzo y abril.
- Los migrantes fueron acusados de integrar el Tren de Aragua, sin pruebas suficientes.
- El informe “Llegaron al infierno” alerta sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos.
- El gobierno salvadoreño no respondió a las denuncias.
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