Salud 🩺
Tensión en la ANDIS: familiares y prestadores ingresaron tras la suspensión de reunión y abandono del Gobierno nacional
Familias, prestadores y organizaciones del sector se movilizaron a la sede de la ANDIS en Belgrano para exigir la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por el presidente Javier Milei. Denuncian abandono estatal, falta de aumentos y “una situación límite”.
Familias, organizaciones y trabajadores del sector de la discapacidad irrumpieron este viernes en la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en el barrio porteño de Belgrano, luego de que se cancelara una reunión clave convocada por el interventor del organismo, Alejandro Vilches, para tratar el atraso en los pagos y los aumentos a los prestadores.
La reunión, originalmente pautada para las 11, había sido reprogramada a las 10 y finalmente cancelada por “fuerza mayor”, lo que desató el malestar de los manifestantes, que denunciaron “falta de diálogo y abandono del Estado”.
“Es una vergüenza”: familias y prestadores en pie de reclamo
Frente a la sede de ANDIS, los manifestantes expresaron su indignación ante lo que consideran una nueva maniobra dilatoria del Gobierno nacional.
“La agencia recibió 121 mil millones de pesos para otorgar aumentos. Ese dinero alcanzaría para mejorar los valores de estos tres meses”, afirmó Pablo Molero, presidente del Foro de Discapacidad, en diálogo con medios presentes.
Por su parte, Lola Berthet, representante de las familias, apuntó contra la falta de previsibilidad y el deterioro del sistema:
“Ya está todo colapsado. Estamos llenando los papeles para renovar las prestaciones, pero no sabemos si el año que viene nuestros hijos o hijas van a tener atención. Es agotador todo esto. Pasé de la angustia a la bronca. Necesito que alguien abra la puerta y nos reciba”.
Una ley vetada y una crisis sin respuesta
El reclamo tiene como trasfondo la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), sancionada por el Congreso pero vetada por Javier Milei a través de un decreto que diversos especialistas califican como “inconstitucional”.
La norma buscaba declarar la emergencia del sector, garantizar fondos para los prestadores y asegurar la continuidad de las prestaciones esenciales. Sin embargo, pese a los reclamos de legisladores y familias, el Gobierno mantiene paralizada su aplicación.
“El diputado Paulón presentó una denuncia ante el juez Casanello por incumplimiento de la ley, pero no hay avances. Mientras tanto, las personas con discapacidad siguen esperando. Yo atiendo por 12 mil pesos la sesión, sin actualización hace un año”, denunció Claudia Dipólito, madre y psicóloga.
Prestadores y transportistas al borde del colapso
La crisis también golpea de lleno a los transportistas y prestadores de servicios básicos.
“La situación es límite, nunca estuvimos así. No sabemos cuántos transportistas van a quedar en pie. Hoy trabajamos a pérdida”, aseguró un representante de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (Atacadis).
Según denuncian, el Estado les paga el litro de nafta a $541, cuando el costo real supera los $1.700, haciendo imposible sostener los traslados de personas con discapacidad que dependen del sistema público.
Un conflicto que expone la falta de política pública
Los manifestantes coincidieron en señalar que la falta de ejecución presupuestaria y de voluntad política agrava una crisis estructural que pone en riesgo la atención, la movilidad y la inclusión de miles de personas con discapacidad en todo el país.
“Estamos hablando de derechos básicos —expresaron desde las organizaciones—.
No se trata de un reclamo sectorial, sino de la vida cotidiana de miles de familias que hoy no saben si el Estado va a garantizar lo que la ley ya reconoce.”
Lo que tenés que saber
- Manifestantes ingresaron a la sede de la ANDIS en Belgrano tras la cancelación de una reunión con el interventor Alejandro Vilches.
- Exigen la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por Javier Milei.
- Prestadores denuncian atrasos, falta de aumentos y pagos por debajo del costo real.
- Las familias advierten que las prestaciones corren riesgo de no renovarse en 2026.
- Transportistas afirman que trabajan “a pérdida” y podrían suspender los servicios.
Consumo
Los remedios en nuestro país triplican los precios internacionales
Un informe oficial revela que el 90% de los medicamentos de uso frecuente son más caros en Argentina que en el exterior, con un sobreprecio mediano de 3,1 a 1. Frente a India, la brecha trepa a 6,7 veces; frente a España, a 5,3 veces. Los datos surgen de un relevamiento de 17 principios activos esenciales comparados en cinco mercados internacionales.
En nuestro país se paga, en promedio, más del triple por medicamentos de lo que abonan los ciudadanos de otros países por los mismos principios activos. Así lo revela un informe reservado que circula entre funcionariosla que analizó una canasta de 17 medicamentos de uso frecuente y comparó sus precios de venta al público en farmacias argentinas con los de Brasil, Estados Unidos, Francia, España e India. El resultado es contundente: en el 90% de las comparaciones, Argentina sale perdiendo.
Para garantizar la validez de la comparación y evitar distorsiones por diferencias en el tamaño de los envases o las concentraciones, el estudio adoptó la Dosis Diaria Definida (DDD), la unidad de medida estandarizada recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El sobreprecio mediano registrado fue de 3,1 a 1 frente al conjunto de mercados analizados.
La brecha más brutal: India y España
Las diferencias más pronunciadas se registran frente a India, donde los remedios en Argentina resultan 6,7 veces más caros. Le siguen España, con una brecha de 5,3 veces, y Francia, con 3,4 veces. Incluso frente a Estados Unidos, habitualmente identificado como un mercado de precios elevados, la brecha es de 1,8 veces, y frente a Brasil, de 1,6 veces.
Los datos ilustran con precisión el impacto sobre tres tratamientos crónicos de altísimo consumo popular, que forman parte de la canasta básica de millones de hogares argentinos.
Tres tratamientos que radiografían la crisis
La levotiroxina, utilizada para el tratamiento del hipotiroidismo, es uno de los medicamentos más prescriptos del país. En Argentina, su costo mensual asciende a US$ 19,3, frente a una mediana internacional de apenas US$ 3,1. La dosis diaria local se ubica en US$ 0,644 contra US$ 0,08 en España, US$ 0,14 en Estados Unidos y US$ 0,02 en India. La brecha frente a ese último país es de 26,2 veces.
La atorvastatina, indicada para el control del colesterol, presenta un costo mensual de US$ 43,1 en Argentina contra US$ 8 de mediana internacional. La dosis diaria local cotiza a US$ 1,437, más de cinco veces por encima de los US$ 0,267 de referencia, y más de catorce veces por encima de los US$ 0,10 que cuesta en India.
La metformina, de uso extendido para la diabetes tipo 2, tiene un costo mensual de US$ 26,1 en el país contra US$ 5,3 de mediana. La dosis diaria en farmacias argentinas se ubica en US$ 0,871, frente a US$ 0,55 en Brasil, US$ 0,28 en Estados Unidos, US$ 0,08 en España y US$ 0,07 en India.
El contexto: desregulación como respuesta oficial
Según la información oficial, el diagnóstico que surge del informe sirve de sustento a la estrategia del Gobierno nacional orientada a desregular el mercado farmacéutico, promover la importación directa por parte de las provincias e impulsar la prescripción por nombre genérico para abaratar el acceso a los tratamientos. Como experiencia concreta en ese sentido, el documento menciona la compra de medicamentos a India realizada por la provincia de Mendoza.
Sin embargo, la propuesta de desregulación genera tensiones que el informe no resuelve. La estructura de precios del mercado farmacéutico argentino combina márgenes de distribución y dispensación, patentes, poder de mercado de laboratorios concentrados y ausencia de políticas de acceso efectivas. La importación directa y la genérica son herramientas válidas, pero insuficientes si no van acompañadas de una política de medicamentos esenciales que garantice cobertura universal, advierten desde sectores del campo sanitario público.
La paradoja central que emerge del informe es que los sobreprecios más altos recaen sobre tratamientos crónicos, es decir, sobre los pacientes que más dependen del sistema y que menos pueden prescindir de su medicación. Hipotiroidismo, colesterol alto y diabetes tipo 2 son condiciones que afectan de manera desproporcionada a sectores de menores ingresos, para quienes el gasto en medicamentos representa una proporción significativa de su presupuesto mensual.
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