Seis de los siete imputados por el crimen de Fernando Pérez Algaba, el empresario hallado descuartizado dentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, seguirán detenidos con prisión preventiva, mientras que una de las acusadas será excarcelada, informaron este domingo fuentes judiciales.

La medida fue dictada por el juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, y recayó sobre los imputados Maximiliano Ezequiel Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas, Matías Ezequiel Gil, Luis Alberto Contreras, Horacio Mariano Córdoba y Fernando Gastón Martín Carrizo, todos ellos acusados del delito de «homicidio cuádruplemente agravado por el empleo de arma de fuego, por concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía, por placer y codicia».

En el fallo, de 58 páginas y al que accedió Télam, el magistrado consideró que, a esta altura del litigio, «no impera duda respecto de la relación reinante entre la totalidad de los sujetos intervinientes en el infame homicidio».

A su vez, Monelos sostuvo que «existía una empresa criminal previa» entre Pilepich, Vargas, Gil, Contreras, Córdoba y Carrizolos, donde «cada uno formaba parte de un eslabón más en el plan urdido que tuvo por propósito ultimar Pérez Algaba para cesar con sus reclamos dinerarios, acreencias e intimidaciones».

Por su parte, el juez dispuso la excarcelación de Flavia Bomrad, señalada por haber participado del crimen luego de que se le encontrara un aro similar a los que utilizaba la víctima en su vehículo, ya que no se detectaron rastros de ADN de Pérez Algaba en el vehículo.

«No puede desatenderse que Bomrad explicó en su descargo que podría corresponder a sus sobrinas, mientras no se ha encaminado ninguna otra diligencia probatoria para determinar en forma fehaciente que se trate del adminículo de Pérez Algaba y convertirlo en un indicio serio de culpabilidad en su contra», justificó Monelos en el fallo.

De esta forma, el juez de Garantías aceptó parcialmente el pedido del titular de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, Marcelo Domínguez, quien había solicitado procesar con prisión preventiva a los siete acusados.

En su presentación, Domínguez había considerado que «habiendo actuado de manera premeditada entre sí y con una previa división de tareas y mediante la utilización de armas de fuego, provocaron dos lesiones en la parte posterior del torso de Fernando Pérez Algaba, que posteriormente ocasionaron su fallecimiento».

El fiscal Domínguez estableció en su investigación que Pilepich citó a Pérez Algaba para encontrarse en el predio «Renacer» de General Rodríguez el 18 de julio pasado por la tarde, y hasta allí concurrió la víctima junto a Vargas en una camioneta Range Rover Evoque blanca.

Para el Ministerio Público, el crimen del empresario Pérez Algaba fue cometido por una deuda de 50.000 dólares y 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio pasado hasta el predio «Renacer» de General Rodríguez a encontrarse con él.

La desaparición del «Lechuga» fue denunciada el 19 de julio por la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal en el partido de Ituzaingó, quien, al no tener noticias suyas, se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.

Mientras que sus restos descuartizados fueron encontrados entre el 22 y el 24 de julio en un arroyo en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.