Nueve años después de su detención y tres de haber sido sobreseído, Juan Pablo «Pata» Medina vuelve a quedar expuesto a la justicia penal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este jueves el sobreseimiento del ex secretario general de la seccional La Plata de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), acusado junto a su hijo Cristián y otras personas por presunta asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión vinculada con empresarios del sector de la construcción.

La decisión, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a la queja y al recurso extraordinario presentado por el fiscal general ante Casación, Raúl Pleé, y luego sostenido por el procurador general interino, Eduardo Casal. El fallo es breve y contundente: los ministros señalaron que compartían «los fundamentos y conclusiones» del procurador, dejaron sin efecto la sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, y ordenaron que el expediente regrese a ese tribunal para que se dicte una nueva resolución.

La historia: de la detención al sobreseimiento que cayó

Medina fue detenido en septiembre de 2017 por orden del entonces juez federal de Quilmes, Luis Armella, y procesado por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión. En febrero de 2020 obtuvo la prisión domiciliaria; un año después fue excarcelado por el Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata, con la condición de no participar en actividades sindicales. Incumplió esa restricción y volvió a ser detenido. El expediente se encaminaba hacia el juicio oral cuando, en octubre de 2022, el entonces juez Alejandro Esmoris declaró la nulidad absoluta de todo lo actuado y sobreseyó a Medina y al resto de los acusados.

Esmoris fundamentó esa decisión en los videos hallados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre una reunión realizada en la sede porteña del Banco Provincia: en ese encuentro de junio de 2017, el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, funcionarios de la AFI de Mauricio Macri y empresarios de la construcción habían discutido estrategias judiciales para atacar a Medina. En uno de los fragmentos más elocuentes de la causa, Villegas llegó a decir: «Créeme que si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría». Dos meses después de dictar los sobreseimientos, Esmoris renunció a su cargo.

En junio de 2023, la Sala II de Casación confirmó por mayoría esas nulidades y sobreseimientos, con los votos de Ángela Ledesma y Alejandro Slokar. Fue entonces que el fiscal Pleé recurrió al máximo tribunal, argumentando que el cierre de la investigación había sido «arbitrario» y «prematuro». La Procuración General cuestionó además que se hubiera declarado la nulidad de todo el proceso sin identificar de manera suficiente cuáles de las decisiones del juez Armella habían sido contrarias a derecho y sin analizar las actuaciones dentro de las facultades que tenía bajo el Código Procesal Penal vigente al momento de los hechos.

La «Gestapo antisindical»: el nudo del debate

El corazón del expediente y la razón por la que la causa acumuló capas de complejidad política y judicial es, precisamente, la llamada «Gestapo antisindical». Los videos encontrados por la AFI revelaron que la causa contra Medina no surgió de una investigación autónoma del sistema judicial, sino de una estrategia diseñada desde las más altas esferas del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, con el apoyo de la inteligencia nacional macrista y la participación de empresarios interesados en disciplinar al gremio.

La causa que investiga ese armado, que tramita en paralelo, involucra al exministro Villegas, funcionarios de la AFI y al entonces intendente de La Plata, Julio Garro. La propia Vidal salió a defenderse públicamente, negó la existencia de una mesa judicial en su gobierno y calificó los videos como «una reunión de trabajo grabada ilegalmente». Sin embargo, al mismo tiempo no dudó en calificar a Medina como «un sindicalista millonario y delincuente».

Ese doble registro, la negación del armado junto al ensañamiento con el sindicalista, define la tensión central que el fallo de la Corte vuelve a poner sobre la mesa. Al revocar el sobreseimiento, el máximo tribunal dejó en claro que el cierre prematuro de una causa penal no puede ser el remedio automático ante sospechas de irregularidades en el origen de la investigación, y que le corresponde a Casación analizar esos vicios de manera precisa y acotada, sin anular todo el proceso en bloque.

Qué sigue: el expediente vuelve a Casación

La decisión de la Corte no implica una condena ni determina la responsabilidad penal de Medina ni del resto de los acusados. El fallo anuló la sentencia de Casación y ordenó que se integre una nueva sala para analizar los recursos de la fiscalía, con criterios diferentes a los aplicados hasta ahora. Los sobreseimientos perdieron vigencia y la investigación vuelve a quedar abierta, aunque todavía resta que Casación dicte una resolución determinante.

La reapertura de la causa pone nuevamente en tensión dos planos que el sistema judicial argentino raramente logra resolver con claridad: la responsabilidad penal individual de los acusados y el contexto de armado político en que se originó el expediente. Lo que el fallo no resuelve, y quizás ningún tribunal pueda resolver en soledad, es qué les ocurre a los responsables de la «Gestapo antisindical» mientras la causa contra sus presuntas víctimas vuelve a recorrer el laberinto judicial.

Puntos clave

• La Corte Suprema revocó el sobreseimiento del Pata Medina y otros acusados por asociación ilícita, lavado y extorsión, y ordenó a Casación dictar una nueva resolución.
• El sobreseimiento original lo dictó el juez Alejandro Esmoris en octubre de 2022, invocando las irregularidades de la «Gestapo antisindical» del gobierno de Vidal; dos meses después renunció.
• La Sala II de Casación había confirmado esas nulidades en junio de 2023 con los votos de Ledesma y Slokar; la Corte consideró ese cierre «arbitrario» y «prematuro».
• El fallo fue firmado por Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, y siguió las conclusiones del procurador general interino, Eduardo Casal.
• La reapertura no implica condena: resta que una nueva composición de Casación analice los recursos de la fiscalía.