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Advierten que la vida de Assange correrá riesgo si lo extraditan a EEUU

«Está siendo extraditado por un cargo de espionaje, que en todas las jurisprudencias mundiales está considerado un crimen político», sostuvo el periodista Santiago O’Donnell, entre las múltiples voces que rechazaron la decisión británica.

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La decisión de autorizar la extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, anunciada esta mañana por el Ministerio del Interior británico, configura «un día negro para el periodismo, para los derechos humanos y para la humanidad», advirtieron desde la Argentina personalidades que conocieron y trataron al ciberactivista australiano en los últimos años, como el periodista Santiago O’Donnell y la exembajadora Alicia Castro.

Ambos denunciaron que el Reino Unido ignoró en su decisión que «extraditar por ofensas políticas está prohibido tanto en la legislación británica como en la europea».

El periodista O’Donnell, autor de dos libros sobre las revelaciones de WikiLeaks y su impacto para la Argentina («Argenleaks» y «Politileaks»), consideró «una gran tristeza» pero al mismo tiempo «una noticia esperada» la determinación de la ministra del Interior del gobierno de Boris Johnson, Priti Patel, aunque señaló que Assange apelará ante al Corte Europea de Derechos Humanos, ya que «está siendo extraditado por un cargo de espionaje, que en todas las jurisprudencias mundiales está considerado un crimen político» y en esos casos la extradición está «prohibida», marcó, «tanto en la legislación británica como en la legislación europea».

En tanto, la exdiplomática Castro, quien se desempeñó como embajadora de la Argentina en el Reino Unido durante el tiempo en que Assange estuvo asilado en la embajada de Ecuador en Londres, alertó que la vida del líder de WikiLeaks «corre riesgo» si se concreta la extradición para enfrentar en los tribunales estadounidenses «cargos por 175 años de prisión, es decir, por varias vidas», al referirse al juicio impulsado por un Estado (por EEUU) que en administraciones anteriores incluso llegó a pensar, dijo, en «un complot para asesinarlo».

«¿A qué clase de juicio justo dice Priti Patel (ministra del Interior británica) que se va a enfrentar Assange si tiene cargos por 175 años de prisión? Además, recordemos que él no es norteamericano, no se rige por las normas de Estados Unidos», remarcó la exembajadora, para quien el fundador de la plataforma WikiLeaks no puede ser definido como un «hacker» porque «él no fue contratado por los servicios de seguridad de los EEUU y luego violó ese contrato revelando determinadas cosas», según diferenció en declaraciones a la radio AM750.

En cuanto a las consecuencias a nivel mundial de la extradición, Castro alertó que a partir de ahora «cualquier periodista de investigación que moleste a Estados Unidos revelando verdades incómodas, en cualquier parte del mundo, podrá ser juzgado como si fuera un poder global, una gobernanza global, en los Estados Unidos, y extraditado allí para ser juzgado según sus propias normas».

Por su parte, O’Donnell recordó en diálogo con Télam que durante la gestión republicana de Donald Trump el entonces titular de la CIA, Mike Pompeo, utilizó ex profeso un término para definir a Assange como integrante de una «una agencia de inteligencia hostil no estatal», y dijo que esa calificación respondía a una estrategia para «de alguna manera abrir la puerta a todas las operaciones para secuestrarlo y asesinarlo que se bajaron durante su mandato ahí».

«Eso lo demostró claramente la investigación que hizo el periodista Mike Isikoff en Yahoo News, sobre cómo Mike Pompeo discutió en los más altos niveles la posibilidad de asesinar o secuestar a Assange, y en ese momento Pompeo era jefe de la CIA», precisó el periodista argentino, también autor del libro «Hermano», sobre las confesiones de Mariano Macri, el hermano del expresidente y fundador del partido PRO.

O’Donnell entrevistó varias veces a Assange y en dos de sus libros analizó desde el foco de interés argentino las revelaciones realizadas por WikiLeaks sobre el contenido de los cables diplomáticos de las embajadas de EEUU alrededor del mundo.

Tanto para O’Donnell como para Castro, la acción de la plataforma creada por Assange generó un «quiebre muy grande» en el ejercicio del periodismo, porque al hacer pública información secreta de gobiernos y empresas sobre hechos que afectaban a millones de personas terminó «interpelando a los grandes medios» y puso de manifiesto «su falta de capacidad para revelar los secretos de los poderosos», criticó el periodista.

«A medida que avanzaba el fenómeno de concentración de medios y de innovación tecnológica los grandes medios tradicionales terminaron siendo grandes corporaciones llenas de secretos que les impiden revelar secretos ajenos. WikiLeaks, de forma disruptiva, vino a interpelar eso. Yo siempre repito una frase que me dijo Assange y es que ‘conseguir información es fácil, lo difícil es publicarla’. No es lo mismo el diario de familia que era el Washington Post cuando destapó el Watergate, que el diario de Jeff Bezos que es hoy, un diario que pertenece a uno de los hombres más ricos del mundo», analizó O’Donnell en diálogo con esta agencia.

Castro, desde una mirada similar, dijo que uno de los grandes aportes de WikiLeaks fue «revelar crímenes de guerra, en particular los crímenes de guerra de EEUU, como también el espionaje global y la corrupción global», y luego planteó que «el gran calvario de Assange empezó hace diez años, con aquel famoso video que se llamaba ‘daño colateral, collateral murder’, un video de dos estadounidenses en Irak tirando a civiles desde un avión como si fuera un videojuego».

«Decían ‘shot’, ‘play’, se reían. Y entre esos civiles que mataron, mataron a dos periodistas de Reuters que estaban desaparecidos y sobre quienes sus familias en ese momento no sabían dónde estaban. Así comenzó el calvario de Julian Assange», añadió la exembajadora en referencia al asesinato en julio de 2007, desde dos helicópteros Apache estadounidenses, de un grupo de civiles en Bagdad, entre los que se encontraban el fotógrafo de Reuters Namir Noor-Eldeen y su conductor Saeed Chmagh.

El exanalista de inteligencia estadounidense, Edward Snowden, también criticó la extradición firmada por el Reino Unido al recordar que «todos los grupos serios de libertad de prensa del mundo protestaron contra eso».

«Es un símbolo atroz de hasta qué punto decayó el compromiso de los gobiernos británico y estadounidense con los derechos humanos», añadió Snowden, quien también es reclamado por Washington por espionaje después de que filtrara que agentes de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) recababan información de los teléfonos de millones de ciudadanos.

En Moscú, la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajarova, ironizó: «Es la apoteosis del humanismo, el apogeo de la libertad de expresión. Recuerdo que Assange puede ser condenado a 175 años de prisión por actividad periodística».

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Imputabilidad a los 14: qué pasó con el chico que detuvieron en la marcha universitaria

Un adolescente de 14 años fue detenido en la desconcentración de la Marcha Federal Universitaria, a 40 días de la ley que bajó la edad de imputabilidad. Las versiones difieren sobre quién quedó imputado, y el Gobierno denunció atentado al orden constitucional pero los detenidos están acusados solo por resistencia.

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El Argentino Diario-Financiamiento Universitario-UBA-Universidades-Educación Superior.
A 40 días de la ley penal juvenil, utilizaron la legislación para detener a un chico de 14 años en la marcha universitaria.

Un adolescente de 14 años fue detenido en la desconcentración de la Marcha Federal Universitaria, 40 días después de que entrara en vigencia la ley que bajó de 16 a 14 la edad de imputabilidad.

Ocurrió el jueves 15 de octubre frente al Congreso, al cierre de la quinta marcha en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, informó 25 detenidos por fuerzas federales y ocho efectivos heridos; con los seis arrestos de la Policía de la Ciudad, el total llegó a 31. La referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, reconstruyó la jornada en La García, el programa de Cynthia García en AM 530.

Qué se sabe del adolescente

Según la Policía de la Ciudad, dos de sus seis detenidos eran menores, de 14 y 17 años, y todos quedaron imputados por atentado y resistencia a la autoridad; el de 14 fue entregado al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. La versión oficial lo señala por haber arrojado piedras contra un móvil policial en la esquina de Montevideo y Bartolomé Mitre, una acusación que deberá acreditarse en el expediente.

Verdú dijo que el chico de 14 años fue imputado por resistencia a la autoridad y liberado después, con la intervención de Correpi, autoridades escolares y familiares, y que los tres menores detenidos recuperaron la libertad ese mismo jueves. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) informó, en cambio, que el de 14 permaneció retenido dos horas y que el de 17 fue imputado por resistencia. Las versiones difieren sobre cuál de los dos adolescentes quedó formalmente imputado y sobre cuántos menores fueron detenidos.

Verdú sostuvo que los efectivos lanzaron gases mientras el acto seguía y los manifestantes estaban frente al palco. “No tienen interés en disuadir hechos de violencia durante la marcha; el esquema es represivo”, afirmó, y planteó que “estamos viviendo un verdadero cambio de régimen con destrucción de derechos y garantías”.

La ley, a 40 días de su estreno

La Ley 27.801, sancionada el 27 de febrero y publicada el 9 de marzo de 2026, rige desde el 5 de septiembre y reemplazó el régimen de 1980. Fija la responsabilidad penal desde los 14 años, prevé respuestas que van de medidas educativas y reparación del daño hasta penas privativas de la libertad, con un máximo de 15 años, y prohíbe la prisión perpetua. Como los hechos de la marcha ocurrieron después de esa fecha, en principio ambos adolescentes quedan comprendidos por el nuevo régimen.

El día de su entrada en vigencia, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, escribió en X: “Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás”. Dos días después, una jueza de Lomas de Zamora suspendió por 60 días su aplicación en la Provincia de Buenos Aires, y el 15 de septiembre la Cámara de Apelación y Garantías de ese departamento judicial revocó la medida y la declaró inadmisible. Un chico de 14 años detenido en una marcha educativa es el tipo de caso que pone la ley a prueba, aunque su situación procesal todavía no está clara.

Los cargos y el relato oficial

Los cuatro adultos que seguían detenidos el viernes 16 están acusados por el artículo 239 del Código Penal, resistencia o desobediencia a un funcionario público, con penas de quince días a un año de prisión. Es un delito excarcelable y uno de los de menor escala del código. Verdú lo resumió así: “O sea, protestar porque los fueron a detener”.

El Ministerio de Seguridad, en cambio, denunció resistencia y atentado a la autoridad, daño agravado y atentado al orden constitucional, y sostuvo que los disturbios ocurrieron mientras el Congreso sesionaba. Según reconstruyó la prensa local, la sesión especial que pedía la oposición se cayó por falta de quórum a las 14.44, los primeros choques empezaron cerca de las 16 y la mayor parte de los incidentes se produjo después del acto de cierre. Hasta el viernes 16, los imputados lo estaban solo por resistencia o desobediencia, y no por atentado al orden constitucional ni por daño agravado.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dijo que no había que dar quórum para sostener el DNU 70/23, que definió como una de las columnas del Gobierno, y llamó “delincuentes, violentos y energúmenos” a quienes protagonizaron los incidentes. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, los describió como “grupos de tareas”, una expresión que remite a las patotas de la última dictadura. Monteoliva habló de “los mismos violentos de siempre”. Manifestantes denunciaron infiltrados, y Torrendell no respondió directamente cuando le preguntaron por esas versiones.

La CPM presentó una denuncia penal contra el Gobierno nacional y las autoridades del Comando Unificado de seguridad nacional y porteña por estrago, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según su informe, 50 trabajadores de prensa y 15 integrantes de la propia comisión resultaron heridos.

Un patrón conocido

Tras la protesta del 12 de junio de 2024 por la Ley Bases hubo 33 detenidos acusados de delitos contra el orden constitucional; semanas después, la jueza María Servini dictó la falta de mérito para 28 por lo que describió como “orfandad probatoria”. En febrero de 2026, después de los incidentes en la marcha contra la reforma laboral, el Ministerio de Seguridad denunció hechos agravados por finalidad terrorista y difundió nombres y fotos de una veintena de personas. Ocho meses después, la causa quedó reducida a cuatro imputados, ninguno de los cuales figuraba en esa lista.

Lo que tenés que saber:

  • Un adolescente de 14 años fue detenido el 15 de octubre en la desconcentración de la Marcha Federal Universitaria.
  • La Policía de la Ciudad y Correpi lo dan por imputado; la CPM informó que estuvo retenido dos horas.
  • La Ley 27.801 rige desde el 5 de septiembre y fijó la imputabilidad desde los 14 años.
  • La denuncia oficial habla de atentado al orden constitucional, pero los imputados lo están solo por resistencia o desobediencia.
  • La CPM denunció penalmente a autoridades nacionales y porteñas por estrago, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
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