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Mujeres

Cooperativas y mutuales: programa para erradicación de violencias

Se presentó la resolución 532/2022 de Erradicación de las Violencia y el Acoso Laboral en el sector cooperativo y mutual.

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Con la participación de Alexandre Roig, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); Claudio Moroni, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Pamela Ares, subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral y la representante en Instituciones de Mercado de Trabajo Inclusivo de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), Elva López Mourello, se presentó la resolución 532/2022 de Erradicación de las Violencia y el Acoso Laboral en el sector Cooperativo y Mutual.

El convenio, vigente desde el año 2021 en el sector privado, implementa una política pública específica para el sector asociativo a través del Programa Coop 190 con el fin de promover espacios libres de acoso y violencia en la economía social.

Durante el acto Roig señaló: “Es la primera vez en el mundo que se va a aplicar el convenio 190 para el sector cooperativo y mutual y esto es muy importante porque el sector viene trabajando con políticas de género. Poder adherir al convenio y aplicarlo nos va a permitir tener recursos para implementar políticas que permitan prevención y elaboración de protocolos para resolver los conflictos que se presenten”.

Asimismo, Moroni afirmó que “Argentina es uno de los 10 países del mundo que ratificó el Convenio 190 y entendemos que es una política absolutamente adecuada, los lugares de trabajo tienen que ser confortables, no tienen que tener problemas de salud, problemas de seguridad, ni problemas de acoso y violencia en el lugar de trabajo”.

Mediante este programa, las organizaciones comprometidas con la nueva resolución son invitadas a contestar un formulario que permita establecer una línea de base de conocimiento que se ajuste al programa Coop 190. La información recabada permitirá realizar un diagnóstico, conocer expectativas de las entidades de la ESS y una evaluación a futuro del impacto producido por la resolución.

El programa incluye una guía de buenas prácticas para la equidad de géneros y una perspectiva diversa en las entidades para reducir las brechas de desigualdades y para orientar las prácticas en el trabajo cotidiano.

También estuvieron presentes en el acto los y las vocales del directorio del INAES, Fabián Brown, Alejandro Russo, Nahum Mirad y Zaida Chmaruk; Javier Cicciaro, oficial Spotlight para la OIT; Dimitroff Augusto Casanova Chavez, coordinador para el Trabajo Decente sin Violencia Laboral del MTEySS; Romina Rodríguez, directora de Promoción e Integración de la Mujer del MTEySS; Lucía Menéndez y Rafaela Bonetto, del equipo de la Dirección de Promoción e Integración de la Mujer del MTEySS; Paula Ferioli, responsable de la Unidad de Géneros y Diversidad del INAES y Verónica Carpani, asesora de la subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del MTEySS, como moderadora.
“Es muy importante adherir al convenio y elaborar los instrumentos para que se pueda desarrollar, y en particular para las cooperativas y mutuales generar la referencia, el hito para el resto de los países, para que a la hora de pensar el trabajo y la norma para erradicar la violencia de género en el trabajo, se tengan en cuenta las organizaciones de la economía social y solidaria”, dijo Zaida Chmaruk, vocal del directorio y titular del Consejo Asesor de Géneros y Diversidad del INAES.

DDHH

20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas

La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.

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Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.

Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.

El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.

La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.

La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora

Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.

A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.

La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital

En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.

Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»

La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.

El gobierno que desfinancia y deroga

El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.

En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.

El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.

La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias

Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.

Lo que tenés que saber de la sanción de la ESI

  • La Ley 26.150 de ESI cumple 20 años. El Presupuesto 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
  • Entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; en 8 de cada 10, el agresor era del entorno familiar o de confianza.
  • La diputada Mónica Macha presentó la Guía Ema, herramienta educativa para abordar la violencia digital de género, en memoria de Ema Bondaruk.
  • El gobierno de Milei derogó la obligatoriedad de jornadas de prevención de violencia de género en escuelas y las políticas de género cayeron un 89% en el Presupuesto 2026.
  • El 85% de los estudiantes secundarios reconoce la ESI como necesaria e importante, y el 80% de quienes denunciaron abusos lo hicieron tras tener una clase de ESI.

Foto: Redes @LLUVIADIBUJA

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