★ La percepción negativa sobre la situación del país trepó al 40% en febrero de 2026, mientras que la evaluación positiva cayó al 19%, según el informe QMonitor de la consultora QSocial, elaborado sobre la base de 1.645 casos. Los datos exponen con precisión lo que los discursos oficiales no mencionan: el ajuste económico del Gobierno de Javier Milei ya no es una variable macroeconómica abstracta sino una experiencia cotidiana que impacta sobre la alimentación, la vivienda y la capacidad de llegar a fin de mes de una porción creciente de la población argentina.

La pobreza es el principal problema para el 27% de los ciudadanos encuestados, seguida por la falta de trabajo con un 19%. En el último año, el 74% de los encuestados manifestó que debió recortar gastos para llegar a fin de mes y el 51% afirmó no tener capacidad de ahorro. El 32% de los argentinos aseguró que sus ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud. Y el 54% consideró que el Gobierno no está logrando controlar la inflación, pese al discurso oficial que presenta la desinflación como el logro central de la gestión.

Un superávit construido sobre el recorte

El mismo martes 17 de marzo de 2026, el Gobierno informó que cerró febrero con un superávit financiero de $144.421 millones, producto de un excedente primario de $1.410.640 millones y el pago de intereses de deuda por $1.266.218 millones. El dato fue celebrado por el oficialismo como prueba de la solidez del programa económico. Lo que el comunicado oficial no destacó es el mecanismo que lo hizo posible.

Según un informe del economista Nadin Argañaraz, el recorte del gasto afectó a 13 de los 16 rubros principales del presupuesto. Las caídas más pronunciadas se registraron en los subsidios destinados a «otras funciones» (baja del 100%), los programas sociales (caída del 62,2%) y las transferencias corrientes a las provincias (retroceso del 47,7%). El gasto en salarios estatales, que representa el 14% del gasto primario, también se redujo un 7,9% real interanual.

El mismo Argañaraz advirtió que «al excluir las privatizaciones, el superávit financiero desciende a $211.000 millones, un descenso real del 83%» al analizar el acumulado del primer bimestre. Y señaló que la caída real de los ingresos totales fue del 8,8%, lo que implica que el superávit se sostuvo no por mayor recaudación sino por menores gastos en áreas sensibles como la política social y el federalismo fiscal.

El presidente Milei ratificó el rumbo en un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba: «Ya llevamos más de dos años de gestión, el superávit fiscal sigue en pie y así va a ser hasta que yo esté en el sillón de Rivadavia», afirmó. Tres rubros mostraron incrementos dentro del esquema de gastos: los subsidios a la energía subieron un 68%, la Asignación Universal por Hijo un 11,3% y las jubilaciones y pensiones un 1,8%.

El empleo que no vuelve y la industria que se apaga

El informe QMonitor de QSocial no opera en el vacío. Sus datos dialogan con una serie de hechos verificados que este medio cubrió en las últimas semanas y que configuran el cuadro de fondo del malestar ciudadano. El mercado laboral mostró la pérdida de 242.000 puestos de trabajo registrados en el último cuatrimestre, según el mismo estudio. Ese número se superpone con el que la Unión Industrial Argentina (UIA) documentó en su comunicado del 18 de febrero de 2026: 65.000 empleos industriales perdidos en dos años, con corte a noviembre de 2025, sin incluir los 920 despidos de Fate, los 400 de ARSA ni los 140 de La Suipachense, todos producidos en los meses siguientes.

El propio informe QMonitor señala que el cierre de empresas industriales emblemáticas, mencionando explícitamente el caso de Fate, «es percibido por la sociedad como una consecuencia de la apertura de importaciones y la caída de la demanda interna.» Esa percepción coincide con los datos verificados: según la consultora PxQ, entre 2023 y 2025 las importaciones del sector neumático crecieron un 34,8% mientras los precios internos cayeron un 42,6%.

La caída de los ingresos tributarios del 9% real que registró el Gobierno en febrero, causada según el propio informe de Argañaraz por «la baja en la producción y el consumo», es el espejo fiscal de lo que el INDEC midió en las góndolas: los autoservicios mayoristas cayeron 6,8% a precios constantes en 2025 y las carnes subieron 60,4% interanual en ese canal. El 43,6% de las ventas en supermercados se realizó con tarjeta de crédito, según el INDEC, lo que evidencia que los consumidores se financian para comprar lo básico.

La reforma laboral vista como amenaza, no como solución

El informe QMonitor incorpora también una dimensión política de alta relevancia: la opinión pública vincula la reforma laboral con «una salida barata para las empresas en crisis en lugar de una generación de empleo», según el estudio. En el ecosistema digital, ante el debate por esa reforma, el 39% de las interacciones en redes sociales expresó enojo e indignación. En las discusiones sobre el aumento de precios y la apertura importadora, esa indignación trepó al 51%, asociada a una percepción de «desigualdad o desconexión social» por parte de las autoridades.

Ese dato tiene un correlato concreto en la cobertura reciente de este medio. El 26 de febrero, los trabajadores de Fate cortaron la Autopista Panamericana en San Fernando el mismo día en que el Senado debatía la reforma laboral. El 13 de marzo, diputados del FIT y Unión por la Patria convocaron a una audiencia pública en el Congreso para respaldar a los 920 trabajadores de la fábrica cerrada. Y el 11 de marzo, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió que «sin industria nacional, sin pymes y sin producción, es imposible pensar en un desarrollo sostenido para la Argentina.»

El límite de la paz social

El informe QMonitor concluye con una advertencia que el Gobierno no incluyó en ninguno de sus comunicados de esta semana: existe un riesgo creciente sobre el «límite de la paz social» si el ajuste continúa erosionando el empleo y el poder adquisitivo. El estudio describe el momento actual como un «punto de inflexión» donde se produce un «desplazamiento de la atención desde las metas de equilibrio fiscal hacia los efectos tangibles del ajuste en la economía real», y señala que el ajuste se convirtió en un concepto en disputa entre «la necesidad de orden económico y el temor al abandono social.»

Ese temor tiene nombre y apellido en los datos que acumuló este medio desde el 18 de febrero: trabajadores que llegaron a las seis de la mañana y encontraron un cartel, familias que no cobraron sueldos durante la conciliación obligatoria, fábricas que quiebran sin que ningún organismo estatal anuncie medidas concretas de asistencia. El superávit de febrero existe. Lo que no existe, por ahora, es una política que explique a qué costo humano se construyó y quién lo está pagando.

Puntos clave

• Según el informe QMonitor de la consultora QSocial (1.645 casos), la percepción negativa sobre la situación del país subió al 40% en febrero de 2026; la pobreza es el principal problema para el 27% y la falta de trabajo para el 19%; el 74% recortó gastos en el último año y el 32% no cubre necesidades básicas.
• El Gobierno cerró febrero con superávit financiero de $144.421 millones, pero el economista Nadin Argañaraz documentó recortes en 13 de 16 rubros, con caídas del 62,2% en programas sociales y 47,7% en transferencias a provincias; la caída real de ingresos totales fue del 8,8%.
• El mercado laboral perdió 242.000 puestos de trabajo registrados en el último cuatrimestre, según QMonitor; la UIA documentó 65.000 empleos industriales perdidos en dos años (corte noviembre 2025), sin incluir los cierres de Fate, ARSA y La Suipachense.
• El 54% de los encuestados consideró que el Gobierno no controla la inflación; las consultoras LCG, Eco Go y Analytica proyectaron una inflación de entre 2,5% y 3% para febrero, con alimentos acumulando más del 3% en cuatro semanas.
• El informe QMonitor advirtió sobre un riesgo creciente en el «límite de la paz social» si el ajuste continúa erosionando el empleo y el poder adquisitivo, en lo que describió como un «punto de inflexión» de la opinión pública.