Ocho billeteras de bitcoin, 41 movimientos registrados, 591.000 dólares no declarados y un fiscal que todavía no tiene respuestas. La Policía Federal Argentina tiene ahora sobre su escritorio un cuestionario de 29 preguntas que el fiscal federal Gerardo Pollicita elaboró para profundizar la pericia criptográfica sobre los activos virtuales del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

El Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal Argentina es el organismo encargado de llevar adelante una verificación criptográfica exhaustiva de las direcciones de criptoactivos que Adorni presentó ante la justicia federal. El ex funcionario afirmó que esas billeteras registraron movimientos entre 2014 y 2018, y que la liquidación de esos activos explica los fondos que no había incluido en sus declaraciones juradas anteriores.

Quién controló las billeteras y desde cuándo

El primer bloque de preguntas apunta al corazón del expediente: la identidad del titular real de esas billeteras. Pollicita solicitó determinar qué tipo de direcciones son las que entregó Adorni, si es posible establecer si se trata de billeteras «en custodia o de autocustodia» y desde qué fechas existen, así como quién las generó originalmente.

La distinción entre custodia y autocustodia no es un detalle técnico menor: una billetera en custodia implica que un tercero administra las claves privadas, mientras que la autocustodia exige que el propio usuario las conserve. En este caso, la pregunta de fondo es si las ocho billeteras siempre estuvieron bajo el control exclusivo de Adorni o si terceros pudieron haber operado sobre ellas.

En esa línea, el fiscal pidió analizar si los 41 movimientos registrados dentro de las billeteras pudieron ser realizados por una única persona o si intervinieron terceros, y si es técnicamente posible identificar a quienes tenían el control efectivo de esas direcciones en cada momento. También solicitó determinar si quien posee hoy las claves privadas es la misma persona que las controló entre 2014 y 2018.

La paper wallet y la ausencia de rastro digital

Uno de los puntos más sensibles del cuestionario es la consulta sobre la llamada paper wallet, una modalidad de almacenamiento de claves privadas en soporte físico, es decir, impresas en papel. Pollicita solicitó determinar si las claves privadas pudieron conservarse «en soportes no electrónicos sin dejar rastro digital», lo cual haría técnicamente inviable rastrear la trayectoria de esas credenciales por medios informáticos.

Si la respuesta de los peritos es afirmativa, la defensa podría argumentar que la imposibilidad de rastreo digital no equivale a ocultamiento. Si es negativa, o si los peritos detectan inconsistencias entre el relato de Adorni y los registros de la cadena de bloques, el cuadro probatorio se complicaría significativamente para el ex funcionario.

El marco regulatorio cripto entre 2014 y 2018

El fiscal también requirió información sobre cuál era el marco normativo vigente en Argentina sobre monedas virtuales durante el período en que Adorni dice haber operado. En particular, solicitó precisiones sobre el alcance de la Resolución UIF 300/2014, emitida por la Unidad de Información Financiera, que estableció las primeras disposiciones sobre prevención del lavado de dinero mediante criptomonedas en el país.

A esto se suma la pregunta sobre si existía algún registro obligatorio de plataformas de intercambio o de proveedores de servicios de activos virtuales en ese momento, y cuáles eran los plazos mínimos de conservación de registros en las principales jurisdicciones donde operaban los exchanges durante 2017 y 2018, período en que Adorni habría liquidado sus activos.

Este eje de la investigación busca establecer si las operaciones que el ex funcionario describe eran posibles dentro del marco legal vigente, o si existían obligaciones de registro que debería haber cumplido y no cumplió.

Los 591.000 dólares que no estaban en las declaraciones juradas

El origen de toda la investigación sobre las criptomonedas reside en un dato que Adorni no incluyó en sus declaraciones juradas iniciales y solo incorporó en una rectificación posterior: 591.000 dólares que el ex jefe de Gabinete atribuyó a «ventas de activos». Fue ese escrito el que llevó a la justicia a examinar con lupa las billeteras de bitcoin como posible fuente de esos fondos.

El paso anterior en la causa ocurrió el 2 de octubre, cuando el abogado defensor Matías Ledesma se presentó ante la Fiscalía Federal N°11 con las claves de acceso a las ocho billeteras. El personal técnico de la fiscalía generó un «mensaje de desafío» que fue insertado y firmado dentro de cada billetera; personal especializado de la Policía Federal verificó ese procedimiento y comprobó que la defensa tenía control efectivo sobre las direcciones. Los algoritmos hash de cada paso quedaron resguardados en pendrives lacrados. Ahora, con esa existencia técnica confirmada, el fiscal avanza a la siguiente etapa: determinar si lo que se controló, cuándo y por quién es coherente con el relato de Adorni.

Una causa que crece

La investigación por enriquecimiento ilícito que instruye el juez Ariel Lijo sobre Adorni no se limita a las criptomonedas. El expediente ya acumula sospechas sobre refacciones de lujo pagadas en efectivo y sin factura en una propiedad de country, un departamento en Caballito con una modalidad de compra inusual que involucra jubiladas como prestamistas, y el uso del avión oficial para traslados privados de su esposa Bettina Angeletti. El patrimonio bajo sospecha supera los 840.000 dólares, según el estado de la investigación al 6 de mayo de 2026.

La respuesta de los peritos del Departamento Técnico Cibercrimen a las 29 preguntas de Pollicita será uno de los elementos centrales para definir si la explicación cripto del ex funcionario se sostiene o colapsa ante el escrutinio técnico y legal.

Lo que tenés que saber:

• El fiscal Gerardo Pollicita amplió la pericia sobre las ocho billeteras de bitcoin de Adorni con un cuestionario de 29 puntos dirigido al Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal.
• La investigación busca determinar si las billeteras eran de autocustodia, quién las generó, si terceros intervinieron en los 41 movimientos registrados y si quien las controla hoy es la misma persona que lo hizo entre 2014 y 2018.
• Pollicita solicitó precisiones sobre la Resolución UIF 300/2014 y el marco regulatorio cripto vigente en Argentina durante el período en que Adorni dice haber operado.
• Los 591.000 dólares no declarados que Adorni atribuyó a «ventas de activos» en una rectificación posterior de sus declaraciones juradas son el eje de la investigación criptográfica.
• La causa que instruye el juez Ariel Lijo acumula sospechas sobre un patrimonio superior a los 840.000 dólares que el ex jefe de Gabinete no logra justificar.