Investigación 🔎
Adorni y el bitcoin: 29 preguntas que la Policía Federal debe responder
El fiscal Gerardo Pollicita amplió la pericia sobre las ocho billeteras de criptomonedas del ex jefe de Gabinete con un cuestionario de 29 puntos que busca determinar quién controló realmente esos activos, si las claves podían ocultarse sin rastro digital y qué normativa regía en Argentina cuando Adorni dice que operó.
Ocho billeteras de bitcoin, 41 movimientos registrados, 591.000 dólares no declarados y un fiscal que todavía no tiene respuestas. La Policía Federal Argentina tiene ahora sobre su escritorio un cuestionario de 29 preguntas que el fiscal federal Gerardo Pollicita elaboró para profundizar la pericia criptográfica sobre los activos virtuales del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
El Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal Argentina es el organismo encargado de llevar adelante una verificación criptográfica exhaustiva de las direcciones de criptoactivos que Adorni presentó ante la justicia federal. El ex funcionario afirmó que esas billeteras registraron movimientos entre 2014 y 2018, y que la liquidación de esos activos explica los fondos que no había incluido en sus declaraciones juradas anteriores.
Quién controló las billeteras y desde cuándo
El primer bloque de preguntas apunta al corazón del expediente: la identidad del titular real de esas billeteras. Pollicita solicitó determinar qué tipo de direcciones son las que entregó Adorni, si es posible establecer si se trata de billeteras «en custodia o de autocustodia» y desde qué fechas existen, así como quién las generó originalmente.
La distinción entre custodia y autocustodia no es un detalle técnico menor: una billetera en custodia implica que un tercero administra las claves privadas, mientras que la autocustodia exige que el propio usuario las conserve. En este caso, la pregunta de fondo es si las ocho billeteras siempre estuvieron bajo el control exclusivo de Adorni o si terceros pudieron haber operado sobre ellas.
En esa línea, el fiscal pidió analizar si los 41 movimientos registrados dentro de las billeteras pudieron ser realizados por una única persona o si intervinieron terceros, y si es técnicamente posible identificar a quienes tenían el control efectivo de esas direcciones en cada momento. También solicitó determinar si quien posee hoy las claves privadas es la misma persona que las controló entre 2014 y 2018.
La paper wallet y la ausencia de rastro digital
Uno de los puntos más sensibles del cuestionario es la consulta sobre la llamada paper wallet, una modalidad de almacenamiento de claves privadas en soporte físico, es decir, impresas en papel. Pollicita solicitó determinar si las claves privadas pudieron conservarse «en soportes no electrónicos sin dejar rastro digital», lo cual haría técnicamente inviable rastrear la trayectoria de esas credenciales por medios informáticos.
Si la respuesta de los peritos es afirmativa, la defensa podría argumentar que la imposibilidad de rastreo digital no equivale a ocultamiento. Si es negativa, o si los peritos detectan inconsistencias entre el relato de Adorni y los registros de la cadena de bloques, el cuadro probatorio se complicaría significativamente para el ex funcionario.
El marco regulatorio cripto entre 2014 y 2018
El fiscal también requirió información sobre cuál era el marco normativo vigente en Argentina sobre monedas virtuales durante el período en que Adorni dice haber operado. En particular, solicitó precisiones sobre el alcance de la Resolución UIF 300/2014, emitida por la Unidad de Información Financiera, que estableció las primeras disposiciones sobre prevención del lavado de dinero mediante criptomonedas en el país.
A esto se suma la pregunta sobre si existía algún registro obligatorio de plataformas de intercambio o de proveedores de servicios de activos virtuales en ese momento, y cuáles eran los plazos mínimos de conservación de registros en las principales jurisdicciones donde operaban los exchanges durante 2017 y 2018, período en que Adorni habría liquidado sus activos.
Este eje de la investigación busca establecer si las operaciones que el ex funcionario describe eran posibles dentro del marco legal vigente, o si existían obligaciones de registro que debería haber cumplido y no cumplió.
Los 591.000 dólares que no estaban en las declaraciones juradas
El origen de toda la investigación sobre las criptomonedas reside en un dato que Adorni no incluyó en sus declaraciones juradas iniciales y solo incorporó en una rectificación posterior: 591.000 dólares que el ex jefe de Gabinete atribuyó a «ventas de activos». Fue ese escrito el que llevó a la justicia a examinar con lupa las billeteras de bitcoin como posible fuente de esos fondos.
El paso anterior en la causa ocurrió el 2 de octubre, cuando el abogado defensor Matías Ledesma se presentó ante la Fiscalía Federal N°11 con las claves de acceso a las ocho billeteras. El personal técnico de la fiscalía generó un «mensaje de desafío» que fue insertado y firmado dentro de cada billetera; personal especializado de la Policía Federal verificó ese procedimiento y comprobó que la defensa tenía control efectivo sobre las direcciones. Los algoritmos hash de cada paso quedaron resguardados en pendrives lacrados. Ahora, con esa existencia técnica confirmada, el fiscal avanza a la siguiente etapa: determinar si lo que se controló, cuándo y por quién es coherente con el relato de Adorni.
Una causa que crece
La investigación por enriquecimiento ilícito que instruye el juez Ariel Lijo sobre Adorni no se limita a las criptomonedas. El expediente ya acumula sospechas sobre refacciones de lujo pagadas en efectivo y sin factura en una propiedad de country, un departamento en Caballito con una modalidad de compra inusual que involucra jubiladas como prestamistas, y el uso del avión oficial para traslados privados de su esposa Bettina Angeletti. El patrimonio bajo sospecha supera los 840.000 dólares, según el estado de la investigación al 6 de mayo de 2026.
La respuesta de los peritos del Departamento Técnico Cibercrimen a las 29 preguntas de Pollicita será uno de los elementos centrales para definir si la explicación cripto del ex funcionario se sostiene o colapsa ante el escrutinio técnico y legal.
Lo que tenés que saber:
- El fiscal Gerardo Pollicita amplió la pericia sobre las ocho billeteras de bitcoin de Adorni con un cuestionario de 29 puntos dirigido al Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal.
- La investigación busca determinar si las billeteras eran de autocustodia, quién las generó, si terceros intervinieron en los 41 movimientos registrados y si quien las controla hoy es la misma persona que lo hizo entre 2014 y 2018.
- Pollicita solicitó precisiones sobre la Resolución UIF 300/2014 y el marco regulatorio cripto vigente en Argentina durante el período en que Adorni dice haber operado.
- Los 591.000 dólares no declarados que Adorni atribuyó a «ventas de activos» en una rectificación posterior de sus declaraciones juradas son el eje de la investigación criptográfica.
- La causa que instruye el juez Ariel Lijo acumula sospechas sobre un patrimonio superior a los 840.000 dólares que el ex jefe de Gabinete no logra justificar.
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Campana ya no es refugio: el fallo de la Corte rompe la estrategia de la AFA
Durante casi un año, las defensas de la conducción de la AFA empujaron para concentrar sus causas en el juzgado federal de Campana. La Corte habló de una «grosera» violación de las reglas de competencia y devolvió a Rafecas la causa de la mansión de Pilar, aunque el juez podría irse pronto a Casación.
La Corte Suprema no solo cambió de juez la causa por la mansión de Pilar: le puso nombre a lo que pasó durante casi un año. Los supremos dijeron que el traslado del expediente a Campana afectó «de manera severa e inequívoca» la garantía del juez natural y lo calificaron como una «grosera» violación de las reglas de competencia. Con esa frase se cayó la pieza central de una estrategia que la conducción de la AFA venía empujando desde fines de 2025: reunir sus causas en un solo juzgado, lejos de los tribunales porteños especializados en delitos económicos.
El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a la queja del fiscal ante Casación Mario Villar y dejó sin efecto la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que en agosto había enviado la investigación al juzgado de Adrián González Charvay con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y la disidencia de Alejandro Slokar. La Corte les reprochó, además, no haber analizado los argumentos de Villar. El expediente vuelve al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, de Daniel Rafecas.
El juzgado que querían los acusados
La pelea por la competencia nunca fue un tecnicismo. El 30 de diciembre de 2025, último día hábil del año, González Charvay pidió quedarse con la causa que tramitaba el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que ya venía avanzando con medidas de prueba, y lo hizo pese a la opinión contraria de un fiscal. Con ese movimiento, la instancia de revisión pasaba a ser la Cámara Federal de San Martín. Según reconstruyó el diario La Nación, el juez de Campana tuvo después el expediente de la mansión durante seis meses sin avanzar sobre Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
En paralelo, Campana fue absorbiendo otras causas sensibles para la entidad: la que había abierto el juez federal Luis Armella, que allanó a la empresa de Javier Faroni y las sedes de la AFA, y la de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón había pedido la detención de Tapia y Toviggino. En esta última, en octubre, González Charvay sobreseyó a familiares y socios del tesorero porque no quedaba ningún fiscal impulsando la acusación, sin analizar la prueba reunida. La unificación en Campana era la estrategia de las defensas, resistida una y otra vez por fiscales y querellantes.
El propio juez la defendió en público: sostuvo que no pueden existir tres o cuatro magistrados investigando los mismos hechos. Pero no todos le dieron la razón. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que procesó a Tapia y a Toviggino por la retención de aportes, rechazó un pedido de González Charvay para quedarse con otra causa por lavado y consideró «prematura» esa unificación.
Por qué la causa es porteña
El argumento para llevar todo a Campana era que la quinta está en Villa Rosa, partido de Pilar. La Corte lo desarmó: sostuvo que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos a través de sociedades, cambios societarios y operaciones con bienes, no solo la compra de un inmueble, y que Pilar «no era en modo alguno el centro de dirección» de esa actividad. Varias de las sociedades tenían domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, donde también está la sede de la AFA, sobre la calle Viamonte. El tribunal mencionó además una presunta red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025.
La causa se inició con una denuncia de la Coalición Cívica en diciembre de 2025 y busca determinar si fondos de la AFA se desviaron para comprar la quinta, atribuida a Toviggino, y si Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares registrales a través de Real Central SRL, actuaron como testaferros. En el allanamiento del 12 de diciembre de 2025 se secuestraron 54 vehículos de alta gama y de colección. La tasación judicial valuó la propiedad, de unos 105.000 metros cuadrados, en US$ 16.954.000 y los autos en US$ 3.861.100.
Un regreso con fecha de vencimiento
Rafecas, el juez que ordenó aquel allanamiento, retoma ahora la investigación sobre el origen de los fondos y la titularidad real de los bienes. Pero su permanencia no está garantizada: el presidente Javier Milei envió al Senado su pliego para un cargo en la Cámara Nacional de Casación Penal y, si lo aprueban, la causa quedará en manos de un juez subrogante. Después de casi un año de idas y vueltas, el expediente vuelve al punto de partida con el riesgo de cambiar de manos otra vez.
Lo que tenés que saber
- La Corte anuló el fallo de la Sala I de Casación (Borinsky y Barroetaveña, con disidencia de Slokar) que había enviado la causa a Campana.
- Calificó el traslado como una «grosera» violación de las reglas de competencia que afectó la garantía del juez natural.
- El juzgado de Campana había absorbido otras causas de la AFA, como la de Santiago del Estero y la que allanó a Faroni.
- La tasación judicial valuó la quinta en US$ 16.954.000 y los 54 autos secuestrados en US$ 3.861.100.
- Rafecas retoma la causa, pero Milei lo propuso para la Casación Nacional y podría dejar el juzgado.
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