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Jujuy: organizaciones llaman a una marcha nacional el 20 de julio

La movilización convocada a nivel nacional se realizará en el marco de un nuevo aniversario de la denominada «Noche del Apagón», ocurrido el 20 de julio de 1976.

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Organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos advirtieron hoy en el Congreso de la Nación sobre la «grave situación» en la provincia de Jujuy, donde se registran «decenas de allanamientos, detenciones arbitrarias, causas armadas», y convocaron a una movilización para el próximo 20 de julio en todo el país para repudiar esos hechos.

La movilización se realizará en el marco de un nuevo aniversario de la denominada «Noche del Apagón», ocurrido el 20 de julio de 1976, cuando se sucedieron una serie de secuestros en la localidad de Libertador General San Martín de Jujuy, la mayoría de ellos realizados con vehículos del ingenio Ledesma.

La marcha se realizará a un mes de la represión ocurrida en Jujuy el pasado 20 de junio sobre manifestantes que protestaban contra la aprobación de la reforma parcial de la Constitución provincial, que terminó con varios heridos y detenidos.

En una conferencia de prensa que ofrecieron en el salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados, los dirigentes coincidieron en responsabilizar al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por esos hechos y exigieron la liberación de los detenidos por participar de las protestas, entre ellos docentes, dirigentes sociales, sindicales y docentes y varios abogados defensores, que fueron aprehendidos en las últimas horas.

También se denunció el ingreso de fuerzas policiales a las universidades públicas de Jujuy, como ocurrió en la sede de la UBA de Tilcara.

La rueda de prensa se realizó minutos antes de que el presidente Alberto Fernández dispusiera la intervención del Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Jujuy.

«El presidente del PJ Alberto Fernández ordenó la intervención del partido Justicialista de Jujuy para ponerlo en la misma línea del peronismo en todo el país de una clara oposición al gobierno y las políticas represivas de Gerardo Morales», informó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en su cuenta de Twitter.

De la conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados, organizada por la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), que lidera el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Hugo Yasky, participaron el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), así como diputados oficialistas y del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad.

«Queremos repudiar a este individuo que pasó de ser represor a genocida, Morales. Es un reflejo de lo que puede llegar a pasar si estos individuos llegan a ganar las elecciones», dijo Almeida, quien pidió: «Cuando vayan a votar hay que hacerlo con memoria y recordar no quién es el adversario, sino el enemigo».

Carlotto, por su parte, destacó la importancia de «cuidar la democracia» y dijo que «hay delitos muy graves que no pueden pasarse por alto», a la vez que llamó a «formar una gran cadena de unidad».

«Los vamos a ayudar pero los que tienen que trabajar son ustedes para que esta situación se termine», remarcó.

En tanto, el secretario general de la CTA Autónoma y ATE, Hugo «Cachorro» Godoy, pidió que se suspenda la aplicación de la reforma constitucional jujeña y manifestó su solidaridad con el pueblo de la provincia «frente a la represión brutal» de Morales, a la vez que exigió «a los 3 poderes del Estado que actúen de manera más firme y precisa».

En la oportunidad, Pietragalla afirmó: «Nos preocupa que en un momento electoral tengamos que hacer esta conferencia porque a 40 años de la democracia, la libertad y el derecho a la protesta, están en peligro», y añadió: «Le pedimos a Morales parar esta locura, en su afán de ser vicepresidente porque es peligroso y puede acarrear que todo el Estado sea responsable de las violaciones a los derechos humanos en Jujuy».

Desde el bloque de diputados del FdT, Juan Marino advirtió sobre la «seguidilla de detenciones por participar de las protestas populares» y exigió la «inmediata libertad de todos los presos por luchar en Jujuy», al tiempo que llamó a la UCR a «elegir entre la democracia de (Raúl) Alfonsín y la dictadura de Morales».

En esa misma línea se manifestó el diputado nacional y dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, quien repudió «enérgicamente esta cacería que comenzó el emperador Morales», y advirtió que «esto no es un ensayo sino es la política que van a aplicar si ganan las elecciones».

Yasky, en tanto, tras la conferencia de prensa, destacó la importancia de la convocatoria del próximo 20 de julio a marchar en todo el país para recordar un nuevo aniversario de la Noche del Apagón, y adelantó que se conformará una comisión de legisladores y representantes de los organismos de derechos humanos para que viaje a Jujuy la semana próxima.

Por su parte, desde el FIT, Romina Del Plá, también exigió la «inmediata liberación de los detenidos y la anulación de la reforma que lleva al extremo la criminalización de la protesta» y dijo que «pedimos el cese de la persecución a los compañeros que están siendo sometidos a la brutalidad de Morales».

De la conferencia participaron además referentes de la UBA, integrantes de organizaciones de derechos humanos, la CTA, su par Autónoma (CTAA), la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la CGT, la Ctera, la UTEP, la CCC, el Espacio Producción y Trabajo (Pymes y cooperativas), entre otros.

Unos 170 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y al menos 68 detenidos resultaron de la violenta represión policial que se extendió por más de cuatro horas en Jujuy el pasado 20 de junio sobre manifestantes que protestaban contra la aprobación de la reforma parcial de la Constitución provincial.

El avance policial comenzó poco después de las 11 contra una multitudinaria marcha que congregó a múltiples sectores de la sociedad en la capital jujeña contra la reforma en las puertas de la Legislatura, mientras en su interior se aprobaba y juraba la nueva Carta Magna local.

Efectivos de infantería de la policía jujeña dispararon con balas de goma y gases lacrimógenos contra manifestantes que confrontaron lanzando piedras, en un clima de tensión en las calles de la capital jujeña que se extendió por más de cuatro horas por diversas arterias.

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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