DDHH
Jujuy: organizaciones llaman a una marcha nacional el 20 de julio
La movilización convocada a nivel nacional se realizará en el marco de un nuevo aniversario de la denominada «Noche del Apagón», ocurrido el 20 de julio de 1976.
Organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos advirtieron hoy en el Congreso de la Nación sobre la «grave situación» en la provincia de Jujuy, donde se registran «decenas de allanamientos, detenciones arbitrarias, causas armadas», y convocaron a una movilización para el próximo 20 de julio en todo el país para repudiar esos hechos.
La movilización se realizará en el marco de un nuevo aniversario de la denominada «Noche del Apagón», ocurrido el 20 de julio de 1976, cuando se sucedieron una serie de secuestros en la localidad de Libertador General San Martín de Jujuy, la mayoría de ellos realizados con vehículos del ingenio Ledesma.
La marcha se realizará a un mes de la represión ocurrida en Jujuy el pasado 20 de junio sobre manifestantes que protestaban contra la aprobación de la reforma parcial de la Constitución provincial, que terminó con varios heridos y detenidos.
En una conferencia de prensa que ofrecieron en el salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados, los dirigentes coincidieron en responsabilizar al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por esos hechos y exigieron la liberación de los detenidos por participar de las protestas, entre ellos docentes, dirigentes sociales, sindicales y docentes y varios abogados defensores, que fueron aprehendidos en las últimas horas.
También se denunció el ingreso de fuerzas policiales a las universidades públicas de Jujuy, como ocurrió en la sede de la UBA de Tilcara.
La rueda de prensa se realizó minutos antes de que el presidente Alberto Fernández dispusiera la intervención del Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Jujuy.
«El presidente del PJ Alberto Fernández ordenó la intervención del partido Justicialista de Jujuy para ponerlo en la misma línea del peronismo en todo el país de una clara oposición al gobierno y las políticas represivas de Gerardo Morales», informó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en su cuenta de Twitter.
De la conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados, organizada por la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), que lidera el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Hugo Yasky, participaron el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), así como diputados oficialistas y del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad.
«Queremos repudiar a este individuo que pasó de ser represor a genocida, Morales. Es un reflejo de lo que puede llegar a pasar si estos individuos llegan a ganar las elecciones», dijo Almeida, quien pidió: «Cuando vayan a votar hay que hacerlo con memoria y recordar no quién es el adversario, sino el enemigo».
Carlotto, por su parte, destacó la importancia de «cuidar la democracia» y dijo que «hay delitos muy graves que no pueden pasarse por alto», a la vez que llamó a «formar una gran cadena de unidad».
«Los vamos a ayudar pero los que tienen que trabajar son ustedes para que esta situación se termine», remarcó.
En tanto, el secretario general de la CTA Autónoma y ATE, Hugo «Cachorro» Godoy, pidió que se suspenda la aplicación de la reforma constitucional jujeña y manifestó su solidaridad con el pueblo de la provincia «frente a la represión brutal» de Morales, a la vez que exigió «a los 3 poderes del Estado que actúen de manera más firme y precisa».
En la oportunidad, Pietragalla afirmó: «Nos preocupa que en un momento electoral tengamos que hacer esta conferencia porque a 40 años de la democracia, la libertad y el derecho a la protesta, están en peligro», y añadió: «Le pedimos a Morales parar esta locura, en su afán de ser vicepresidente porque es peligroso y puede acarrear que todo el Estado sea responsable de las violaciones a los derechos humanos en Jujuy».
Desde el bloque de diputados del FdT, Juan Marino advirtió sobre la «seguidilla de detenciones por participar de las protestas populares» y exigió la «inmediata libertad de todos los presos por luchar en Jujuy», al tiempo que llamó a la UCR a «elegir entre la democracia de (Raúl) Alfonsín y la dictadura de Morales».
En esa misma línea se manifestó el diputado nacional y dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, quien repudió «enérgicamente esta cacería que comenzó el emperador Morales», y advirtió que «esto no es un ensayo sino es la política que van a aplicar si ganan las elecciones».
Yasky, en tanto, tras la conferencia de prensa, destacó la importancia de la convocatoria del próximo 20 de julio a marchar en todo el país para recordar un nuevo aniversario de la Noche del Apagón, y adelantó que se conformará una comisión de legisladores y representantes de los organismos de derechos humanos para que viaje a Jujuy la semana próxima.
Por su parte, desde el FIT, Romina Del Plá, también exigió la «inmediata liberación de los detenidos y la anulación de la reforma que lleva al extremo la criminalización de la protesta» y dijo que «pedimos el cese de la persecución a los compañeros que están siendo sometidos a la brutalidad de Morales».
De la conferencia participaron además referentes de la UBA, integrantes de organizaciones de derechos humanos, la CTA, su par Autónoma (CTAA), la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la CGT, la Ctera, la UTEP, la CCC, el Espacio Producción y Trabajo (Pymes y cooperativas), entre otros.
Unos 170 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y al menos 68 detenidos resultaron de la violenta represión policial que se extendió por más de cuatro horas en Jujuy el pasado 20 de junio sobre manifestantes que protestaban contra la aprobación de la reforma parcial de la Constitución provincial.
El avance policial comenzó poco después de las 11 contra una multitudinaria marcha que congregó a múltiples sectores de la sociedad en la capital jujeña contra la reforma en las puertas de la Legislatura, mientras en su interior se aprobaba y juraba la nueva Carta Magna local.
Efectivos de infantería de la policía jujeña dispararon con balas de goma y gases lacrimógenos contra manifestantes que confrontaron lanzando piedras, en un clima de tensión en las calles de la capital jujeña que se extendió por más de cuatro horas por diversas arterias.
DDHH
Juicio por Loan: Benítez apuntó a Laudelina y denunció torturas en prisión
Antonio Benítez, tío político de Loan Peña e imputado en el juicio que se desarrolla en Corrientes, declaró este miércoles que su exesposa Laudelina «sabe la verdad» sobre la desaparición del niño y no se la pudo contar porque «estaba amenazada». El segundo imputado en declarar también denunció haber sufrido torturas en prisión y pidió que sean investigadas.
Antonio Bernardino Benítez declaró este miércoles ante el tribunal oral que juzga a los siete acusados por la desaparición de Loan Peña y apuntó contra su exesposa Laudelina, tía del niño: “Creo que Laudelina sabe la verdad. Para mí dijo la verdad cuando mencionó el accidente”, sostuvo ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de la ciudad de Corrientes. El tío político de Loan, segundo imputado en declarar en el juicio, se quebró durante su testimonio, negó haber participado en la desaparición y denunció haber sufrido torturas en prisión.
Benítez es el segundo imputado en declarar en el juicio, luego de su expareja Laudelina Peña, quien comparó el día anterior, pidió perdón por haber mentido y se quebró en llanto. La declaración de Benítez estuvo centrada en deslindar su responsabilidad en los hechos, reconstruir la búsqueda de Loan y arrojar responsabilidad sobre quienes él consideró que conocen la verdad.
“No podía decirme nada del accidente porque estaba amenazada”
Benítez relató que el domingo 9 de junio de 2024 fue con sus hijos a la casa de Catalina, la abuela de Loan, y que Laudelina coció. Respecto al almuerzo del 13 de junio, fecha en que Loan desapareció, el acusado manifestó hab erse sentido incómodo con la presencia de María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal, y Carlos Guido Pérez, capitán de la Armada: “Me sorprendió la actitud de Caillava y Pérez, me sentí incómodo, no sabía quiénes iban a estar y tampoco sabía que iban a estar ellos”, declaró. Negó tener contactos previos con ambos y sostuvo que fue Laudelina o la abuela Catalina quienes los invitaron.
Al referirse a por qué Laudelina no le explicó lo que había pasado, Benítez fue directo: “No podía decirme nada del accidente porque estaba amenazada, al igual que su abogada, la doctora Chirivín”. La versión del “accidente” fue la que Laudelina presentó en su declaración para explicar la desaparición de Loan. “Yo sigo enojado con ella porque no sé bien qué pasó, qué vio ella, por qué tuvo que esperar tanto tiempo y decir que fue un accidente”, añadió.
Declaró ser inocente y negó haber cambiado de remera durante la búsqueda
A lo largo de su declaración ante su defensor Enzo Di Tella, Benítez enfatizó su inocencia y reconstruyó sus acciones durante la búsqueda del niño: “Nunca dejé de buscar a Loan. Me sentía obligado porque se había perdido mi sobrino”. También negó haberse cambiado de remera durante ese proceso, un detalle que había generado sospechas en la investigación. Sobre su vínculo actual con Laudelina, fue escueto: “Con Laudelina la única comunicación que tenemos es por nuestros hijos. Ella me pregunta cómo están”. Reconoció que la relación estaba deteriorada antes de los hechos: “Yo le era infiel. Tenía otra mujer”.
Benítez también denunció haber sufrido torturas durante su detención y pidió expresamente que esos hechos sean investigados. Negó, además, haber tenido diálogos con el comisario Walter Maciel, otro de los imputados en la causa.
Quiénes son los acusados en el juicio por la desaparición de Loan
Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo en la casa de su abuela Catalina en el paraje El Algarrobal, Corrientes. Los siete acusados en el expediente principal son María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica Del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez. En una causa paralela por desvio de la investigación, usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad, están imputadas otras diez personas, entre ellas Federico Rossi Colombo y Nicolás Gabriel Soria.
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