Tras el fallo que condenó al oficial Ezequiel Benítez por el asesinato de Lucas Nahuel Verón, en un hecho de gatillo fácil que se registró el 10 de julio de 2020 en las calles de González Catán en el día que la víctima cumplía 18 años, hay dos causas anexas que continúan su curso. Y en una de ellas, la Comisión Provincial de la Memoria ha pedido la destitución del fiscal Juan Pablo Tathagian, el primero en intervenir en el hecho, al acusarlo de favorecer el encubrimiento del caso y permitir la intimidación de los testigos.

En ese expediente, que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 8 de San Martín, se formuló la solicitud, con el acompañamiento de los padres de Lucas Verón. “En su presencia y con su participación, el fiscal Tahtagian, permitió que se llevarán adelante todas las acciones ilegales llevadas a cabo por la Policía bonaerense con la pretensión de encubrir el crimen”, se indicó.

Por lo tanto, la fiscal Andrea Victoria Andoniades citó a declaración indagatoria al imputado Juan Pablo Tahtagian al considerar que “existiendo desde el primer momento fuertes sospechas de la intervención de personal de la Policía bonaerense en la comisión del homicidio, delegó la investigación y requirió medidas de prueba a la misma fuerza de seguridad”.

A partir de esta irregularidad ante un episodio de violencia institucional, “un testigo presencial del homicidio, el adolescente Gonzalo Aguirre (quien iba en la moto junto a la víctima al ser baleados por el oficial Benítez) y su padrino Mario Brandan, resultaron víctimas de delitos de acción pública por parte de efectivos policiales que intervenían en la investigación”.

En lugar de cumplir con la Resolución Nro. 1390 de la Procuración General que dispone apartar a la fuerza investigada de la causa, el fiscal Tathagian violó esta normativa y no solo delegó toda la instrucción a la Policía bonaerense, sino que fue parte de estas acciones ilegales que convalidaban su accionar.

Para la Comisión Provincial de la Memoria, el asesinato de Lucas y la tentativa de homicidio de Gonzalo Aguirre, como las posteriores acciones llevadas a cabo en presencia del fiscal “resultan hechos de suma gravedad que se circunscribe en el marco de graves episodios de violencia institucional y que, por lo tanto, vulneraron los derechos humanos de las personas victimas involucradas” y en consecuencia, presentaron su denuncia ante la Secretaria Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.

Además por este emblemático episodio de gatillo fácil, se encuentran procesados el el segundo Jefe de la Departamental de La Matanza, Diego Ocampos, la oficial Giselle Genez y el subcomisario Daniel Quinteros, en una causa que aguarda su juicio y en los tres casos imputados por los delitos de “abuso de autoridad, amenazas, privación ilegítima de la libertad y falso testimonio”.