Seis de cada diez hogares que reciben agua de AySA pagarían en promedio un 22,6% más por el servicio si el ente regulador aprueba el nuevo esquema tarifario que la empresa puso sobre la mesa justo cuando el Gobierno de Javier Milei se apresta a venderla. El rediseño de las tarifas llega en la antesala de la privatización, mientras dos consorcios privados se disputan el control de la compañía.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó, mediante la Resolución 41/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, a una audiencia pública para tratar la propuesta de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) de actualizar los coeficientes zonales y el régimen tarifario. La audiencia se realizará el 26 de octubre a las 10, de manera virtual, con transmisión en vivo desde el sitio web del organismo. Como toda audiencia pública, tiene carácter consultivo y las opiniones que allí se expresen no son vinculantes para el ente.

AySA justifica la iniciativa en que el esquema vigente no tuvo una revisión integral desde su diseño original, hace más de cuatro décadas. Sin embargo, el debate que se abre no es solo técnico: ocurre en el mismo momento en que el Estado se desprende del 90% del paquete accionario de la empresa que presta agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano.

Menos zonas, otra vara para medir

Para los usuarios del régimen no medido (los que no tienen medidor y pagan en función de la zona), la propuesta reduce los 11 coeficientes zonales actuales, que oscilan entre 1,10 y 3,50, a cinco niveles que irían de 0,75 a 2,75.

La empresa también pretende adecuar el precio del metro cúbico de desagües cloacales en el radio antiguo de la Ciudad, sumando el cobro por la prestación de desagües pluviales, e incorporar pautas tarifarias diferenciales para asentamientos informales y para urbanizaciones cerradas.

Quién paga más y quién paga menos

Según las estimaciones de la propia AySA a valores de septiembre, entre los usuarios residenciales un 20% vería reducida su factura mensual sin impuestos, con una baja promedio del 14,7%; otro 20% no tendría cambios, y el 60% restante afrontaría aumentos con una suba media del 22,6%.

En el promedio ponderado del segmento residencial de la Ciudad y el conurbano, el impacto sería un incremento del 11,4%: la factura pasaría de $27.156 a $30.250 sin impuestos. Detrás de un promedio moderado aparece una distribución desigual, donde la mayoría de los hogares pagará más y solo uno de cada cinco verá una rebaja.

Para amortiguar el golpe, la compañía prevé una implementación progresiva, con topes del 5% acumulativo a los aumentos mensuales en los cargos zonales. En el caso de los usuarios que dejen de pertenecer a zonas bajas, el subsidio adicional del 15% que hoy reciben se retirará en tres etapas de igual proporción. El tope no elimina el aumento: lo reparte en escalones mensuales que se acumulan factura tras factura.

Hogares con suba, comercios con rebaja

El contraste con el resto de los usuarios es elocuente. Para comercios, industrias e instituciones, el plan prevé una reducción promedio del 2,2% en la factura media, que pasaría de $137.807 a $134.812. En ese segmento, el 63% mantendría su factura sin variaciones, el 22% tendría bajas promedio del 24,6% y apenas el 15% registraría aumentos, en promedio del 26,5%.

Mientras los hogares cargarían con una suba promedio del 11,4%, comercios, industrias e instituciones verían bajar su factura media.

Para los terrenos baldíos, AySA plantea un aumento promedio del 7,6%, de $17.822 a $19.172 mensuales. Allí el 58% no tendría cambios, el 37% sufriría subas promedio del 21,4% y solo el 5% obtendría reducciones, en promedio del 20,9%.

El excedente y la promesa de la tarifa social

El conjunto de medidas generaría un incremento global de ingresos del 7,3%, equivalente a $140.057 millones a tarifas de septiembre. AySA sostiene que, en base al contrato de concesión, la totalidad de ese excedente se destinará al programa de tarifa social, lo que permitiría incorporar beneficiarios y dar cobertura en barrios populares, garantizando “la equidad distributiva” y el equilibrio económico financiero del contrato.

La pregunta que la propuesta no responde es quién garantizará ese destino cuando la empresa deje de estar en manos del Estado.

Las tarifas en la vidriera de la privatización

La audiencia se convoca mientras avanza la licitación para vender el 90% de las acciones de AySA. Dos consorcios quedaron habilitados para presentar ofertas económicas: el liderado por Rowing S.A., del empresario Walter Román, junto a la brasileña Arcos, Transclor y el fondo neerlandés PHX; y el encabezado por Roggio ROAS S.A.U., del Grupo Roggio, que ya opera Aguas Cordobesas.

Como informó este medio, las empresas de Román aportaron 40 millones de pesos a la campaña de La Libertad Avanza, y Transclor, de Mauricio Filiberti, es el proveedor exclusivo del policloruro de aluminio, el insumo más importante que consume AySA para potabilizar el agua. Según trascendió, el Gobierno espera recaudar alrededor de 450 millones de dólares con la operación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en su cuenta de X el avance de la privatización y aseguró que “implicará más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos para todos los argentinos”. La promesa de menos costos choca con el primer cuadro tarifario que se discute en plena venta, que trae aumentos para seis de cada diez hogares.

La historia del servicio ofrece un antecedente ineludible: AySA fue creada en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, tras la rescisión del contrato con el consorcio privado Aguas Argentinas por incumplimientos. Veinte años después, el agua del AMBA vuelve a encaminarse hacia manos privadas, y el nuevo esquema tarifario será parte de la herencia que recibirá el próximo operador.

Lo que tenés que saber:

• El ERAS convocó por la Resolución 41/2026 a una audiencia pública virtual el 26 de octubre a las 10 para tratar el nuevo régimen tarifario de AySA.
• El 60% de los usuarios residenciales tendría aumentos promedio del 22,6%; un 20% bajaría su factura un 14,7% y el 20% restante no tendría cambios.
• La factura residencial promedio subiría un 11,4%, de $27.156 a $30.250 sin impuestos, mientras la de comercios, industrias e instituciones bajaría un 2,2%.
• La propuesta reduce de 11 a 5 los coeficientes zonales y sumaría ingresos por $140.057 millones, que AySA promete volcar a la tarifa social.
• La revisión tarifaria llega con la privatización en curso: dos consorcios, liderados por Rowing y Roggio, compiten por el 90% de la empresa.