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Colectivos nacionales del AMBA aumentan otra vez: ¿cuánto cuesta cada tramo desde julio?

La suba corresponde al tercer tramo del ajuste autorizado por el Gobierno nacional en mayo. Afecta a 103 líneas bajo jurisdicción nacional. Las tarifas más largas superan los $980 con tarjeta SUBE sin registrar.

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Desde este miércoles 16 de julio, el boleto mínimo de los colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) bajo jurisdicción nacional subirá a $451,01, lo que representa un incremento del 6,1% respecto a la tarifa anterior. El aumento completa el esquema de ajuste del 21,52% escalonado aprobado por la Secretaría de Transporte en mayo, tras ocho meses sin modificaciones tarifarias.

La medida impacta sobre 103 líneas de colectivos que unen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el conurbano bonaerense, y que dependen directamente del Ejecutivo nacional. Estas líneas no habían actualizado sus tarifas desde agosto de 2024, mientras que los colectivos de jurisdicción porteña y bonaerense aplican desde marzo un esquema de subas mensuales ajustadas por inflación.

Cómo queda el cuadro tarifario

A partir del miércoles, las tarifas para los colectivos nacionales del AMBA —clasificados como suburbanos Grupo I y II— se reestructuran de la siguiente manera:

Suburbanas Grupo I (CABA a primer y segundo cordón del conurbano):

0-3 km: $451,01 – con SUBE sin registrar: $717,11

3-6 km: $502,43 – con SUBE sin registrar: $798,86

6-12 km: $541,13 – con SUBE sin registrar: $860,40

12-27 km: $579,87 – con SUBE sin registrar: $921,99

Más de 27 km: $618,35 – con SUBE sin registrar: $983,18

Suburbanas Grupo II (CABA a zonas más alejadas como La Plata o Zárate):

Boleto mínimo: $593,37 – SUBE sin nominar: $943,46

Tarifa terminal: $150,05 – SUBE sin nominar: $238,58

Base pasajero/km: $22,92 – SUBE sin nominar: $36,44

Esta diferenciación de tarifas según distancia y registro de la tarjeta SUBE forma parte de la estrategia del Gobierno para promover la nominación de tarjetas, combatir el uso fraudulento del sistema y ajustar progresivamente el subsidio al transporte.

Una brecha creciente entre líneas nacionales y locales

Mientras las líneas nacionales aplicaron subas en tres tramos desde el 23 de mayo —cuando el boleto mínimo pasó de $371,13 a $397,11—, los colectivos porteños y bonaerenses ya venían ajustando mensualmente sus tarifas. En julio, por ejemplo, esos servicios aumentaron en promedio un 3,5%, conforme al índice de inflación más un adicional del 2%, tal como dispuso el Gobierno de la Ciudad y la Provincia.

Este desfase provocó durante varios meses diferencias notorias de precios entre colectivos que recorren trayectos similares, pero que dependen de distintas jurisdicciones. El ajuste actual apunta a reducir esa disparidad, aunque persisten criterios tarifarios descoordinados en el sistema de transporte metropolitano.

Un sistema presionado por el recorte de subsidios

El incremento en las tarifas también responde al rediseño del esquema de subsidios al transporte que el Gobierno nacional viene aplicando desde comienzos del año. Según el Ministerio de Economía, los subsidios económicos se reducirán en más del 30% interanual en 2025, lo que afecta especialmente a los servicios del AMBA, que concentran el mayor volumen de pasajeros.

La decisión oficial de segmentar los subsidios en función del registro de la tarjeta SUBE y avanzar hacia un sistema más focalizado generó tensiones con los gobiernos locales, operadores y usuarios. Desde organizaciones de defensa del consumidor advierten que los aumentos acumulados en el transporte superan el 100% en lo que va del año, muy por encima de la evolución de salarios y jubilaciones mínimas.

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Operativo Tormenta Negra en CABA: 1.500 policías, 11 allanamientos y 4 búnkeres narco

En ese marco, el ajuste del gasto social dispuesto por la gestión de **Javier Milei**, con recortes reales superiores al 61% en programas sociales según datos propios de la administración nacional, profundiza el terreno sobre el cual prospera el narcotrafico en los barrios.

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Blindados, helicópteros y cuatro búnkeres: el narcotráfico sigue en pie en los barrios que el Estado abandona

El megaoperativo antinarco desplegado este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires intervino simultáneamente en seis barrios vulnerables. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, monitoreó el procedimiento desde Villa Lugano en un contexto de creciente conflictividad social y precariedad estatal en los territorios.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó el denominado Operativo Tormenta Negra, un procedimiento antinarco de gran escala que movilizó a 1.500 efectivos y desplegó 11 allanamientos simultáneos en distintos barrios populares de la Capital Federal. La acción permitió identificar al menos cuatro búnkeres de venta de drogas en los barrios 31, 1.11.14, 20, Villa Zabaleta, Fraga y Villa 15.

Un Estado que llega armado

El operativo incluyó la participación de la Guardia de Infantería, vehículos blindados modelo Fénix y un helicóptero que sobrevoló las zonas intervenidas. Como parte de las acciones, se procedió a la remoción de automóviles abandonados en la vía pública que, según las fuerzas de seguridad, eran utilizados para el almacenamiento y comercialización de estupefacientes.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó el procedimiento desde Villa Lugano, en un año marcado por las tensiones con el gobierno nacional sobre el reparto de responsabilidades en el territorio metropolitano.

Estrategia sorpresa en barrios históricamente abandonados

La estrategia del operativo se basó en el factor sorpresa, con el objetivo de desarticular las bandas narco sin darles tiempo de reacción. El procedimiento se inscribió además en una jornada de intensa actividad anticriminal tanto en la Ciudad como en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en continuidad con el megaoperativo ejecutado el día anterior en Fuerte Apache, donde más de 500 efectivos intervinieron para desarticular dos bandas narco.

Lo que los comunicados oficiales presentan como «pacificación» y «recuperación del espacio público» no resuelve, sin embargo, las causas estructurales que alimentan el narcotráfico en los barrios populares: la desocupación, el hacinamiento, el desfinanciamiento de políticas sociales y la ausencia de infraestructura básica en comunidades que concentran las peores condiciones habitacionales de la ciudad.

En ese marco, el ajuste del gasto social dispuesto por la gestión de Javier Milei, con recortes reales superiores al 61% en programas sociales según datos propios de la administración nacional, profundiza el terreno sobre el cual prospera la economía ilegal.

Barrios bajo la lupa, barrios sin soluciones de fondo

El Barrio 31, también conocido como Barrio Mugica, es emblemático de la contradicción entre la intervención policial puntual y la política de integración urbana inconclusa. Las promesas de urbanización avanzaron a distintas velocidades según la gestión de turno, pero el acceso a servicios básicos, la salud, la educación y el trabajo formal siguen siendo deudas pendientes para miles de familias que habitan esos territorios.

La pregunta que los operativos espectaculares no responden es siempre la misma: ¿qué Estado aguarda a los vecinos de estos barrios después de que se retiran los blindados?

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