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Vizzotti anunció cuarta dosis para mayores de 50 y grupos de riesgo

Esta nueva etapa «se da en un momento oportuno ante el descenso sostenido del número de casos de covid-19 y el fuerte avance alcanzado en la campaña de vacunación. Este es un proceso que venimos trabajando desde hace tiempo con las provincias, que ya están organizadas y avanzadas en este camino”, explicó la ministra.

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La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció este miércoles que se comenzará a aplicar la segunda dosis de refuerzo contra el coronavirus a los mayores de 50 años, a personas que presentan condiciones de riesgo, además de personal de salud, miembros de las fuerzas de seguridad y docentes, mientras en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) se acordó que a partir del lunes próximo se integrará la vigilancia de covid con la de enfermedades respiratorias agudas de presunto origen viral.

El anuncio de la segunda dosis de refuerzo lo realizó la ministra en su cuenta oficial de Twitter, en donde escribió, además, que las vacunas «siguen siendo la mejor herramienta para disminuir las hospitalizaciones».

De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación, a la fecha el total de dosis aplicadas es de 97.506.637, de los cuales 40.669.751 corresponden a primeras dosis; 37.109.027 al esquema completo; 3.027.428 a una adicional y 16.700.431 a refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 105.014.714 y las donadas a 5.083.000.El Ministerio de Salud había anunciado en el mes pasado la cobertura de esta segunda dosis de refuerzo, a los mayores de 50 años que habían iniciado su esquema primario con Sinopharm y para los mayores de 3 años que sean inmunosuprimidos.

Ahora este esquema se amplía a otros grupos y a los que recibieron vacunas de otros laboratorios.Tanto para mayores de 50, mayores de 12 años con condiciones de riesgo, personal de salud, miembros de fuerzas de seguridad y docentes debe haber una ventana de al menos cuatro meses entre la colocación de la tercera dosis y la cuarta.

«Esto va a depender del plan de vacunación de cada provincia, aunque ya cuentan con las dosis necesarias para avanzar en este segundo refuerzo. Se empezarán por estos sectores y luego se irá avanzando de acuerdo a cada jurisdicción», dijron voceros de Salud.

En tanto, durante una nueva reunión virtual del Cofesa, se acordó establecer «una nueva estrategia de vigilancia para el covid-19» integrándolas al resto de las infecciones respiratorias agudas, «en consonancia con una etapa distinta de la pandemia debido a las altas coberturas de vacunación alcanzadas en el país, a las características de las variantes circulantes y a que además de SARS-CoV-2 circulan otros virus respiratorios», informó la cartera sanitaria.

Esta nueva etapa «se da en un momento oportuno ante el descenso sostenido del número de casos de covid-19 y el fuerte avance alcanzado en la campaña de vacunación. Este es un proceso que venimos trabajando desde hace tiempo con las provincias, que ya están organizadas y avanzadas en este camino”, explicó la ministra.

La nueva estrategia comenzará a aplicarse a partir del 18 de abril próximo y consistirá en priorizar el diagnóstico de Covid-19 en personas con enfermedad respiratoria que sean mayores de 50 años y con condiciones de riesgo; poblaciones especiales que residan, trabajen o asistan a ámbitos que por las características propias presentan mayor riesgo de transmisión o generación de brotes.

En este caso están comprendidas las instituciones carcelarias, instituciones de salud, centros con personas institucionalizadas, personas que trabajen o presten cuidado a personas vulnerables. También a personas con antecedente de viaje en últimos 14 días a una región en la que esté circulando una variante de interés o de preocupación que no esté circulando en el país; personas con enfermedad grave (internados), o que hayan tenido contacto con fallecidos y casos inusitados; y en ocasión de la investigación y control de brotes.

Además se acordó reforzar las recomendaciones de cuidado generales para la prevención como el uso adecuado del barbijo en espacios interiores, incluyendo los ámbitos laborales, educativos, sociales y en el transporte público; ventilación de los ambientes; mantener el lavado frecuente de manos; y evitar acudir a actividades laborales, sociales y educativas ante la presencia de síntomas.

En tanto, para los casos confirmados de covid leves o personas con síntomas de infección respiratoria «se recomienda fortalecer las medidas de cuidado generales tales como el uso adecuado de barbijo, evitar el contacto con poblaciones vulnerables y no asistir a actividades educativas o lugares públicos durante la presencia de síntomas o hasta cinco días desde la fecha del diagnóstico».

En el caso de los contactos estrechos de un caso positivo «no se indicará cuarentena, recomendando extremar las medidas de prevención durante diez días y evitar el contacto con personas vulnerables. Por último, para los casos confirmados en pacientes internados se continuará con el aislamiento respiratorio de acuerdo a las normativas vigentes».

Con respecto a los indicadores y la difusión de la información se definió que pasará a ser semanal con actualización los días domingo del monitor con la información epidemiológica y los martes de la sala de situación completa para que también se pueda descargar semanalmente con todos los indicadores que se están midiendo.

Análisis

La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo

Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».

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Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia

Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.

Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.

Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.

Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.

El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina

La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.

Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.

La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.

Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)

La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.

Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.

Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.

El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas

El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.

Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.

El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.

Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala

La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.

El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.

En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.

Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.

Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.

Machismo de guardapolvo blanco

Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.

La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.

Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.

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