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Santa Fe

Detuvieron a una pareja por la desaparición de Sofía Delgado

En los allanamientos encontraron prendas con sangre y diversos objetos asociados a prácticas de sadomasoquismo.

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La policía detuvo a una pareja en el marco de la investigación por la desaparición de Sofía Delgado, la joven de 20 años que fue vista por última vez el 30 de octubre en San Lorenzo, Santa Fe.

Los detenidos son A.J.B., un hombre de 35 años y conocido de Delgado, y su pareja, M.L., de 29 años, quien se encuentra embarazada.

Los escabrosos datos de la investigación

Primer allanamiento: Realizado en una vivienda de San Lorenzo en Hipólito Yrigoyen al 2700. En esta propiedad, perros de rastreo se detuvieron en un mueble que contenía sábanas, donde también se halló una campera con manchas de sangre. Las pruebas de luminol confirmaron la presencia de sangre, aunque aún faltan los resultados de las pericias para confirmar la identidad.

Segundo allanamiento: Se llevó a cabo en una propiedad en General Paz, en la localidad de El Socorro. Allí, los agentes encontraron pendrives, discos rígidos, dos notebooks, la llave de un Peugeot y diversos objetos asociados a prácticas de sadomasoquismo. También se incautó un teléfono celular, el cual será sometido a pericias.

Estado de la investigación:

El fiscal adjunto de San Lorenzo, Carlos Ortigoza, espera los resultados de las pericias sobre los objetos y las muestras recolectadas en ambos allanamientos para determinar el grado de participación de la pareja detenida en la desaparición de Delgado.

Santa Fe

El Gobierno recurre al FBI para encuadrar la violencia juvenil como un fenómeno tecnológico

Tras el crimen escolar en Santa Fe, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva descartó el factor del bullying y apuntó a la existencia de grupos juveniles misantrópicos. Con el respaldo del FBI, el oficialismo busca encuadrar la tragedia en un fenómeno de criminalidad digital mientras se debate la baja de la edad de imputabilidad.

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San Cristóbal: el Gobierno agita el fantasma de las culturas subdigitales

★ En una conferencia de prensa brindada este miércoles en Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que la investigación sobre el tiroteo en una escuela de San Cristóbal permitió detectar la presencia de culturas subdigitales ligadas a conductas violentas en Argentina. La funcionaria, acompañada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó que estos grupos no responden a dinámicas de acoso escolar tradicional sino a pautas de admiración por asesinatos y tiroteos masivos, con un fuerte componente de misantropía y voluntad de ejecución de actos violentos.

El diagnóstico oficial y la sombra del FBI

Según los datos aportados por la ministra, el análisis exhaustivo realizado por la Policía Federal en conjunto con el FBI permitió identificar 15 casos similares en los últimos dos años, sumados a otros cuatro que actualmente se encuentran bajo estudio. El Gobierno sostiene que estos jóvenes integran comunidades virtuales donde se analizan masacres previas y se fomenta el odio generalizado hacia la sociedad.

Esta caracterización técnica ocurre apenas días después de que la justicia santafesina confirmara la detención de un segundo adolescente por el encubrimiento del tiroteo. Como ya se informó en este medio, la causa se expandió rápidamente a otras ciudades a medida que las pericias sobre los dispositivos electrónicos revelaron conexiones más allá de los límites de la provincia de Santa Fe.

La inimputabilidad y el vacío de políticas públicas

El foco puesto en la tecnología por parte de la cartera de Seguridad parece eludir un debate que el Ministro de Justicia santafesino ya puso sobre la mesa (el adolescente responsable del ataque no es punible bajo el régimen legal vigente). Al catalogar el hecho como un fenómeno de cultura subdigital, el discurso oficial tiende a desplazar la responsabilidad del entorno social y las carencias del sistema educativo para detectar señales de alerta temprana.

Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que, si bien el uso de plataformas como Discord facilitó la coordinación o el intercambio de material violento, el problema de fondo sigue siendo la ausencia de un Estado eficiente que garantice la contención de menores en situación de vulnerabilidad psicológica. La insistencia del Gobierno en resaltar la cooperación con organismos extranjeros como el FBI refuerza una narrativa de seguridad nacional sobre un hecho que, para diversos especialistas en niñez, requiere un abordaje integral de derechos sociales y laborales.

Antecedentes y derivaciones de la causa

El caso de San Cristóbal se suma a una serie de incidentes que el Ministerio de Seguridad intenta agrupar bajo una misma lógica criminalística. Sin embargo, el análisis crítico de estos hechos revela que la focalización en la violencia digital suele ser utilizada para justificar medidas de vigilancia más estrictas sobre la juventud, omitiendo el impacto de la crisis económica y el sobreendeudamiento de las familias en la salud mental de los adolescentes.

Mientras la investigación avanza, queda claro que la etiqueta de cultura subdigital será el eje de la estrategia oficial para pedir reformas en el código penal, alejando el foco de la soberanía educativa y la inversión en políticas de prevención que el sector libertario ha desmantelado sistemáticamente bajo la premisa del ajuste fiscal.

Puntos clave:

  • La ministra Alejandra Monteoliva descartó que el caso de San Cristóbal sea un episodio de bullying.
  • Se detectaron 15 casos de conductas violentas ligadas a grupos digitales en los últimos dos años.
  • La Policía Federal y el FBI colaboran en el análisis de las redes de los adolescentes implicados.
  • El Gobierno utiliza el concepto de culturas subdigitales para explicar la admiración por tiroteos masivos.
  • La justicia santafesina mantiene el debate sobre la no punibilidad de los involucrados debido a su edad.

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