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Investigación 🔎

Allanaron comisaría en Rosario por el crimen de “Pillín” Bracamonte y su ladero

Además, ordenaron secuestrar celulares y documentos. Testigos indicaron que una ambulancia y un móvil policial pasaron por la escena del crimen sin detenerse. Hay dos hipótesis: un ajuste de cuentas por “Los Monos” o un ataque de “Los Menores”.

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El Argentino Diario-Pillin Bracamonte.

La comisaría 9ª de Rosario fue allanada el martes por la División de Asuntos Internos de la policía, bajo instrucciones del fiscal Alejandro Ferlazzo, quien encabeza la investigación por el doble homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central, y su ladero, Daniel Raúl “Rana” Attardo. Ambos fueron asesinados a tiros el sábado pasado tras salir del partido entre Rosario Central y San Lorenzo en el Gigante de Arroyito.

Celulares y documentación en la mira

Durante el operativo, los agentes se enfocaron en secuestrar los celulares de varios efectivos de la Policía de Santa Fe asignados a la comisaría 9ª. Ferlazzo ordenó además incautar toda documentación que pudiera estar vinculada al hecho, aunque no se dispuso la detención de ningún oficial. Según fuentes de la investigación consultadas por medios locales, los datos obtenidos en los celulares y papeles podrían esclarecer el papel de la policía en los eventos posteriores al ataque.

Testimonios de hinchas y testigos presenciales indicaron en redes sociales que, tras la balacera, tanto una ambulancia como un móvil policial habrían pasado cerca de la escena del crimen sin detenerse. En un video que circula en redes se ve a testigos reclamando a la ambulancia que se detuviera, sin obtener respuesta.

Las hipótesis: ajustes de cuentas y conflictos territoriales

La investigación sobre los asesinatos sigue dos hipótesis principales. La primera línea apunta a un posible ajuste de cuentas por parte de “Los Monos”, una organización delictiva ligada a Ariel Máximo “Guille” Cantero, tras el asesinato de Samuel Medina, alias “Gordo Samu” y yerno de Cantero. Desde el entorno de Medina se habrían realizado manifestaciones de poder en un partido de Rosario Central contra Banfield, lanzando bombas de estruendo y exhibiendo banderas con consignas amenazantes como “No respetamos a nadie” y “Siempre mono, nunca sapo”.

La segunda línea investiga si el ataque provino de “Los Menores”, una presunta banda del noroeste de Rosario. Esta agrupación, mencionada por el propio Bracamonte en una entrevista reciente, habría comenzado a ganar notoriedad en septiembre de 2023 tras secuestrar y atacar a uno de sus “soldados” que se negó a seguir vendiendo en un búnker. Este sobreviviente escapó de sus agresores arrojándose al arroyo Ludueña, en un caso que generó alarma y evidenció la violencia de este grupo en crecimiento.

Entierro bajo custodia y medidas de seguridad

El lunes, el cuerpo de Bracamonte fue trasladado desde el Instituto Médico Legal al cementerio El Prado en Pérez, bajo un operativo de seguridad especial. La familia había solicitado la cremación, pero la Justicia provincial rechazó el pedido, anticipando la posibilidad de requerir una segunda autopsia para la investigación.

Attardo, en cambio, fue velado en una cochería céntrica de Rosario y enterrado en el cementerio El Salvador, en un procedimiento que contó con la presencia de la Tropa de Operaciones Especiales, Gendarmería y un drone para reforzar la seguridad del evento.

Luis Pinilla, titular de la asociación de Empresas Fúnebres de Santa Fe, indicó que “nadie preguntó por el servicio” para el velatorio de Bracamonte, lo que, según él, refleja el carácter reservado del traslado. “Es peligroso velar el cuerpo de una persona relacionada con el delito, pero con presencia de seguridad todo pasa a un segundo plano”, comentó Pinilla en diálogo con Radio 2.

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Campana ya no es refugio: el fallo de la Corte rompe la estrategia de la AFA

Durante casi un año, las defensas de la conducción de la AFA empujaron para concentrar sus causas en el juzgado federal de Campana. La Corte habló de una «grosera» violación de las reglas de competencia y devolvió a Rafecas la causa de la mansión de Pilar, aunque el juez podría irse pronto a Casación.

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Sede de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema no solo cambió de juez la causa por la mansión de Pilar: le puso nombre a lo que pasó durante casi un año. Los supremos dijeron que el traslado del expediente a Campana afectó «de manera severa e inequívoca» la garantía del juez natural y lo calificaron como una «grosera» violación de las reglas de competencia. Con esa frase se cayó la pieza central de una estrategia que la conducción de la AFA venía empujando desde fines de 2025: reunir sus causas en un solo juzgado, lejos de los tribunales porteños especializados en delitos económicos.

El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a la queja del fiscal ante Casación Mario Villar y dejó sin efecto la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que en agosto había enviado la investigación al juzgado de Adrián González Charvay con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y la disidencia de Alejandro Slokar. La Corte les reprochó, además, no haber analizado los argumentos de Villar. El expediente vuelve al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, de Daniel Rafecas.

El juzgado que querían los acusados

La pelea por la competencia nunca fue un tecnicismo. El 30 de diciembre de 2025, último día hábil del año, González Charvay pidió quedarse con la causa que tramitaba el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que ya venía avanzando con medidas de prueba, y lo hizo pese a la opinión contraria de un fiscal. Con ese movimiento, la instancia de revisión pasaba a ser la Cámara Federal de San Martín. Según reconstruyó el diario La Nación, el juez de Campana tuvo después el expediente de la mansión durante seis meses sin avanzar sobre Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

En paralelo, Campana fue absorbiendo otras causas sensibles para la entidad: la que había abierto el juez federal Luis Armella, que allanó a la empresa de Javier Faroni y las sedes de la AFA, y la de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón había pedido la detención de Tapia y Toviggino. En esta última, en octubre, González Charvay sobreseyó a familiares y socios del tesorero porque no quedaba ningún fiscal impulsando la acusación, sin analizar la prueba reunida. La unificación en Campana era la estrategia de las defensas, resistida una y otra vez por fiscales y querellantes.

El propio juez la defendió en público: sostuvo que no pueden existir tres o cuatro magistrados investigando los mismos hechos. Pero no todos le dieron la razón. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que procesó a Tapia y a Toviggino por la retención de aportes, rechazó un pedido de González Charvay para quedarse con otra causa por lavado y consideró «prematura» esa unificación.

Por qué la causa es porteña

El argumento para llevar todo a Campana era que la quinta está en Villa Rosa, partido de Pilar. La Corte lo desarmó: sostuvo que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos a través de sociedades, cambios societarios y operaciones con bienes, no solo la compra de un inmueble, y que Pilar «no era en modo alguno el centro de dirección» de esa actividad. Varias de las sociedades tenían domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, donde también está la sede de la AFA, sobre la calle Viamonte. El tribunal mencionó además una presunta red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025.

La causa se inició con una denuncia de la Coalición Cívica en diciembre de 2025 y busca determinar si fondos de la AFA se desviaron para comprar la quinta, atribuida a Toviggino, y si Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares registrales a través de Real Central SRL, actuaron como testaferros. En el allanamiento del 12 de diciembre de 2025 se secuestraron 54 vehículos de alta gama y de colección. La tasación judicial valuó la propiedad, de unos 105.000 metros cuadrados, en US$ 16.954.000 y los autos en US$ 3.861.100.

Un regreso con fecha de vencimiento

Rafecas, el juez que ordenó aquel allanamiento, retoma ahora la investigación sobre el origen de los fondos y la titularidad real de los bienes. Pero su permanencia no está garantizada: el presidente Javier Milei envió al Senado su pliego para un cargo en la Cámara Nacional de Casación Penal y, si lo aprueban, la causa quedará en manos de un juez subrogante. Después de casi un año de idas y vueltas, el expediente vuelve al punto de partida con el riesgo de cambiar de manos otra vez.

Lo que tenés que saber

  • La Corte anuló el fallo de la Sala I de Casación (Borinsky y Barroetaveña, con disidencia de Slokar) que había enviado la causa a Campana.
  • Calificó el traslado como una «grosera» violación de las reglas de competencia que afectó la garantía del juez natural.
  • El juzgado de Campana había absorbido otras causas de la AFA, como la de Santiago del Estero y la que allanó a Faroni.
  • La tasación judicial valuó la quinta en US$ 16.954.000 y los 54 autos secuestrados en US$ 3.861.100.
  • Rafecas retoma la causa, pero Milei lo propuso para la Casación Nacional y podría dejar el juzgado.
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