Investigación 🔎
Allanaron comisaría en Rosario por el crimen de “Pillín” Bracamonte y su ladero
Además, ordenaron secuestrar celulares y documentos. Testigos indicaron que una ambulancia y un móvil policial pasaron por la escena del crimen sin detenerse. Hay dos hipótesis: un ajuste de cuentas por “Los Monos” o un ataque de “Los Menores”.
La comisaría 9ª de Rosario fue allanada el martes por la División de Asuntos Internos de la policía, bajo instrucciones del fiscal Alejandro Ferlazzo, quien encabeza la investigación por el doble homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central, y su ladero, Daniel Raúl “Rana” Attardo. Ambos fueron asesinados a tiros el sábado pasado tras salir del partido entre Rosario Central y San Lorenzo en el Gigante de Arroyito.
Celulares y documentación en la mira
Durante el operativo, los agentes se enfocaron en secuestrar los celulares de varios efectivos de la Policía de Santa Fe asignados a la comisaría 9ª. Ferlazzo ordenó además incautar toda documentación que pudiera estar vinculada al hecho, aunque no se dispuso la detención de ningún oficial. Según fuentes de la investigación consultadas por medios locales, los datos obtenidos en los celulares y papeles podrían esclarecer el papel de la policía en los eventos posteriores al ataque.
Testimonios de hinchas y testigos presenciales indicaron en redes sociales que, tras la balacera, tanto una ambulancia como un móvil policial habrían pasado cerca de la escena del crimen sin detenerse. En un video que circula en redes se ve a testigos reclamando a la ambulancia que se detuviera, sin obtener respuesta.
Las hipótesis: ajustes de cuentas y conflictos territoriales
La investigación sobre los asesinatos sigue dos hipótesis principales. La primera línea apunta a un posible ajuste de cuentas por parte de “Los Monos”, una organización delictiva ligada a Ariel Máximo “Guille” Cantero, tras el asesinato de Samuel Medina, alias “Gordo Samu” y yerno de Cantero. Desde el entorno de Medina se habrían realizado manifestaciones de poder en un partido de Rosario Central contra Banfield, lanzando bombas de estruendo y exhibiendo banderas con consignas amenazantes como “No respetamos a nadie” y “Siempre mono, nunca sapo”.
La segunda línea investiga si el ataque provino de “Los Menores”, una presunta banda del noroeste de Rosario. Esta agrupación, mencionada por el propio Bracamonte en una entrevista reciente, habría comenzado a ganar notoriedad en septiembre de 2023 tras secuestrar y atacar a uno de sus “soldados” que se negó a seguir vendiendo en un búnker. Este sobreviviente escapó de sus agresores arrojándose al arroyo Ludueña, en un caso que generó alarma y evidenció la violencia de este grupo en crecimiento.
Entierro bajo custodia y medidas de seguridad
El lunes, el cuerpo de Bracamonte fue trasladado desde el Instituto Médico Legal al cementerio El Prado en Pérez, bajo un operativo de seguridad especial. La familia había solicitado la cremación, pero la Justicia provincial rechazó el pedido, anticipando la posibilidad de requerir una segunda autopsia para la investigación.
Attardo, en cambio, fue velado en una cochería céntrica de Rosario y enterrado en el cementerio El Salvador, en un procedimiento que contó con la presencia de la Tropa de Operaciones Especiales, Gendarmería y un drone para reforzar la seguridad del evento.
Luis Pinilla, titular de la asociación de Empresas Fúnebres de Santa Fe, indicó que “nadie preguntó por el servicio” para el velatorio de Bracamonte, lo que, según él, refleja el carácter reservado del traslado. “Es peligroso velar el cuerpo de una persona relacionada con el delito, pero con presencia de seguridad todo pasa a un segundo plano”, comentó Pinilla en diálogo con Radio 2.
Investigación 🔎
“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA
La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.
Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones
★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.
Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.
«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan
La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.
«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.
El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.
«Pipo» y los nexos en el interior del sistema
Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.
En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.
El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.
La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
- Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
- El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
- Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
- Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.
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