Con el 90% de su territorio bordeado por fronteras internacionales, la provincia de Misiones se convirtió en el epicentro de uno de los debates más calientes en torno a la soberanía territorial: qué le pasa a la tierra argentina cuando el Estado nacional decide desregular quién puede comprarla y bajo qué condiciones. El gobernador Hugo Passalacqua no esperó que la situación se agravara y tomó una decisión política de fondo: llevar el conflicto a la Justicia.

Mediante el Decreto N° 1.935, Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado provincial a iniciar todas las acciones judiciales que considere necesarias para «resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad» y «por todas las vías correspondientes». La medida se produce días después de que la Corte Suprema de Justicia revocara el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras.

Desprotección institucional en la frontera

En el texto del decreto, al que accedieron fuentes periodísticas acreditadas, Passalacqua describió la situación de Misiones como de «absoluta desprotección y vulnerabilidad institucional«. No solo cuestionó la ley de tierras en sí misma, sino que extendió sus argumentos al propio DNU 70/2023, al que acusó de impactar «de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la provincia».

La posición de Misiones no es caprichosa ni meramente política: la provincia comparte fronteras con Brasil y Paraguay, posee una biodiversidad única en el país y sustenta su economía sobre el pequeño productor agrario. Permitir que actores externos, sin restricciones efectivas, puedan adquirir tierras en esa región implica un riesgo estratégico que va mucho más allá de lo comercial. «No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido», advirtió Passalacqua en sus redes sociales. El cuidado de la tierra misionera, sostuvo, es «un deber irrenunciable» con la gente y la soberanía de la provincia.

La Corte que habilitó el problema

El detonante de la medida fue el reciente fallo de la Corte Suprema, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que revocó una decisión de un tribunal inferior que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. El máximo tribunal argumentó que la entidad demandante carecía de legitimación para promover la acción, al no acreditar la existencia de un «derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo». En otras palabras: el fondo del asunto, la constitucionalidad o no de la medida, no fue resuelto.

Más aún, la propia Corte emitió una aclaración pública en la que señaló que su decisión «se ajusta estrictamente a todos los precedentes» del tribunal y que no afecta otras medidas cautelares con el mismo objeto que tramitan en distintos juzgados. También advirtió que cualquier persona puede recurrir a la Justicia para cuestionar el régimen legal de tierras. Fue en ese contexto que Passalacqua tomó nota y decidió actuar.

El propio fallo de la Corte deslizó una crítica hacia los tribunales inferiores que reconocen «legitimaciones notoriamente alejadas» de los requisitos constitucionales para habilitar una causa judicial, lo que revela tensiones internas del Poder Judicial en torno a cómo procesar este conflicto.

El DNU 70 y la tierra como variable de ajuste

La derogación de la Ley de Tierras estuvo contenida en el megadecreto DNU 70/2023, el paquete de desregulación masiva con el que el gobierno de Javier Milei arrancó su gestión en diciembre de 2023. Entre sus más de 300 artículos, el 154 eliminó las restricciones a la compra de tierras por extranjeros que regían desde la sanción de la ley original en 2011, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Esa norma limitaba al 15% el porcentaje de tierras rurales que podían estar en manos extranjeras y establecía un máximo de 1.000 hectáreas por titular en zonas de seguridad de frontera.

La eliminación de esos límites fue defendida por el oficialismo como parte del proceso de «apertura» y «desregulación» del mercado. Para gobernadores como Passalacqua, en cambio, se trata de una transferencia encubierta de soberanía que el Estado nacional no tiene derecho a realizar unilateralmente, y mucho menos a través de un DNU que evitó el debate parlamentario.

Lo que tenés que saber:

• El gobernador Hugo Passalacqua firmó el Decreto N° 1.935 para instruir al Fiscal de Estado a iniciar acciones judiciales contra la Ley de Tierras.
• La medida fue motivada por el fallo de la Corte Suprema que revocó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023.
• Misiones tiene más del 90% de su territorio en frontera internacional, lo que convierte la protección de sus tierras en una cuestión estratégica.
• Passalacqua acusó al DNU 70/2023 de afectar de manera directa la autonomía y soberanía territorial de la provincia.
• La Corte Suprema aclaró que su fallo no impide que otras personas o entidades con legitimación presenten nuevas cautelares sobre el mismo asunto.