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Judiciales ⚖️

Posponen el jury contra juezas que otorgaron tutela a la mamá de Lucio

Tanto Ana Clara Pérez Ballester como Elisa Catán, quien también intervino en el expediente, deben ser removidas de sus funciones debido a que «omitieron obligaciones esenciales en todo procedimiento en el que esté en juego el interés superior del niño».

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La jueza de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de General Pico, La Pampa, que le dio la tenencia de Lucio Dupuy (5) a su madre y a su pareja, que lo asesinaron a golpes en noviembre de 2021 en Santa Rosa, será sometida a un jury de enjuiciamiento, acusada de presunto «mal desempeño en sus funciones», en un procedimiento que tendría su decisión final el 22 de este mes, según informaron fuentes judiciales.

Se trata de la titular del Juzgado de Familia Niñas, Niños y Adolescentes 1, Ana Clara Pérez Ballester, quien desde las 15 de este lunes será juzgada junto a la responsable de Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes 2 de General Pico, Elisa Catán, quien también intervino en el expediente por la tenencia del niño de 5 años que fue asesinado un año después.

El jury de enjuiciamiento resolverá si ambas funcionarias deben ser removidas de sus cargos, de los que ya fueron suspendidas provisoriamente hasta tanto se sustancie el proceso.

El debate se desarrollará desde el próximo lunes, 11 de diciembre, en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados pampeana y durante la primera audiencia está previsto que se lea la acusación fiscal contra ambas funcionarias y los planteos de las defensas.

También, de estar de acuerdo, Pérez Ballester y Catán podrían declarar ante los integrantes del jurado, que en las audiencias sucesivas asistirán a la reproducción de las pruebas testimoniales y documentales del caso.

Tanto la suspendida magistrada como la asesora llegan a juicio acusadas de mal desempeño en sus funciones -tal como prevé la ley provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento- en la tramitación de los expedientes por la tutela y el cuidado personal del Lucio.

El jurado de enjuiciamiento estará integrado por el presidente de ese cuerpo, Fabricio Luis Losi, las diputadas María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo y las abogadas Silvina María Garro y María Natalia Gaccio.Los cinco integrantes del jury son los mismos que ya analizaron la admisibilidad de las pruebas ofrecidas por las partes y resolvieron aceptar los testigos y las pruebas documentales propuestos por el fiscal general Guillermo Sancho y los defensores de Pérez Ballester y Catán, el particular Pablo Rodríguez Salto y la defensora general Carina Ganuza, respectivamente.

El jury de enjuiciamiento resolver si ambas funcionarias deben ser removidas de sus cargos Foto ArchivoEl jury de enjuiciamiento resolverá si ambas funcionarias deben ser removidas de sus cargos. Foto: ArchivoEl cronograma indica que el proceso se extenderá toda la semana.En el caso de el próximo lunes y el miércoles, las audiencias arrancarán a las 15.

En tanto, el resto de los días de la semana el horario de inicio serán las 8.De acuerdo con lo previsto, para el 19 de diciembre están previstos los alegatos de clausura y para el día siguiente el inicio de las deliberaciones del jurado.La sentencia, en tanto, será dictada el viernes 22 de diciembre, añadieron las fuentes.

De acuerdo con la acusación de la Procuración General, representada por el fiscal Sancho, ambas funcionarias deben ser removidas de sus funciones por su mal desempeño, debido a que «omitieron obligaciones esenciales en todo procedimiento en el que esté en juego el interés superior del niño».

Es que Pérez Ballester y Catán fueron quienes intervinieron en el expediente sobre el cuidado del niño y avalaron darle la tenencia a su madre, Magdalena Espósito Valenti, quien, junto a su pareja, Abigail Páez, lo asesinó a golpes el 26 de noviembre de 2021 en su casa de Santa Rosa, hecho por el que ambas fueron condenadas a prisión perpetua.

Las dos funcionarias fueron denunciadas por el procurador general de La Pampa, Mario Oscar Bongianino a fines de septiembre pasado.El procurador las acusó por no haber priorizado el cuidado del niño cuando en noviembre de 2020 le otorgaron la tenencia de Lucio a Esposito Valenti, quien hacía dos años lo había dejado al cuidado de su familia paterna.

Hasta ese momento, Lucio residía con una tía paterna y, de acuerdo a la acusación, las funcionarias le dieron la tutela a la madre sin realizar las correspondientes averiguaciones y trámites de rigor y sin consultar al padre del niño, Cristian Dupuy.Tras la presentación de Bongianino, el 10 de octubre pasado la jueza y la asesora fueron suspendidas de sus funciones.El cronograma indica que el proceso se extender toda la semana.

El abogado de Pérez Ballester, Rodríguez Salto, sostuvo entonces que «no hay elementos jurídicos que justifiquen» un jury y apoyó la decisión de la magistrada de darle la tenencia a Espósito Valenti, ya que para ese entonces no había antecedentes de violencia de parte de la mujer hacia su hijo.El hechoLucio (5) fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde vivía con su madre y Páez.

La Justicia pudo establecer que a las 17.32 se lo vio a Lucio vivo por última vez y que entre esa hora y las 19.40, cuando ambas imputadas salieron solas del departamento, el niño fue golpeado brutalmente.A las 21.30, el niño fue llevado al centro asistencial del barrio Río Atuel, anexo al departamento, pero estaba cerrado, por lo que fue asistido por vecinos y finalmente trasladado al Hospital Evita, donde a las 21.45 se constató que ya estaba muerto.

Según determinó el tribunal de juicio al que fueron sometidas la madre y de Lucio y su pareja, ambas participaron de la golpiza mortal al nene, quien recibió puñetazos, patadas y palazos, además de un pisotón en la espalda por parte de Páez (que se pudo determinar por la marca que dejó su zapatilla), el cual le provocó lesiones internas.

De acuerdo con los peritos, la causa de la muerte fue un edema cerebral como consecuencia de politraumatismos.El pasado 26 de septiembre, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) de Santa Rosa confirmó las condenas a prisión perpetua para Espósito Valenti y Páez por el homicidio de Lucio y le agregó a la primera de ellas, madre de la víctima, el delito de abuso sexual.

Córdoba

Femicidio de Agostina Vega: el celular de Barrelier reveló su obsesión con la niña

El peritaje de los teléfonos del acusado por el femicidio de Agostina Vega recuperó fotos borradas, chats previos, 377 búsquedas en un sitio pornográfico y una imagen de la adolescente maniatada antes del crimen. Suma una imputación por material de abuso sexual infantil y declarará el martes 29.

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El Argentino Diario-Agostina Vega.

Entre las fotos borradas, las conversaciones y las búsquedas que los peritos lograron recuperar de los teléfonos de Claudio Barrelier, hay una imagen que pesa más que cualquier testimonio: Agostina Vega, de 14 años, maniatada y amordazada sobre una cama, en la madrugada posterior a su ingreso a la casa de barrio Cofico donde fue asesinada. La tecnología que el acusado usó para acercarse a una adolescente terminó convertida en la prueba más contundente en su contra.

El hallazgo fue incorporado a la causa principal por el femicidio, que instruyó el fiscal Raúl Garzón, y derivó además en un expediente paralelo: el fiscal Juan Ávila Echenique, titular de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno de Córdoba, imputó a Barrelier por la tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. El acusado, que permanece detenido en el penal de Cruz del Eje, fue citado a prestar declaración indagatoria por esta nueva acusación el próximo martes 29 de septiembre.

Lo que guardaban los dispositivos

La nueva causa surgió de los análisis digitales sobre el material secuestrado durante la investigación. Los peritos trabajaron sobre alrededor de 40 teléfonos celulares, dos de ellos pertenecientes a Barrelier, y sobre una computadora que su expareja, Marianela Palmero, también imputada en el expediente principal, entregó durante su indagatoria junto con la clave de acceso.

En uno de los celulares, los investigadores recuperaron conversaciones antiguas, fotografías eliminadas de la adolescente tomadas antes del crimen y el historial de búsquedas en Google. Según reconstruyó la Fiscalía, el contacto entre ambos había comenzado semanas antes del femicidio, después de que Barrelier le pidiera el número de teléfono de la chica a su madre, con quien había mantenido una relación de pareja.

El 22 de abril, Agostina publicó en Instagram una foto junto a Barrelier en la que agradecía la confianza que tenían y escribió que lo quería «como a un papá». El acusado hizo una captura de esa publicación y, a partir de entonces, comenzó a enviarle mensajes privados. El vínculo de confianza que la adolescente expresó en público fue, según la reconstrucción judicial, la puerta de entrada del acecho.

La Dirección de Investigación Operativa (DIO) analizó además las búsquedas que Barrelier realizó de manera continuada en un sitio de contenido pornográfico y contabilizó 377 registros entre el 6 y el 20 de mayo de 2026, apenas días antes del crimen. Para la Fiscalía, el imputado tenía una «obsesión por la niña», y los elementos hallados refuerzan la hipótesis de Garzón sobre una planificación previa del ataque.

Una denuncia que ya advertía el peligro

La situación procesal de Barrelier también se complicó por un hecho de mayo de 2025, un año antes del femicidio: una joven de 20 años denunció que había sido atacada en la misma vivienda de barrio Cofico y que logró escapar para pedir ayuda. A partir de nuevas medidas de prueba, Garzón agravó la imputación por ese episodio, que pasó a ser privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa.

Que la misma casa donde Agostina fue asesinada ya figurara en una denuncia por un ataque sexual obliga a preguntarse qué hizo el sistema con esa advertencia. La pregunta no es retórica: cada femicidio con antecedentes denunciados expone las fallas de un Estado que llega tarde, cuando la violencia machista ya dejó de ser una amenaza para convertirse en una muerte.

Seis acusados rumbo al juicio

En paralelo, la causa principal ya fue elevada a juicio el pasado 10 de septiembre contra seis imputados. Según la instrucción, el 23 de mayo Barrelier aprovechó la confianza generada por haber sido pareja de la madre de la víctima para trasladarla a su domicilio de Cofico. El cuerpo de Agostina fue hallado después en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.

Barrelier deberá responder por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género. Los otros cinco acusados, entre ellos Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero, llegarán al debate oral imputados por encubrimiento. El expediente ya no describe solo a un femicida, sino a una red de personas que, según la acusación, ayudaron a ocultar el crimen.

La nueva imputación por tenencia de material de abuso sexual infantil no modifica por ahora la situación procesal de Barrelier en la causa por el femicidio, pero suma pruebas sobre las conductas que el acusado desplegó antes del asesinato y que la Fiscalía considera clave para reconstruir cómo una adolescente de 14 años terminó en manos de quien ella misma consideraba «como un papá».

Las claves del femicidio:

  • El peritaje de los celulares de Claudio Barrelier recuperó una foto de Agostina Vega maniatada y amordazada sobre una cama antes del crimen.
  • También se hallaron fotos eliminadas, conversaciones previas y 377 registros de búsquedas en un sitio pornográfico entre el 6 y el 20 de mayo de 2026.
  • El fiscal Juan Ávila Echenique lo imputó por tenencia de material de abuso sexual infantil y lo citó a indagatoria el martes 29 de septiembre.
  • Garzón agravó la imputación por un ataque denunciado en mayo de 2025 por una joven de 20 años en la misma casa de barrio Cofico.
  • La causa por el femicidio fue elevada a juicio el 10 de septiembre con seis acusados: Barrelier y cinco imputados por encubrimiento.

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