El juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2, rechazó este miércoles el pedido de detención inmediata presentado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola contra Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad. Tras la ratificación de la sentencia por parte de la Corte Suprema, los fiscales habían solicitado que se revoque el plazo de cinco días hábiles previsto para que los acusados se presenten ante la Justicia y se proceda en su lugar a una detención sin demoras.

Gorini desestimó el pedido y sostuvo lo ya dispuesto por el tribunal: Cristina Kirchner deberá presentarse voluntariamente en Comodoro Py dentro del plazo estipulado. La decisión implica que, al menos por ahora, no será arrestada de forma compulsiva.

Simultáneamente, el tribunal solicitó al Ministerio de Seguridad que asigne una dependencia de las fuerzas federales adecuada para alojar a las personas condenadas. El texto judicial ordenó que se tenga “una consideración específica a las características particulares individuales de cada una de ellas”, dejando abierta la posibilidad de excepciones como el arresto domiciliario.

La defensa de CFK pidió arresto domiciliario

El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, confirmó que este martes presentó ante el TOF 2 un pedido formal para que Cristina cumpla la pena en prisión domiciliaria. Según explicó en rueda de prensa, “tiene 72 años, es expresidenta de la Nación, tiene una custodia específica, y para eso está este instituto de la prisión domiciliaria”.

Beraldi afirmó que no hay garantías sobre la aceptación del pedido, pero insistió en que “jurídicamente corresponde”. “Ella no tiene miedo. Lo único que pedimos es que se le aplique la ley como a cualquier otra persona en su misma situación”, señaló. Además, advirtió que la seguridad de la ex presidenta debe evaluarse en el contexto del intento de atentado que sufrió en septiembre de 2022, por el cual “aún no fueron investigados los autores intelectuales”.

El tribunal deberá definir en las próximas horas si hace lugar al arresto domiciliario, como ya se aplicó en otros casos de condenados mayores de 70 años, como el empresario Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López.

La Corte confirmó la condena por administración fraudulenta

El martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, en el marco de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz durante sus mandatos. Además, ratificó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por lo que no podrá competir en futuras elecciones legislativas.

En un fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó los argumentos de la defensa y declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado. La Corte, no obstante, ratificó también la absolución por el delito de asociación ilícita.

La resolución judicial representó un golpe para el kirchnerismo en un momento de creciente conflictividad política. El PJ ya denunció la ratificación como un “acto político antidemocrático” y advirtió sobre las implicancias institucionales del fallo.

Un caso que expone la tensión entre la política y la Justicia

La causa Vialidad se convirtió en uno de los ejes del enfrentamiento entre el poder judicial y el kirchnerismo. Desde el primer momento, Cristina Kirchner sostuvo que se trató de un caso de “lawfare”, con el objetivo de proscribirla y limitar su participación política. La decisión de la Corte Suprema reactivó las movilizaciones de apoyo y el debate sobre la independencia judicial.

La ratificación de la condena también tensionó al interior del peronismo, que busca recomponer su estrategia ante un escenario político fragmentado y con una figura central inhabilitada para competir. Mientras tanto, el Gobierno nacional evitó pronunciamientos directos, pero distintas voces del oficialismo denunciaron una persecución judicial.

A la espera de que se resuelva el pedido de arresto domiciliario, el futuro judicial de la ex presidenta se encuentra en una etapa crítica. El país, en cambio, sigue dividido entre quienes exigen justicia y quienes ven una avanzada política desde los tribunales.