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De adolescente mató a su hijo y ahora lo juzgan por matar a su padre

El acusado llega al debate detenido por el delito de «homicidio agravado por el vínculo» de su padre Ricardo, de nacionalidad paraguaya.

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Un joven de 27 años, a quien en 2016 condenaron a 8 años de prisión por matar a su bebé en el barrio porteño de Villa del Parque, será juzgado desde mañana por el crimen de su padre, asesinado a golpes en su vivienda de la localidad bonaerense de La Tablada, en 2020, informaron hoy fuentes judiciales.

El juicio oral comenzará a las 9 con los lineamientos del fiscal Alfredo Luppino y de la defensa oficial de Luis Ricardo Martínez (27), ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de La Matanza.

Fuentes judiciales informaron que el acusado llega al debate detenido por el delito de «homicidio agravado por el vínculo» de su padre Ricardo, de nacionalidad paraguaya.

El hecho ocurrió el 10 de julio de 2020, alrededor de las 21.30, cuando el joven arribó en una moto al domicilio de la víctima, ubicado en Charlone 232, entre Las Heras y Acevedo, de la localidad de La Tablada, en La Matanza.

En la etapa de instrucción, el fiscal Juan Pablo Tahtagian determinó luego de cenar juntos y tras mantener una discusión, el hijo «le propinó varios golpes en distintas partes del cuerpo que lo llevó a un daño neurológico severo debido al politraumatismo que le provocó indefectiblemente su deceso minutos más tardes».

De acuerdo con la requisitoria de elevación a juicio, el joven fue la persona que llamó al 911 ya que supuestamente su padre no respondía a los llamados y él se acercó al lugar.

Según sus dichos, la puerta de ingreso estaba abierta y al entrar al inmueble vio manchas de sangre en la cocina hasta que lo encontró sin signos vitales sobre la cama que estaba en el dormitorio.

El hijo le comentó al personal médico que constató el deceso que Martínez era «una persona que consumía habitualmente grandes cantidades de alcohol, poseyendo desde hace varios años problemas de presión».

Sin embargo, dos días después el joven declaró ante la Policía que tras cenar con su padre y de haber tomado bebidas alcohólicas, ambos comenzaron una discusión hasta que se tomaron a golpes de puño.

Martínez hijo aseguró que en un momento dado Ricardo intentó clavarle un pedazo de madera, por lo que nuevamente se trenzaron en lucha y el hombre cayó al suelo, momento en el cual Luis se fue corriendo de la casa.

Siempre según su versión, recién al día siguiente fue a la casa de su padre, a quien encontró fallecido.

Pero un hermano de la víctima le comentó al propietario de la cochería que iba a realizar el servicio fúnebre que tenía «dudas» sobre la muerte de Ricardo y solicitó la intervención judicial en una causa que comenzó a ser investigada como «averiguación causales de muerte».

En ese marco, la autopsia determinó que falleció en la madrugada del 10 de julio por un «severo daño neurológico» provocado por golpes en la cabeza, el tórax y sus brazos.

La fiscalía recepcionó varios testimonios durante la instrucción, entre ellos el de la pareja de la víctima que declaró que Martínez hijo la llamó para contarle que había encontrado a su padre «muerto en la cama, con la cabeza rota».

No obstante, la cámaras de seguridad del barrio registraron que un hombre a bordo de una moto oscura arribó al lugar a las 21.25 del 10 de julio y se retiró a las 3.32 de la madrugada siguiente.

Además, un testigo aseguró que Luis «era una persona agresiva» y que sabía kick boxing.

Los investigadores sospechan que el crimen ocurrió porque el hombre no le dio el dinero que había cobrado del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), implementado durante la pandemia por el Gobierno Nacional.

Con esos elementos, el fiscal dispuso la detención del imputado y su procesamiento con prisión preventiva ya que la pena en expectativa por el delito endilgado es la de prisión perpetua.

Este joven ya había sido condenado en octubre de 2016 por el Tribunal Oral de Menores (TOM) 2 de la Capital Federal a 8 años de cárcel -y su pareja a 4 años- como coautor del «homicidio agravado por el vínculo» de su hijo.

En ese caso, como tenían menos de 18 años al momento del hecho, no les correspondió la perpetua.

El TOM 2 determinó que en 2012 el niño murió como consecuencia del «maltrato» cometido por la pareja.

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ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión

La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.

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La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión

★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.

La nueva causa y el fiscal que la lleva

El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.

En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».

Las cifras bajo la lupa fiscal

Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.

Una segunda causa que se monta sobre la primera

Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.

Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.

La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación

El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.

El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.

Doble estándar en la cima del fisco

La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.

Puntos clave:

– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.

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