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Señalizarán la comisaría de la Masacre de Quilmes

Al cumplirse 18 años de la muerte de cuatro adolescentes en la seccional policial se instalará una placa en memoria de las víctimas, mientras se aguarda el juicio a una oficial, que no fue imputada en el primer debate donde fueron condenado una decena de policías.

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Este 20 de octubre se recordará un nuevo aniversario de un episodio de violencia institucional que marcó un antes y un después en la detención de menores de edad en comisarías de la Policía bonaerense. La Masacre de Quilmes se denominó al hecho en que cuatro adolescentes, de entre 15 y 17 años, murieron al sufrir torturas, quemaduras y falta de asistencia, cuando protagonizaban un motín en reclamo de las pésimas condiciones n que se encontraban alojados en los calabozos.

Al cumplirse 18 años, se instalará una señalización frente a la comisaría 1era. de Quilmes y una placa conmemorativa sobre a calle Alsina en la plaza de la estación ferroviaria en memoria de

Diego Maldonado, Elías Giménez, Miguel Aranda y Manuel Figueroa, los cuatro chicos muertos. La actividad forma parte de a iniciativa de recordar a las víctimas de violencia institucional, que impulsan la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en este caso, también por la intendenta local Mayra Mendoza.

La bautizada Masacre de Quilmes se registró en horas de la noche del 20 de octubre de 2004, cuando los efectivos ingresaron a las dos celdas donde 17 adolescentes estaban hacinados, a quienes golpearon y sometieron a torturas. A modo de reacción, quemaron colchones, desatándose un incendio y como consecuencia del motín, en el que no recibieron asistencia, fallecieron cuatro de los chicos, producto de las quemaduras sufridas.

El caso resultó una bisagra, ya que se prohibió el alojamiento de menores de edad en comisarías de la Policía bonaerense y se dispuso que, de ser detenidos, deben ser puestos de inmediato a disposición de autoridades judiciales.

Recién en 2015, el Tribunal Oral Criminal Nro. 3 de Quilmes condenó a penas de entre 3 y 16 años de prisión por aplicación de torturas y los homicidios al ex comisario Juan Pedro Soria, al subcomisario Basilio Vujovic, al oficial inspector Fernando Pedreira, al cabo Hugo D’Elia, los agentes Franco Góngora, Gustavo Altamirano y Elizabeth Grosso y los oficiales Gustavo Ávila, Héctor Gómez y Juan Carlos Guzmán.

No obstante, todos resultaron beneficiados con excarcelaciones, bajo presuntas condiciones de arresto domiciliario, que siempre fueron denunciados por los familiares de las víctimas.

Además, se logró que la oficial Elda Guaquinchay Bogado que no había sido imputada inicialmente, pese a quien fue una de las policías que golpeó a las víctimas cuando escapaban quemadas de los calabozos, sea procesada y a fines de este año será parte del juicio Masacre de Quilmes II.

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Colectivos: las empresas del AMBA se declaran en emergencia y amenazan con recortes

Empresarios amenazan con que podrían reducir aún más la frecuencia del servicio si no hay respuestas oficiales inmediatas frente al aumento de costos, en especial del gasoil.

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Colectivos: sigue la puja por los subsidios y los pasajeros siguen de rehenes

Las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvieron a encender una señal de alarma: se declararon en estado de emergencia y advirtieron que podrían reducir aún más la frecuencia del servicio si no hay respuestas oficiales inmediatas frente al aumento de costos, en especial del gasoil.

Un sistema al límite

Las cámaras empresarias señalaron que el sector atraviesa una situación “insostenible” por la suba del combustible y otros gastos operativos. Denunciaron, además, la falta de definiciones concretas por parte del Estado nacional y bonaerense sobre cómo se cubrirán esos mayores costos.

Según el propio sector, la deuda en compensaciones supera los $128 mil millones, pese a algunos pagos parciales recientes. En ese marco, remarcaron que vienen sosteniendo el servicio con un fuerte esfuerzo financiero, pero que ese esquema ya no da para más.

El conflicto ya tiene impacto concreto. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA reveló que la circulación de colectivos cayó en promedio un 30% en el AMBA, con picos del 40% en las líneas interjurisdiccionales.

Advertencia: menos colectivos en la calle

Entre los principales factores:

  • Aumento del precio del gasoil, que pasó de $1.744 a más de $2.100
  • Reducción de la flota operativa: 2.359 unidades menos que en 2019
  • Falta de actualización en subsidios

Las empresas advirtieron que, sin soluciones, profundizarán las “medidas de racionalización”, lo que en la práctica implica menos frecuencias y mayores tiempos de espera para millones de usuarios.

La pulseada por los subsidios

El trasfondo del conflicto es fiscal. Para sostener el sistema, se necesitaría una inyección adicional de unos $17.500 millones mensuales.

Actualmente, el esquema de financiamiento se reparte así:

  • Nación: $7.595 millones
  • Provincia de Buenos Aires: $8.155 millones
  • Ciudad de Buenos Aires: $1.750 millones

Si ese costo se trasladara a tarifas, el boleto debería subir alrededor de un 16%, un escenario que suma presión en un contexto social ya golpeado.

Reunión clave con el Gobierno

Las cámaras empresarias confirmaron que el jueves 30 de abril se reunirán con la Secretaría de Transporte de la Nación. Esperan obtener “respuestas concretas, inmediatas y verificables” sobre cómo se actualizarán los ingresos del sistema.

El resultado de ese encuentro puede definir si el servicio logra estabilizarse o si el AMBA enfrenta un nuevo deterioro en el transporte público, un engranaje clave para la vida cotidiana de millones de personas.

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