Sociedad
UNICEF aseguró que en la Argentina más de un millón de niños pasan hambre
En lo que se considera “inseguridad alimentaria”, la estadística refleja que un 36% de los hogares argentinos dejó de comprar algún alimento para sus hijos, niños y adolescentes, por no tener dinero.
Por Néstor Llidó
Una encuesta de UNICEF reveló que más de un millón de niñas, niños y adolescentes dejó de hacer una de las comidas por día por falta de dinero en sus hogares, en una situación que también afecta a unos tres millones de adultos en el país.
Además de no poder hacer el desayuno, almuerzo, merienda o cena, la insuficiencia de ingresos en sus familias generó en los chicos una reducción del 67% en el consumo de carnes y del 40% en lácteos, frutas y verduras
Según este relevamiento, uno de cada tres hogares no puede cubrir sus gastos corrientes y el 50% no puede solventar los escolares, entre ellos la compra de libros y útiles. Además, condiciona la salud, ya que una de cuatro familias dejó de ir al médico y casi un 20% suspendió la compra de medicamentos.
Frente a la crítica situación socioeconómica, más de un 30% tuvo que recurrir a ahorros o al pedido de dinero para poder hacer frente a necesidades básicas, sobre todo mediante endeudamiento con prestamistas informales, “ocasionando presiones adicionales sobre los ingresos disponibles”, se indicó.
En lo que se considera “inseguridad alimentaria”, la estadística refleja que un 36% de los hogares argentinos dejó de comprar algún alimento para sus hijos, niños y adolescentes, por no tener dinero. “Sin embargo, este promedio esconde fuertes disparidades, llegando al 50% en hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, familias numerosas, aquellas con jefatura femenina o endeudados”, precisó el informe.
En aquellos casos donde el padre no vive en la casa se observa otra presión adicional sobre los ingresos: una de cada dos mujeres afirma no recibir la cuota alimentaria, en tanto llega al 63% cuando se considera quienes solo la perciben de forma esporádica. “Esta situación se agrava en los hogares en situación de mayor vulnerabilidad social”, se apuntó.
Otros de los “impactos” que se observan sobre los chicos, se vinculan a lo socioemocional, donde “se reduce la incidencia de las alteraciones con las comidas y con el sueño, así como los problemas de comunicación en los niños y niñas más pequeños”.
En tanto, el 50% de los hogares considera que los niños, niñas y adolescentes finalizará el nivel en curso de estudios con menores aprendizajes de los que deberían haber logrado. El 33% plantea que sus hijos e hijas verán afectado su desempeño futuro como estudiantes. Y el 50% de los y las adolescentes señala que los aprendizajes en este año escolar resultaron escasos.
Sobre el rubro Tecnología y Conectividad, “se reduce del 42 al 26% los hogares que no tienen computadora o tablet para la realización de las tareas escolares entre 2021 y 2022, y del 30 al 8% quienes no tienen celulares en el mismo período”.
Política 📢
El rostro de la motosierra: 9.400 personas en situación de calle tras el ajuste libertario
El primer relevamiento federal del Ministerio de Capital Humano admitió la existencia de casi 10.000 personas sin techo en 19 provincias. La cifra desnuda el impacto del modelo de exclusión y la ‘motosierra’ sobre los sectores más vulnerables en medio de una crisis económica asfixiante.
Llevado a cabo en un contexto de asfixia social sin precedentes, el Ministerio de Capital Humano difundió este viernes los resultados del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle. El informe oficial, procesado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, contabilizó un total de 9.421 personas viviendo a la intemperie en 19 provincias del país. Sin embargo, la frialdad de la estadística no logra ocultar la causa estructural de esta tragedia: un modelo económico obsesionado con el ajuste fiscal que ha empujado a miles de argentinos a los márgenes de la subsistencia.
El relevamiento, que alcanzó a 7.894 entrevistas efectivas, revela que el 83% de la población afectada son varones y un alarmante 92% tiene más de 18 años. El dato más crudo, no obstante, reside en la cronicidad de la exclusión: el 32% de los censados lleva más de dos años viviendo en la calle, lo que evidencia que la profundización del plan de «motosierra» de Javier Milei no ha hecho más que cristalizar trayectorias de abandono estatal que se tornan irreversibles ante la falta de políticas de contención.
La falacia de la «estrategia integral»
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello intentaron presentar el operativo como un «cambio de paradigma» que pasa del asistencialismo a la planificación. Pero para las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos, la realidad es diametralmente opuesta. Mientras el Gobierno nacional transfirió la responsabilidad de la atención primaria a las provincias y municipios en junio pasado, el retiro de la Nación en el financiamiento de comedores y paradores ha dejado a los gobiernos locales sin recursos frente a una demanda que crece al ritmo de una inflación acumulada que devoró el poder adquisitivo de los sectores informales.
De acuerdo a datos previos del IDECBA, solo en la Ciudad de Buenos Aires la población en situación de calle aumentó un 27% en el último año. Este incremento coincide quirúrgicamente con la implementación de las medidas de desregulación y devaluación que caracterizan al modelo libertario. El propio informe oficial admite que el 53% de los censados realiza alguna actividad laboral, lo que confirma un fenómeno inédito y doloroso de la era Milei: tener un empleo ya no es garantía de tener un techo, ante el costo prohibitivo de los alquileres y el desplome del salario real.
Puntos clave:
- * El Ministerio de Capital Humano contabilizó 9.421 personas en situación de calle en 19 provincias argentinas.
- * Un 32% de la población afectada lleva más de dos años viviendo en espacios públicos o refugios precarios.
- * El 53% de los censados realiza actividades laborales, evidenciando que el empleo informal no evita la indigencia.
- * El Gobierno nacional transfirió la responsabilidad de la atención social a las provincias en junio pasado.
- * Organizaciones sociales denuncian un subregistro masivo frente a censos populares que triplican las cifras oficiales.
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