La detenida por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Brenda Uliarte, ha designado al abogado Carlos Telleldín como su defensor particular. Esta decisión se produce después de que su defensa oficial, Gustavo Kollman, aceptara esta semana el envío parcial del caso a juicio.

Uliarte reemplazó a su defensor oficial en un momento en el que el caso podría ser enviado a juicio en relación con las acusaciones en su contra y contra los otros dos detenidos, su novio Fernando Sabag Montiel y Gabriel Carrizo, según informaron fuentes judiciales a Télam.

La designación de Telleldín como abogado de Uliarte fue notificada a las partes por medio de una cédula emitida por el juzgado encargado del caso, a cargo de María Eugenia Capuchetti.

Telleldín estuvo detenido durante casi una década acusado de ser supuesto partícipe necesario del atentado a la AMIA. Mientras estaba en prisión, estudió Derecho y se graduó como abogado, profesión que ha ejercido desde que fue liberado después de ser absuelto en un primer juicio por ese ataque terrorista en 2003.

En 2020, Telleldín fue sometido a un segundo juicio por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que revocó la absolución en relación con su papel como proveedor de la camioneta utilizada como coche bomba el 18 de julio de 1994 contra la sede de la mutual judía en Pasteur 633. En este segundo juicio oral también fue absuelto.

Cuando Uliarte fue detenida el año pasado, se especuló que podría nombrar a Telleldín como su defensor particular, pero finalmente no formalizó su designación y aceptó la defensa oficial.

Uliarte está procesada con prisión preventiva como supuesta coautora del intento de asesinato que tuvo lugar el 1 de septiembre pasado, cuando su pareja Sabag Montiel disparó un arma a corta distancia del rostro de la Vicepresidenta, pero la bala no salió.

Capuchetti consultó esta semana a las defensas sobre el cierre de esta parte del caso para su envío a juicio oral. El hasta ahora defensor oficial de Uliarte, Kollman, mostró su aceptación en un escrito en el que pidió que se proceda a esa etapa procesal «a la brevedad posible«. Sin embargo, la querella de la Vicepresidenta se opuso a la elevación parcial a juicio, argumentando que la investigación sobre la posible implicación del diputado del PRO Gerardo Milman y otras líneas abiertas en la investigación aún no se ha agotado.