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Por el hackeo a Santilli, indagaron al joven que reconoció el ataque informático a D’Alessandro

El imputado explicó otra vez que fue a pedido de personas que lo contactaron por Telegram y le pagaron a través de billeteras virtuales, a las que no puede identificar.

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El joven misionero que reconoció haber vulnerado las comunicaciones del exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro declaró hoy ante la Justicia federal en la causa que investiga el hackeo al celular del diputado nacional de Juntos por el Cambio Diego Santilli y se reconoció como el supuesto ejecutor de la maniobra.

El imputado explicó otra vez que fue a pedido de personas que lo contactaron por Telegram y le pagaron a través de billeteras virtuales, a las que no puede identificar.

Se trata de Elías Ezequiel Nuñez Pinheiro (22), quien declaró ante la jueza federal María Servini y el fiscal Federico Delgado, que antes lo habían tenido por testigo, cuando reconstruyeron la maniobra de «SIM Swap», pero luego lo convocaron en calidad de imputado tras el avance de la causa en la que se investigó el hackeo a D’Alessandro.

Mientras estaba siendo indagado en el marco del caso Santilli, la defensa de Núñez Pinhiero se anotició de la posibilidad de una nueva citación: el fiscal Gerardo Pollicita le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que lo indague por los hackeos o intentos de hackeo a los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

«Se encuentra acreditado con elementos probatorios objetivos que fue él quien creó los usuarios de Nosis y obtuvo los informes comerciales, utilizó los datos obtenidos ilegítimamente del Renaper, ingresó las tarjetas SIM en los equipos telefónicos, obtuvo el control de las líneas mediante el sistema de autogestión de Movistar y consiguió los códigos de activación de las aplicaciones de comunicaciones de los señores magistrados del Poder Judicial de la Nación, doctores Mariano Borinsky, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Gustavo Hornos», sostuvo el fiscal Polillita.

La defensa de Nuñes Pinheiro, a cargo del abogado Sebastián Noguera y Marcos Kapko, realizará en los próximos días una presentación para reclamar que se unifiquen todas las causas que tienen al joven misionero como imputado.

La maniobra que se le achaca a Nuñes Pinheiro en los distintos expedientes tiene que ver con conseguir una tarjeta SIM vacía, contactarse con la compañía de telefonía celular de la persona a la que se quiere hackear y hacerse pasar por la víctima para solicitar la reactivación de la línea bajo la excusa de que el celular fue robado o extraviado.

Desde la defensa del imputado señalaron que él hacía esas gestiones para conseguir acceso a las líneas telefónicas que le encargaban por Telegram, pero enfatizaron que luego facilitaba las claves de acceso a quienes lo contrataban por esa vía y que no accedía el a las comunicaciones de las líneas vulneradas.

Para esas maniobras se sirvió de información extraída de Nosis y del Renaper, a través de un acceso ilegal, que le permitieron responder las trivias que utilizan las compañías de telefonía como filtro antes de habilitar la reactivación de una línea.

Ante la jueza Servini, en la indagatoria de hoy, el joven se hizo cargo de que, por la prueba que le exhibieron, debió haber sido él quien vulneró las comunicaciones de Santilli, aunque desde su defensa explicaron que no recordaba con exactitud ese nombre, mas sí el de Giménez Uriburu, caso que se investiga en el otro expediente.

En su declaración ante la justicia porteña, en el marco del Caso D’Alessandro, que ya pasó a Comodoro Py, había declarado: «Recuerdo con claridad haber consultado a Diego César Santilli y a Uriburu, pero con relación al resto no puedo recordar con precisión. De todos modos, probablemente los consulté yo en Nosis e hice los recuperos de línea».

En las distintas causas que tramitan ante el fuero federal porteño se busca determinar quién contrató a Nuñes Pinheiro para que vulnerara las comunicaciones de las personas afectadas.

Entre los delitos que se le endilgan al imputado en las distintas causas están el acceso indebido a comunicaciones electrónicas privadas (artículo 153 del Código Penal), acceso ilegítimo a bancos de datos personales (artículo 157 bis inciso 1° del CP) y estafa en tentativa (artículo 172 del CP).

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Reforma laboral: el Gobierno acudió a la Corte con un “per saltum” para destrabar la ley

A través de la Procuración del Tesoro, el Ejecutivo busca que el máximo tribunal revierta la suspensión de más de 80 artículos de la nueva norma. Con el argumento de la ‘gravedad institucional’, la administración libertaria intenta saltear las instancias inferiores tras el freno judicial obtenido por la CGT.

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El Gobierno nacional presentó este viernes un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que el máximo tribunal intervenga de manera urgente en el conflicto por la reforma laboral. La movida judicial, impulsada por la Procuración del Tesoro que encabeza Rodolfo Barra, busca dejar sin efecto la medida cautelar que mantiene suspendidos más de 80 artículos clave de la Ley 27.802, tras un fallo del fuero laboral que hizo lugar a una demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

La estrategia oficial consiste en saltear las instancias judiciales intermedias para evitar el paso por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tribunal al que el Ejecutivo cuestiona por su supuesta falta de competencia para decidir sobre una ley de alcance nacional. Según la presentación, la vigencia de la cautelar dictada a fines de marzo genera una situación de «gravedad institucional» y una incertidumbre jurídica que afecta la aplicación de una reforma considerada central por la administración de Javier Milei para la reactivación económica.

El choque de poderes en la Justicia

El recurso apunta a que la Corte Suprema declare la plena validez de la norma y unifique criterios ante la dispersión de fallos en distintos juzgados federales. Desde la Secretaría de Trabajo sostienen que la ley fue aprobada democráticamente por el Congreso el pasado 27 de febrero y que el fuero laboral no puede erigirse como un bloqueador de políticas públicas nacionales. Los artículos en disputa afectan desde los períodos de prueba y los cálculos de antigüedad hasta las limitaciones al derecho de huelga y el sistema de aportes sindicales, puntos que la CGT denunció como violatorios de la libertad gremial y de los derechos constitucionales del trabajador.

Con esta jugada, el Gobierno busca acelerar los tiempos en un escenario de creciente presión sindical y conflictividad social. La Corte, que ahora tiene la última palabra, deberá definir si habilita el mecanismo excepcional del per saltum para tratar el fondo de la cuestión o si devuelve el expediente a las instancias previas, lo que prolongaría el freno a una de las reformas más ambiciosas y controvertidas del ciclo libertario.

Puntos clave:

  • * El Ejecutivo presentó un «per saltum» ante la Corte Suprema para validar la reforma laboral.
  • * La Procuración del Tesoro busca revertir la cautelar que suspendió más de 80 artículos de la ley.
  • * El Gobierno argumenta «gravedad institucional» ante el freno judicial obtenido por la CGT.
  • * El recurso intenta saltear la Cámara del Trabajo para obtener una resolución inmediata del máximo tribunal.
  • * La disputa se centra en cambios sobre indemnizaciones, períodos de prueba y derechos sindicales.

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