Judiciales ⚖️
Por el hackeo a Santilli, indagaron al joven que reconoció el ataque informático a D’Alessandro
El imputado explicó otra vez que fue a pedido de personas que lo contactaron por Telegram y le pagaron a través de billeteras virtuales, a las que no puede identificar.
El joven misionero que reconoció haber vulnerado las comunicaciones del exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro declaró hoy ante la Justicia federal en la causa que investiga el hackeo al celular del diputado nacional de Juntos por el Cambio Diego Santilli y se reconoció como el supuesto ejecutor de la maniobra.
El imputado explicó otra vez que fue a pedido de personas que lo contactaron por Telegram y le pagaron a través de billeteras virtuales, a las que no puede identificar.
Se trata de Elías Ezequiel Nuñez Pinheiro (22), quien declaró ante la jueza federal María Servini y el fiscal Federico Delgado, que antes lo habían tenido por testigo, cuando reconstruyeron la maniobra de «SIM Swap», pero luego lo convocaron en calidad de imputado tras el avance de la causa en la que se investigó el hackeo a D’Alessandro.
Mientras estaba siendo indagado en el marco del caso Santilli, la defensa de Núñez Pinhiero se anotició de la posibilidad de una nueva citación: el fiscal Gerardo Pollicita le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que lo indague por los hackeos o intentos de hackeo a los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
«Se encuentra acreditado con elementos probatorios objetivos que fue él quien creó los usuarios de Nosis y obtuvo los informes comerciales, utilizó los datos obtenidos ilegítimamente del Renaper, ingresó las tarjetas SIM en los equipos telefónicos, obtuvo el control de las líneas mediante el sistema de autogestión de Movistar y consiguió los códigos de activación de las aplicaciones de comunicaciones de los señores magistrados del Poder Judicial de la Nación, doctores Mariano Borinsky, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Gustavo Hornos», sostuvo el fiscal Polillita.
La defensa de Nuñes Pinheiro, a cargo del abogado Sebastián Noguera y Marcos Kapko, realizará en los próximos días una presentación para reclamar que se unifiquen todas las causas que tienen al joven misionero como imputado.
La maniobra que se le achaca a Nuñes Pinheiro en los distintos expedientes tiene que ver con conseguir una tarjeta SIM vacía, contactarse con la compañía de telefonía celular de la persona a la que se quiere hackear y hacerse pasar por la víctima para solicitar la reactivación de la línea bajo la excusa de que el celular fue robado o extraviado.
Desde la defensa del imputado señalaron que él hacía esas gestiones para conseguir acceso a las líneas telefónicas que le encargaban por Telegram, pero enfatizaron que luego facilitaba las claves de acceso a quienes lo contrataban por esa vía y que no accedía el a las comunicaciones de las líneas vulneradas.
Para esas maniobras se sirvió de información extraída de Nosis y del Renaper, a través de un acceso ilegal, que le permitieron responder las trivias que utilizan las compañías de telefonía como filtro antes de habilitar la reactivación de una línea.
Ante la jueza Servini, en la indagatoria de hoy, el joven se hizo cargo de que, por la prueba que le exhibieron, debió haber sido él quien vulneró las comunicaciones de Santilli, aunque desde su defensa explicaron que no recordaba con exactitud ese nombre, mas sí el de Giménez Uriburu, caso que se investiga en el otro expediente.
En su declaración ante la justicia porteña, en el marco del Caso D’Alessandro, que ya pasó a Comodoro Py, había declarado: «Recuerdo con claridad haber consultado a Diego César Santilli y a Uriburu, pero con relación al resto no puedo recordar con precisión. De todos modos, probablemente los consulté yo en Nosis e hice los recuperos de línea».
En las distintas causas que tramitan ante el fuero federal porteño se busca determinar quién contrató a Nuñes Pinheiro para que vulnerara las comunicaciones de las personas afectadas.
Entre los delitos que se le endilgan al imputado en las distintas causas están el acceso indebido a comunicaciones electrónicas privadas (artículo 153 del Código Penal), acceso ilegítimo a bancos de datos personales (artículo 157 bis inciso 1° del CP) y estafa en tentativa (artículo 172 del CP).
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Un nuevo testigo hundió aún más a Adorni: pagó 21.000 dólares en billetes por un alquiler
Un propietario del country de Exaltación de la Cruz declaró ante el fiscal Pollicita que el jefe de Gabinete abonó tres contratos sucesivos, todos en billetes, mientras refaccionaba su propia casa por 245.000 dólares. La DAFI analiza si las operaciones coinciden con el patrimonio declarado por el funcionario.
Nuevo testigo reveló que Adorni pagó US$ 21.000 en efectivo por un alquiler en Indio Cuá
★ La causa que investiga el enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó este miércoles un nuevo testimonio que amplía el cuadro de operaciones en efectivo sin justificación patrimonial. José Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que Adorni le pagó más de 21.000 dólares en billetes por el alquiler de su propiedad durante el período en que el funcionario refaccionaba la suya en ese mismo predio.
Tres contratos, ningún rastro formal
Según el testimonio que Rodríguez brindó este miércoles por la mañana, la cifra total surgió de tres acuerdos sucesivos, todos informales y todos abonados en efectivo.
- El primero fue un contrato temporal firmado en octubre de 2023, por 5.600 dólares en efectivo, que le permitió a Adorni veranear en el country a principios de 2024, cuando ya ejercía como vocero presidencial del gobierno de Javier Milei.
- El segundo fue el contrato principal: 13.000 dólares en efectivo para permanecer en Indio Cuá mientras avanzaban las obras en la casa que Adorni había adquirido por 120.000 dólares.
- El tercero fue una extensión informal de tres meses adicionales, originada en las demoras de la obra, por la que el funcionario abonó 2.400 dólares más, también en billetes.
El total: 21.000 dólares en efectivo, sin registros formales en ninguno de los tres tramos.
El efectivo como denominador común
El testimonio de Rodríguez no es aislado. Se inscribe en una serie de declaraciones que el fiscal Pollicita y el juez federal Ariel Lijo vienen acumulando, y que tienen un elemento recurrente: la predilección de Adorni por las transacciones en efectivo y al margen de cualquier trazabilidad fiscal.
Previamente, el contratista Matías Tabar, de la empresa Alta Arquitectura, había confirmado que las refacciones en la propiedad de Adorni en Indio Cuá ascendieron a 245.000 dólares, pagados íntegramente en efectivo y sin factura. Esas obras incluyeron, entre otras mejoras, una pileta con cascada, un quincho de alta gama con una parrilla valuada en 15.000 dólares e instalaciones de baños de lujo con jacuzzi.
La DAFI analiza si las cifras cuadran
La Dirección de Asesoramiento Económico (DAFI) y el equipo de investigadores judiciales se encuentran analizando estas nuevas operaciones para determinar si se corresponden con el patrimonio declarado por el jefe de Gabinete. El foco de la pesquisa es preciso: sumar los 21.000 dólares en alquileres a los 245.000 en refacciones implica que, solo en ese country de Exaltación de la Cruz, Adorni habría desembolsado más de 266.000 dólares en efectivo en un lapso acotado, una cifra que se agrega a un patrimonio investigado que, según los datos acumulados en la causa, ya supera los 840.000 dólares.
El contexto de una causa que no para de crecer
La investigación alcanzó en las últimas semanas una intensidad creciente. El juez Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, cuya actividad como coach ontológica tampoco aparece como fuente suficiente para explicar el nivel de vida documentado por los investigadores, que incluye un viaje en primera clase a Madrid financiado en efectivo para ella y cinco amigas, y el presunto uso del avión presidencial para un traslado a Nueva York.
Además, la diputada Marcela Pagano solicitó la captura del funcionario por entorpecimiento de la justicia, al alegar que Adorni intentó presionar a testigos antes de sus declaraciones. En paralelo, el juez Lijo ordenó el peritaje de los teléfonos del productor Marcelo Grandio, amigo íntimo del jefe de Gabinete, para determinar si su productora ImHouse obtuvo contratos irregulares con la Televisión Pública, bajo la órbita directa de la Jefatura de Gabinete.
Puntos clave
- José Rodríguez declaró ante el fiscal Pollicita que Adorni le pagó 21.000 dólares en efectivo por tres contratos de alquiler en el country Indio Cuá.
- Los pagos incluyeron un contrato temporal de octubre de 2023 por 5.600 dólares, un alquiler principal de 13.000 dólares y una extensión informal de 2.400 dólares.
- La DAFI y los investigadores judiciales analizan si esas operaciones se corresponden con el patrimonio declarado por el funcionario.
- Solo en Indio Cuá, los pagos en efectivo documentados por la causa superan los 266.000 dólares.
- El patrimonio investigado de Adorni ya supera los 840.000 dólares.
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