La empresa agroindustrial Syngenta Agro SA, que fue imputada días atrás en una causa por presunta triangulación de importaciones, informó que representantes de la compañía se reunieron hoy con autoridades de la Dirección General de Aduanas para «trabajar conjuntamente a fines de analizar diferencias técnicas referidas a operaciones de años anteriores», durante la presidencia de su ex CEO Antonio Aracre.

Syngenta también aclaró que Antonio Aracre ya no tiene ningún tipo de vinculación con la empresa y que las declaraciones que realiza en la actualidad «no representan la posición de la compañía».

En un comunicado emitido hoy, la empresa afirmó que durante el día de la fecha «representantes institucionales de Syngenta Agro S.A. se reunieron con autoridades de Aduana donde se acordó trabajar conjuntamente a fines de analizar diferencias técnicas referidas a operaciones de años anteriores durante la presidencia del señor Aracre».

«Adicionalmente, se abordaron aspectos vinculados con el pago de importaciones en yuanes donde la empresa puede cumplir un rol relevante en ayudar a viabilizar esta herramienta. Syngenta siempre opera en cumplimiento de normas y regulaciones locales e internacionales y reafirma su compromiso a largo plazo con Argentina», agregó el escrito.

La semana pasada Syngenta fue imputada por la justicia en una causa que se tramita en el Juzgado Federal de Campana, a partir de una denuncia penal realizada por la Aduana, en la que se la acusa de presuntas maniobras de triangulación de importaciones.

La Aduana, al informar la decisión judicial, precisó que «está bajo análisis la facturación de importaciones provenientes de Estados Unidos, con triangulaciones indebidas vía un intermediario – Syngenta Agro Uruguay SA.- con domicilio en Montevideo. La empresa uruguaya y la argentina responden al mismo grupo económico, Syngenta AG, con sede en Basilea, Suiza».

La Dirección General de Aduanas (DGA) le reclama a la productora de agroquímicos haber presentado presuntamente documentos adulterados o falsos ante el ingreso de la mercadería al país.

En ese marco, el Juzgado Federal de Campana pidió información de 54 importaciones de semillas de maíz, insecticidas, herbicidas y fungicidas, que la DGA obtuvo a partir del acuerdo bilateral con la Trade and Transparency Unit (TTU), del país norteamericano.

A partir de esto, «la Aduana está investigando operaciones por más de US$ 30 millones», afirmó la DGA.

Por otro lado, el comunicado de Syngenta remarcó que la firma «sólo se expresa a través de sus canales institucionales oficiales», por lo que subrayaron que Aracre «actualmente no tiene vinculación alguna con la empresa, ni con sus órganos directivos o consultivos a nivel local, regional ni de la República Popular de China. Las manifestaciones públicas del señor Aracre no representan la posición de la compañía».