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Syngenta se reunió con Aduana tras la imputación por las importaciones
La empresa aclaró que Antonio Aracre ya no tiene ningún tipo de vinculación con la empresa y que las declaraciones que realiza en la actualidad «no representan la posición de la compañía».
La empresa agroindustrial Syngenta Agro SA, que fue imputada días atrás en una causa por presunta triangulación de importaciones, informó que representantes de la compañía se reunieron hoy con autoridades de la Dirección General de Aduanas para «trabajar conjuntamente a fines de analizar diferencias técnicas referidas a operaciones de años anteriores», durante la presidencia de su ex CEO Antonio Aracre.
Syngenta también aclaró que Antonio Aracre ya no tiene ningún tipo de vinculación con la empresa y que las declaraciones que realiza en la actualidad «no representan la posición de la compañía».
En un comunicado emitido hoy, la empresa afirmó que durante el día de la fecha «representantes institucionales de Syngenta Agro S.A. se reunieron con autoridades de Aduana donde se acordó trabajar conjuntamente a fines de analizar diferencias técnicas referidas a operaciones de años anteriores durante la presidencia del señor Aracre».
«Adicionalmente, se abordaron aspectos vinculados con el pago de importaciones en yuanes donde la empresa puede cumplir un rol relevante en ayudar a viabilizar esta herramienta. Syngenta siempre opera en cumplimiento de normas y regulaciones locales e internacionales y reafirma su compromiso a largo plazo con Argentina», agregó el escrito.
La semana pasada Syngenta fue imputada por la justicia en una causa que se tramita en el Juzgado Federal de Campana, a partir de una denuncia penal realizada por la Aduana, en la que se la acusa de presuntas maniobras de triangulación de importaciones.
La Aduana, al informar la decisión judicial, precisó que «está bajo análisis la facturación de importaciones provenientes de Estados Unidos, con triangulaciones indebidas vía un intermediario – Syngenta Agro Uruguay SA.- con domicilio en Montevideo. La empresa uruguaya y la argentina responden al mismo grupo económico, Syngenta AG, con sede en Basilea, Suiza».
La Dirección General de Aduanas (DGA) le reclama a la productora de agroquímicos haber presentado presuntamente documentos adulterados o falsos ante el ingreso de la mercadería al país.
En ese marco, el Juzgado Federal de Campana pidió información de 54 importaciones de semillas de maíz, insecticidas, herbicidas y fungicidas, que la DGA obtuvo a partir del acuerdo bilateral con la Trade and Transparency Unit (TTU), del país norteamericano.
A partir de esto, «la Aduana está investigando operaciones por más de US$ 30 millones», afirmó la DGA.
Por otro lado, el comunicado de Syngenta remarcó que la firma «sólo se expresa a través de sus canales institucionales oficiales», por lo que subrayaron que Aracre «actualmente no tiene vinculación alguna con la empresa, ni con sus órganos directivos o consultivos a nivel local, regional ni de la República Popular de China. Las manifestaciones públicas del señor Aracre no representan la posición de la compañía».
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El Gobierno digitalizó el certificado de trabajo, pero la reforma laboral sigue en el centro del debate
La Resolución General 5848/2026 de ARCA formalizó el sistema electrónico para emitir la documentación que exige el artículo 80 de la LCT. La medida se enmarca en la Ley de Modernización Laboral, cuestionada por sindicatos y especialistas en derecho laboral desde su sanción.
Modernización de papel: el Gobierno digitaliza trámites mientras el salario real cae un 29%
★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución General 5848/2026, que reglamenta las modificaciones que la Ley de Modernización Laboral introdujo al artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), el cual garantiza al trabajador el derecho a recibir los certificados de servicio y de remuneraciones al momento de la extinción del vínculo laboral.
La norma, informada este 18 de mayo, transforma el modo en que los empleadores deben cumplir esa obligación, al habilitar un sistema digitalizado de confección y puesta a disposición de la documentación.
Un trámite electrónico en un contexto de desregulación
El nuevo esquema establece que los empleadores deberán utilizar el sistema «Simplificación Registral» del portal de ARCA para generar el formulario F.984 («Certificado de Trabajo Artículo 80 – LCT»). La resolución contempla dos modalidades:
Formato digital: se emite electrónicamente y no requiere firma hológrafa ni digital adicional. La identidad del empleador se valida mediante Clave Fiscal con nivel de seguridad 2 o superior.
Formato físico: se mantiene como opción alternativa, debiendo imprimirse por duplicado y contar con la firma de ambas partes para su validez.
La digitalización del trámite es presentada por el Gobierno como una mejora en la eficiencia administrativa. Sin embargo, la medida se inscribe en un marco más amplio y más cuestionable: la Ley de Modernización Laboral, de la cual esta reglamentación es derivada directa, fue impugnada por organizaciones sindicales y especialistas en derecho laboral que la consideraron funcional a la desregulación del mercado de trabajo y al debilitamiento de las protecciones para trabajadoras y trabajadores.
Cómo acceden los trabajadores
Los empleados podrán consultar y descargar su certificado desde el servicio «Trabajo en Blanco» en el sitio web de ARCA, o bien a través del Home Banking de las entidades bancarias donde perciben sus haberes, siempre que estén homologadas por el organismo.
El Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL), que detalla las remuneraciones de los últimos seis meses, incorporará un código QR para verificar la autenticidad del documento desde cualquier dispositivo móvil de forma instantánea.
Las bases de datos de ARCA y un límite histórico
Para confeccionar los certificados, el sistema utilizará automáticamente la información obrante en las bases de datos de ARCA: altas, bajas, liquidaciones de sueldos y declaraciones juradas de aportes y contribuciones.
La normativa contempla una excepción relevante: si la certificación incluye períodos anteriores a julio de 1994, el empleador deberá complementar el certificado digital con una constancia manual respaldada en sus libros de sueldos y jornales del período correspondiente. Esta exigencia podría generar dificultades prácticas para las trabajadoras y los trabajadores con trayectorias laborales extensas que requieran documentar su historia previsional completa.
El marco: ajuste laboral bajo el discurso de la modernización
La medida no puede leerse de manera aislada. La Ley de Modernización Laboral forma parte del paquete de reformas estructurales impulsado por el Gobierno de Javier Milei, cuya impronta desreguladora abarcó también modificaciones al régimen indemnizatorio, a la organización del trabajo y a las condiciones de contratación.
En ese contexto más amplio, los salarios públicos reales acumularon una caída del 29% desde el inicio de la gestión libertaria, mientras los recortes al gasto en programas sociales superaron el 61%, según datos del propio Foro Economía y Trabajo publicados en mayo de 2026. En ese cuadro, la digitalización del certificado de trabajo equivale a una readecuación administrativa de la relación laboral que no modifica el deterioro estructural de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población.
Con la vigencia de la Resolución General 5848/2026, ARCA derogó la Resolución General N° 2.316 y realizó modificaciones sobre la RG N° 3.676. Para facilitar la transición, el organismo puso a disposición manuales de usuario en los micrositios de «Simplificación Registral» y «Trabajo Registrado» de su portal oficial.
Puntos clave
- ARCA publicó la RG 5848/2026 que reglamenta el certificado de trabajo digital establecido por la Ley de Modernización Laboral.
- Los empleadores deberán usar el sistema «Simplificación Registral» para emitir el formulario F.984 en formato digital o físico.
- Los trabajadores acceden al certificado desde «Trabajo en Blanco» o el Home Banking de entidades habilitadas por ARCA.
- El CDIL incorpora un código QR para verificar la autenticidad del documento desde cualquier dispositivo móvil.
- Para períodos anteriores a julio de 1994, el empleador deberá complementar el certificado digital con registros manuales.
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