DDHH
Procesos por crímenes de lesa humanidad contra ex jueces
Durante este año, en los Tribunales de Neuquén y Bahía Blanca, se desarrollarán juicios por la vinculación con crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado a ex funcionarios del Poder Judicial
Dos procesos orales y públicos por crímenes de lesa humanidad que tienen como acusados a ex miembros del Poder Judicial que actuaron en jurisdicciones del sur del país durante el terrorismo de Estado están elevados y próximos a comenzar este año.
Por ejemplo, en Neuquén se desarrollará el proceso en la causa que tiene como imputados al ex juez Pedro Duarte y al ex fiscal Víctor Ortiz por delitos cometidos entre 1976 y 1983 denunciados por sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos de la Patagonia.
Mientras que en Bahía Blanca, el Juzgado Federal Nro. 1 elevó a juicio oral el pasado 21 de diciembre la causa contra el ex camarista Néstor Luis Montezanti (foto), acusado por haber pertenecido a la organización paraestatal Triple A con actuación en esa ciudad bonaerense, donde se le atribuye a la organización la comisión de 24 homicidios entre 1974 y 1975.
Se espera que, en febrero, en Neuquén se desarrolle la audiencia de prueba para luego poner fecha de inicio del debate al que los ex magistrados federales llegan acusados de “omisión de promover la persecución penal, participación en privaciones ilegítimas de la libertad y prevaricato” en más de 25 hechos.
Luego de que en la provincia se hayan concretado desde 2008 siete juicios por crímenes de lesa humanidad con condenas a responsables del ámbito militar e integrantes de las fuerzas nacionales y provinciales, este será el primer juicio que se seguirá a ex miembros del Poder Judicial.
Por su parte, en la causa que se investiga en Bahía Blanca, el ex camarista Montezanti está imputado como coautor de los delitos de asociación ilícita -por su vinculación con los máximos exponentes de la Triple A-, y de intimidación pública perpetrada en agosto de 1974 durante la toma armada de la sede de la Universidad Tecnológica Nacional.
En 1975, tres miembros de la Triple A asesinaron al estudiante David Hover Cilleruelo en la Universidad Nacional del Sur (UNS), y Montezanti fue el “abogado de confianza” de uno de los acusados.
«En medio de archivos perdidos encontramos dos causas penales provinciales donde el abogado de confianza de dos líderes de la patota de la Triple A era Montezanti”, señaló el fiscal Miguel Palazzani.
«No se puede soslayar que este hombre era personal civil de inteligencia presentado, nada más y nada menos, por el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason y por el oficial del Batallón 601 José Osvaldo Ribeiro”, subrayó.
Sobre el rol del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado, el fiscal Palazzani opinó que “fue constitutivo del mismo proceso” y que “no pudieron haber habido 540 centros clandestinos, denuncias en todo el país, desapariciones si el Poder Judicial hubiera estado activo”.
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La defensa de Maduro apuesta a desmantelar la acusación antes del juicio: la inmunidad soberana, el primer frente de batalla
La tercera audiencia preliminar ante el juez federal Alvin Hellerstein duró apenas 18 minutos y concluyó con la aprobación del cronograma conjunto propuesto por la Fiscalía y la defensa. Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Brooklyn desde el 3 de enero, reiteraron su declaración de inocencia. La inmunidad soberana será el primer gran frente de batalla legal.
El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York celebró este miércoles 22 de julio la tercera audiencia preliminar del proceso penal contra el ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La vista, que no superó los 18 minutos, tuvo un carácter estrictamente procesal: la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un cronograma que el juez Alvin Hellerstein aprobó, fijando el 1° de junio de 2027 como fecha tentativa de inicio del juicio oral. Ambos procesados, que permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde su captura el 3 de enero, volvieron a declararse no culpables.
Un cronograma acordado entre partes
Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron ante el tribunal un escrito conjunto con el calendario detallado del proceso. El documento establece dos rondas de mociones previas al juicio. La primera ronda deberá completarse el 2 de septiembre de 2026, e incluirá, entre otras presentaciones, el argumento de inmunidad soberana que el equipo defensor planea invocar a favor de Maduro. Según expuso el abogado principal de la defensa, Barry Pollack, si el juez acepta ese argumento, Maduro no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que la Fiscalía incorporará el conjunto de las pruebas reunidas durante la investigación.
En cuanto al material probatorio, la Fiscalía prevé completar la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre de 2026, aunque advirtió que esos plazos podrían variar en función de la disponibilidad de otras agencias del gobierno de Estados Unidos. La segunda ronda de mociones se extendería hasta el 11 de enero de 2027, y el juicio con jurado arrancaría en junio de 2027, siempre que el tribunal no haga lugar a ninguno de los planteos de la defensa antes de esa fecha.
La apuesta de la defensa: la inmunidad como escudo
El eje central de la estrategia defensiva, revelado por Barry Pollack durante la audiencia, es la moción de inmunidad soberana: el argumento de que Maduro ejercía como jefe de Estado en funciones al momento de su detención y que, por lo tanto, la justicia estadounidense carecería de jurisdicción para juzgarlo. Pollack también anticipó que la defensa impugnará la legalidad de la captura y del traslado a territorio estadounidense, obligando al juez a examinar cuestiones sobre soberanía, actuación militar en territorio extranjero y admisibilidad de las pruebas obtenidas durante la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero.
La estrategia apunta a desmantelar la acusación antes de llegar al jurado, mediante una disputa jurídica de fondo que podría consumir gran parte del período de preparación. Si el juez desestimara las mociones de inmunidad, el caso avanzaría hacia el debate sobre los cargos sustantivos: conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, en el caso de Maduro; delitos relacionados con importación de drogas y posesión de armas, para Flores. Una condena en ambos cargos podría derivar en cadena perpetua.
El estado físico de los procesados y el contexto político
Presentes en la sala con uniforme de prisionero color caqui, tanto Maduro como Flores fueron descriptos por periodistas presentes en la audiencia como visiblemente más delgados que en comparecencias anteriores, aunque con un aspecto recuperado. Maduro llegó caminando con normalidad, sin el rastro de la cojera que había mostrado en sesiones previas, y siguió los procedimientos junto a sus abogados con auriculares de traducción. Flores llegó detrás de él, con el cabello recogido y gafas.
Desde Venezuela, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del procesado, calificó el proceso de «injusto» y reclamó públicamente la liberación de su padre y de Cilia Flores. La audiencia estuvo enmarcada en un amplio dispositivo de seguridad del NYPD para el traslado de los detenidos desde Brooklyn hasta la sede del tribunal en Manhattan. Cabe recordar que la audiencia estaba originalmente prevista para el 30 de junio, pero fue postergada por cuestiones logísticas vinculadas, según trascendidos, a la realización del Mundial de Fútbol en suelo estadounidense.
Un caso sin precedentes en la historia judicial de Estados Unidos
El proceso contra Maduro y Flores no tiene antecedentes directos en la historia judicial estadounidense en cuanto a la condición de los procesados: ambos eran, al momento de su captura, el presidente en ejercicio y la primera dama de Venezuela, respectivamente. La Operación Resolución Absoluta, que los detuvo el 3 de enero de 2026 en Caracas mediante una intervención de fuerzas estadounidenses, abrió un debate jurídico internacional que la defensa ahora intenta trasladar al propio tribunal. El juez Hellerstein, de 91 años, presidirá un proceso que se proyecta como uno de los más complejos y políticamente sensibles que haya enfrentado la justicia federal norteamericana en décadas.
Puntos clave
- El juez Alvin Hellerstein fijó el 1° de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio oral.
- La audiencia del 22 de julio duró apenas 18 minutos y tuvo carácter exclusivamente procesal.
- La defensa apelará a la inmunidad soberana como primera línea de ataque jurídico, con mociones a presentar el 2 de septiembre.
- Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína; Flores, de importación de drogas y posesión de armas.
- Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026.
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Enrique Stel
09.01.2023 at 11:43
La justicia federal tiene responsabilidad en la existencia de esos aberrantes crímenes cometidos y hoy pretende lavar su ropa manchada con sangre, juzgando a sus pares a casi medio siglo de que ocurrieron los hechos. La justicia tardía no es justicia. La justicia federal, sigue siendo responsable de lo que hoy nos pasa.
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