Dos procesos orales y públicos por crímenes de lesa humanidad que tienen como acusados a ex miembros del Poder Judicial que actuaron en jurisdicciones del sur del país durante el terrorismo de Estado están elevados y próximos a comenzar este año.

Por ejemplo, en Neuquén se desarrollará el proceso en la causa que tiene como imputados al ex juez Pedro Duarte y al ex fiscal Víctor Ortiz por delitos cometidos entre 1976 y 1983 denunciados por sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos de la Patagonia.

Mientras que en Bahía Blanca, el Juzgado Federal Nro. 1 elevó a juicio oral el pasado 21 de diciembre la causa contra el ex camarista Néstor Luis Montezanti (foto), acusado por haber pertenecido a la organización paraestatal Triple A con actuación en esa ciudad bonaerense, donde se le atribuye a la organización la comisión de 24 homicidios entre 1974 y 1975.

Se espera que, en febrero, en Neuquén se desarrolle la audiencia de prueba para luego poner fecha de inicio del debate al que los ex magistrados federales llegan acusados de “omisión de promover la persecución penal, participación en privaciones ilegítimas de la libertad y prevaricato” en más de 25 hechos.

Luego de que en la provincia se hayan concretado desde 2008 siete juicios por crímenes de lesa humanidad con condenas a responsables del ámbito militar e integrantes de las fuerzas nacionales y provinciales, este será el primer juicio que se seguirá a ex miembros del Poder Judicial.

Por su parte, en la causa que se investiga en Bahía Blanca, el ex camarista Montezanti está imputado como coautor de los delitos de asociación ilícita -por su vinculación con los máximos exponentes de la Triple A-, y de intimidación pública perpetrada en agosto de 1974 durante la toma armada de la sede de la Universidad Tecnológica Nacional.

En 1975, tres miembros de la Triple A asesinaron al estudiante David Hover Cilleruelo en la Universidad Nacional del Sur (UNS), y Montezanti fue el “abogado de confianza” de uno de los acusados.

«En medio de archivos perdidos encontramos dos causas penales provinciales donde el abogado de confianza de dos líderes de la patota de la Triple A era Montezanti”, señaló el fiscal Miguel Palazzani.

«No se puede soslayar que este hombre era personal civil de inteligencia presentado, nada más y nada menos, por el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason y por el oficial del Batallón 601 José Osvaldo Ribeiro”, subrayó.

Sobre el rol del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado, el fiscal Palazzani opinó que “fue constitutivo del mismo proceso” y que “no pudieron haber habido 540 centros clandestinos, denuncias en todo el país, desapariciones si el Poder Judicial hubiera estado activo”.